La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, aseguró en una entrevista con EFE que su aspiración representa «un reto al sistema» y un desafío al chavismo, en el poder desde 1999, al que responsabiliza de la inhabilitación que le impide ocupar cargos públicos hasta 2030, una sanción, a su modo de ver, «inexistente».
Luego de su triunfo en las primarias del 22 de octubre, en las que arrasó con 92,35% de los votos, la liberal ha estado en contacto con «muchas cancillerías y gobiernos del mundo», especialmente con la Administración estadounidense, que asegura haber acordado con el Ejecutivo de Nicolás Maduro el levantamiento de las inhabilitaciones antes de diciembre.
Por ello, en acatamiento de una negociación «directa» entre Washington y Caracas, la exdiputada cree que para el 30 de noviembre «debe estar ya determinado el mecanismo para la habilitación de cualquier candidato a la Presidencia y la fecha para la cual eso va a tener lugar», un desbloqueo de dos pasos que el Gobierno insiste en que no se producirá.
La sanción, dictada por la Contraloría General, es un hecho «inexistente» por no haber sido notificada, sostiene Machado, que ve como un punto de quiebre en la historia política de Venezuela la participación de casi 2,5 millones de ciudadanos en las internas, un proceso que fue declarado «sin efectos» por la Justicia, días después de concretarse.
Consultada sobre cuán segura está de poder inscribirse en 2024 para los comicios presidenciales, que se celebrarán en el segundo semestre, esquiva la pregunta con el argumento de que su habilitación «tuvo lugar el 22 de octubre», cuando sumó más de dos millones de apoyos, lo que dejó como «lección» que el antichavismo debe «confiar en los venezolanos».
Acercamientos con el chavismo
La victoria de Machado, que se define a sí misma como la contendiente menos deseada de la cúpula chavista, ha generado un «movimiento de fuerzas» en el país, incluso dentro del oficialismo, del que dice que vive «tensiones» y «fracturas» en su interior.
«Hay sectores dentro del chavismo que dicen que el país quiere un cambio político y que incluso pueden estar viendo el escenario de una elección presidencial como un proceso de pasar a la oposición (…) creo que están recalculando su posición porque indiscutiblemente Venezuela es otra», sostuvo.
Luego del «cisma político» de las internas, subrayó, «hay gente (dirigentes del chavismo) que se está comenzando a acercar» a ella, que se mantiene dispuesta «a escuchar», sin dejar de reconocer sus diferencias «éticas» con algunos representantes del Ejecutivo.
Aunque nunca ha hablado con el presidente Nicolás Maduro, la exdiputada está «abierta a cualquier tipo de contacto orientado a una transición ordenada que traiga a Venezuela justicia», una meta que, para ser alcanzada debe ir acompañada -aclaró- de «garantías» para «quienes vienen de todos los sectores».
Negociación y migración
Como candidata presidencial, Machado ve «fundamental» su relación con EE.UU., especialmente «por su rol en el acuerdo de Barbados», en alusión a la negociación entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que se selló con el compromiso de establecer garantías electorales para 2024.
«Mi posición es que debemos avanzar en el cumplimiento estricto de lo que implican los estándares para elecciones competitivas», reiteró.
Entre esas condiciones ideales para las presidenciales, prosiguió, se debe considerar que hay cerca de «cuatro millones y medio de venezolanos inscritos en el registro electoral y que están afuera», por lo que ha enviado mensajes a los mandatarios de la región pidiéndoles «ayuda para asegurar que esos venezolanos» puedan votar el próximo año.
A su juicio, «la tarea» es trabajar con «aquellos gobiernos que ideológicamente, porque vienen de izquierda, pueden haber estado cercanos a Maduro», pero que señalan sus «violaciones de derechos humanos» y «están directamente impactados por el tema de la migración», que se eleva a 7,2 millones de venezolanos, según agencias de la ONU.
Sanciones e inversiones
En referencia al levantamiento temporal de sanciones de EE.UU. sobre Venezuela, lo que disparará las arcas del Gobierno, advirtió que «la plata que le den a Maduro no condicionada la va a invertir en represión».
En cambio, insiste en la necesidad del país de alinearse con acreedores y empresas energéticas «a las cuales hay que decirles (que), en un contexto de crisis energética global», que Venezuela se puede «transformar en el centro energético de las Américas», sobre todo en petróleo, del que tiene las mayores reservas mundiales.
Esto, reiteró, «solo va a pasar una vez» que salga el chavismo del poder y se instituya un «Estado de derecho» robusto que proteja su plan de privatización de la industria petrolera y de «abrir todos los mercados».
«Tenemos un país hipotecado y saqueado (…) vamos a necesitar hacer inversiones monumentales en infraestructura, en educación, en salud, vialidad, en telecomunicaciones, en Justicia, en defensa y soberanía. Simplemente no hay plata para, además, invertir en el desarrollo de otros sectores», explicó.
Para cumplir este objetivo, Machado plantea la creación de una «agencia nacional de energía» que maneje de manera «ordenada y transparente» todos «los procesos de licitaciones y de privatización» para que «sean absolutamente transparentes y maximizando el bienestar y el interés de la nación».