El Senado estadounidense rechazó el jueves la Ley SAVE America, una propuesta impulsada por el Partido Republicano y respaldada por el presidente Donald Trump, que pretendía solicitar documentación que acreditara la ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en las elecciones federales de noviembre.
La iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Representantes el 11 de febrero con mayoría republicana, no logró avanzar en la Cámara Alta al obtener 48 votos a favor y 51 en contra, lejos de los 60 necesarios para su aprobación definitiva.
Entre los senadores republicanos que votaron en contra se encuentran Thom Tillis (Carolina del Norte), Lisa Murkowski (Alaska), Mitch McConnell (Kentucky) y Susan Collins (Maine). La oposición de este grupo se produce en medio de tensiones internas en el partido, alimentadas por desacuerdos sobre el papel de Trump en la política exterior y su relación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
De haberse aprobado, la ley habría obligado a los ciudadanos estadounidenses a presentar pasaportes o certificados de nacimiento para inscribirse en el registro electoral. Los impulsores de la medida argumentaban que era necesaria para prevenir la participación de no ciudadanos en los comicios. “Esta iniciativa es clave para combatir el fraude electoral”, defendió el inquilino de la Casa Blanca.
El rechazo del Senado se produce en un contexto donde 36 estados ya solicitaron algún tipo de identificación para votar, mientras que 18 aplican requisitos más estrictos, como la presentación de documentos con fotografía. El desenlace ocurre a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, con el control de ambas cámaras en juego para el tramo final del mandato de Trump.
El debate sobre la ley reflejó posturas enfrentadas entre legisladores republicanos y demócratas, en un contexto de discusión nacional sobre el acceso al voto y la integridad del proceso electoral en Estados Unidos.
Qué es la ley SAVE America Act
Entre los aspectos centrales del proyecto figuraba la obligación de presentar documentación válida que acreditara la ciudadanía estadounidense, una condición que, según el instituto Brennan Center for Justice, podría excluir del padrón electoral a millones de personas. De acuerdo con una encuesta realizada por el centro en 2023, al menos 3,8 millones de estadounidenses no cuentan con los documentos requeridos para probar su nacionalidad.
El Departamento de Estado reportó que en 2025 había en circulación casi 170 millones de pasaportes, cifra que representa menos de la mitad de la población total del país. Para aquellos que no dispusieran de pasaporte o partida de nacimiento, la ley habría impuesto un trámite alternativo: una declaración jurada bajo pena de perjurio, acompañada de documentos adicionales revisados y firmados por un funcionario autorizado.
La normativa también estipulaba que los votantes por correspondencia debieran presentar una copia de su identificación oficial y, de no acreditar ciudadanía, adjuntar una prueba documental adicional, salvo que el estado hubiera verificado el estatus con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cabe recordar que Trump firmó el 1 de abril una orden ejecutiva que limita el voto por correo en las elecciones federales, en el contexto de su campaña para evitar posibles fraudes electorales de cara a los comicios intermedios de noviembre.
La orden delega al Departamento de Seguridad Nacional, en colaboración con la Administración del Seguro Social, la elaboración de una lista de votantes elegibles en cada estado. También busca impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe papeletas de voto ausente a personas que no figuren en la lista aprobada de cada estado.
“Vamos a tomar datos federales y asegurarnos de que los funcionarios electorales de cada estado tengan una visión completa de quiénes son los votantes elegibles en su jurisdicción”, señaló Trump durante la firma en la Casa Blanca.
La lista servirá para supervisar quiénes podrán recibir las papeletas enviadas por correo, según la Casa Blanca. El texto exige que las papeletas cuenten con sobres seguros y códigos de barras únicos para su seguimiento. Además, contempla la posibilidad de retener fondos federales a los estados y localidades que no se ajusten a la nueva normativa.
