El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (Fdacs) alertó el pasado domingo sobre la gasolina comprada después de las 10:00 am en estaciones de servicio con suministro de la refinería venezolana Citgo, puesto que estaba contaminada con diésel (conocido en Venezuela con gasoil) por un error humano cometido en el puerto de Tampa.

Por: Karina Villarreal – El Nacional

«Fdacs ha identificado una contaminación de combustible potencialmente generalizada causada por un error humano en el Puerto de Tampa. Cualquier gasolina comprada después de las 10:00 am del sábado, 26 de agosto, en las estaciones abastecidas por Citgo desde el Puerto de Tampa tiene una gran probabilidad de estar contaminado con combustible diésel», indicó el primer mensaje del organismo el domingo.

Gasolina contaminada suministrada por Citgo

Desde entonces, el organismo ha ido ofreciendo actualizaciones indicando las estaciones de servicios que han sido inspeccionadas. Y señaló que el problema se debió a un error humano.

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Familiares de los considerados presos políticos en Venezuela “son sometidos a persecución, humillación y amenazas”, afirmó este martes la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón, que estima que hay un millar de personas que sufren estos atropellos en el país.

EFE

“(Los) familiares de los presos políticos de este país constantemente son sometidos a persecución, humillación, amenazas, amedrentamiento (…) y las más variadas afrentas contra su dignidad”, denunció la coordinadora de esta ONG, la abogada Martha Tineo, durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI).

En el encuentro aseguró que se trata de, “al menos, 1.000 venezolanos” que tienen sus “vidas detenidas” y padecen consecuencias como el “dolor emocional, quiebre de la fuerza moral y las secuelas psicosociales incalificables” que implica tener a un familiar tras las rejas siendo inocentes, como asegura la defensa.

“Hablo del dolor de las familias enteras de presos políticos (…) si contamos a sus familiares, hablaremos entonces de más de 1.000 venezolanos que sufren el rigor de la prisión política”, insistió, tras recordar que en el país hay cerca de 300 personas encarceladas por motivos políticos, según organizaciones de derechos humanos.

Aseveró que estos privados de libertad, quienes son “percibidos por el poder en Venezuela como opositores, disidentes e incluso enemigos internos”, sufren un patrón que “supone la extensión de la persecución a sus familiares, con el objetivo de convertirlos en seres cada vez más invisibles”.

Tras su denuncia, Tinedo solicitó, con “urgencia”, que se solicite desde instancias internacionales la liberación de estas personas.

Durante el foro, la ONG Foro Penal aseguró que los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 arrestos arbitrarios, “todos por motivos políticos”, desde 2014.

El vicepresidente de esta organización, Gonzalo Himiob, explicó que actualmente hay 282 personas “materialmente privadas de su libertad” por estos motivos, de las cuales 156 no han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas “en condiciones sumamente irregulares”.

Por otra parte, AI denunció que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado”, y exigió “la liberación” de estos privados de libertad a través de su informe “Vidas Detenidas”, difundido este martes, en el que destacó nueve casos de personas criminalizadas por la dictadura de Nicolás Maduro, entre 2019 y 2023.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten”, dice el informe.

Destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado que entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”.

“En los últimos años (2019-2023) algunos patrones parecen haberse agudizado. En particular, es de suma preocupación para la organización cómo se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas”, detalló AI.

Explicó que los “patrones” que se han identificado para llevar a cabo estas acciones incluyen “detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia, períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto, imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad” y “limitaciones” en el acceso a la defensa.

Además, señaló que se han observado el “uso de tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, dilaciones indebidas de períodos de investigación”, así como la “retaliación” y “la imputación del delito de asociación para delinquir bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas”.

En el escrito, la organización destacó los casos de Emirlendris Benítez, madre y comerciante detenida en agosto de 2018; María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, matrimonio detenido en marzo de 2019; Roland Carreño, periodista y activista político detenido en octubre de 2020; y Guillermo Zárraga, exsindicalista, apresado en noviembre de 2020.

Asimismo, mencionó a Darío Estrada, ingeniero y persona neurodiversa, y Robert Franco profesor y sindicalista, ambos privados de libertad en diciembre de 2020; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, apresado en julio de 2021; y el trabajador humanitario Gabriel Blanco, detenido en julio 2022.

“Se trata de casos emblemáticos, es la punta de un iceberg de una gravísima crisis en materia de detenciones arbitrarias”, dijo durante la presentación virtual del informe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

Guevara aseguró que AI “inicia acciones a nivel global para exigir la liberación, no solo de estos nueve casos, (…) sino de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela”, que incluyen la incidencia internacional, la movilización y una petición global que invitaron a firmar.

¿Quiere que su pensión pague los portaaviones chinos?

¿Debería la dotación de su universidad estar financiando el genocidio del Partido Comunista Chino (PCCh) contra el pueblo uigur?

¿Le gustaría que sus ahorros para la jubilación alimentaran el estado de vigilancia tecno-totalitario del PCCh?

Infobae

No son preguntas hipotéticas. Millones de estadounidenses se han convertido en patrocinadores financieros del PCCh sin saberlo. Sus ahorros están financiando empresas que construyen armas para el Ejército Popular de Liberación de China, así como empresas implicadas en el genocidio en curso en Xinjiang.

Este mes, el gobierno de Joe Biden se ha enfrentado por primera vez al problema. En una orden ejecutiva largamente esperada, el Presidente ordenó al Departamento del Tesoro que emitiera normas que restringieran algunas inversiones estadounidenses en empresas de la República Popular de China que trabajan en inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica. Ha sido un buen primer paso, pero no debería ser el último.

A principios de este verano, junto con el diputado Raja Krishnamoorthi (Illinois), demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el PCCh, empecé a investigar a las principales empresas de inversión y de capital riesgo estadounidenses que financian a empresas chinas y que el Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista negra por motivos de seguridad nacional o por su implicación en violaciones de los derechos humanos. Lo que hemos descubierto hasta ahora es preocupante.

Gigantes financieros como MSCI y BlackRock canalizan dinero estadounidense hacia empresas que producen los aviones militares del PCCh, sus portaaviones, su tecnología aeroespacial, sus proyectiles de artillería e incluso su avanzada tecnología nuclear. Estas empresas no son las únicas. Las inversiones en empresas chinas problemáticas proliferan en Wall Street y Silicon Valley.

Literalmente, estamos financiando nuestra propia destrucción potencial, y la orden ejecutiva, por más que esté bienintencionada, no la detendrá. Corresponde al Congreso erigir barandillas sólidas y duraderas en torno a la inversión exterior en China.

En primer lugar, debemos conocer la magnitud del problema. La orden ejecutiva contiene un débil requisito de notificación para las inversiones en una estrecha lista de tecnologías pero el Congreso debe establecer medidas de transparencia mucho más amplias en todas las tecnologías críticas para la seguridad nacional. La libertad de expresión no es lo único que desaparece tras el Gran Cortafuegos chino: los rastros de dinero también lo hacen.

En segundo lugar, no debemos permitir inversiones que apoyen la modernización militar de China, los trabajos forzados y el genocidio del PCCh, o el estado de vigilancia tecno-totalitario de Beijing. Debido a la estrategia del PCCh de fusión militar-civil, esto puede ser más fácil de decir que de hacer. Pero el Gobierno estadounidense ya incluye a muchas de estas empresas en su lista negra y les prohíbe comprar tecnología estadounidense. ¿Por qué permitimos que Wall Street les dé dinero?

En tercer lugar, debemos abordar todas las salidas de capital a China, públicas y privadas. Esta es la mayor laguna de la orden ejecutiva. Se centra únicamente en las inversiones “activas”, como el capital riesgo y el capital privado -sólo el 17% de la inversión total de capital estadounidense en empresas chinas-, pero exime a los productos del mercado público, como los fondos cotizados en bolsa, los fondos de inversión y las acciones cotizadas. Debemos abordar el 83% restante sacando los ahorros para la jubilación de los estadounidenses, los fondos de pensiones y el Plan de Ahorro del Gobierno federal de estas problemáticas inversiones chinas.

También debemos excluir de la lista y desindexar las empresas chinas que apoyan al Ejército Popular de Liberación, que están en listas negras de derechos humanos o que niegan a los inversores estadounidenses protecciones básicas, información y derechos de los accionistas. No hay ninguna razón por la que un régimen comunista genocida que no hace más que despreciar nuestro sistema y sus normas multilaterales deba disfrutar de los beneficios sin restricciones de nuestros mercados y capitales. En consecuencia, las empresas chinas que utilizan entidades de interés variable (VIE), estructuras creadas específicamente para eludir las leyes chinas contra la inversión extranjera en empresas tecnológicas sensibles -al tiempo que no proporcionan ninguno de los derechos tradicionalmente otorgados a los accionistas- deben cumplir las protecciones básicas de los accionistas o ser eliminadas de las bolsas estadounidenses.

En cuarto lugar, debemos centrarnos en los sectores. No podemos jugar a las casillas sancionando a empresas individuales que inevitablemente cambiarán de nombre y crearán filiales para evitar las restricciones. Tampoco bastará con definir subcategorías de tecnologías, como ha hecho la administración Biden. Alcanza con ver al principal constructor de aviones de combate del Ejército Popular de Liberación, Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Los inversores estadounidenses no pueden poseer valores de AVIC, pero sus filiales se encuentran en ETF y fondos de inversión de millones de cuentas de jubilación de estadounidenses. En lugar de crear un oneroso mecanismo de revisión caso por caso, deberíamos dar a los inversores una orientación clara sobre dónde pueden y dónde no pueden invertir, con un margen de ajuste adecuado pero breve.

Afortunadamente, el PCCh ha hecho parte del trabajo por nosotros. En su estrategia “Made in China 2025″ y en su XIV Plan Quinquenal, el PCCh identificó sectores tecnológicos críticos que aspira a dominar, puntos de partida útiles para determinar qué sectores deberían estar fuera del alcance de los inversores estadounidenses.

En quinto y último lugar, debemos proteger la estabilidad de nuestro sistema financiero. La Reserva Federal de Nueva York debería someter a los bancos y gestores de activos a pruebas de estrés según escenarios específicos, incluida una invasión de Taiwán, durante la cual la mayoría de las inversiones estadounidenses en empresas chinas podrían perder potencialmente la mayor parte o la totalidad de su valor. ¿Cuánto dinero están prestando los bancos contra estos activos relacionados con China? ¿Hasta qué punto están expuestos los inversores estadounidenses a activos peligrosos y vacíos como las VIE? Las medidas de transparencia afinarán las estimaciones, pero es seguro decir que tenemos billones de dólares de exposición a China, lo que plantea graves riesgos sistémicos para nuestro sistema financiero.

Dadas las lagunas de la orden ejecutiva del presidente Biden, así como la impermanencia inherente a cualquier orden ejecutiva, el Congreso tiene el deber de actuar. Se trata de una cuestión compleja y no será fácil convencer a nuestros aliados. Pero Wall Street debe reconocer que las inversiones en empresas chinas malignas suponen un peligro para nuestros hombres y mujeres de uniforme, un peligro mortal para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos del PCCh y riesgos sistémicos para la economía mundial. Es un cóctel mortal que el pueblo estadounidense no pidió y que no debería servirse.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, arremetió el martes a través de su cuenta en X contra el candidato presidencial argentino Javier Milei.

La Gaceta de la Iberosfera

Según el mandatario colombiano las opiniones de Milei sobre los socialistas, quien ha dicho que en el fondo son «una basura», coinciden con la forma de pensar de Adolfo Hitler.

«Esto mismo decía Hitler», afirmó Petro en dicha red social sobre las declaraciones de Milei.

«La decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas, es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre», dijo Milei en una entrevista con el medio colombiano RCN.

El político libertario argentino venció en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) efectuadas el 13 de agosto, al sumar el 30,04% de los votos. Competirá en la primera vuelta electoral el 22 de octubre próximo, donde tendrá como principales rivales a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

El gigante estadounidense Google anunció este martes un acuerdo con El Salvador para desarrollar la digitalización de servicios públicos en la nación centroamericana, que busca convertirse en un centro tecnológico en la región.

AFP

«Gracias a una asociación de varios años con el Gobierno de El Salvador, Google Cloud planea establecer una oficina y brindar servicios de Google Distributed Cloud (GDC) para ayudar al país a transformarse digitalmente, modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención médica y la educación», señaló Google en un comunicado que dio a conocer la embajada de Estados Unidos en San Salvador.

Una fuente de la casa presidencial de El Salvador dijo a la AFP que el presidente Nayib Bukele, que también compartió el comunicado en su cuenta en la red social X, antes Twitter, viajó a Estados Unidos para la firma del acuerdo, que será por siete años. El viaje del mandatario no fue anunciado previamente por la casa de gobierno.

«Esta innovadora alianza con Google Cloud abre vías sin precedentes para la innovación, el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos. La experiencia global de Google combinado con la audacia de El Salvador está destinado a redefinir el panorama tecnológico», señaló Bukele, según consignó el comunicado de Google.

Basados en el acuerdo, que según Google está pendiente de aprobación legislativa, Google Cloud se convertirá en «socio estratégico de innovación de El Salvador», ayudando a digitalizar «los procesos y proyectos gubernamentales».

De acuerdo al gigante tecnológico estadounidense, también contribuirá a «respaldar los esfuerzos del país» para que se brinde atención médica «de primer nivel» y por ello «El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud» para «ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real».

Google también señaló que en el área educativa hay «un compromiso» para implementar una «Plataforma de Datos Educativos» unificada que sirva a los «administradores, educadores, padres y líderes de la educación pública» para recibir «información oportuna, eficiente y consistente».

«Esperamos trabajar de la mano con El Salvador para fomentar el desarrollo tecnológico en Centroamérica», indicó el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian.

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, expresó que el año pasado, el salario promedio de un educador en los colegios privados estaba entre US$120 y US$150 al mes, dependiendo la unidad educativa y su ubicación.

Banca y Negocios

En ese sentido, dijo que para este año escolar 2023-2024, se está hablando de un sueldo promedio entre US$200 y US$250, lo que significa el salario de un educador se duplicaría en comparación al año anterior.

Sostuvo que algunos planteles educativos realizaron en los meses de junio y julio de 2023 el ajuste de la mensualidad de pago de los estudiantes.

Sin embargo, agregó que otros colegios prefirieron esperar a los meses de septiembre y octubre: «el 70% de ese presupuesto va dirigido a la incidencia laboral, sueldo, prestaciones, vacaciones, seguro social».

Manifestó que se debe actualizar el currículo educativo, dado que éste va a cumplir 40 años: «un currículo no se desarrolla en 15 días o un mes, lleva dos años (de preparación) y al menos un año en fase piloto (aplicación)».

Apuntó Unión Radio que a los educadores del sector público se les habla de salarios de US$10, US$15 o US$40 mensuales.

Informó, además, que las clases presenciales podrían comenzar en octubre para bachillerato, mientras que preescolar y primaria iniciarían a finales del mes de septiembre.

Ángel Graterol Briceño, gerente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó esta semana que la ola de calor en Venezuela continuará con temperaturas más altas durante el mes de septiembre.

El Nacional

Durante el programa radial Tiempo y Clima en Acción, Graterol explicó que el aumento de temperatura se debe a una declinación solar, es decir, el sol se encuentra perpendicularmente formando un ángulo de 90 grados sobre el mar Caribe venezolano.

Señaló que esta exposición directa de los rayos solares sobre el territorio nacional tiene dos momentos de mayor intensidad: uno en el mes de abril y otro a partir del 20 de agosto.

En ambos casos, las temperaturas pueden elevarse entre 2 y 4 grados Celsius por encima de lo que se considera normal, aunque esta variación depende de cada región del país.

Sobre esto, el meteorólogo Luis Vargas añadió que este año la ola de calor es mucho más notoria en Venezuela y otras partes del mundo debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Indicó que los estados llaneros, Zulia, Falcón, Bolívar, Anzoátegui y Monagas serán los más afectados con temperaturas que pueden superar de los 37 a los 40 grados Celsius, lo que superaría la media histórica de estas regiones, que oscila entre 25 y 30 grados Celsius.

El Inameh pronosticó para este martes nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte del país.

Asimismo prevé la llegada de lluvias y descargas eléctricas en áreas del norte del Esequibo, este de Sucre, suroeste de Bolívar, Amazonas y sur del Zulia.

Mientras que las temperaturas máximas después del mediodía serán cercanas a los 39° en Zulia, Falcón, Lara, Amazonas y el Esequibo.

El primer ataque con drones contra Moscú fue un golpe espectacular: uno tras otro, dos pequeños aparatos volaron sin obstáculos hasta el Kremlin e impactaron contra la cúpula del Palacio del Senado. Fue una puñalada principalmente simbólica en el corazón de la capital rusa, propinada, en la noche del 3 de mayo, muy probablemente por Ucrania.

DW

Desde entonces, los ataques contra Moscú se han hecho más frecuentes: solo el distrito de negocios y rascacielos de la ciudad de Moscú, donde tienen su sede, entre otros, dos ministerios rusos, ha sido alcanzado ya cuatro veces por drones. En la última semana, Moscú ha sido atacada casi a diario por drones ucranianos. Este lunes 28 de agosto, un objeto no tripulado procedente del este fue derribado cerca de Moscú, según informó el ministerio de Defensa ruso.

Mensajes al mundo

Ucrania persigue varios objetivos con sus ataques con drones, según los expertos. Uno de ellos es «enviar un mensaje mediático, tanto al mundo como a sus propios ciudadanos, de que Ucrania no está de brazos cruzados, sino que responde a la agresión rusa», explica el experto militar israelí Sergey Migdal en entrevista con DW.

Para Ulrike Franke, experta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) en París, se envía, además, una señal de que la guerra no está lejos, sino que podría llegar a Rusia, dice a DW.

Los ataques también presionan a los dirigentes rusos para que retiren más sistemas de defensa antiaérea del frente hacia Moscú, añade Migdal. Otro objetivo sería provocar una reacción irreflexiva y violenta, por ejemplo, «hundir un carguero turco por frustración, lo que luego traería a Rusia grandes problemas con Erdogan, algo que Moscú en realidad quiere evitar«.

Paralizar el tráfico aéreo de Moscú: ¿funciona?

Los ataques con drones obligan cada vez más a las autoridades moscovitas a cerrar el espacio aéreo sobre la región. Este lunes también se suspendió temporalmente el tráfico aéreo en los aeropuertos de la capital rusa. «Los ataques contra Moscú no tienen como objetivo matar a un millón de personas. Eso no es necesario ni útil. El objetivo es bloquear el espacio aéreo y las rutas logísticas, paralizar los aeropuertos y el transporte.

¿Funciona? «Sin duda», afirma el experto militar israelí Igal Levin. Turkmenistan Airlines fue la primera compañía aérea en interrumpir sus vuelos a Moscú hasta nuevo aviso.

Todavía no es posible estimar los daños para el tráfico aéreo en Rusia, ya que actualmente los aeropuertos de todo el mundo tienen que suspender temporalmente sus operaciones debido a drones, afirma Ulrike Franke. Pero bien podría llegar a ser crítico si un dron atacara un aeropuerto de pasajeros en Moscú y causara daños en las rutas de vuelo, las terminales o incluso los aviones civiles.

«Llevará a todas las aerolíneas extranjeras a evitar Moscú hasta el final de la guerra. Las primeras ya están empezando a hacerlo», predice Sergei Migdal.

¿Y si atacan 300 drones de combate?

Es evidente que Ucrania carece de misiles de largo alcance, por lo que los ataques con drones no son más que la «táctica del bando más débil», afirma el experto israelí Migdal, que vive en Londres. Al fin y al cabo, la mayoría de estas armas solo llevan unos pocos kilos de explosivos. «La importancia de estos ataques es relativamente pequeña: no eliminarán los aeródromos rusos, ni la fuerza aérea rusa. En un sentido práctico, los ataques con drones merecen más la pena en la línea del frente.

A pesar de su fuerza relativamente pequeña, los expertos prevén que los ataques a la capital rusa con ayuda de aviones no tripulados tenderán a aumentar. El hecho mismo de que los drones lleguen a Moscú es ya «un problema» para Rusia, advierte a DW David Scharp, otro experto militar israelí .Y «esto es solo el prólogo», afirma.

«¿Qué pasaría si no llegan tres, sino 33 o 300 drones de combate al mismo tiempo?», coincide Migdal. Ucrania podría utilizar ataques de enjambre para cerrar permanentemente los aeropuertos de Moscú. El Kremlin tendría que decidir qué dirección tomar y podría «comprometerse y negociar, o reaccionar sin consideración y con toda la fuerza, de forma repentina e inapropiada».