Con el residuo de un explosivo y 17 mil 800 dólares (USD 17.800), que iba a ser dividido entre 4 personas, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se creó la historia de un atentado contra Nicolás Maduro, por el que están presos un mesonero y una azafata del Palacio de Miraflores, así como un capitán que prestaba servicio en un batallón del Ejército en la frontera.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

El Tribunal los juzgó por delitos de Terrorismo, Tráfico Ilícito de Explosivos y Asociación. Lo grave es que el “residuo de explosivo” que lo usan en las minas de oro, fue catalogado como “explosivo” y el fiscal argumentó que querían crear conmoción en Caracas asesinando a Nicolás Maduro.

Después que el capitán (Ej) Alfredo Saba Peña Díaz reconoció en el Tribunal al teniente Leandro Castillo, como uno de los funcionarios de Dgcim que lo torturó, y así se lo hizo saber al Tribunal, no se presentaron otros funcionarios a declarar y de manera insólita la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal (37 años) permitió que supuestos testigos declararan a través de llamadas telefónicas defectuosas, a quienes solo se oía una voz que no se sabía si era o no la persona que se identificaba como tal.

Así ocurrió cuando la juez pidió llamar al testigo que supuestamente era Gregorio Espinoza, agente de la Dgcim, a quien nadie le vio el rostro, solo se escuchó una voz, a través de una llamada telefónica y cuya corneta de sonido estaba defectuosa. Hay coincidencia entre quienes estuvieron en el Tribunal que el supuesto Espinoza no respondía con seguridad, pero lo único que sí dejó claro es que la detención fue ilegal porque no hubo testigos, porque los testigos fueron los mismos funcionarios de Dgcim.

Había otro testigo que también iba a presentarse por llamada telefónica, pero que supuestamente se encontraba fuera del país y que finalmente ni por nombre ni por llamada se supo quién era.

En todo el proceso hubo tortura física y psicológica, también violaciones al debido proceso, denegación de justicia. Si bien es cierto que el capitán Peña Díaz estaba adscrito a una unidad militar en Táchira, también lo es que en ninguno de los sitios en los que prestó servicio se perdió, extravió o robaron explosivo alguno. El material en discusión fue un residuo de explosivo y aun así el Tribunal mantuvo que era un explosivo. Y así lo condenaron a 16 años y nueve meses de prisión.

De la mina a Miraflores

La Fiscalía acusa a los tres detenidos por Tráfico Ilícito de Explosivo cuando en realidad como dijo uno de los abogados, quedó constancia de “una sustancia de explosivo que era material residual”, es decir un desecho; la experticia declaró que era un “explosivo secundario”, lo que significa que no tiene capacidad para calificarse de explosivo.

El otro delito, el de Terrorismo, resulta más ridículo aún, porque no existe el grupo de personas, ni el objetivo al cual apuntaban, mucho menos la utilización de la violencia ni el lugar. La explicación es simple, el objetivo no era Nicolás Maduro, mucho menos el Palacio de Miraflores y a nadie se le ocurriría utilizar un explosivo usado para cometer tal acto.

Y en el caso de la Asociación para Delinquir al final solo dejaron detenidos al cocinero y a la azafata del Palacio de Miraflores, así como a la ex pareja de ella el capitán Díaz Peña, adscrito a una unidad militar en Táchira. Si Dani José Castillo García y Jennifer Carolina Osuna Márquez, como mesonero y azafata de Nicolás Maduro tuvieran intenciones de atentar contra el mandatario, ¿para qué irse a buscar un residuo de explosivo, cuando tenían acceso directo a él en el Palacio de Miraflores?

La pregunta es ¿entonces para qué el cocinero, la azafata y el capitán usarían ese residuo de explosivo? Está muy claro desde el principio que el residuo de ese tipo de explosivo usado sí sirve en la minería. Dos personas que no aparecen en el expediente de los tres condenados, y que eran quienes iban a comprar ese explosivo residual, se dedican a la explotación del oro en las minas del estado Bolívar. Esa es la explicación de por qué esos dos individuos ofrecían comprar el producto y se lo comentan al mesonero, que a su vez se lo comenta a la azafata por tener relación con militares y ella le propone a su expareja vender el residuo del explosivo.

Ahí empezó

Cuando por primera vez fueron llevados ante el Tribunal correspondió al juez José Macsimino Márquez García determinar que el mesonero Castillo García, el capitán Peña Díaz y la azafata Osuna Márquez iban a juicio por los delitos de terrorismo en grado de frustración, coautor en el tráfico ilícito de armas o explosivos y asociación. Los tres fueron enfáticos en oponerse a admitir los hechos. El procedimiento que empezó, el 19 de diciembre 2020, por el acta de la DGCIM, pasaba a segunda fase.

Ese 19 de diciembre es detenido Dani José Castillo García en la avenida Urdaneta de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, cuando iba caminando, según la DGCIM con un kilo y 20 gramos de explosivo C4 (dividido en 9 trozos), 11 detonadores no eléctricos, dos detonadores engargolados y una mecha de seguridad de un metro 62.

El 21 de octubre 2021, día del juicio, en el tribunal de la juez Grendy Alejandra Duque Carvajal, empezó con irregularidades e interrupciones, anunciando el primer nubarrón para las familias, cuando no les permitieron pasar, aunque el juicio “era público”, lo peor es que así siguió sucediendo los siguientes meses hasta enero, hubo interrupción y se reinició en febrero 2022, pero en las mismas condiciones.

Posponían las audiencias para dentro de 15 días, las diferían o las boletas de traslado no llegaban, los testigos de la acusación no se presentaban y en varias ocasiones no llegó el traslado. Y como si no fuera bastante, la Juez solicitó reposo médico de tres semanas, por una lesión en el pie, y a finales de marzo otra vez continuaron las citas; en abril unas fueron diferidas, en otras no llegó la boleta de traslado y en mayo y junio muchas no se realizaron.

Y así llegó el miércoles 20 de julio 2022; era la penúltima cita del juicio. Ese día se esperaba por la declaración de dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que fungían como testigos y a quienes llamarían vía telefónica, porque no podían asistir al tribunal.

En la sala se encontraba el aguacil, el secretario Keiner Nieto, el Fiscal Jorge Rojas, también Sonia Gómez quien es defensora pública del capitán Alfredo Peña; Milka Becerra defensor del mesonero Dani José Castillo García y Roger Rosas Espinoza abogado privado de la azafata Jennifer Carolina Osuna Márquez.

El capitán Peña

La madre del capitán Alfredo Saba Peña le dice a Infobae que el día del juicio “fue muy extraño, nos bajaron a una sala del piso 4 para decirnos que podíamos pasar, que el juicio era público y había muchos funcionarios policiales”.

“El fiscal Rojas hizo un show de mentiras, soberbia, descaro, verdaderamente cada palabra de ese Fiscal causaba sorpresa. Imagínese que finalizó diciendo que mi hijo quería poner el explosivo cerca del Palacio de Miraflores para crear conmoción y matar al Presidente. Ese Fiscal debe creer que uno es tonto, porque a mi hijo lo detuvieron en el Táchira (a mil kilómetros de Miraflores); ¿será que mi hijo tenía un misil para lanzarlo del Táchira a Miraflores?”.

Destaca que al capitán lo detienen sin orden de aprehensión, “solo una capucha negra en la cabeza, sin ninguna consideración por parte del General de su Batallón José Gregorio Martínez Campos, quien debió dar la cara por uno de sus oficiales. ¿Cómo es posible que abandone a sus oficiales así?”.

“En la audiencia preliminar se dice que el material no era explosivo sino un componente viejo y oxidado que no servía. Trajeron a una persona al juicio y dijo que era 100% operativo y lo peor es que dice que el Sebin había desaparecido ese material porque no tenían donde guardarlo”.

“No se imagina cómo me siento. En mi país, la República Bolivariana de Venezuela, se condena a 16 años y 9 meses a mi hijo, como si fuera peor que un asesino”.

“Mi hijo presenta problemas de salud por todas las clases de tortura que recibió del teniente Leandro Castillo. No me han dado repuesta para trasladar a mi hijo a hacerse los exámenes de laboratorio y el chequeo con el cardiólogo”.

El capitán Peña Díaz identificó a Leandro Castillo como uno de sus torturadores: ese día tuvo tanta indignación que en la noche sufrió lo que sería un pre-infarto. “La Juez debió abrir una averiguación de ese funcionario y no lo hizo. Dios mío que está pasando en mi país”.

Un hecho insólito es que hay pruebas, como la constancia de las novedades de ese día, de que el capitán Peña se encontraba en su trabajo en el batallón en San Cristóbal, Táchira, cuando fue detenido. “El funcionario de la DGCIM que se lo llevó, no es el mismo que aparece en el acta policial”, finaliza diciendo la señora Díaz.

Un juez del los Estados Unidos pidió este martes al juez federal Federico Villena la incautación del avión venezolano-iraní retenido desde hace dos meses en Ezeiza, informó el gobierno de Estados Unidos.

Por: Clarín

Es por las sanciones de EE.UU. contra Irán y Venezuela por financiar el terrorismo internacional. Lo dispuso un juez del sur de Nueva York.

El Departamento de Justicia de EE. UU. transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga Boeing 747-300M luego de que se revelara una orden de incautación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.

La orden, que se emitió el 19 de julio de 2022, alega que el avión fabricado en EE. UU. «está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní afiliada a la Islámica».

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria-Fuerza Qods (IRGC-QF), es una organización terrorista designada, y Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (EMTRASUR), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (CONVIASA) , es una empresa estatal venezolana.

En 2008, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos «emitió, y desde entonces ha renovado periódicamente, una orden de denegación temporal que prohíbe, entre otras cosas, que Mahan Air participe en cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de los Estados Unidos que esté sujeto a las Regulaciones de Administración de Exportaciones».

Como se alega en la orden de incautación, «alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó la orden de denegación temporal y las leyes de control de exportaciones de EE. UU. cuando transfirió la custodia y el control de la aeronave Boeing a EMTRASUR sin la autorización del Gobierno de EE. UU».

Posteriormente, «se produjeron violaciones adicionales de las leyes de control de exportaciones de EE. UU. entre febrero y mayo de 2022 cuando EMTRASUR reexportó la aeronave entre Caracas, Venezuela; Teherán, Irán; y Moscú, Rusia, sin la autorización del Gobierno de los Estados Unidos».

Además, como se alega en la orden de incautación del juez en junio de 2022, las autoridades argentinas detuvieron a la tripulación de vuelo del avión Boeing, incluidos cinco iraníes.

El capitán registrado de la aeronave «fue identificado como un excomandante del IRGC y accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air».

La policía argentina también «registró la aeronave y encontró un registro de vuelo de Mahan Air que documentaba los vuelos de la aeronave después de la transferencia ilegal a EMTRASUR, incluido un vuelo a Teherán, Irán, en abril de 2022», informó el departamento de Justicia en su comunicado.

Mahan Air fue sancionada en 2011 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro «por brindar apoyo material al IRGC-QF, y Qeshm Fars Air fue designada en 2019 por estar controlada por Mahan Air y por brindar apoyo material al IRGC-QF».

Además, CONVIASA, la empresa matriz de EMTRASUR, fue sancionada «por la OFAC en 2020 y su flota fue bloqueada conforme a una Orden Ejecutiva en 2019».

Simultáneamente, el Departamento de Comercio emitió una orden de denegación temporal negando los privilegios de exportación de EMTRASUR por 180 días con posibilidad de renovación.

“El Departamento de Justicia no tolerará transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

“Trabajando con nuestros socios en todo el mundo, no daremos cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas”, agregó.

“La incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.

“Buscaremos enérgicamente evitar que las entidades sancionadas obtengan acceso a artículos fabricados en Estados Unidos o se beneficien de su transferencia ilegal. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”, añadió el fiscal.

“Las acciones coordinadas de hoy tienen como objetivo frenar la transferencia ilegal de un avión de carga iraní a una aerolínea venezolana y la posterior operación de ese avión por parte de la aerolínea en violación de nuestras reglas”, dijo el subsecretario de Control de Exportaciones Matthew S. Axelrod de la Oficina de Comercio del Departamento de Comercio de EE. UU. Industria y Seguridad.

“Continuaremos tomando medidas de cumplimiento significativas y directas contra las aerolíneas extranjeras que operan aeronaves de origen estadounidense en violación de los controles de exportación de EE. UU.”, destacó el funcinario

“Esta incautación demuestra la persistencia del FBI en el uso de todas nuestras herramientas para responsabilizar al gobierno iraní y a las personas y empresas afiliadas cuando violan las leyes estadounidenses”, dijo el subdirector interino de contraterrorismo Kevin Vorndran del FBI.

“El FBI, junto con nuestros socios internacionales, continuará buscando a aquellas personas que contribuyan al avance de las actividades malignas de Irán y se asegurará de que sean llevados ante la justicia, independientemente de dónde o cómo intenten esconderse”.

Este asunto está siendo investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad y la Oficina de Campo del FBI en Miami.

Además, está siendo investigado por el fiscal Federal Auxiliar Rajbir Datta de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y el Fiscal Federal Auxiliar Andy Camach

Por otra parte, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó ayer la devolución de los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Argentina el 6 de junio pasado mientras que mantuvo la prohibición de salir del país para otros siete, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI.

La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún tiene dudas respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autopartes,autor partes.

La Justicia busca determinar si, «bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional», según surge de la resolución de unas 260 páginas a la que accedió Clarín.

Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras.

El juez destacó en su resolución que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur revisten carácter de imputados aunque, de momento, no existe mérito suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria.

En esta causa se investiga «si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada», surge del fallo.

Al sostener las medidas restrictivas sobre algunos de los tripulantes, el juez indicó también las posiciones de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la fiscal Cecilia Incardona que se habían opuesto a que se habilitara la salida del país de los imputados y habían remarcado que aún existen medidas de prueba en curso.

Al promover esta investigación, la fiscal Incardona había puesto el foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.

Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».

En línea con eso, el juez Villena señaló que si bien coincide con lo argumentado por la fiscal federal «respecto del riesgo procesal que significa permitir la salida del país a ciudadanos de países que no extraditan nacionales ­como el caso de la República Bolivariana de Venezuela»­, advirtió que en el caso concreto de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello, «se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo».

En caso de ser necesario, «esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad», añadió.

Nancy Pelosi pisa ya suelo taiwanés, como la política estadounidense de mayor rango en hacerlo en un cuarto de siglo. Una visita que la presidenta de la Cámara de Representantes, tercera autoridad del Estado, ha caracterizado como manifestación del compromiso de su país con la democracia, y supone una colisión frontal entre la potencia establecida y la emergente. Despejada esa incógnita, en duda desde su filtración a medios internacionales hace dos semanas, la siguiente reside en la reacción de China.

Por: ABC

El gigante asiático advirtió desde el primer momento con «medidas serias y resolutivas» ante lo que considera una «vulneración de su soberanía nacional», hasta el punto de amenazar con «desastrosas consecuencias para la región de Taiwán, así como para la prosperidad y el orden del mundo entero», según ha declarado esta tarde en rueda de prensa la portavoz del ministerio de Exteriores, Hua Chunying, mientras el avión de Pelosi se encontraba todavía en tránsito sin destino explícito.

La respuesta no se ha hecho esperar. Nada más tomar tierra, la televisión estatal ‘CGTN’ ha informado que cazas chinos Su-35 estaban «cruzando el estrecho de Taiwán», sin ofrecer más detalles al respecto. El ministerio de Defensa de la isla ha desmentido este extremo, asegurando que monitoriza todos los movimientos en la zona y reaccionará en función de las «amenazas del enemigo».

El Ejército Popular de Liberación, cuyos efectivos se han concentrado desde primera hora de la mañana en la provincia de Fujian, la costa del continente más próxima a Taiwán, ha anunciado «importantes ejercicios militares con fuego real» en seis zonas alrededor de la isla, los cuales podrían comenzar esta misma madrugada y se extenderán hasta el domingo. Estos involucrarán el uso de fuerzas navales y aéreas, así como el empleo de artillería convencional y de largo alcance. Pelosi, sin embargo, ya no estará allí, pues de acuerdo a su agenda abandonará Taiwán a primera hora de mañana miércoles tras reunirse con la presidenta Tsai Ing-wen.

Acelerar la reunificación

La última vez que las tensiones alcanzaron cotas semejantes, durante la tercera Crisis del Estrecho en 1995 y 1996, los ejercicios militares se limitaron a la costa oeste de Taiwán. Expertos consultados en meses precedentes por ABC respecto a una posible invasión ya apuntaban que uno de las primeras prioridades de China consistiría en el despliegue de fuerzas alrededor de la isla para aislarla, en línea con las maniobras anunciadas hoy.

El ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el que afirma que la visita de Pelosi «viola gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavando la paz y la estabilidad de Taiwán». «Solo hay una China en el mundo, Taiwán es parte inalienable de su territorio y el Gobierno de la República Popular es su único representante legítimo», ha sentenciado antes de añadir que «la cuestión de Taiwán representa el tema más importante, central y sensible en las relaciones sino-estadounidenses». Los medios oficiales chinos se han apresurado a pronosticar que lo sucedido «acelerará los esfuerzos de reunificación» de la isla autogobernada, considerada por China una provincia rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por la fuerza.

Defender la democracia

Pelosi, por su parte, ha explicado los motivos de su viaje en una tribuna publicada en el ‘Washington Post’, la cual ha visto la luz en cuanto esta ha pisado Taipei. «Esta vibrante, robusta democracia, reconocida como una de las más libres del mundo está en peligro. (…) En los últimos años, Pekín ha intensificado de manera dramática las tensiones con Taiwán. (…) Hoy, América debe recordar su compromiso de apoyar la defensa de Taiwán». La presidenta de la Cámara de Representantes, sin embargo, ha aclarado que «nuestra visita en modo alguno contradice la política de Una China que durante tanto tiempo hemos mantenido. Estados Unidos sigue oponiéndose a los esfuerzos unilaterales para alterar el ‘statu quo’».

Pelosi ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Hong Kong, Tíbet y Xinjiang y ha recordado cómo hace treinta años participó «en una delegación a China que, en la plaza de Tiananmen, desplegó una pancarta en blanco y negro en memoria de los que murieron por la democracia». «El mundo afronta una elección entre la autocracia y la democracia. (…) Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia: reafirmando que las libertades de Taiwán, y todas las democracias, deben ser respetadas», ha concluido. La incógnita de su viaje, ya desvelada, conduce a China y Estados Unidos hacia una nueva crisis. Sus consecuencias representan otra de las muchas contenidas en ese misterio que, solo de momento, es el futuro.