Armando Esteban Quito

La Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU) del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Sección de Diplomacia Pública (PDS), ha publicado la Declaración del Programa Anual (DPA) para 2026, invitando a organizaciones elegibles a presentar propuestas de financiamiento enfocadas en la cooperación y el desarrollo estratégico en Venezuela.

Por: María Valentina Zambrano – El Nacional

El programa VAU PDS 2026 tiene como objetivo financiar hasta diez proyectos, con montos que oscilan entre 25.000 y 200.000 dólares, y un financiamiento total aproximado de 500.000 dólares, sujeto a disponibilidad de fondos. Los proyectos deberán completarse en un periodo de hasta 18 meses, con fecha de inicio prevista para el 1 de septiembre de 2026.

Esta convocatoria busca propuestas alineadas con el plan trifásico de recuperación, transformación y crecimiento económico de Venezuela, con especial interés en iniciativas relacionadas con energía, minería, tecnología y alianzas de educación superior que fortalezcan la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos.

Subvención solo para ONG, investigaciones y universidades

Podrán participar organizaciones sin fines de lucro, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y universidades, mientras que las entidades con fines de lucro no son elegibles como beneficiarios principales. El organismo subraya, aunque no se manera obligatoria, que los solicitantes compartan los costos del proyecto o cuenten con una contrapartida.

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de abril de 2026. La Sección de Diplomacia Pública recordó que esta oportunidad está sujeta a la disponibilidad de fondos y que la concesión de subvenciones puede ajustarse en función del interés del gobierno de Estados Unidos y de los criterios de evaluación establecidos.

Para obtener información detallada sobre los requisitos de elegibilidad y los procedimientos de solicitud, los interesados deben consultar el aviso oficial del programa VAU PDS 2026, número de oportunidad 2026VE–001..

 María Corina Machado asistió este martes a la mayor conferencia energética del mundo, CERAWeek, que tiene lugar esta semana en Texas. En el Hotel Hilton de Houston, expuso a los inversionistas petroleros sus ideas de un futuro próspero para ellos en Venezuela, con un plan centrado en la seguridad y la transparencia. Más tarde, en la plaza del ayuntamiento de la ciudad texana, les recordó a cientos de venezolanos que se reunieron para recibirla que a ellos también los necesita de regreso al país, apoyándola en unas elecciones presidenciales. Para todos, insistió, las condiciones deben mejorar.

Por: Patricia Clarembaux – El País

“Lo que vendrá debe ir más allá. Debe ser completamente transparente, con una marca institucional y debe estar diseñado para crear confianza a largo plazo en los inversionistas y en la gente”, dijo la líder venezolana a sala llena en el CERAWeek.

En la sala plenaria, Machado le explicó a los petroleros que en 10 años Venezuela podría llegar a producir hasta cinco millones de barriles al día con una inversión de 150.000 millones de dólares. Pero para que inviertan esa cantidad, reconoció, necesitan instituciones independientes y que se honren sus contratos, algo que la líder opositora prometió garantizar una vez que el país pueda celebrar elecciones presidenciales “justas y libres”.

Habló de la creación de una agencia “independiente y autónoma de hidrocarburos” que redefina el rol del Estado: pasaría a ser estrictamente un ente regulador

En la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que controla completamente el negocio petrolero del país, Machado planteó una oportunidad de inversión. Explicó que la empresa debe reducir su tamaño “de forma dramática” —en todos sus niveles y sectores— al tiempo que sus operaciones vayan siendo privatizadas.

También prometió a los inversionistas que serían dueños de la producción “desde la boca del pozo”, que podrían registrar reservas, que tendrían contratos de 25 años —renovables por un periodo similar— y que las disputas podrían resolverse por arbitraje internacional.

“El ilimitado potencial energético de Venezuela es un paso. La pregunta siempre ha sido si existen las condiciones”, dijo. “Necesitamos tener las condiciones no solo para que la gente pueda volver, sino también para que las grandes inversiones puedan venir con seguridad y certeza de que este será un proceso predecible a largo plazo, y que se mantendrán las condiciones aunque haya cambios políticos”.

Machado aseguró que todo pasa por la celebración de nuevas elecciones presidenciales. Dijo que prepararlas podría llevar al menos nueve meses. La opositora anunció a principios de este mes que regresará a Venezuela en “pocas semanas” para “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible” y preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

Dichas elecciones necesitarían el respaldo de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha estrechado su relación con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que Washington lanzara en enero pasado la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a una cárcel en Nueva York bajo cargos de narcotráfico. Desde entonces, Machado y Trump han tenido dos reuniones; en una de ellas, la líder venezolana le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz. Trump, sin embargo, ha asegurado que Machado no cuenta con suficiente respaldo dentro del país para gobernar, dificultando su papel en una transición.

“En manos de la gente”

En la plaza del Ayuntamiento de Houston este martes por la tarde no se podía caminar. Los espacios estaban copados por venezolanos que grababan su discurso, la fotografiaban y le gritaban consignas. En minutos, a Machado las manos se le llenaron de rosarios regalados, de pulseras, de franelas con la imagen de Maduro detenido, de banderas de Venezuela. Ella bromeó con que los policías de Houston que la custodiaban estaban asustados ante la multitud que se apiñaba contra la tarima: “Yo les digo que no se preocupen, yo he estado en manos de la gente”.

A los venezolanos, la opositora les pidió que se organizaran en núcleos para un eventual empadronamiento de votantes en el exterior. “Estamos más cerca que nunca de una Venezuela libre”, clamó ella, y añadió: “No veo el momento de que vuelvan”. Decenas de personas le respondieron “Libertad, libertad” y “Hasta el final”, la consigna que ha acompañado a su campaña política desde que Maduro fue ratificado por la autoridad electoral venezolana para una tercera presidencia el 28 de julio de 2024, pese a las denuncias demostradas de un fraude electoral.

“Hoy estamos viviendo el momento más importante de nuestras vidas”, les dijo en Houston al recordarles la captura de Maduro. “Lo que falta es rematar”.

Sin embargo, en Houston no todos creen que las condiciones están dadas para regresar a Venezuela. Aunque la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, reformó en enero la Ley de Hidrocarburos para asegurar la autonomía de las operaciones petroleras extranjeras, los líderes de grandes corporaciones como Chevron o ConocoPhillips —cuyos activos fueron expropiados por el Gobierno de Hugo Chávez en 2007— aseguraron esta semana en CERAWeek a la agencia Reuters que necesitan más garantías para invertir en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

Mientras, el martes en la plaza del City Hall algunos lloraban al escuchar a Machado y cuando ella les preguntó “¿Quién va a regresar conmigo para Venezuela?”, la mayoría respondió: “¡Yo!”.

El tirano venezolano Nicolás Maduro comparece el martes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la primera vista clave del proceso penal abierto en su contra en Estados Unidos. La sesión marca el arranque real del pulso judicial entre la Fiscalía y su defensa, centrado en la validez de los cargos y en las condiciones de su representación legal.

La Gaceta de la Iberosfera

El equipo jurídico de Maduro, liderado por el abogado Barry Pollack, solicitará al juez la desestimación del caso. Su principal argumento es que Washington está vulnerando su derecho a una defensa efectiva al impedirle pagar a sus abogados con fondos públicos venezolanos, una posibilidad que, según sostienen, contempla la legislación de su país.

La defensa denuncia que este bloqueo no es una cuestión técnica, sino una “injerencia directa” que condiciona el proceso y limita su capacidad de preparar la estrategia legal en igualdad de condiciones.

La Fiscalía se opone frontalmente a esta petición y llega a la vista con una línea clara: separar cualquier elemento político del procedimiento penal. Los fiscales sostienen que no permitirán el uso de fondos públicos porque Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Además, insisten en que tanto él como su esposa, Cilia Flores, disponen de recursos personales para costear su defensa, pese a que ambos alegan lo contrario.

Este primer choque procesal anticipa la estrategia de ambas partes: la defensa busca presentar el caso como una operación política, mientras la acusación pretende consolidarlo como un procedimiento penal ordinario basado en delitos graves.

Maduro se enfrenta a acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y tenencia de armas. En su primera comparecencia, celebrada el pasado 5 de enero, se declaró “no culpable”.

La acusación federal sostiene que utilizó el aparato del Estado venezolano para favorecer una red de narcotráfico con destino a Estados Unidos. Cilia Flores también está procesada por delitos similares dentro de la misma causa.

El caso lo dirige el juez federal Alvin Hellerstein, encargado ahora de decidir si admite los argumentos de la defensa o permite que el proceso continúe.

Desde su arresto el 3 de enero en territorio venezolano durante una operación estadounidense, Maduro y Flores permanecen en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión de máxima seguridad.

El dirigente venezolano se encuentra en régimen de aislamiento por motivos de seguridad, en un contexto marcado por la presencia de otros reclusos vinculados al narcotráfico.

La impactante entrevista que publicamos hoy con la opositora democrática hispanovenezolana Catalina Ramos, que pasó nueve meses encarcelada por motivos políticos en la terrible prisión del Helicoide, es un documento trascendental que deja al descubierto los métodos inhumanos de un régimen que sigue ostentando ilegítimamente el poder en Venezuela. También es un fiel reflejo del inmenso coraje que demuestran quienes luchan por recuperar las libertades.

Editorial El Mundo

El relato de Ramos, muy cercana a la Nobel de la Paz María Corina Machado y referente de las asociaciones civiles que demostraron el fraude electoral de Nicolás Maduro, dejan claro que el aparato represor de la dictadura funciona con total impunidad. A Ramos no le dejaban llamar a su familia y dormía hacinada junto a otras mujeres en condiciones infrahumanas. Por desgracia, la maquinaria opresora que propició ese maltrato ha logrado perpetuarse tras la extracción de Maduro. Delcy y Jorge Rodríguez, responsables de encarcelar a Ramos, continúan al frente de una dictadura cuya estructura policial y judicial permanece intacta. Quienes hoy vigilan la libertad condicionada de los presos liberados son los mismos que los encarcelaron.

La persistencia del régimen, que ha instrumentalizado a su conveniencia la amnistía impuesta por Donald Trump y aún mantiene a casi 500 personas encarceladas, explica en gran medida por qué ningún preso político de nacionalidad española había hablado hasta ahora: el terror chavista continúa vivo, por lo que no cabe sino mostrar el máximo respeto por la decisión personal de quienes han sufrido el horror de sus prisiones. De esta forma, el excepcional testimonio de Ramos sirve para dar voz a todos los presos políticos que han sufrido torturas y vejaciones por intentar llevar la libertad a su país, e interpela especialmente a las autoridades españolas, que se apresuraron a pedir que se levantaran las sanciones contra Delcy. Aunque se ha anunciado el cierre del Helicoide, la brutalidad de la dictadura que hoy lidera la jerarca chavista se mantiene intacta.

El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, denunció la tarde del miércoles 25 de marzo una situación que calificó como grave irregularidad en el sistema judicial venezolano, relacionada con la aplicación de la Ley de Amnistía.

La Patilla

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jurista informó que han recibido múltiples denuncias de familiares de detenidos, quienes aseguran que algunos tribunales se están negando a entregar las copias de las decisiones judiciales en las que se rechaza la solicitud de amnistía.

“Hemos recibido varias denuncias señalando que algunos tribunales se están negando a darle a los familiares que se las solicitan las copias de las decisiones en las que niegan la amnistía”, alertó Himiob.

El vicepresidente de la organización defensora de derechos humanos, explicó que la negativa a entregar estos documentos tiene consecuencias legales directas para los solicitantes.

Según detalló, sin la copia formal de la decisión judicial no es posible interponer recursos de apelación, lo que en la práctica limita el derecho a la defensa y genera incertidumbre en los procesos. “Es grave porque no se permite apelar de la negativa sin la copia de la decisión”, advirtió el abogado.

Esta situación, de confirmarse, podría constituir una vulneración al debido proceso, principio fundamental en cualquier sistema de justicia.

La denuncia surge en el contexto de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, el pasado 19 de febrero, la cual entró en vigencia al día siguiente tras su publicación en Gaceta Oficial.

De acuerdo con registros públicos, la normativa fue presentada como un mecanismo para facilitar la liberación de personas detenidas por motivos políticos o en contextos de conflictividad social.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que el proceso de implementación ha generado múltiples denuncias por presuntas irregularidades y falta de transparencia.

En las últimas semanas, familiares de detenidos han reportado que tribunales venezolanos estarían rechazando solicitudes de amnistía en distintos casos, lo que ha incrementado la preocupación sobre la aplicación real de la ley.

La principal inquietud radica en que, además de negar el beneficio, las autoridades judiciales presuntamente estarían impidiendo el acceso a la documentación oficial, lo que limita las posibilidades legales de revisión del caso.

Esta situación ha generado incertidumbre jurídica para los solicitantes, retrasos en los procesos judiciales, obstáculos para ejercer el derecho a la defensa y desconfianza en la aplicación de la Ley de Amnistía.

Irán se encuentra analizando una propuesta de paz de 15 puntos presentada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque su respuesta inicial “no ha sido positiva”, según informó este miércoles un alto funcionario iraní. La evaluación de Teherán se produce mientras el país plantea sus propias exigencias para detener un conflicto que ha devastado su infraestructura económica y energética.

Infobae

El funcionario iraní, quien habló con Reuters bajo condición de anonimato, señaló que la respuesta preliminar de la República Islámica ya fue entregada a las autoridades de Pakistán para que sea transmitida a Washington. A pesar de que Teherán aún estudia los detalles del plan impulsado por la administración de Donald Trump, la fuente subrayó que el contenido inicial no ha satisfecho las expectativas de la dirigencia iraní.

Previamente, la cadena estatal Press TV, citando a un alto funcionario no identificado, había informado que la respuesta fue negativa. “El fin de la guerra ocurrirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Trump imagine su conclusión”, afirmó esa fuente. Sin embargo, la comunicación oficial a través de los mediadores en Islamabad sugiere que el proceso de análisis técnico y político continúa abierto.

La propuesta de Washington, descrita por funcionarios paquistaníes, contemplaba un alivio de las sanciones y cooperación nuclear civil a cambio de un desmantelamiento del programa nuclear iraní, límites a su arsenal de misiles y garantías de libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

Las cinco condiciones de Teherán

Lejos de aceptar los términos de Washington, Irán ha puesto sobre la mesa un contra-plan de cinco condiciones para el cese de hostilidades. Según el informe de Press TVTeherán exige el fin inmediato de lo que califica como “agresiones y asesinatos” contra sus líderes y el país, además de la creación de un mecanismo robusto que garantice que ni Israel ni Estados Unidos reanuden las operaciones militares.

Las demandas iraníes también incluyen compensaciones económicas por la destrucción causada durante las casi cuatro semanas de ataques y la reconstrucción de sus instalaciones. Asimismo, Irán exige un cese al fuego en todos los frentes regionales, incluyendo a los grupos de la “resistencia” —una referencia a aliados como Hezbollah— y el reconocimiento internacional de su soberanía total sobre el Estrecho de Ormuz.

Incertidumbre en la mesa de Islamabad

El rechazo público de Teherán complica el panorama trazado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien horas antes había anticipado posibles conversaciones directas en Islamabad para este fin de semana.

Grossi, quien describió la situación actual como una “responsabilidad por la paz”, advirtió que el tiempo se agota ante el avance técnico de Irán. El diplomático señaló que el país mantiene 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel que calificó de “casi militar”. “Ningún país sin armas nucleares enriquece a este nivel”, subrayó Grossi, sugiriendo que cualquier acuerdo viable requeriría una dilución inmediata de ese material.

Presión política y militar

En Washington, el presidente Trump ha insistido en que existe un “consenso sólido” para un pacto, aunque el Pentágono sigue reforzando su presencia con el envío de 1.000 tropas adicionales de la 82.ª División Aerotransportada.

La administración estadounidense enfrenta una creciente presión interna: encuestas recientes de AP-NORC indican que el 59% de los ciudadanos considera excesiva la acción militar en Irán, mientras que el 45% está “extremadamente preocupado” por el alza histórica de los precios de la gasolina, producto de la crisis en el Golfo.

A pesar de la retórica hostil de Teherán, los mediadores en Islamabad, encabezados por el primer ministro Shehbaz Sharif, mantienen la esperanza de que las “conversaciones significativas” previstas para el fin de semana puedan abrir una grieta en el muro de desconfianza mutua.

En un emotivo video difundido recientemente, la madre del Teniente Coronel Julio César Riobueno Azuaje rompió el silencio para denunciar lo que califica como un «calvario» jurídico y humano. Riobueno se encuentra privado de libertad desde hace 17 meses, actualmente recluido en el centro Yare II.

NDP

Durante su declaración, la madre del oficial detalló una serie de graves violaciones al debido proceso que han marcado el caso desde su inicio:

  • Detención arbitraria y desaparición forzada inicial.
  • Incomunicación prolongada.
  • Construcción de un expediente basado en «mentiras y abuso de poder».

Un proceso bajo sospecha

La denuncia señala directamente a la Fiscal 70 Nacional del Ministerio Público, Rosalba Hernández, como responsable de las irregularidades en el expediente. Cabe destacar que dicha funcionaria se encuentra actualmente bajo investigación y privada de libertad por, presuntamente, alterar la verdad procesal para incriminar a inocentes.

«¿Cómo puede esperarse justicia cuando se subyacen este tipo de cosas? Como madre me causa dolor, pero como ciudadana me causa indignación», expresó visiblemente conmovida.

Llamado a la comunidad internacional

Ante lo que describe como una «complacencia» de los tribunales —quienes habrían desestimado al menos cuatro apelaciones presentadas por la defensa—, la familia hace un llamado urgente a:

  • Autoridades e instancias competentes para una revisión exhaustiva del caso.
  • Comunidad Internacional y Organizaciones de Derechos Humanos para que se solidaricen y actúen como observadores.

La declaración finaliza con una demanda clara: la libertad plena para el Tte. Cnel. Riobueno y para los demás militares que atraviesan situaciones similares, apelando a la máxima de que «la justicia, cuando se demora, es injusticia».

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La líder opositora venezolana María Corina Machado ha encabezado un concurrido acto de masas en la ciudad de Houston (Estados Unidos), en donde ha llamado a todos los venezolanos en el exilio a prepararse para los meses por venir en Venezuelacon la mirada puesta en un eventual proceso electoral.

La Gaceta de la Iberosfera

En tal sentido, la Nobel de la Paz ha calificado la actual circunstancia del país sudamericano como una «etapa clave», en la que cada venezolano debe convertirse en un «agente multiplicador de la esperanza», dado que el cambio definitivo en la nación hispanoamericana es «indetenible».

«Tenemos mucho trabajo por delante, verlos a ustedes aquí hoy es la ratificación de lo que yo sé. La fuerza que nos une es la más poderosa que existe porque es la del amor. El anhelo de tener a nuestros hijos de vuelta, porque el amor a Venezuela es algo que nos une a todos hoy. El amor por la libertad es lo que nos ha traído aquí», ha dicho.

Del mismo modo, la líder venezolana ha precisado que «los próximos pasos son cruciales», en un contexto en el que el chavismo «nunca ha estado tan débil como ahora».

«El mundo entero nos ve con orgullo. El camino que nos hemos labrado ha costado mucho y hoy desde el fondo de mi corazón quiero decirles: estamos viviendo el momento más importante de nuestras vidas. Lo que estamos haciendo en Venezuela no solo marca nuestra historia, sino la de todo occidente. La historia de un pueblo que se levantó con dignidad ante la peor tiranía. Falta rematar, ahora continúa la transición y la vamos a hacer bien ‘a la venezolana’», ha señalado además la disidente venezolana.

La deriva radical de la izquierda francesa suma un nuevo episodio. El recién elegido alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, del partido La Francia Insumisa (LFI), ha anunciado su intención de desarmar a la policía municipal y ha advertido abiertamente a quienes no compartan su agenda política: «Se irán por sí solos».

La Gaceta de la Iberosfera

Bagayoko pretende retirar a los agentes incluso los medios de defensa no letales, como lanzadores de proyectiles de goma, gas lacrimógeno o spray pimienta, en una decisión que ha generado una fuerte preocupación por la seguridad en una de las zonas más sensibles del país.

El propio alcalde ha reconocido que quiere convertir Saint-Denis en «un laboratorio político» de la extrema izquierda, dejando claro el carácter ideológico de su proyecto.

Sus declaraciones no han tardado en provocar una reacción contundente. Desde el entorno del partido Agrupación Nacional han denunciado que esta medida supone «una licencia para matar para traficantes y delincuentes», en referencia al debilitamiento de la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

Los efectos ya comienzan a notarse. Según diversas fuentes, decenas de agentes han solicitado su traslado ante la incertidumbre generada por las nuevas directrices del Ayuntamiento.

El mensaje del alcalde a los propios funcionarios ha sido igualmente claro: aquellos que no respalden su línea política no podrán continuar en puestos relacionados con la seguridad pública, lo que ha sido interpretado como una purga ideológica dentro de la administración local.

La legitimidad del mandato también ha sido cuestionada. Bagayoko fue elegido con apenas 13.506 votos, en una ciudad de aproximadamente 150.000 habitantes, en un contexto de elevada abstención y con una parte significativa de la población sin derecho a voto.

Detrás de este proyecto se encuentra la línea política de Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, conocido por su retórica agresiva contra las instituciones y por promover un modelo de sociedad profundamente transformador en materia identitaria y migratoria.

El caso de Saint-Denis refleja una tendencia creciente en algunas ciudades europeas: la combinación de radicalismo ideológico, debilitamiento de las fuerzas de seguridad y tensiones sociales en entornos con alta presión migratoria. Un experimento político que, según advierten sus críticos, puede tener consecuencias directas en la seguridad de los ciudadanos.

Los regímenes no siempre caen: a veces aprenden a sobrevivir mejor.

Hay momentos en la historia en los que la realidad se disfraza de una eficacia inquietante. Momentos en los que lo que parece evidente —el fin de una era, el colapso de un régimen, el inicio de una transición— no es más que una ilusión cuidadosamente administrada. Venezuela atraviesa uno de esos momentos.

Desde fuera, la narrativa es seductora. La salida de Nicolás Maduro, la recomposición del poder en Caracas, la sustitución de figuras clave dentro del aparato militar y la tímida flexibilización frente a exigencias estadounidenses han sido interpretadas como señales inequívocas de una transición. La tentación de creerlo es enorme. Europa quiere creerlo. Washington quiere gestionarlo. América Latina quiere celebrarlo. Pero la política rara vez es lo que parece a primera vista.

Porque lo que ocurre hoy en Venezuela no es, en rigor, una transición. Es algo más ambiguo, más sutil y, por eso mismo, más peligroso: una mutación del poder bajo presión.

Las transiciones auténticas implican una transformación del sistema: reglas nuevas, árbitros independientes, instituciones que dejan de ser instrumentos de un grupo para convertirse en patrimonio de todos. Requieren, sobre todo, algo que el poder rara vez concede sin resistencia: la posibilidad real de perder. Nada de eso ha ocurrido todavía.

Lo que sí ha ocurrido es una reorganización meticulosa del mando. Un desplazamiento de piezas que no altera la esencia del tablero. La sustitución de Vladimir Padrino López por Gustavo González López al frente del Ministerio de Defensa no es la señal de un desmontaje, sino la evidencia de una sofisticación. El poder no se retira: se repliega, se reorganiza, se vuelve más eficiente.

El cambio no es ideológico. Es funcional.

Durante años, el chavismo gobernó apoyado en una lógica militar visible, casi teatral: uniformes, jerarquías, desfiles, declaraciones de lealtad. Hoy, en cambio, el énfasis se desplaza hacia una lógica menos ostentosa pero más eficaz: la inteligencia. El control ya no descansa tanto en la fuerza bruta como en la información, en la vigilancia, en la capacidad de anticipar fracturas antes de que se conviertan en amenazas.

Es, si se quiere, una evolución natural de los sistemas que sobreviven demasiado tiempo: abandonan la retórica épica y abrazan la administración pragmática del poder.

Este giro no es casual. Responde a una realidad psicológica que suele pasar inadvertida: el chavismo ya no opera desde la seguridad de quien se sabe dueño del juego, sino desde la ansiedad de quien teme perderlo todo. Ha entrado en lo que podríamos llamar un “dominio de pérdidas”. Y en ese terreno, los actores políticos se vuelven más arriesgados, más flexibles, más dispuestos a sacrificar símbolos que antes consideraban intocables.

El relevo de figuras históricas, la disposición a cumplir parcialmente con exigencias externas, la apertura controlada en sectores estratégicos de la economía: todo ello responde menos a una conversión democrática que a una lógica de supervivencia.

Aquí es donde la narrativa internacional se vuelve peligrosa. Porque confundir adaptación con transición no es un error menor: es un error estratégico.

La camarilla de Delcy Rodríguez no está entregando el poder; está ejecutando, de manera calculada, las exigencias de la administración Trump —estabilización, recuperación y eventual convocatoria electoral— como una estrategia para prolongar su permanencia.

La relación con la Casa Blanca es el mejor ejemplo de esta ambigüedad. Hay, sin duda, una cesión de autonomía, un Estado tutelado. El margen de maniobra de Miraflores ya no es el de hace una década. Pero esa cesión no es una rendición, sino una inversión: el poder entrega parte de su libertad externa para preservar su control interno.

Es una soberanía condicionada, sí, pero también calculada.

En este nuevo contexto, el enemigo del régimen ha cambiado. Ya no es, al menos no en primer plano, el adversario externo: el imperialismo yanqui. Es la fragmentación interna. El caos. La posibilidad de que las tensiones acumuladas dentro del propio sistema —entre facciones políticas, militares y económicas— terminen por desbordarlo.

Por eso la prioridad ya no es la confrontación ideológica, sino la gestión del orden. Menos discurso, más control. Menos épica, más administración.

Este desplazamiento tiene implicaciones profundas. Una de las más interesantes es el aparente “retorno a los cuarteles”. Durante años, la militarización de la vida política venezolana fue uno de los rasgos más visibles del régimen. Hoy, ese protagonismo parece atenuarse. Pero conviene no precipitarse: los militares pueden retirarse del escenario sin abandonar el poder.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos en los que el uniforme desaparece del balcón, pero permanece en la sala de mando.

El riesgo, entonces, no es solo la continuidad del poder, sino su transformación en algo más difícil de identificar y, por tanto, de desafiar: un sistema menos visible, más técnico, más silencioso.

Un poder que ya no necesita exhibirse para imponerse.

En este equilibrio precario conviven actores con intereses divergentes: Washington, que busca estabilidad con condiciones; el interinato en Caracas, que busca sobrevivir; la Fuerza Armada, que busca preservar su cohesión; y figuras como Diosdado Cabello, cuya influencia representa una amenaza latente para cualquier intento de recentralización del poder.

Es un equilibrio inestable. Y como todo equilibrio de este tipo, puede romperse en cualquier momento: por un incumplimiento, por una purga interna, por una explosión social.

La pregunta, entonces, no es si Venezuela está cambiando. Lo está. La pregunta es en qué dirección.

Y aquí conviene recuperar una vieja lección de la historia: los regímenes autoritarios no siempre caen cuando parecen debilitados. A veces, en lugar de derrumbarse, aprenden. Se adaptan. Se vuelven más flexibles, más pragmáticos, más resistentes.

La ilusión de transición es peligrosa precisamente porque tranquiliza. Porque permite creer que el problema está en vías de resolverse, cuando en realidad solo está mutando.

¿Cómo distinguir, entonces, una apertura real de una continuidad disfrazada?

No por los discursos, ni por los nombres, ni por los gestos simbólicos. Sino por algo mucho más simple y mucho más difícil: si el poder acepta, de verdad, la posibilidad de perder.

Ese es el único test que no admite simulaciones.

Mientras ese momento no llegue, lo que Venezuela vive no es una transición.

Es una adaptación. Y, como toda adaptación eficaz, puede extender la vida del sistema mucho más de lo que sus adversarios —e incluso sus observadores— están dispuestos a reconocer. Mientras no se defina un cronograma claro para la fase final —elecciones—, persiste el riesgo de que el statu quo se consolide: un autoritarismo reciclado, ahora revestido de legitimidad externa.

Antonio de la Cruz

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