El régimen de Nicolás Maduro y sus aliados ha vuelto a acudir a la mentira para esconder su responsabilidad por los riesgos que pesan sobre CITGO. Con artificios -y empleando las mismas tácticas de persecución que hoy están en investigación ante la Corte Penal Internacional- ahora se ha señalado que el llamado Gobierno interino desvió 19.000 millones de dólares, basado en una supuesta sentencia de la Corte de Delaware, todo ello en el marco de la narrativa según la cual CITGO se perdió.

Por: José Ignacio Hernández – La Gran Aldea

Hay 12 hechos que deben aclararse -con evidencias sólidas y comprobables- para explicar por qué CITGO no se ha perdido, y por qué los riesgos que hoy pesan sobre la empresa son consecuencia del endeudamiento irresponsable promovido por los regímenes de Chávez y Maduro.

1. CITGO no se ha perdido

Comienzo por destacar lo obvio: CITGO no se ha perdido. Hoy sigue siendo una filial de PDVSA y su gestión es más que exitosa.

En diciembre de 2018, la situación era muy distinta: CITGO ya se daba por perdida, en especial, por el inconstitucional colateral sobre sus acciones, tanto a favor de los Bonos 2020 como de Rosneft.

A pesar de todo y contra todo, CITGO no se ha perdido. No se puede decir lo mismo de otros activos de PDVSA bajo control de Maduro. Así, entre otros casos, cabe mencionar la desaparición del 35% de las acciones en Nynas; el opaco canje de deuda que llevó a PDVSA a ceder sus acciones en la refinería de República Dominicana; la expropiación de las acciones en la refinería de Jamaica, cuya indemnización fue embargada; el embargo de las acciones de Propernyn, filial de PDVSA en los Países Bajos; el embargo sobre activos en Bonaire y Curazao, o el embargo sobre cuentas bancarias en el Novo Banco.

La verdadera pregunta, entonces, es por qué CITGO no se ha perdido. Y la respuesta, como explico en este libro sobre la defensa frente a la deuda pública legada (pp. 276 y ss.), es que CITGO no se ha perdido gracias a la estrategia diseñada en 2019 por la Asamblea Nacional de 2015.

No voy a negar los errores cometidos por la Asamblea Nacional y el llamado Gobierno interino (eliminado en enero de 2023). Yo mismo he sido crítico en algunos puntos. Pero, con errores y aciertos, CITGO sigue siendo propiedad de PDVSA gracias a esa estrategia de defensa.

2. La subasta de las acciones de PDV Holding, Inc. no es inminente (y los intereses económicos tras algunas de las críticas sobre las sanciones)

La subasta de PDV Holding, Inc. no es inminente. El 23 de octubre iniciará el proceso de subasta que, en principio, podría concluir en junio de 2024. Solo entonces la Corte de Delaware podría estar en posición de adjudicar la venta de las acciones al comprador seleccionado, lo que en todo caso dependerá de la licencia que la OFAC debe emitir. Todavía quedan meses de ligios y otros trámites para que, en el peor de los escenarios, se ejecute la venta forzosa de las acciones.

Es importante explicar, además, el efecto que tienen las sanciones. Algunas de las críticas solo se centran en los efectos adversos de éstas sobre ciertos intereses económicos, como en especial sucede con los títulos de la deuda. Estas críticas piden “levantar las sanciones”, no para atender sus efectos humanitarios, sino para favorecer a esos intereses económicos. Si estas sanciones son “levantadas”, solo ganarían algunos intereses, pero no el pueblo venezolano. Además, “levantar” estas sanciones afectará la calidad de la protección suplementaria sobre CITGO.

“Hay que aclarar que el mayor riesgo sobre CITGO deriva de la inconstitucional decisión de Maduro de ceder en garantía las acciones de CITGO Holding, Inc. a favor de acreedores extranjeros. La defensa judicial emprendida en 2019 ha impedido que esos riesgos se activen”

Esta protección suplementaria derivada de las sanciones fue establecida por la OFAC en diciembre de 2019, y apoyada por el Gobierno de Estados Unidos ante la Corte de Delaware, como explico en mi libro (pp. 333 y ss.). Lamentablemente, a inicios de este año el Gobierno de Estados Unidos redujo el grado de protección, permitiendo a la Corte de Delaware dictar embargos, todo lo cual ha generado incentivos para que acreedores acudan a la Corte. Esto explica por qué los acreedores de Chávez y Maduro han corrido a la Corte de Delaware: no es por la “corrupción de la Asamblea Nacional”, sino por los efectos adversos de la flexibilización de las sanciones.

Además, en pocos días podría entrar en vigor la licencia general 5 que podría permitir a los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 tomar control sobre las acciones de CITGO Holding, Inc., que inconstitucionalmente fueron cedidas en garantía. La fuerte narrativa de “levantar las sanciones” también se dirige a permitir la entrada en vigor de esa licencia, en beneficio de los tenedores y en perjuicio de los venezolanos.

3. El valor de CITGO (o de cómo las adecuadas reglas de gobernanza rescataron a una empresa al borde del colapso)

CITGO es hoy una empresa rentable y exitosa, pues su gobernanza fue rescatada en febrero de 2019, en la estrategia que fue diseñada en el Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional, y que como el jurista Allan R. Brewer-Caríasexplica, restableció la autonomía de PDVSA y de CITGO.

¿Cómo es posible que el llamado Gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015 hayan restablecido exitosamente la gobernanza de CITGO, si según la versión que ahora se nos presenta, esa gestión es tan corrupta e ineficiente como la gestión de 24 años de Chávez y Maduro?

No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Salvo, claro está, que se manipulen los hechos.

El primer informe público presentado por PDV Holding, Inc., da cuenta de la precaria condición en la que se encontraba CITGO:

“Los últimos cuatro años, desde el 2015, CITGO tuvo acceso restringido al mercado dado que CITGO -bajo la administración del régimen de Maduro- se endeudó en 2.800 millones de dólares y aceptó cláusulas financieras que comprometieron los dividendos futuros de CITGO”.

Este endeudamiento de CITGO, promovido por Maduro, se dirigió a lograr un fraudulento dividendo a PDVSA, que desapareció en la voracidad de la cleptocracia criminal que se ha instaurado en Venezuela.

Hoy CITGO ha refinanciado esa deuda legada de Maduro, y muestra una gestión exitosa. El riesgo que pesa sobre ella no es propio, sino ajeno: la deuda pública externa legada de Chávez y Maduro.

En especial, hay que aclarar que el mayor riesgo sobre CITGO deriva de la inconstitucional decisión de Maduro de ceder en garantía las acciones de CITGO Holding, Inc. a favor de acreedores extranjeros. La defensa judicial emprendida en 2019 ha impedido que esos riesgos se activen.

Así, la garantía sobre los Bonos 2020 está suspendida por orden judicial, mientras la Corte Suprema de Justicia de Nueva York decide sobre la demanda de nulidad planteada en 2019 por la Junta Administradora ad hoc de PDVSA. Y recientemente, esa junta logró recuperar colateral a favor de Rosneft, reduciendo de manera importante los riegos sobre la empresa.

4. El irresponsable nivel de endeudamiento de Chávez y Maduro colocó a CITGO en riesgo

La deuda pública externa de Chávez y Maduro es irresponsable. No solo la deuda derivada de expropiaciones e incumplimientos financieros, sino la deuda basada en títulos valores, de cerca de 60.000 millones.

Hay, aquí, un tema pendiente: examinar las condiciones que permitieron ese endeudamiento irresponsable, no solo desde la destrucción del Estado de Derecho, sino desde los propios mercados financieros internacionales que, junto con sus analistas, se hicieron la vista gorda frente a la debacle de Venezuela, contribuyendo a la Emergencia Humanitaria Compleja y a la sistemática violación de derechos humanos. Cuando era evidente la crisis de la deuda -hacia 2014– todavía algunos sectores alentaban a Venezuela a endeudarse más y más. El resultado fue cerca de 60.000 millones de dólares en bonos que desparecieron en la cleptocracia trasnacional de Chávez y Maduro.

5. Fue Maduro quien declaró de manera unilateral la moratoria de la deuda (la culpa no es de las sanciones)

Para lavarle el rostro a Maduro, se ha señalado que éste no pudo renegociar la deuda en 2017 debido a que Estados Unidos se lo prohibió, con una orden ejecutiva de 2017.

Como expliqué en su momento, fue Maduro quien decidió no solo incumplir la deuda sino además, obviar la renegociación, pues para ello requería del control de la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015, y que Maduro decidió desconocer, en especial, con la ilegítima asamblea nacional constituyente. Cualquier limitación derivada de las sanciones hubiese podido levantarse con una licencia.

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