Circula ya, editado por la Fundación Centro Gumilla el libro “Sanciones Económicas. Efectos colaterales en empresas privadas y organizaciones humanitarias”, del economista Víctor Álvarez

La Fundación Centro Gumilla nace en Caracas, en 1968, motivada por la preocupación de la Compañía de Jesús por las desigualdades y la pobreza que al igual que en buena parte de Latinoamérica azotaban para la fecha a Venezuela y que en nuestro caso continúa siendo dolorosa realidad. Es mucho lo que han hecho, desde la Fundación, a lo largo de estas décadas, sacerdotes, religiosos y laicos por lo que en la Carta del entonces General de los Jesuitas, P. Juan Bautista Janssens, denominó, en el lejano 1949, la “cuestión social”. 

Por razones inentendibles, la positiva gestión de la Fundación Centro Gumilla, y con tal por la Compañía de Jesús, en Venezuela -especialmente en los barrios caraqueños-, ha sido vista por decir lo menos con ojeriza por sucesivos gobiernos. A quien mejor se lo he oído describir ha sido al Padre Ugalde S.J, quien, en un retiro reciente, en el litoral guaireño, nos comentó, palabras más, palabras menos, que algún tiempo atrás, desde el Poder, los etiquetaban como comunistas para en los últimos años señalarlos como lacayos del imperialismo. Vale decir que ni ayer ni hoy a la Fundación Centro Gumilla se le puede acusar de pro-oficialista.

Casi podemos afirmar lo mismo, a estas alturas, de Víctor Álvarez, Economista, Premio Nacional de Ciencias, que si bien por las posiciones que ocupó alguno pudiera descalificar por cercano al gobierno, basta leer sus publicaciones recientes para concluir que estamos en presencia de un profesional de altísimas calificaciones muy capaz de emitir juicios absolutamente objetivos, libre de perjuicios partidistas.

Lo cierto es que “Sanciones Económicas. Efectos colaterales en empresas privadas y organizaciones humanitarias” pone una vez mas en el tapete, con la mayor rigurosidad académica, la salvaje agresión y sus terribles consecuencias contra todo un país, Venezuela, por parte de regímenes extranjeros a petición de nacionales difíciles de calificar.

Son novecientes veinte y seis sanciones que pesan sobre Venezuela que bien lo afirma el sacerdote jesuita Manuel Zapata “no han hecho otra cosa que perjudicar a una nación entera, que se ha postrado más en la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Las sanciones han empeorado la situación humanitaria y la destrucción del sistema productivo”.

Según expertos un crimen de lesa humanidad es un acto cometido con la intención de causar sufrimiento como parte de un ataque sistematizado o generalizado contra la población civil, correspondiendo a la Corte Penal Internacional juzgarlo no existiendo un límite de tiempo para denunciarlos o perseguirlos.

Mencía Montoya Barreiros, graduado del Kings College London y posgraduado en la Universidad Carlos III, explica que “Un crimen de lesa humanidad cuenta con tres elementos. Primero, se trata de actos graves, que violan los derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, deben cometerse como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Por último, el agresor ha de ser consciente de su ataque contra la población civil y de su función en ello. Estos tienen que ser el resultado de cumplir una política del Estado o de una organización paralela, pero, a diferencia del genocidio, el crimen de lesa humanidad no requiere la intención de erradicar a un grupo. La intención de cometer los actos contra la sociedad civil es suficiente”. ¿No este el caso de las sanciones económicas contra los venezolanos y las venezolanas?

Si existiese justicia, más temprano que tarde los promotores y responsables de la aplicación de las sanciones económicas contra Venezuela deberían de ser denunciados ante la Corte Penal Internacional y castigados con todo el peso de la Ley. Que queden impunes es igualmente criminal.

El liberalismo es primero filosófico. En el siglo XVII inglés dos pensadores que hoy siguen vigentes en varios sentidos, Thomas Hobbes y John Locke, a pesar de estar en posiciones contrapuestas en relación con el tema del poder y del Estado, asumen ambos dos principios fundamentales que construyeron el inicio de la modernidad: todos los hombres son por naturaleza libres e iguales. Se ejerce el poder como consecuencia de un pacto de donde surge una Constitución que va a regir la vida social mediante normas o leyes explícitas o positivas. 

Es mediante un contrato social entre ciudadanos como se organiza la sociedad. Ya sea como lo comprende Locke, entre estos y un soberano a quien se le delega el poder individual porque la sociedad les es preexistente; ya sea entre los ciudadanos que escogen a un soberano fuera del pacto como resultado de la necesidad de seguridad y paz, en la óptica hobbesiana. La sociedad es una construcción artificial que asegura una convivencia social pacífica por coacción, a fin de preservar la vida y prosperar porque en su estado natural “el hombre es un lobo para el hombre”.

La visión ética pesimista de Hobbes en relación con el comportamiento humano lo obliga a imaginar un poder omnímodo e incondicionado para contrarrestar la fuerza, pulsión o voluntad de dominación de cada uno de los individuos para imponerse sobre los otros. Gracias a la razón que todas las personas poseen, se escoge pactar la convivencia civilizada. Sin tal pacto habría una guerra de todos contra todos. Basado en los principios liberales mencionados nace el Leviatán de Hobbes, derrotado históricamente al justificar el absolutismo monárquico. 

Locke, en cambio, desde los fundamentos del liberalismo filosófico como punto de partida, con la libertad e igualdad de todos los seres humanos, a  su vez por naturaleza seres sociales, sienta las bases del liberalismo político, que a su vez abre el horizonte a la democracia representativa y liberal, la cual es ante todo un poner límites al poder de los gobernantes; esboza por ello la división tripartita de poderes, separados y autónomos entre sí para que haya pesos y contrapesos que impidan el poder absoluto del soberano. 

Roto el absolutismo inglés, surge la monarquía constitucional, con un gobierno parlamentario. En el siglo XVIII,

Montesquieu va a delimitar estos tres poderes con mayor eficacia en su Espíritu de las leyes. Se consolidan, además del pluralismo y la tolerancia como valores propios de las democracias liberales, la necesidad de un marco legal constitucional, el Estado de derecho, rendición de cuentas y la alternabilidad en la función pública, es decir cargos temporales de los gobernantes.

Vale destacar que dos de los reformadores más radicales, Juan Jacobo Rousseau, del siglo XVIII y Augusto Comte, de la primera mitad del siglo XIX, se llamaban a sí mismos liberales de pensamiento, pero eran antidemocráticos tanto política como económicamente. Y antiliberales en lo económico. En ambos está en germen el totalitarismo del siglo XX.

El liberalismo económico no forzosamente significa democracia, aunque la democracia implica también la libertad económica; resulta del quiebre del monopolio y concentración del poder del Estado absolutista. Se afirma desde la segunda mitad del siglo XVIII, es sistematizado por primera vez por Adam Smith con su famoso libro de 1776 que da lugar al capitalismo liberal; se afianza a partir de la revolución francesa de 1789, que agrega la fraternidad universal a los principios filosóficos originarios del liberalismo.

El liberalismo económico se consolidó en el siglo XIX pese a algunos signos inquietantes que explican la aparición de un “Estado social de derecho” que superara el Estado liberal, cuyo colapso en 1929 significó la Gran Depresión con repercusiones internacionales graves. Solo en la mitad del siglo XX adquiere concreción la “fraternidad” con las políticas públicas del capitalismo regulado por el Estado desde el “Estado de Bienestar”, cuando aparece un “nuevo trato” (New deal). 

Los populismos dirigistas y estatistas son la modalidad latinoamericana distorsionada del Welfare State. Así se ha desarrollado funestamente la Venezuela populista y con vocación hegemónica. Si apuntamos a reconstruir el país y sus instituciones ¿Estaremos preparados para ser liberales y democráticos a fin de superar las perniciosas costumbres de un Estado anti-democrático y anti-liberal?

Gracias a comentarios de mis lectores agrego: hoy tenemos el gran riesgo de valores y principios esfumados en una sociedad abierta, defensora de las libertades individuales y civiles, de la igualdad de oportunidades, del pluralismo, la diversidad y la tolerancia. El liberalismo globalizado ha sido degradado por la anomia moral y ha sido confundido solo con libertades económicas, de manera excluyente y asimétrica. No se trata solo de libertad, que sin derechos humanos envilece a las sociedades y es antidemocrática, es decir, dictatorial o autocrática. El liberalismo es respeto; es más que liberalismo económico para que sea democrático.

Extraordinario el reciente discurso de recepción del premio Alma Mater UCV 2023, pronunciado por la Dra. Gioconda Cunto de San Blas (https://giocondasanblas.blogspot.com/2023/06/discurso-de-recepcion-del-premio-alma.html?m=1&s=08). Supimos por vez primera de ella, gracias al premio que le concedió tiempo atrás la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, y, ahora, con el adecuado y valiente acento que las circunstancias imponen, ha dado una respuesta que demasiada falta hizo el 26 de mayo al frustrarse las consabidas elecciones de autoridades en la ciudad de Villanueva.

Voz eminentemente académica que reconoce la política, la inevitable política en la vida universitaria y, curiosamente, es una bióloga molecular y bioquímica de evidente sensibilidad literaria, con sobriedad supo alertar sobre los cambios ocurridos en el mundo durante estos catorce años y la atención que la ciudadanía presta a lo que puede acontecer en la casa de estudios, luego de la “jornada bochornosa” del 26. Imposible soslayarla por la opinión pública nacional, por lo que con sobrada razón la comunidad universidad no debe darle la espalda, siendo un mensaje de indispensable lectura de todo aquel al que le corra sangre por las venas.

Sobre todo, porque está pendiente la nueva convocatoria electoral que, muy probablemente, reclame una segunda vuelta para la definitiva resolución de lo que puede ser un drama ilimitado gracias a la naturaleza del régimen que prevalece en Venezuela. Lejos de arredrarnos, ha de fortalecernos atendiendo los inmensos desafíos que, dentro o fuera del país, tenemos los venezolanos para salvar a la universidad, salvando al país y viceversa.

Antes del 9 de los corrientes, aspiramos a una intensificación de la campaña que trascienda meramente lo electoral, generando la confianza, el respeto, la determinación y el compromiso necesarios. No ha habido recursos para la realización de actos, la edición y pega de los afiches muy antes acostumbrados, o la musicalización masiva del mensaje, por cierto, intactos los solitarios pendones que avisan de la UCV ocupada por una comisión presidencial del gobierno que en 2014 y 2017 se llevó por el medio a centenares de jóvenes. No obstante, extrañamos y mucho, las movilizaciones y seguramente un acto espontáneo y multitudinario en la Plaza del Rectorado, el día 26, hubiese evitado la confusión que otros incidentes chaplinescos aportaron, como la violenta irrupción de los colaboracionistas del gobierno nacional a los que después premiaron y complacieron con la reapertura del comedor que usan como bandera.

No cabe duda que el madurismo quiere echarle la mano a la UCV, dada su innegable proyección, ubicación estratégica e instalaciones, pero nunca ha logrado generar fórmulas convincentes y propias en el sector estudiantil y profesoral. Lo intentó en los inicios del siglo, e, incluso, interpretándolo por entonces como parte del proceso constituyente, tomó por la fuerza la sede rectoral, secuestrando al Dr. Giuseppe Giannetto con la idea de que cediera el rectorado al Dr. Agustín Blanco Muñoz que aguardaba en la esquina: un grotesco acto de violencia que resistió gallardamente el legítimo rector, denunciando la confabulación que implicó también a la dictadura cubana que entrenó a los tomistas.

Fracasada de antemano cualquier opción protagónica y abierta, el oficialismo ha optado por candidaturas encubiertas, en buena medida secundarias, o apenas visibles. La mano peluda va moviendo las piezas, sin dejarse ver por la opinión pública, con la idea de enredar la situación, poniendo a prueba la resistencia de una comunidad a la que de un modo u otro atemoriza.

Es necesario realizar las elecciones, aunque luego inventen judicializarlas a fondo, elevando el costo político de la definitiva intervención de la universidad, como ha hecho prácticamente con todas. Valga recordar el precedente de Sartenejas que, por la falta absoluta del legítimo rector titular, reemplazó a los vicerrectores que el propio régimen había designado antes, por un rector y dos vicerrectores de una incuestionable devoción oficialista. Entonces, importa perseverar y mucho para que no acaben con la UCV a la que solamente pintoretean.

Digamos de dos perspectivas: la una, de San Blas que no teme en denunciar los hechos, pero insiste también una labor pedagógica. Intensificar la campaña para elevar las banderas de la autonomía, implica saber qué es la universidad, por qué defenderla y reivindicar la autonomía misma, como un aporte a la liberación de Venezuela.

La otra perspectiva, la de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien sorprendió a todo el mudo, tiempo atrás, proponiendo la coexistencia con los opresores en Venezuela. Esto es, entregar a la universidad para comunalizarla.