El plan separatista del PSOE coge velocidad de crucero. La primera pieza del puzzle era contar con Conde-Pumpido y ya se encuentra al frente del Tribunal Constitucional para bendecir obscenos ejercicios de retorcimiento de la Carta Magna. Y eso le permite al PSOE ahora avanzar por una senda que ha sido definida en conversaciones con ERC como «sacar a España de Cataluña, antes que a Cataluña de España». El plan pretende ser ofrecido a Junts e incluye toda una voladura de la igualdad ante la ley de todos los españoles y del deber de contribución de la hacienda catalana al sistema de solidaridad del resto de comunidades.

Por: Carlos Cuesta – Libertad Digital

Las conversaciones entre ERC y el PSOE avanzan sobre esta materia. Y la consigna clave pasa por retrasar la exigencia de la independencia formal de Cataluña de España por medio de otra acción anticipada: «Sacar a España de Cataluña, antes que a Cataluña de España». El problema es que, evidentemente, «sacada» España de Cataluña, la Generalidad disfrutaría de una independencia de facto plena y, encima, financiada por el resto de España y sin tener que asumir las consecuencias de una salida de la UE. Todo un eufemismo de independencia, pero, encima, pagada por el resto. Porque su deuda pública, por ejemplo, seguiría respaldada por toda España.

El plan incluye los siguientes aspectos. El primero, la finalización de la supervisión del Tribunal Constitucional de las normas autonómicas catalanas. Este punto se puso encima de la mesa ya en las últimas negociaciones entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y el Gobierno asumió de facto el fin de la supervisión que sí lleva a cabo el TC con el resto de comunidades autónomas.

El segundo de los aspectos recogidos explica en parte la exigencia y sumisión de Sánchez vivida en la sesión de elección de la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados. El Gobierno ha pedido ya formalmente el uso del catalán en la UE y es que el punto completo incluye el avance en el trato directo de Cataluña con la UE y no sólo la inclusión de su lengua como oficial. Una fórmula posible se basaría en la euroregiones, instrumento que ya usa el País Vasco con el mismo fin de puentear la representación nacional española ante la UE.

Otro de los aspectos incluidos en el plan supondría todo un golpe a las regiones españolas con menores ingresos. El sistema de solidaridad interterritorial español cuenta realmente con dos únicos aportantes permanentes: Madrid y Cataluña. Y Madrid por el triple que Cataluña, según las balanzas fiscales. El PSOE y ERC barajan la salida de Cataluña de este esquema que se basa en el mero hecho de que Madrid y Cataluña acumulan más rentas media altas y altas que el resto. Y eso supondría la imposibilidad de seguir aportando los actuales fondos de solidaridad destinados, básicamente, a la sanidad y educación de todas las comunidades. O, claro está, el intento de que Madrid sufra un saqueo fiscal para soportar en exclusiva todo el sistema autonómico. Y es que hay que recordar que el País Vasco y Navarra se encuentran fuera del sistema general de financiación fruto de la mención expresa de su sistema foral en la Constitución Española.

De este modo, Cataluña disfrutaría de más fondos, cero control constitucional -por ejemplo, en materia educativa-, plena capacidad regulatoria sin armonización alguna y lo haría sin perder la financiación del BCE -porque seguiría dentro de la UE a todos los efectos- y, encima, con la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado garantizada. Y es que seguirían recibiendo un importe en inversiones del Estado cada año equivalente a su peso en la economía, que ya no implicaría la aportación de recursos catalanes al sistema de solidaridad.

La guinda a este regalo de Reyes la pondría todo un galardón a Carles Puigdemont para que pudiera justificar ante sus votantes que ya ha logrado lo prometido: el reconocimiento jurídico del termino nación para Cataluña.

Este último punto explica la incidencia constante de Yolanda Díaz y líderes socialistas en el término «plurinacionalidad», un término incompatible por completo con el artículo 2 de la Constitución Española: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Y es que «plurinación» implica la plenitud nacional, en absoluta equivalente al reconocimiento del «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones».

El Rey finalizará hoy su novena ronda de consultas tras recibir a siete formaciones políticas entre ayer y hoy con el objetivo de testar el ambiente político y la predisposición entre los partidos a investir a Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez, como presidentes del Gobierno. Esta tarde, con la entrevista con el líder del PP se cierran los primeros contactos y el Monarca tendrá una imagen nítida sobre las posibilidades reales de desatascar la ingobernabilidad.

La Razón

Con arreglo al artículo 99 de la Constitución, el Rey ha escuchado a los partidos que han deseado acudir a Zarzuela –lo han declinado ERC, Bildu, Junts y el BNG– y ahora debe tomar una decisión. La Constitución no aclara a qué candidato debe proponer ni a qué procedimientos debe acogerse para designarlo. «Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno», dice el citado artículo. Así, el Rey tiene libertad de maniobra: puede optar por presentar a la investidura al candidato que ha ganado las elecciones, o al que considere que tiene más apoyos parlamentarios para superarla. Cualquiera de las dos opciones estará refrendada por la Constitución, según fuentes jurídicas.

Es la primera vez en democracia que dos políticos se ven con fuerza para presentarse a una investidura, a pesar de que ninguno de los dos tiene por asegurado, a día de hoy, que puedan recibir los apoyos necesarios. Tradicionalmente el Rey encomienda al candidato que ha ganado las elecciones la tarea de formar gobierno. Sin embargo, a día de hoy, Feijóo se encuentra a cuatro escaños de superar este trámite, mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, necesita amarrar el sí de Junts para volver a La Moncloa.

Si bien todos los precedentes apuntan a que Felipe VI designará al candidato popular. Tras las elecciones de 2015, Felipe VI hizo lo propio con Mariano Rajoy, quien ganó las elecciones, aunque después éste declinaría ir a la investidura tras asumir que no contaba con los apoyos necesarios. Posteriormente, tras una nueva ronda de consultas, se presentaría Sánchez a la investidura, quien tampoco recabó los apoyos necesarios para ser investidura.

Así, el Rey puede encomendar la tarea de formar gobierno tanto a Feijóo como a Sánchez, pero se abre, también, una tercera vía. La de convocar a los partidos a una nueva ronda de consultas más adelante, con el objetivo de dar más tiempo a los líderes políticos a negociar su investidura. Es una vía que no prohíbe la Constitución y que ayer mismo fue alentada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban. De hecho, ya ocurrió en 2019. Tras las elecciones de abril, Felipe VI comunicó a la presidenta del Congreso su decisión de «no formular una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno». Casa Real informó de que no existía «un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso, en su caso, le otorgue su confianza».

Si esto sucede, el reloj electoral no se activaría –puesto que solo se pulsaría una vez resultase la primera investidura fallida– y los partidos podrían volver a intentar una negociación con el resto de fuerzas políticas y presentarse ante el Rey, en segunda ronda, con una propuesta clara.

A la hora de definir el espectro político, las etiquetas se desdibujan y los viejos conceptos de derecha e izquierda ya no parecen encajar en la realidad.

DW

«Estos no son solo conceptos sobre posiciones políticas, sino que siempre han sido al mismo tiempo términos de combate”, explica en entrevista con DW el politólogo Wolfgang Kraushaar, de la Fundación Hamburguesa para la promoción de la Ciencia y la Cultura. Y esa lucha política se ha librado con las banderas de la derecha y la izquierda desde los albores de la revolución francesa. El origen se remite a un hecho casi anecdótico: cuando se constituyó la primera Asamblea francesa y hubo que decidir qué poderes mantendría el rey, para poner orden en el barullo, los partidarios de que el monarca tuviera derecho a veto ubicaron sus sillas a la derecha. Los contrarios, a la izquierda. Y esa dicotomía se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Las dicotomías de hoy

Pero ¿qué es ser hoy de izquierda? ¿O de derecha? «Cuando se quiere definir a un partido u organización política como de izquierda o derecha, siempre hay que partir del contexto político. Esto está sujeto a grandes cambios”, puntualiza Kraushaar.

No obstante, Javier Duque Daza, politólogo, profesor de la Universidad del Valle, de Colombia, piensa que la distinción sigue teniendo validez, aunque aboga por agregar los conceptos de centroizquierda y centroderecha al análisis. Consultado por DW, apunta los principales elementos diferenciadores: «El primero es la posición del Estado frente a la economía. La izquierda se asocia con la intervención del Estado. La derecha, por su parte, reduce el papel del Estado”.

Ahonda en que, para la derecha, «las libertades individuales deben primar sobre los intereses colectivos. Las izquierdas asumen que el individuo es libre, por supuesto, pero hay unos intereses colectivos que pueden condicionar y limitar esas libertades”. Es decir, ponen más el foco en la justicia social y la igualdad de derechos. También han surgido nuevos temas que marcan diferencias: por ejemplo, el del medio ambiente. Figuras como Donald Trump y Jair Bolsonaro son negacionistas del cambio climático. «Piensan que esa es una exageración de la Academia, de la ciencia y de los ecologismos”, señala Duque, mientras que «la izquierda asume en su plenitud la tesis del deterioro ambiental y procura por acuerdos internacionales y defensa del medio ambiente en contra de las economías extractivistas”.

¿Es Putin izquierdista?

Pero, a veces, los elementos se entremezclan y el cuadro no es tan nítido. La dificultad de catalogar ideológicamente a una figura puede inducir a errores. Un ejemplo es el del presidente ruso, Vladimir Putin, a quien algunos aún tildan de izquierdista. Kraushaar lo considera del todo «insensato”. Afirma que «Putin tiene tanto que ver con la izquierda como Francisco Francoen el pasado. Es una insensatez que tal vez tenga que ver con que alguna gente cree poder retrotraerse a la época de la Guerra Fría, en que se creía que la izquierda estaba representada por Estados socialistas que se orientaban por la Unión Soviética”.

Andrés Rosler, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, coincide en que Putin «de izquierda no tiene nada”. Indica a DW que  «tiene los mismos aliados que la anterior izquierda, o los mismos enemigos que la izquierda soviética, y por eso da la impresión de que es de izquierda. Pero eso se debe a cuestiones geopolíticas”.

Significados cambiantes

Para Alejandro Moreno, profesor de ciencias políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), los conceptos de derecha e izquierda «son adaptables a significados cambiantes y, por otro lado, lo realmente relevante es el uso que le dan los políticos, los partidos, para tratar de ubicarse a ellos mismos en la competencia”.

A nivel global, considera que Putin y Rusia son buenos ejemplos de la adaptabilidad de los términos y del significado que tienen a nivel local. «En los años 90, cuando hubo competencia electoral en Rusia, la izquierda se identificaba justamente con lo contrario de lo que entendemos en el mundo occidental; estaba a favor de las reformas de mercado, de la democratización, mientras que el electorado de derecha ruso era aquel que estaba a favor de la continuación del statu quo soviético y del regreso del Partido Comunista”, dice a DW.

Ese fenómeno del cambio de significados también se observa en América Latina. Moreno hace notar, por ejemplo, que en México, en la década de 1990, «izquierda era el cambio a favor de la democracia, y derecha era la continuación del PRI. Hoy en día, izquierda y derecha están más relacionadas en México con estar a favor o en contra del proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador”.

El caso de Milei

Otra figura difícil de definir es Javier Milei, el candidato que obtuvo más votación en las primarias argentinas (Paso) y que se autodesigna un «anarco-capitalista”. Rosler lo describe como un «revolucionario” y un anarquista «porque no cree en el Estado. Quiere eliminarlo”. Aclara, eso sí, que «la revolución puede ser de izquierda o de derecha, si entendemos por revolución un cambio radical”.

Con Milei entra también en la arena el término de «libertario”, entendido como una ideología ultraliberal. Moreno advierte que esto «nos obliga a diferenciar liberal de libertario, en el sentido de minimización del Estado y maximización de la importancia del individuo, de los derechos individuales; en ese sentido rompe con el liberalismo clásico”. El académico mexicano cree que «las opciones libertarias hoy se están ubicando del lado derecho del espectro, a diferencia de las populistas, que se pueden encontrar prácticamente en la izquierda y en la derecha”.

Las tendencias conservadoras y progresistas tampoco son patrimonio exclusivo de la derecha o la izquierda, al menos no en su estado puro. Y habría que agregar al amplio abanico de etiquetas que se utilizan, a veces con ligereza, otros términos como el de fascista. Moreno cree que «es parte de la irresponsabilidad discursiva” que vemos hoy en día. «Hay quienes recurren al fascismo como una manera de desacreditar al oponente, pero me parece que con ese término hay que tener mucho cuidado”.

No hay grandes actos proselitistas anunciados, una demanda judicial amenaza con la suspensión del proceso, y aunque los 13 aspirantes de esta contienda han realizado numerosos actos en los últimos meses, solo cinco tienen actividades previstas para este primer día de campaña para las primarias opositoras del 22 de octubre en Venezuela.

EFE

Sin María Corina (aún)

El equipo de la exdiputada María Corina Machado aseguró a la agencia de noticias EFE que no tendrán mítines este martes, pues se organizan para una visita de la candidata esta semana al este del país, mientras que Voluntad Popular (VP) no contestó a los pedidos de información sobre las actividades de su candidato, Freddy Superlano.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organiza los comicios a instancias de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), anunció ayer que se habilitarán 3.008 centros de votación en 331 municipios, sin explicar las localidades que fueron excluidas y por cuáles motivos.

Con Capriles

Entre ellos está el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien optó por comenzar la cuenta regresiva de dos meses con una rueda de prensa, en Caracas.

Tras denuncias de amenazas y agresiones

La mayoría de candidatos prevén intensificar sus actos de calle, luego de meses de precampaña en los que algunos denunciaron haber recibido amenazas o agresiones de adeptos del oficialismo.

La cuenta atrás para las internas está marcada por la posibilidad de que el proceso sea suspendido en atención a una demanda introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia por parte de Luis Ratti, un político que militó durante años en el chavismo y que en el último sexenio se ha presentado como independiente.

Los líderes de diez países del sureste de Europa, entre ellos Serbia, un tradicional aliado de Rusia, apoyaron de forma “inquebrantable” la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la agresión de Moscú, y declararon que no puede existir impunidad para “crímenes de guerra”.

EFE

La declaración ha sido difundida después de una cena y una discusión informal organizada anoche por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, a la que asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, líderes de una decena de países de la región, así como la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La declaración fue firmada por presidentes y primeros ministros de Serbia, Moldavia, Ucrania, Montenegro, Grecia, Rumania, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Bulgaria y Croacia.

En la declaración se indica que “no puede haber impunidad para los crímenes de guerra y otras atrocidades como ataques a civiles y destrucción de infraestructuras”, y todos los responsables “deben rendir cuentas”.

Los participantes también acordaron la necesidad urgente de acelerar el camino de los países de los Balcanes occidentales hacia la Unión Europea (UE).

De esa región, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo, Serbia y Albania aspiran a entrar en el bloque. Albania no participó en el encuentro por un enfriamiento en las relaciones entre Tirana y Atenas.

Los participantes declaran la necesidad de “una nueva energía y un nuevo enfoque en el proceso de ampliación que sea tangible y creíble” y se comprometen a apoyar a Ucrania y Moldavia en sus próximos pasos en el proceso de adhesión, una vez que apliquen las reformas necesarias.

La declaración señala que Ucrania y Moldavia, vecinos a Estados miembros de la UE, deben ser miembros de pleno derecho de la familia europea como inversión en la paz, seguridad y estabilidad del continente.

La declaración también respalda la fórmula de paz de Zelensky y los esfuerzos de la Asamblea General de la ONU para lograr una paz duradera en Ucrania.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arremetió este lunes contra la dictadura de Nicolás Maduro por “ataques a la libertad de asociación” después de que hubiera intervenido la Cruz Roja y el Partido Comunista de Venezuela.

AFP

Hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano cambió a la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, férreo opositor a Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras.

“Resulta especialmente preocupante que el TSJ haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria”, fustigaron la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) en un comunicado.

“Es vital que los procesos internos” para la designación de las directivas “sean autónomos e independientes”, añadieron.

Según la CIDH, estas decisiones judiciales “de carácter arbitrario no solo afectan la libertad asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral”.

“Y, lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del estado de Derecho”, denunciaron.

Días atrás, la Cruz Roja Internacional expresó “serias preocupaciones” por la destitución de su presidente en Venezuela. “Cualquier intervención gubernamental en nuestras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suscita serias preocupaciones en cuanto a su independencia y trabajo humanitario (…) y será tratado con la mayor importancia”, declaró la organización en un correo enviado a la agencia AFP.

Una sentencia divulgada por el TSJ ordenó “el cese” del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, de 75 años, que llevaba 45 años en el cargo. La autoridad judicial -afín al régimen chavista- acusó a Villarroel de “acoso y maltrato” a voluntarios y trabajadores.

La medida fue tomada después de que Diosdado Cabello, número dos del régimen y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el dictador Nicolás Maduro, acusara a Villarroel de “conspirar” contra el régimen y de “actividad mafiosa” en el manejo de fondos.

El máximo tribunal de la dictadura, en tanto, designó a Ricardo Cusanno, ex presidente de la patronal Fedecámaras, como responsable de reorganizar y modernizar la estructura y el funcionamiento de la organización.

En el caso del Partido Comunista, por su parte, los dirigentes tradicionales del PCV advirtieron la semana pasada que preparan acciones de respuesta ante la intervención judicial del chavismo.

El diputado Óscar Figuera, que ha ocupado el cargo de secretario general del partido desde 1996, destacó que recibieron “una contundente demostración de solidaridad nacional e internacional en las últimas horas”, lo que incluye un apoyo por parte de formaciones antichavistas que siempre han sido críticas del PCV.

“El Partido Comunista de Venezuela ha conquistado una victoria moral ante el autoritarismo”, dijo Figuera, citado en el mensaje difundido en las redes sociales.

El Supremo designó a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo un amparo constitucional en contra del PCV, presidente de la nueva junta directiva del partido, y al ciudadano Sixto Rodríguez como secretario general.

El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Maduro, a quien ha responsabilizado por esta intervención.

La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el dictador Maduro, reelegido en 2018 en elecciones consideradas fraudulentas por Estados Unidos y otros países, ordenó la salida de la OEA en 2019 por discrepancias, sobre todo después de que su secretario general, Luis Almagro, no reconociera a su gobierno como legítimo.

La OEA aceptó como representante del país a un opositor venezolano hasta que la propia oposición puso fin, en enero de 2023, al gobierno provisional que presidía el líder Juan Guaidó.