Al momento de avaluar por qué Nicolás Maduro se sostiene en el poder, a pesar de la grave crisis social, económica y política que se vive en Venezuela, y sobre todo con sus peligrosos vínculos geopolíticos con Rusia y países árabes como Irán, Siria, entre otros, y su dilatada relación en Latinoamérica con Cuba y Nicaragua, se hace imprescindible comprender el rol protagónico y la influencia que ha ejercido el Sr. Juan González, quien ha sido asistente especial del presidente Biden desde hace muchos años y en la actualidad es el director senior para el Hemisferio Occidental.

Por: Juan Francisco García Escalona – El Nacional

González, sin ninguna duda al respecto, ha sido el constructor de canales para el entendimiento en el caso de Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro, al pulso de anunciar flexibilizaciones, y comodidades para producir acuerdos según su trasnochado criterio. A medios de comunicación ha dicho abiertamente con rimbombante orgullo: “Hemos desmantelado una política fracasada de la administración Trump de querer imponer un cambio de régimen a través de sanciones”. En todo caso, la pregunta que ensordece en el ecosistema político y social es: ¿Dónde está el éxito? Nicolás Maduro continúa en el poder y Venezuela sigue impactando negativamente en la seguridad de la región con una migración masiva, la extinción de los derechos humanos es un clamor en los ciudadanos; perseguidos, reprimidos y torturados por el sistema, la verificación de victimas que efectúa el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, proporciona datos dantescos e inimaginables, en Venezuela se vive un holocausto de dimensiones modernas.

El fantasma de Donald Trump en la imaginación de este funcionario, de ninguna forma debe ser el eje transversal en la toma de decisiones y en la estrategia a ejecutar ante una dictadura que aprovecha toda posibilidad para aferrarse al poder y espantar toda opción que conduzca a la nación y sus ciudadanos a libertad y la democracia, el costo de las comodidades al sistema cruel que oprime a los venezolanos es desconocido para Juan González, en América Latina popularmente se comenta: la política equivocada y quizás emocional con el palpito de diferenciar una administración de la otra ha provocado un océano de libertades y consentimientos, que hacen muy lejana la posibilidad en términos reales del retorno de Venezuela al sistema de tutelaje de los derechos humanos, debe destacarse en las mediciones y estudios de la acelerada y dislocada dirección que ha tomado la política norteamericana con respecto a las dictaduras en Latinoamérica los desaciertos de este clave funcionario.

En la continuidad del error, Juan González ha visto en su paisano Gustavo Petro, un aliado en la oferta de acuerdo a Nicolás Maduro, soslayando la experiencia de vida negativa que Petro representa en la violenta sociedad política colombiana, atreviéndose a decir con un mensaje inocultable de felicidad; “en Colombia se navega indiscutiblemente hacia el cambio”, afirmando en una conferencia de empresarios, en Cartagena en agosto de 2.022, “hace 40 años, Estados Unidos hubiese hecho absolutamente de todo para impedir la elección de Gustavo Petro”, un mensaje además que pone en contexto revelador la típica narrativa de la izquierda latinoamericana, al referirse a la política de Estados Unidos con el carácter intervencionista, y con una mirada a lo profundo crea una distancia singular entre la administración Biden y los aliados históricos de Estados Unidos en Colombia, que han sido fundamentales para luchar contra; la proliferación de narcóticos, política migratoria, y acuerdos económicos amplios, que han beneficiado a esa nación, que según González van ahora a mantenerse con Gustavo Petro, agregándole una política de acuerdos en el plano del cambio climático, que ha sido un elemento sensibilizador en el discurso de Petro, que no tiene ninguna trascendencia en su comportamiento ni la de su gobierno, y por supuesto sumaron a la agenda hábilmente la incorporación del presidente Gustavo Petro en la búsqueda de soluciones pacíficas en Venezuela.

De manera que existe un conjunto innegables de elementos y de eventos, que desnudan la naturaleza de los desatinos constantes de Juan Gonzalez, en torno a Venezuela y ahora Colombia, sus viajes hasta Miraflores solo han brindado confianza al régimen de maduro, que tiene entonces verdaderas aproximaciones sobre las flexibilizaciones de las sanciones, que les permite manejarse con privilegios en el campo internacional porque han consensuado sobre diversos factores, contando para este propósito con el funcionario, quien es una pieza en el ajedrez que han logrado tenga un rol parcializado a la búsqueda de soluciones sin presiones de ningún tipo, donde Nicolás Maduro duerme pasivamente en un sofá minado de comodidades que eviten se enfurezca y no atienda los llamados internacionales, la cumbre en Colombia, no hacía más que blindar a Nicolás Maduro de fortalezas con una coraza diplomática diseñada por este funcionario, ratificando esta vía en la Cumbre, con la compañía del senador Chris Dodd, y de Jon Finer, principal asesor de Seguridad del presidente Biden, estrategia a ejecutar por Petro, la torpeza es estruendosa, la administración Biden sucumbe ante la maniobra certera de las tiranías, sin capacidad de advertir el engaño en el que se ahogan inevitablemente.

Toda la política guiada por Juan Gonzalez en América Latina es un fracaso, lapidando roca a roca, error tras error a la administración de Joe Biden, quien observara con el rostro de lo nefasto el endurecimiento del régimen de Maduro, quien es proclive a tomar la vía de Nicaragua, faltará que eso ocurra para que dimita el funcionario, y quede expuesto el error consentir a Nicolás Maduro. Porque ha sido un error empujar a un sector de la oposición a suprimir el gobierno interino, porque fue un error procurar un acuerdo de amplias garantías con quien no está dispuesto a tomar ningún camino que lo aleje de la preservación del poder, porque ninguna concesión para una dictadura sangrienta como la que se vive en Venezuela es más importante que preservar el poder en sí mismo.

El destino de Venezuela

De ninguna forma el destino de un país como Venezuela, y la rigurosidad de las negociaciones deberá depender de un funcionario sin alma, como lo es Juan González, es muy fácil hablar de paz total en Colombia y Venezuela, cuando las acciones son diametralmente opuestas a alcanzar esos objetivos, el fin ya lo diagramó el Libertador Simón Bolívar hace muchos años, “se está arando en el mar”.

La proposición en Venezuela y América Latina no es la paz que deba lograrse a través de la guerra, ese precisamente es el chantaje de las dictaduras que violan de forma sistemática los derechos humanos de la población, tampoco es la paz que haya de lograrse a través de un laberinto de negociaciones intrincadas e inalcanzables; ni una paz que deba surgir de la discordia sin razones, tampoco debe ser una paz que dependa de situaciones jurídicas complejas, el mapa de comportamiento político de la tiranía existe, es harto conocido que no albergan disposición alguna de interrumpir los elementos que generan discordia; por el contrario, siempre laboran para aumentarlos y dividir aún más las representaciones políticas y a la población, es un caos donde pueden sostenerse en detrimento de toda base y valor social.

No obstante, la paz en Venezuela depende de darle cauce natural a los sentimientos humanos y ello no será posible con la administración de Nicolás Maduro; la reconciliación en Venezuela, el perdón y la justicia son los elementos primordiales que nos llevarán a experimentar la paz que buscamos aceleradamente. Si los canales de toma de decisiones internacionales como el ejercido por el Sr. Juan González no lo comprenden así, debería dimitir de tal responsabilidad o saltar del fango y corregir su constante y permanente error al relacionarse equivocadamente con quienes influyen en su toma de decisiones con respecto a Colombia y Venezuela.

La paz en Venezuela no debe depender del tirano, debe depender de los demócratas.

Ambas cámaras de la Legislatura de Florida aprobaron una legislación que restringe a cualquier «principal extranjero» de China y otros seis «países extranjeros de interés» la compra de propiedades dentro de las 10 millas de una instalación militar o infraestructura crítica y se enviará al gobernador Ron DeSantis, quien ha indicado que lo firmará.

Por: Mitch Perry – Florida Phoenix

El proyecto de ley ( SB 624) enumera siete países: China, Rusia, Irán, Corea, Cuba, Venezuela y Siria, pero el extenso lenguaje del proyecto de ley apunta a personas de «la República Popular China, el Partido Comunitario Chino o cualquier miembro oficial». de la República Popular China o del Partido Comunitario Chino”.

Eso generó preocupaciones dentro de la comunidad chino-estadounidense en Florida y en todo el país, quienes afirman que podría generar discriminación e incluso crímenes de odio en su contra.

El proyecto de ley dice que en el momento de la compra, un comprador de tierras agrícolas o un interés en dichas tierras debe proporcionar una declaración jurada firmada bajo pena de perjurio de que el comprador no es un principal extranjero, con algunas excepciones. Un mandante extranjero que sea una persona natural puede comprar una propiedad residencial de hasta dos acres de tamaño si la parcela no se encuentra dentro de las cinco millas de cualquier instalación militar en el estado, y el comprador tiene una visa estadounidense válida u otros documentos que confirmen que se les ha concedido asilo en los EE.UU.

A pesar de algunas fuertes críticas en la Cámara por parte de algunos demócratas, la medida recibió el apoyo bipartidista de ambas cámaras de la Legislatura el jueves, obteniendo una votación de 95-17 en la Cámara y 31-8 en el Senado.

Durante una audiencia del comité el mes pasado, aproximadamente 100 chino-estadounidenses testificaron en contra del proyecto de ley, y muchos expresaron temores sobre lo que podría resultar si se aprueba. El pasado fin de semana se realizaron protestas contra la legislación en Gainesville, Miami, Tampa y otras ciudades, según Independent Florida Alligator .

Sin embargo, la demócrata del condado de Palm Beach, Katherine Waldron, copatrocinadora del proyecto de ley con el republicano de Miami-Dade David Borrero, dijo en la Cámara el miércoles que la mayoría de los que hablaron no eran ciudadanos de Florida.

“Más tarde me dijeron que prácticamente todos ellos fueron transportados en autobús desde Texas por la AALC [Conferencia de Liderazgo Asiático-Estadounidense]”, dijo. “En el camino, el organizador de este viaje les dijo que este proyecto de ley los obligaría a salir de sus casas o, peor aún, nos permitiría deportarlos. Nada de lo cual es cierto.

‘Una mentira’

El abogado de Orlando, Echo Meisheng King, cuestiona la acusación.

“Eso es mentira”, le dijo al Fénix en una breve conversación telefónica. “Alrededor de 40 de nosotros alquilamos un autobús y viajamos de Orlando a Tallahassee”, agregó en un mensaje de correo electrónico.

La Asociación Nacional de Abogados Estadounidenses de Asia y el Pacífico y varios capítulos de Florida del grupo emitieron un comunicado el mes pasado quejándose de que la propuesta “prohibiría ampliamente a ciertas personas y entidades comprar bienes raíces en Florida sobre la base del origen nacional”.

Antes de la votación sobre la aprobación final el jueves por la noche, la demócrata del condado de Broward, Robin Bartleman, copatrocinadora original del proyecto de ley, dijo que seguía albergando “profundas preocupaciones” sobre algunos de los términos del proyecto de ley, que dijo que “no eran del todo consistentes”. con la buena intención del proyecto de ley.”

“El lenguaje vago e inconsistente corre el riesgo de dañar a las personas que nunca fueron los objetivos previstos de esta legislación”, dijo.

Bartleman y el líder de la minoría de la Cámara, Fentrice Driskell, habían estado tratando de persuadir a los patrocinadores del proyecto de ley para que cambiaran el lenguaje para reflejar más una propuesta similar aprobada recientemente por el Senado de Texas. Ese proyecto de ley restringe las compras de tierras agrícolas, madera y derechos de petróleo y gas por parte de entidades asociadas con cualquier país que “presente un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Una iteración anterior buscaba una prohibición total de la venta de tierras a ciudadanos con doble ciudadanía y empresas asociadas con China, Irán, Corea del Norte y Rusia, según el Texas Tribune .

Los estados de todo el país han estado impulsando proyectos de ley para limitar la compra de tierras por parte de ciudadanos o entidades chinos, ya que las relaciones entre las dos superpotencias se han deteriorado en los últimos años. Al menos 11 legislaturas estatales esta primavera han estado contemplando una legislación similar.

DeSantis a bordo

El gobernador DeSantis dejó en claro el jueves que quería un proyecto de ley más fuerte que lo que otros estados han aprobado o están considerando en esta área.

“Creo que el nuestro es el proyecto de ley más ambicioso del país, porque estamos diciendo que no hay acaparamiento de tierras de cultivo, pero tampoco acaparamiento de tierras cerca de bases militares o infraestructura crítica”, dijo DeSantis en la Ciudad de Panamá el jueves. “¿Por qué querríamos que el Partido Comunista Chino y sus afiliados compraran esta tierra en el estado de Florida? No queremos que suceda, así que nos ponemos de pie y hacemos algo al respecto”.

También ha habido esfuerzos federales para abordar las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de países extranjeros.

Hace dos años, el senador estadounidense de Florida, Marco Rubio, y el senador de Texas, Ted Cruz, introdujeron la ley de protección de instalaciones y campos militares de 2021 , que restringiría cualquier esfuerzo de Rusia, China, Irán y Corea del Norte para comprar tierras estadounidenses dentro de las 100 millas de distancia. una instalación militar estadounidense.

En enero, el senador estadounidense demócrata de Montana, Jon Tester, y el republicano de Dakota del Sur, Mike Rounds, introdujeron la Ley de Promoción de Salvaguardias y Seguridad Agrícolas (PASS) , que evitaría que China, Rusia, Irán y Corea del Norte inviertan, compren, arrienden o de otra manera Adquirir tierras de cultivo estadounidenses.

En el piso de la Cámara el miércoles, Driskell expresó su preocupación de que el proyecto de ley “comete discriminación de origen nacional”. Dijo que le preocupaba que el proyecto de ley omitiera cualquier definición de lo que significa ser miembro de la República Popular China.

“Le pregunté [al patrocinador del proyecto de ley] si era posible ser residente permanente legal de estos Estados Unidos y también ser miembro de la República de China, y la respuesta fue ‘sí’”, dijo. “Eso te permite saber automáticamente que hay discriminación en este proyecto de ley sobre el origen nacional”.

‘Consecuencias no deseadas’

El republicano del condado de Hillsborough, Danny Alvarez, un veterano del ejército de los EE. UU., dijo que la legislación era necesaria para fines de seguridad nacional de los EE. UU.

“Hoy hablamos de consecuencias no deseadas”, dijo Álvarez. “¿Qué consecuencias habrá, cuando estemos bajo el patrocinio del Partido Comunista de China?”

“Hemos estado comprometidos activamente contra el ejército chino durante más de 25 años”, continuó. “Ya sea que lo sepa, o quiera aceptarlo, o si enfrenta la realidad de lo que vemos hoy”.

La republicana del condado de Pinellas, Kim Berfield, dijo que ha visto informes de que las entidades chinas ahora poseen más de 200,000 acres de tierra dentro de los EE. UU.

“Las inversiones chinas en los sectores agrícolas estadounidenses se han multiplicado por diez en los últimos 10 años”, dijo. “Nuestros recursos están siendo amenazados. Y tenemos la responsabilidad de protegerlos”.

Al hacer su cierre el jueves por la noche, Borrero argumentó que el proyecto de ley solo trataba de proteger los intereses de seguridad nacional de los floridanos y trasciende el partidismo político.

“¿Se imaginan dónde habría tantos floridanos que serían inquilinos del PCCh?”. preguntó. “Es una realidad aterradora que tu arrendador sea el PCCh. No podemos permitir que eso suceda en el estado de Florida. No en el estado libre de Florida”.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Extinción de Dominio supuestamente destinada a profundizar la lucha contra la corrupción, pero en manos de un Estado con una descomposición endémica e instituciones politizadas, es muy probable que su aplicación no resulte efectiva.

InSight Crime

La Ley de Extinción de Dominio aprobada por el parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, y promulgada por el presidente Nicolás Maduro el 28 de abril, consta de 48 artículos que facultan al Ministerio Público para solicitar ante un juez el decomiso definitivo de bienes presuntamente ligados a la corrupción o a otros delitos, sin necesidad de una sentencia penal, según expresó el diputado Diosdado Cabello en la presentación del texto en el parlamento.

Cerca de 10.000 bienes ligados a la corrupción y otras actividades ilícitas ya estarían registrados y podrían ser objeto de esta ley, según afirmó.

Tras la promulgación, el presidente Nicolás Maduro señaló que esta ley «viene a ser la primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas que han pretendido posicionarse en la vida política, nacional y en el escenario del Estado».

La inclusión legislativa de la figura de la extinción de dominio se produce en medio de una operación anticorrupción que hasta finales de abril había dejado 61 detenidos entre exfuncionarios de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como directores de alcaldías, jueces y empresarios.

La ley incorpora elementos contenidos en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Además, la acción de extinción de dominio no perdería vigencia en el tiempo y sería aplicable también a testaferros.

Leyes de extinción de dominio similares en Latinoamérica han tenido dificultades para su efectiva aplicación, pero el panorama podría ser aún más espinoso en Venezuela a causa de la alta polarización política, la ausencia de Estado de Derecho, la corrupción generalizada en las instituciones del sistema de justicia y otras circunstancias particulares del país.

A continuación, InSight Crime enumera cuatro razones por las cuales la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría resultar un fracaso en su aplicación:

Politización y corrupción en las instituciones encargadas 

La Ley de Extinción de Dominio en Venezuela podría ser un instrumento más para la persecución contra miembros de la oposición y rivales internos dentro del oficialismo.

El Ministerio Público, la institución encargada de adelantar la investigación y solicitar la confiscación de bienes en el marco de la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela, está liderada por Tarek William Saab. Previo a su nombramiento como Fiscal General, Saab fue un destacado miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido gobernante por el cual fue electo diputado de la Asamblea Nacional y gobernador del estado Anzoátegui, lo que genera serias dudas sobre su imparcialidad.

Los jueces encargados de la aplicación de esta ley forman parte de un Poder Judicial que ha demostrado ser obsecuente y parcializado al gobierno de Nicolás Maduro. En 2022, Venezuela ocupó el último lugar del índice de Estado de Derecho de la organización internacional World Justice Project, que analizó 140 países del mundo.

Peligro de malos manejos sobre los bienes incautados

Existe un riesgo importante de que los bienes decomisados sean objeto de corrupción o de malos manejos por parte de policías y de las autoridades encargadas de administrarlos.

En el pasado, bienes incautados a narcotraficantes por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), como casas, aeronaves y yates, han sido usados a discreción por funcionarios militares y civiles, como reflejó una investigación hecha por el medio El Nacional. Algunas viviendas incautadas a narcotraficantes inclusive fueron usadas como casas de tortura por órganos de represión del gobierno, según denunció un oficial que desertó de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estos casos podrían repetirse con los bienes que sean decomisados al implementarse la nueva ley.

Bienes de la corrupción en el exterior

La Ley de Extinción de Dominio solo tendría aplicación en el territorio nacional, pero muchos de los bienes y del dinero producto de la corrupción en Venezuela se encuentran en el extranjero. Según Transparencia Venezuela, hasta 2021 se abrieron 108 procesos por delitos de corrupción perpetrados por venezolanos en distintos países, que involucran lavado de dinero, pago de sobornos y desfalco al Estado venezolano. De estos, 48 fueron abiertos en Estados Unidos, a partir de los cuales podrían recuperarse cerca de US$1.500 millones. Pero en estos juicios no tendría vigencia la ley aprobada en Venezuela.

Tres casos emblemáticos de corrupción presentados por las autoridades estadounidenses contra venezolanos ponen de relieve los límites de la ley para recuperar fondos.

Alejandro Andrade, extesorero de la nación, se declaró culpable de recibir sobornos en 2018. Ahora cumple una condena de 10 años de prisión en Estados Unidos.

Raúl Gorrín, empresario vinculado al gobierno venezolano, fue acusado en 2017 de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos. Está incluido en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Y la operación Money Flight, una investigación sobre lavado de dinero en Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), que condujo a la declaración de culpabilidad del exasesor general de la petrolera, Álvaro Ledo Nass, que admitió haber recibido 11,5 millones de dólares en sobornos, entre otros delitos.

Transparencia Venezuela ha calculado que solo en estos tres expedientes pudieran estar involucrados bienes por un monto superior a los $277 millones.

Burocracia inoperante 

Las leyes de extinción de dominio en Latinoamérica siempre han chocado con la burocracia estatal, lo cual podría producir un mayor impacto en un país como Venezuela, donde los funcionarios ganan salarios muy por debajo del promedio de la región, y la politización extrema del aparato del Estado lo hace particularmente inoperante y sin capacidad para implementar la ley.

En los primeros seis años de aplicación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en México, por ejemplo, solo fueron presentadas 64 acciones de decomiso de bienes relacionados con el crimen organizado, un promedio de casi solo 10 por cada año, según informó Excelsior.

La posibilidad de que en Venezuela se aplique con éxito la Ley de Extinción de Dominio, en un ámbito en el que otros países de Latinoamérica han fracasado, luce muy limitada. Algunos voceros del gobierno de Nicolás Maduro se esfuerzan en vender este instrumento legal como la panacea contra la corrupción, pero esto podría terminar en solo retórica.

Tras la decisión tomada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de rechazar la autorización solicitada por el Gobierno de Venezuela para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, el régimen de Nicolás Maduro insiste en que en Venezuela “no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

Tal Cual

A través de un comunicado explicaron que la decisión, adoptada el 4 de mayo, “reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional solo recoge las opiniones de ‘víctimas potenciales’, determinando así, que hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal” por la CPI, reseñó EFE.

«Con este pronunciamiento, la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional», señala el escrito, una particular conclusión a la que no ha llegado, por el momento, el tribunal.

Agrega que es el “pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos”.

Por otra parte, denuncia que las “denominadas ‘víctimas potenciales’ y, especialmente, algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela”.

El mes pasado, el régimen acusó al fiscal de la CPI, Karim Khan, de “instrumentalizar” la Justicia “con fines políticos”, tras la publicación de un documento en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por Maduro en torno a la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.