La medida de salud pública Título 42 vence el jueves 11 de mayo y los funcionarios esperan que al menos 10,000 inmigrantes ilegales que esperan en México intenten cruzar la frontera sur de inmediato en el momento en que la política ya no esté en uso.

Por: Bob Hoge – Red State

El Título 42 fue promulgado por el expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID en un esfuerzo por frenar la propagación del virus, pero también como una forma de detener el flujo de migración. Permite a las autoridades negar la entrada a quienes puedan representar un riesgo para la salud.

Se promulgó por primera vez hace casi ocho décadas como parte de la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944.

La política permite que las autoridades fronterizas y de inmigración prohíban la entrada de aquellos que potencialmente representan un riesgo para la salud o que visitaron recientemente un país donde estaba presente una enfermedad transmisible.

Específicamente, la ley está relacionada con detener a quienes ingresaron ilegalmente al país y, por lo tanto, pudieron eludir cualquier medida de control de salud que pudiera estar vigente.

El presidente Biden intentó eliminar la restricción en dos ocasiones, pero los tribunales lo rechazaron después de batallas legales. Pero ahora, con la emergencia por la pandemia de COVID que finaliza oficialmente el 11 de mayo, el Título 42 finalmente también se está extinguiendo. Más de 2,5 millones de personas han sido expulsadas desde que Trump lo promulgó.

¿Qué significa el fin del Título 42? Un tsunami esperado de personas que cruzan la frontera: algunas estimaciones sitúan el número en la asombrosa cifra de 700.000 a 1 millón solo a corto plazo. Como informó Mike Miller de RedState , Biden ha ordenado que 1500 soldados en servicio activo lleguen al área en los próximos días para unirse a los 2500 de la Guardia Nacional que ya están allí. Sin embargo, como escribió nuestra Becky Noble, los agentes fronterizos alegan que la administración de Biden ha brindado poca orientación sobre cómo manejar la afluencia esperada.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se dirigió a “ Face the Nation ” de CBS el domingo para describir lo que hará y todo lo que no ha hecho para abordar la crisis.

Nuestro enfoque es construir vías legales, eliminar a los traficantes despiadados, ofrecer vías legales para que las personas puedan acceder a la ayuda humanitaria sin tener que emprender el peligroso viaje desde sus países de origen. Y al mismo tiempo, si llegan a nuestra frontera sur entre puertos de entrada, les daremos consecuencias.

La ex demócrata ahora senadora independiente de Arizona Kyrsten Sinema también apareció en “Face the Nation” y criticó a la administración:

La administración Biden tuvo dos años para prepararse para esto y no lo hizo. Y nuestro estado va a llevar la peor parte. Y los migrantes estarán en crisis tan pronto como la próxima semana. Será una crisis humanitaria, porque no estamos preparados .

Agregó que ella y el Senador Thom Tillis (RN.C.) propusieron recientemente una legislación que otorgaría una autoridad temporal de dos años para expulsar inmigrantes similar a lo que actualmente se permite bajo el Título 42, pero admitió que un proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado. paso antes del 11 de mayo.

La frontera de Biden ha sido posiblemente su peor fracaso entre los muchos durante su presidencia. Si bien habla de compasión, algunos pueblos de Texas son “ como un cementerio ” con cadáveres de migrantes que murieron tratando de cruzar el Río Grande o sufrieron otros peligros. El fentanilo llega al país a medida que las sobredosis alcanzan niveles récord . Los terroristas que potencialmente conspiran para lastimar a los estadounidenses cruzan regularmente a los Estados Unidos.

Tara Reade, quien acusó al presidente Biden de agredirla sexualmente en la década de 1990, tuiteó un mensaje críptico sobre la muerte antes de testificar potencialmente ante el Congreso luego de una invitación de los representantes Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz.

Fox News

“Quiero dejar algo en claro. Si me pasa algo, todos los caminos conducen a Joe Biden”, escribió Reade el domingo por la tarde. “Las amenazas, el acoso y la intimidación de la maquinaria política de Joe Biden y DNC durante los últimos tres años no funcionarán”.

«No soy suicida», agregó.

El mensaje incluye una promesa de declarar ante el Congreso, para abordar «lo que pasó y lo que» ella sabe.

Reade trabajó como asistente de personal en la oficina de Biden de 1992 a 1993 cuando era senador de los Estados Unidos.

“No debería estar bajo investigación ni soy un agente extranjero. Soy un ciudadano privado. Fui un ex miembro del personal de Joe Biden que decidió dar un paso adelante para decir la verdad”, continuó Reade.

Agregó: «Las tácticas que utilizan la intimidación y el acoso para silenciarme y suprimirme usando el DOJ, el FBI y las redes sociales no funcionarán. Déjenme en paz. Testificaré bajo juramento en el Congreso si se me pide que lo haga y diré lo que sucedió y lo que yo saber.»

“La corrupción de Biden debe terminar. Punto”, dijo Reade.

Concluyó su tuit agradeciendo a los representantes Greene y Gaetz por invitarla «a testificar y preocuparse por la verdad».

Reade también respondió a un usuario que la acusó de que Gaetz y Greene le pagaron para testificar.

«No, no me pagan para testificar sobre la violación de mi exjefe. Eres un absoluto demonio. La agresión sexual no es partidista», tuiteó Reade.

Biden ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El mensaje críptico se publicó después de que el Dr. Gal Luft, codirector de un grupo de expertos con sede en Washington DC, afirmara que fue arrestado en un esfuerzo por evitar que revelara información sobre la familia Biden.

«Fui arrestado en Chipre por una solicitud de extradición por motivos políticos de EE. UU., alegando que soy un traficante de armas. Sería gracioso si no fuera trágico. Nunca he sido un traficante de armas», Luft. tuiteó el 18 de febrero.

Agregó: «El Departamento de Justicia está tratando de enterrarme para proteger a Joe, Jim y Hunter Biden. ¿Debo nombrar nombres?».

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, un republicano de Kentucky, le dijo a Maria Bartiromo de FOX Business que su comité está tratando de comunicarse con Luft y trató de obtener su testimonio.

«Esto es algo que nos tomamos muy en serio. Ya habíamos identificado a este individuo. Esperábamos hablar con este individuo ahora, pero por alguna razón no hemos podido», dijo Comer a Bartiromo el 2 de marzo .

Su comité continúa investigando la supuesta coordinación entre el FBI y los miembros de la familia Biden, incluido el presidente y Hunter Biden.

En el turbulento ciclo que Chile ha vivido desde el estallido social de 2019, hay espacio para todo tipo de singularidades y fenómenos que hace años eran impensados. El Plebiscito constitucional de este domingo, que definió a los 50 consejeros constitucionales que redactarán una nueva Carta Magna, responde a esa dinámica y sus resultados estremecieron por completo el tablero político con un hito tan clave como sorpresivo: el Partido Republicano, férreo opositor a cualquier cambio en la Constitución, será quien posea el timón para elaborar una segunda propuesta de Ley Fundamental.

Por: Víctor García – Infobae

Si bien las proyecciones sobre un triunfo de ese sector eran mayoritarias, el alcance de su votación en diversas partes del país escapó de lo que advirtieron los sondeos. Con más del 95% de los votos escrutados, el Partido Republicano alcanzó un 35,68 %; el oficialista Unidad para Chile sumó 28,05 % y Chile Seguro llegó a 21,36 %. Más atrás quedó Todo por Chile, de centroizquierda, con 9,05 %, y en el último lugar el populista de derecha Partido de la Gente, que con un 5,3 % se transformó en la gran decepción de la jornada.

En una elección que dispuso de cinco listas en la papeleta -con dos conformadas por colectividades únicas como el Partido de la Gente y Partido Republicano y tres de bloques de partidos que se asociaron para la contienda- el triunfo de los liderados por el ex candidato presidencial José Antonio Kast fue tan rotundo que logró alcanzar 23 escaños y conseguir el quórum necesario para vetar cualquier norma y definir qué tipo de Constitución se redactará. A ello, en teoría, también se le podrían sumar los 11 delegados elegidos por Chile Seguro, de los partidos Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), que le darán mayoría completa a la derecha.

“Lo más sorprendente es que este órgano podría quedar incluso a la derecha del Comité Comité de Expertos”, dijo el analista Axel Callis, en relación al grupo compuesto por 24 personas elegidas por las cámaras de Diputados y Senadores y que ya trabaja en la entrega de un anteproyecto y que cohabitará en el nuevo Consejo Constitucional, cuyo trabajo durará cerca de cinco meses y presentará un texto que enfrentará el plebiscito de salida para que la ciudadanía decida si acepta o no la propuesta de nueva Constitución del órgano. Este plebiscito será el domingo 17 de diciembre.

Seguridad y elección presidencializada

Dentro de las razones del triunfo del Partido Republicano asoman varios factores: desde la capitalización del descontento de la ciudadanía ante la crisis de orden público y seguridad que se exaltaron con los problemas de delincuencia e inmigración -que la colectividad siempre levantó como una bandera de lucha-, hasta la presidencialización de la elección, con un claro voto de castigo a Gabriel Boric.

“Todo proceso electoral es un barómetro del gobierno de turno y, pese a que fue una elección para elegir a representantes que redactarán una nueva Constitución, lo cierto es que hay un mensaje de crítica y reproche hacia la gestión del actual gobierno. Y ahora la ciudadanía chilena se decantó por opciones políticas que tienen mayor identificación con la necesidad de tomar medidas respecto al orden público que afectan al país”, aseguró a Infobae Paulo Pérez Villablanca, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso.

Para el gobierno de Boric los resultados fueron un mazazo rotundo y terminó desdibujado después de la jornada electoral, y con la certeza que no tendrá mayor influencia en el nuevo texto, una hecatombe para un grupo de líderes que surgieron de los movimientos sociales y que en el estallido social fueron protagonistas. Una segunda derrota para quienes encabezaron el primer proceso -en el que la izquierda copó esa asamblea y moldeó la propuesta de texto-, pero que terminó siendo rechazado por un 62% en el plebiscito de septiembre de 2022.

Las dudas en todo caso, ahora están vinculadas a la capacidad del gobierno de salir de este escenario y en cómo podrá sacar adelante su batería de reformas (tributaria, pensiones y salud) con un Congreso donde no tiene mayoría y una correlación de fuerzas que despedaza cualquier estrategia, lo que también lo empujarían a un nuevo cambio de gabinete y a la posibilidad de que los dos últimos años de gobierno lo conviertan en un mero administrador. “Para el gobierno esta elección termina siendo su peor pesadilla”, señaló el analista Axel Callís.

En una campaña, además, de bajísima intensidad, con un desconocimiento generalizado sobre los diversos candidatos, también hubo otros hechos llamativos como la debacle del populista Partido de la Gente, que naufragó con sus resultados y fue afectado por el caso de la candidata de sus filas que fue condenada por tráfico de drogas, y la numerosa cantidad de votos nulos y blancos, más de un 20% entre ambos, en un universo de más de 12 millones de sufragios.

Múltiples cuestionamientos y críticas —desde todos los frentes— ha generado el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el miércoles 7 de abril, sobre las últimas protestas ocurridas en el Perú.

Por: Stephany Curo – Infobae

La entidad concluyó, “en términos generales, [que] la respuesta [del Estado] no fue uniforme en todo el territorio y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, que entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, el Gobierno se caracterizó “por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

Asegura, además, que en Ayacucho ocurrieron “graves violaciones a los derechos humanos” (DD.HH.) y que en Juliaca (Puno) estos pudieron haberse producido.

Frente a ello, la presidente Dina Boluarte solo ha atinado a responder que el informe se dirige a la ciudadanía “en términos condicionales”. El documento, sin embargo, prevalece ante la comunidad internacional con denuncias por posibles “masacres”, “ejecuciones extrajudiciales”, entre otras severas imputaciones, ante la cuestionada constitucionalidad de su gestión.

Y mientras al interior del Ejecutivo ya se generan discrepancias sobre el manejo de las manifestaciones —entre el premier Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Daniel Maurate— desde el Congreso se intenta gestar una campaña para retirar al Perú de la CIDH.

Distintos legisladores, así como otros sectores políticos, calificaron el texto como “sesgado”. Subrayaron que no se ahondó en el marco de las protestas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo: situación descrita escuetamente por la Comisión como un “rompimiento del orden constitucional”.

Debate y repercusiones

Consultado por Infobae, el internacionalista Luis Gonzáles Posada expresó su rechazo sobre la posible salida del Perú de la CIDH. Remarcó que solo países autoritarios como Venezuela y Cuba no forman parte de ella, sin embargo, sugirió denunciar a la Comisión —al interior de la misma entidad— de considerarse “excesos en su informe”.

“Son términos muy delicados, [”masacres, ejecuciones extrajudiciales”], porque se desprende que pudo haber una acción deliberada del Estado hacia la gente, es decir, ordenar disparar o matar. El gran ausente del informe fue no señalar las condicionesque provocaron la violencia en el Perú tras la salida de Castillo. (…) No se puede emplear a la Comisión para sostener mentiras y crear un nuevo marco de confrontación”, puntualizó.

El excanciller advirtió que esta situación puede contribuir a la narrativa que se promueve, desde una facción de izquierda, a favor de Pedro Castillo; en los últimos meses, legisladores como Margot Palacios (Perú Libre) se trasladaron a otros países o regiones para denunciar una supuesta “dictadura” en el país.

“Se está mintiendo y esa mentira sigue dando vueltas, continúa imponiéndose en muchos sectores de la opinión pública internacional. El informe [de la CIDH] es desbalanceado porque no tienen en consideración aspectos generales sobre las manifestaciones”, afirmó.

Para el abogado Miguel Ángel Soria, exviceministro de Justicia, en estos informes suelen emplearse dichos términos “para buscar polémica, debate y diálogo”. Dijo a Infobae que la “importancia del texto es que constituye una alerta para el Estado”.

“Eso significa que, de aquí en adelante, el Gobierno tendría que tomar medidas efectivas (…) En el derecho internacional, la defensa del Estado no puede descansar en no entregar información, en que las víctimas o presuntas víctimas deban de probar la violación de derechos humanos, es al contrario”, manifestó.

Sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos, responsabilidad siempre atribuible al Estado, precisó que las razones de estas imputaciones pueden ser diversas. Subrayó que si el aparato estatal omitió actuar frente a hechos ocasionados por particulares, en perjuicio de terceros, también será responsabilizado por los mismos cargos.

“Hemos observado bloqueo de carreteras durante semanas, situación que afectó los derechos de varias personas; muchas de estas fallecieron. Tendríamos que preguntarnos qué hizo el Estado, por intermedio de la Policía o la Fiscalía, para desbloquear las vías y garantizar el derecho de las personas que no protestaban. La CIDH no ha sido rigurosa en ello”, ejemplificó.

Escasa transparencia

Ambos especialistas coincidieron en destacar la falta de precisión en determinados aspectos del informe, sin embargo, resaltaron que el Ejecutivo tampoco ha contribuido a esclarecer el fallecimiento de al menos 60 personas en las movilizaciones.

El exministro de Relaciones Exteriores, Gonzáles Posada, exhortó a que el Gobierno “determine responsabilidades en muertes que aún no tienen explicación, pues hubo, evidentemente, excesos que han cometido las fuerzas del orden y eso tiene que decirse”.

Soria Fuerte, a su vez, alertó que aún no ha quedado claro si las investigaciones al interior de las instituciones policiales permanecen vigentes o no. Añadió que tampoco “se siente que las personas que atentaron contra la propiedad pública y privada hayan sido identificadas y juzgadas”.

“Hay un clima de impunidad por todos lados y creo que eso es lo que genera este clima de polarización. El Ejecutivo tampoco ha tenido, me parece, el músculo necesario para (…) [probarle] a la población que las autoridades cumplen con su trabajo”, indicó.

Avanzar en un acuerdo social fue una de las prioridades del último encuentro de la mesa de negociación en México. La firma entre el oficialismo y la oposición venezolana contemplaba la creación de un fondo de US$3.200 millones de los activos recuperados, manejado por la ONU. Seis meses después, el desembolso no ha sido efectuado.

Punto de Corte

La administración de Nicolás Maduro ha sujetado su participación en el diálogo con representantes de la Plataforma Unitaria a la liberación del empresario Álex Saab. Este es acusado en Estados Unidos de lavado de dinero.

Se tenía previsto que tras el acuerdo social, ambas delegaciones se reunirían nuevamente.

En una semana se debió avanzar en la negociación política que constituye un cronograma de elecciones libres y transparentes. Esto no fue concretado.

El sector oficialista, representado por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, se rehusó a retomar la mesa. La condición es que se cumpla al menos la condición de desbloquear los fondos.

“Una vez que depositen, vamos a México otra vez, requisito sine qua non. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino, no hay forma”. Ha reiterado Maduro en diferentes alocuciones.

Una de las más recientes previa a la cumbre internacional sobre Venezuela organizada por Gustavo Petro en Bogotá, con la que se había levantado expectativas para un pronunciamiento significativo por parte de las autoridades estadounidenses en flexibilización de sanciones y otros acuerdos.

¿Por qué no se liberan los US$3.200 millones?

La liberación de los US$3.200 millones, más allá de una decisión política, es atribuida según una fuente familiarizada, a complicaciones en la creación de la cuenta para el depósito. De efectuarse en territorio estadounidense no contaría con la garantía de las autoridades para no ser bloqueada por tribunales que mantienen en juicio casos venezolanos.

La fuente que prefirió no ser identificada dijo que tampoco existía la posibilidad de crear el fondo con el respaldo de una entidad bancaria en Europa. En Europa se encuentra parte del monto acordado, pero hay falta de disposición de los involucrados.

Ningún representante de las delegaciones participantes respondió a los comentarios solicitados por Bloomberg Línea sobre este punto en particular. Solo uno de ellos destacó que la falta de avance en el acuerdo se trataba más bien de un proceso instrumental sobre el manejo de fondos y conformación legal de la instancia, que constituye un largo período por la complejidad.