El canciller ruso Serguei Lavrov visitó Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba para estrechar la mano a sus socios en el vecindario de Estados Unidos, mientras desde hace más de un año bombardea Ucrania, nación soberana a la que considera su propio patrio trasero y con derecho a invadir y desmembrar.

Expediente Público

El canciller ruso Sergei Lavrov se dedicó en su gira por los países aliados a Rusia a lamentarse de las sanciones impuestas a ese país por la invasión a Ucrania, pero no ofreció nada concreto de cooperación, particularmente a los históricos países como Cuba y Nicaragua, sumidos en sus propias crisis.

¿Fue esto una provocación o una falsa pose de valentía ante el efecto de las sanciones internacionales por las múltiples violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en Ucrania? ¿Qué significado tiene la visita de Lavrov al nuevo mundo? Expediente Público analiza uno a uno los discursos y resultados de cada visita.

La gira inició el pasado lunes 17 de abril y terminó este 20 en Cuba.

En estos países Lavrov destacó la importancia de unirse para eludir las sanciones tanto de Rusia como las que tiene Venezuela, Nicaragua y Cuba por la destrucción de la democracia, delitos de lesa humanidad y cierre de espacios.

Lavrov llegó a Cuba la noche del miércoles 19 de abril y este jueves en reunión oficial con el presidente cubano Miguel Díaz Canel comparó al gigante euroasiático con el régimen insular caribeño en el aislamiento internacional.

El canciller ruso condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y recordó que, desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022, Rusia también ha sido objeto de graves sanciones económicas debido a la invasión de ese país a Ucrania, por la muerte de más de siete mil civiles, la destrucción de ciudades y de crímenes de guerra cometidos contra soldados ucranianos.

Nada concreto

A la vez, aseguró que Rusia coopera con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como con el grupo en defensa de la carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el grupo de los 77, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Sin embargo, Rusia no es observador del SICA, aunque existe presión del secretario general de la organización Werner Vargas, cercano al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, para darle un espacio a la potencia nuclear. Esto ha sido rechazado por Guatemala que recientemente calificó de “lesiva” la pedida incorporación de ese país. 

Además, Sergei Lavrov manifestó que la nueva política internacional de Rusia en la región incluye no solo a aliados estratégicos como Cuba, sino también una mayor colaboración con el CELAC. 

Les duelen las sanciones 

“Hablamos de la cooperación comercial y económica en vista de la comisión mixta que se realizará aquí en La Habana en un mes. Constatamos que se realizan resoluciones en la esfera comercial, económica e inversiones que nos ayudan a sostener nuestro sistema de influencias externas”, dijo Lavrov en su conferencia de prensa final del 20 de abril. 

Ya en su visita a Venezuela, Lavrov reclamaba la alianza con sus socios internacionales para evitar las sanciones internacionales. “Es necesario unir fuerzas para contrarrestar los intentos de chantaje y presión unilateral ilegal de Occidente”.

En La Habana, Lavrov apoyó al régimen cubano que tiene a más de mil presos políticos, incluyendo menores de edad, detenidos por las protestas del 11 de julio de 2021.

“Confirmamos nuestra solidaridad con Cuba en su lucha contra los Estados Unidos que con métodos muy sucios tratan de imponer su dominio, no importan cuáles sospechas pudieron tener, pero está confirmado que Estados Unidos usan los asuntos internacionales solo el dictado, el chantaje y las sanciones”, precisó.

Base militar

Rusia que invadió Ucrania para apropiarse de nuevos territorios y provocar un cambio de gobierno, entre otras razones geopolíticas, como la pretensión de Kiev de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, prooccidental), afirmó que “colectivamente con la parte cubana tratamos de contrarrestar esos intentos (de Estados Unidos) y mantener principios justos en la protección de la carta de la ONU y la equidad soberana de los Estados”.

Periodistas oficialistas preguntaron a Lavrov si Rusia estaría dispuesta a reinstalar una base militar en Cuba. “Los acuerdos (militares) conseguidos convienen a ambas partes”, afirmó para luego comentar que “hay contacto entre militares y agencias de mantenimiento del orden público, que ayudan a garantizar la seguridad”.

Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó lo que llamó las aspiraciones expansionistas de la OTAN y las sanciones impuestas a Rusia, según medios de comunicación internacionales.

“Apreciamos que desde el mismo comienzo de la operación militar especial nuestros amigos cubanos (…) hayan manifestado claramente su posición y expresado su plena comprensión en sus valoraciones de las razones que condujeron a la situación actual”, dijo Lavrov en Cuba, antes de la conferencia de prensa.

Lavrov visitó Cuba en el contexto de la X Convocatoria del Poder Popular que reeligió en el cargo al presidente Miguel Díaz Canel y otros antiguos miembros de la dirección de Cuba.

Partidos de la derecha lusa coincidieron hoy en pedir un adelanto electoral para atajar la crisis que cerca al Gobierno, agravada por la abierta confrontación entre el primer ministro, el socialista António Costa, y el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

EFE

El presidente afirmó hoy que no comparte la decisión del jefe del Gobierno de rechazar la dimisión de su ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, en entredicho tras ser acusado por uno de sus adjuntos de ocultar información a la comisión parlamentaria que investiga la gestión de TAP.

La reacción del presidente, que analistas locales califican de inédita, ha agravado las tensiones con Costa, que han ido en aumento en los últimos meses.

La oposición ha asistido atónita a los sucesivos anuncios de las últimas horas: la dimisión del ministro, el posterior rechazo del primer ministro y finalmente la disconformidad del presidente.

La derecha pide que Rebelo de Sousa disuelva el Parlamento y fuerce un adelanto electoral, mientras que la izquierda confía en que una remodelación del Ejecutivo y un cambio en el modelo de gestión permita atajar la crisis.

André Ventura, líder del ultraderechista Chega, se ha llegado a preguntar si el primer ministro sufre un «desequilibrio mental» y le ha acusado de «precipitación política» y «voluntad de confrontación».

El Gobierno, según Ventura, «no tiene condiciones para continuar» en un «clima de crispación inédito», por lo que es necesario «que se convoquen elecciones, y cuanto antes, mejor».

También Iniciativa Liberal pide un adelanto electoral, en tanto que el líder de la oposición conservadora, el Partido Social Demócrata (PSD), analizará su posición en una reunión extraordinaria en las próximas horas pero subraya la «fragilidad» de un Gobierno que «va a la deriva» y está de «espaldas al país y las instituciones».

La izquierda se prepara para «cualquier escenario», pero se inclina por cambios en el Gabinete.

«Asistimos a una degradación de la vida política», lamentó Catarina Martins, del Bloque de Izquierdas, quien abogó por una remodelación de Gobierno para dar mayor estabilidad al país, aunque no descartó ningún escenario.

También Rui Tavares, del izquierdista Livre, apostó por un «giro» en el estilo de Gobierno, «más abierto» y «con mayor coordinación política» para alejar el fantasma de un adelanto electoral que, dijo, «no es bueno para el país».

António Costa asumió en marzo del pasado año su tercer mandato, el primero con mayoría absoluta, aunque la legislatura ha estado marcada por sucesivas crisis internas.

En 13 meses, ha sufrido una docena de bajas, dos de ellas ministros y varias relacionadas con TAP.

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez informó a través de su cuenta en Twitter, que la FANB localizó y destruyó «un centro clandestino de distribución de combustible en el Parque Nacional Yapacana, con más de 500 tambores de 200 litros con un aproximado de 100.000 litros de combustible, y otros materiales logísticos usados para la destrucción y contaminación del medio ambiente y el bioma en el estado Amazonas».

Control Ciudadano

Para Control Ciudadano, la dimensión del hallazgo, equivale a la cantidad de combustible que puede ser almacenada en una estación de gasolina en las ciudades. La pregunta que surge, es cómo pudo haber llegado esta cantidad de gasolina al Yapacama, sin complicidad de funcionarios del Estado, cuando en el Estado Amazonas no se mueve una embarcación o aeronave sin permiso de la Fuerza Armada Nacional.
La Operación Autana 2023, desplegada en el Parque Nacional Yapacana, en ejercicio de la soberanía nacional, viene siendo desplegada a lo largo del Estado Amazonas, según ha informado el CEOFANB, con apoyo de combate del personal orgánico de la Zodi Barinas 32 y Zodi Táchira 21.

Así mismo informó el comandante del CEOFANB que «desmantelaron campamento de depredación ambiental y minería ilegal en el estado Amazonas, conformado por más de 30 estructuras, entre garitas, currutelas, depósitos, alojamientos, materiales de guerra, motores, plantas eléctricas, materiales químicos contaminantes, salones de pool, antenas satelitales, equipos de comunicaciones, combustible y otros materiales logísticos de fabricación colombiana y brasileña», anunciando que la «FANB ejercerá un poder relativo de combate proporcional al empleado por los grupos delincuenciales violadores de nuestra soberanía».

Prohibición de balsas mineras en los ríos

Actualmente, «están prohibidas las balsas mineras en nuestras fuentes hídricas, ya que se constituyen (en) agentes contaminantes y depredadoras de la naturaleza», señaló el comandante del CEOFANB.

Hasta el momento en el estado Bolívar han sido destruidas dieciocho balsas en los últimos treinta días.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves en la tarde que se dictó una orden de aprehensión en contra del alcalde del municipio Simón Rodríguez, de El Tigre, estado Anzoátegui.

El Nacional

Poco después confirmó la detención de quien se refirió como «exalcalde». Esto a raíz de sus polémicas declaraciones en contra de la población con trastornos del espectro autista por un mural realizado en la ciudad oriental.

«A solicitud del Ministerio Público el exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, por la comisión de los delitos que incitan al odio a nuestros niños que presentan trastornos del espectro autista, a nuestras mujeres, adultos mayores y sectores vulnerables del pueblo», indicó Saab en Twitter.

La detención fue efectuada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«El Ministerio Público ha solicitado orden de aprehensión contra este sujeto Ernesto Paraqueima Luiggi, que ha deshonrado su mandato», había anunciado Saab más temprano en una declaración de prensa, luego de recibir a una comisión de la Asamblea Nacional electa en 2020.

Los diputados le entregaron a Saab un exhorto aprobado en el Parlamento para que el Ministerio Público inicie acciones penales en contra de Paraqueima.

La orden de aprehensión se solicita por la presunta comisión de promoción o incitación al odio, establecido y sancionado en el artículo 20 de la Ley Constitucional Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, indicó el fiscal, quien calificó las acciones del alcalde como «aterradoras».

La senadora Katie Britt dice que se entera constantemente cuando está en su casa en Alabama: en competencias de atletismo en la escuela, torneos de baloncesto y en sus caminatas matutinas regulares con amigos. Y cuando se postuló para el Senado el año pasado, dice Britt, “padre tras padre” se le ocurrió que quería discutir la forma en que las redes sociales estaban dañando a sus hijos.

AP

Britt también aborda el tema en su propia casa, como madre de un niño de 13 y otro de 14 años.

“Ya es suficiente”, dice Britt, una republicana que la semana pasada presentó una legislación bipartidista con otros tres senadores, todos padres de niños pequeños y adolescentes, para tratar de proteger mejor a los niños en línea. “El momento de actuar es ahora.”

El senador de Connecticut, Chris Murphy, también lo enfrenta de primera mano como padre de un niño de 11 y 14 años. Murphy dice que ha visto las ventajas de las redes sociales, como la conexión durante la pandemia de coronavirus y videos tontos que les traen alegría. Pero también ha visto las desventajas, incluidos los niños que conoce y que, según él, se han aventurado en los rincones oscuros del mundo en línea.

“Simplemente siento que hemos llegado a este punto en el que no hacer nada no es una opción”, dice Murphy, un demócrata. “Y cada vez más, cuando los miembros del Congreso se van a casa, este es uno de los primeros o segundos temas que escuchan de sus electores”.

La legislación presentada por Britt y Murphy, junto con los senadores Brian Schatz (demócrata de Hawaii) y Tom Cotton (republicano de Arkansas), tiene como objetivo prohibir que todos los niños menores de 13 años usen las redes sociales y requeriría el permiso de un tutor para los usuarios menores de 18 años para crear una cuenta. Si bien es una de varias propuestas en el Congreso que buscan hacer que Internet sea más seguro para niños y adolescentes, los cuatro senadores dijeron en una entrevista conjunta con The Associated Press que creen que representan a millones de padres estadounidenses que están gravemente preocupados de que las redes sociales las empresas en gran medida no tienen control sobre lo que pueden servir a sus hijos.

“La idea de que un algoritmo tiene algún tipo de derecho de Primera Enmienda para entrar en el cerebro de su hijo es absurda”, dice Schatz, quien inicialmente reunió al grupo bipartidista de cuatro. “Y la idea de que un niño de 13 años tiene algún derecho de la Primera Enmienda para que un algoritmo le meta contenido perturbador también es absurda”.

Junto con las restricciones de edad, la legislación prohibiría a las empresas de redes sociales utilizar algoritmos para recomendar contenido a usuarios menores de 18 años. También exigiría que las empresas traten de verificar las edades de los usuarios, basándose en la última tecnología.

El proyecto de ley bipartidista llega en un momento en que existe un creciente apetito en el Congreso por regular las empresas de redes sociales, y esas empresas han eludido durante años una regulación más estricta en Washington. Algunos estados como Utah y Arkansas han promulgado sus propias leyes, creando un desafío aún mayor a nivel federal.

Esta vez, los cuatro senadores dijeron que creen que existe un impulso bipartidista inusual en torno al tema a medida que los padres lidian con una creciente crisis de salud mental pospandémica entre los jóvenes. Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por ejemplo, mostraron que el 60 % de las adolescentes reportaron sentimientos de tristeza o desesperanza persistentes, y el 30 % dijo que consideraba seriamente intentar suicidarse.

“Este es un tema que une a los padres de todo el país, sin importar cuáles sean sus puntos de vista políticos sobre otros asuntos”, dijo Cotton.

Aún así, cualquier legislación que proponga regular las empresas de tecnología y redes sociales enfrenta grandes desafíos, y no solo por los bolsillos profundos de las empresas. Si bien la Unión Europea ha promulgado protecciones de privacidad y seguridad en línea mucho más estrictas, hasta ahora el Congreso no ha podido ponerse de acuerdo sobre una forma de regular la gigantesca industria. La legislación anterior fracasó en medio de desacuerdos sobre la regulación excesiva y las libertades civiles.

Y a pesar del interés bipartidista generalizado en tomar medidas, queda por ver si alguna legislación podría avanzar con éxito en el Senado de mayoría demócrata y la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Las dos partes tienen prioridades diversas y, a veces, contradictorias sobre lo que se debe hacer con las empresas de tecnología.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., dijo el martes que “creo que necesitamos algún tipo de protección infantil” en línea, pero no especificó la legislación.

El año pasado, el Comité de Comercio del Senado aprobó un proyecto de ley separado sobre seguridad infantil de los senadores Richard Blumenthal, D-Conn., y Marsha Blackburn, R-Tenn. Se necesita un enfoque diferente, ya que requiere que las empresas de redes sociales cumplan con un “deber de cuidado” para hacer que sus plataformas sean más seguras y transparentes por diseño. Ese proyecto de ley, que los dos reintrodujeron esta semana, obligaría a las empresas a dar a los menores la opción de desactivar funciones y algoritmos de productos adictivos y habilitar la configuración de seguridad infantil de forma predeterminada.

Otro proyecto de ley presentado el miércoles por los senadores Ed Markey, demócrata por Massachusetts, y el senador Bill Cassidy, republicano por Los Ángeles, ampliaría la protección de la privacidad de los niños en línea, prohibiendo a las empresas recopilar datos personales de adolescentes más jóvenes y prohibiendo la publicidad dirigida a niños y adolescentes. Los republicanos y demócratas en el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes también han estado trabajando en un proyecto de ley de privacidad en línea más expansivo que les daría a adultos y niños más control sobre sus datos.

Otros proyectos de ley tendrían como objetivo prohibir TikTok o dar al gobierno más margen de maniobra para revisar las plataformas de propiedad extranjera que se consideren una posible amenaza a la seguridad.

Los grupos de la industria han criticado los proyectos de ley de seguridad infantil, advirtiendo de extralimitación. Dicen que las reglas podrían resultar contraproducentes y evitar que algunos adolescentes encuentren recursos útiles sobre temas relacionados con el suicidio o LBGTQ+, en particular.

“Ser padre en el siglo XXI es difícil, pero insertar al gobierno entre los padres y sus hijos adolescentes es un enfoque equivocado”, dijo Carl Szabo de NetChoice, un grupo de defensa que cuenta con Meta, TikTok, Google y Amazon entre sus miembros.

Otro grupo alineado con la industria, la Cámara del Progreso, dijo que la prohibición del contenido dirigido algorítmicamente en realidad dificultaría que los adolescentes encuentren material apropiado para su edad. “Deberíamos escuchar a los adolescentes, quienes dicen que las redes sociales en su mayoría juegan un papel positivo en sus vidas”, dijo el director ejecutivo Adam Kovacevich.

Blumenthal también criticó el proyecto de ley de los cuatro senadores y dijo esta semana que tiene “fuertes preocupaciones” de que la legislación suponga una carga mayor para los padres que para las empresas de tecnología y, potencialmente, le dé a la industria la oportunidad de recopilar más datos mientras los padres intentan verificar sus las edades de los niños

“Nuestro proyecto de ley en efecto pone la carga sobre la gran tecnología” en lugar de los padres, dijo Blumenthal sobre su legislación con Blackburn.

Schatz defendió su legislación como “elegante en su simplicidad”.

“Simplemente decimos que los niños menores de 12 años no deberían estar en una plataforma de redes sociales”, dice Schatz. “Esa es una llamada de política. Eso está dentro del ámbito del Congreso. Y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con nosotros”.

Cotton dice que la mayoría de las empresas de redes sociales ya están recopilando datos sobre niños y que su factura no representa ningún riesgo adicional. El hecho de que haya varios proyectos de ley, dice, destaca “mucha energía y entusiasmo por poner algunas medidas de seguridad razonables en torno a las redes sociales”.

Muchos adolescentes también quieren algo de regulación, dice Murphy.

“Cuando hablo con los niños que andan por mi casa, saben que no están siendo protegidos ni atendidos”, dice. “Saben que a veces estos sitios los envían a lugares donde no deberían estar”.

Britt dice que algunos de sus amigos y otros padres en su grupo de caminata le enviaron mensajes de texto sobre su proyecto de ley después de que lo presentaron.

“Esto es lo que necesitamos”, le dijeron.