El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inicia este miércoles su primera visita oficial a España, un viaje en el que posicionará su agenda ideológica.

Por: Sabrina Martín – La Gaceta de la Iberosfera

Petro recientemente viajó a Estados Unidos donde se reunió con Joe Biden y algunos congresistas; ahora viaja al continente europeo para impulsar su imagen como un líder regional de la izquierda, y donde puede adelantar acciones de cabildeo a favor del régimen de Nicolás Maduro y en contra de las sanciones.

Petro mantendrá un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y dirigirá un discurso ante el Congreso.

Tras un Gabriel Boric diezmado en Chile, un Alberto Fernández sin aspiraciones electorales en Argentina, un Andrés Manuel López Obrador sin popularidad en México, y un Nicolás Maduro cercado internacionalmente, Gustavo Petro se perfila como el líder del socialismo iberoamericano y quizás como un nuevo aliado del Partido Popular y del PSOE.

De terrorista a alcalde destituido

Petro llegó a la Presidencia de Colombia con la promesa populista de implementar «profundos cambios sociales y un nuevo modelo económico» para el país. Se trata de un exguerrillero que siempre manifestó sus intenciones de llegar al poder al punto en que participó en tres campañas presidenciales.

A los 17 años, Petro se unió a la guerrilla terrorista del M19. Se hacía llamar «Aureliano» y estuvo preso más de un año. El M19 secuestró entre 1970 y 1989 a más de 500 personas y se le atribuyen cientos de crímenes, robos y asesinatos, y el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, uno de los episodios violentos más trágicos en la historia del país.

Fue senador en el Congreso de ese país y en 2011 llegó a la alcaldía de Bogotá donde fue destituido temporalmente por un fallido modelo de recolección de basura con el que intentó atentar contra el manejo de la empresa privada.

Petro había desprivatizado la recolección de basuras en la capital colombiana, entregando a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el sistema de recolección de residuos. El proceso de transición en 2012 llevó a un caos en la recolección de basura en la ciudad que duró tres días y causó gastos millonarios e impacto ambiental, lo que fue considerado una «falta grave» por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez.

Tras su destitución, Petro acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló en su favor y ordenó su restitución como alcalde de Bogotá. Su triunfo legal y su retorno a la alcaldía le permitió catapultarse como el principal líder de la izquierda de ese país. Su gestión fue tan ineficaz y deplorable que terminó su mandato con 68% de desaprobación.

El escándalo de los fajos de dinero

Durante un debate en noviembre de 2018 en el Senado de Colombia sobre el escándalo de Odebrecht, la congresista Paloma Valencia presentó un video en el que se veía al entonces senador Petro recibiendo fajos de dinero y poniéndolos en una bolsa.

Petro compartió en su cuenta de Twitter una declaración de su abogado diciendo que el video fue un intento de «desprestigiar y descalificar su gestión política» y, aunque nunca explicó de qué se trataba, añadió que fue tomado de manera ilegal por un «excompañero». Dijo que se trataba de una actividad interna de recolección de recursos para el «mantenimiento y sostenimiento del movimiento».

Caída de ministros y vinculación con el narco

Sin haber cumplido un año, Petro ya enfrentó varias crisis que derivaron en la devaluación del peso colombiano y una inflación que se disparó a cifras históricas. Recientemente anunció la sorpresiva salida de varios que manifestaron en reiteradas ocasiones duras críticas contra la reforma de salud del mandatario con la que quiere transformar el sistema sanitario.

Pero esta no es la única crisis que ha debido enfrentar Petro en las últimas semanas; recientemente la Fiscalía General de la Nación inició una investigación a Nicolás Petro Burgos, uno de los hijos del mandatario, y a su hermano Juan Fernando Petro, por presuntamente valerse de sus apellidos con el fin de cobrar diversas comisiones a empresarios y reclusos a los que se les prometía favores. Llegó a promover la legalización de las drogas al declarar que le parecía una estupidez mantener la marihuana en la clandestinidad. Y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, se refirió en distintas ocasiones a Gustavo Petro como el «Caballo de Troya del narcotráfico».

Van a por los niños, capítulo XCXXI. Hasta la fecha, la humanidad civilizada ha entendido que los niños no pueden decidir, porque carecen de la madurez intelectual necesaria para hacerse responsables de sus decisiones.

La Gaceta de la Iberosfera

Ha sido siempre un principio jurídico universalmente compartido y sigue plenamente vigente para un montón de cosas: a los menores de edad no se les aplican las leyes penales tras la comisión de un delito y no pueden ir a prisión. No pueden votar. No pueden comprar alcohol ni tabaco. No pueden casarse ni suscribir contratos por su cuenta. No pueden conducir. No pueden someterse a cirugía sin permiso parental.

Lo que sí pueden hacer, en cambio, incluso con la oposición de sus padres, es someterse a tratamientos hormonales que detienen su desarrollo para asemejarse al sexo contrario y quizá también a operaciones falsamente llamadas de reasignación de sexo, ambos con consecuencias irreversibles. Al menos, eso es lo que defiende la Administración norteamericana.

Ante el rápido avance de estas teorías absolutamente anticientíficas y disparatadas, algunos estados conservadores están reaccionando, no solo reiterando los derechos de los padres sino, además, prohibiendo procedimientos que se consideran inseguros y que condicionan el resto de la vida de un menor.

Pero el Gobierno de Joe Biden se ha sacado de la manga una teoría desquiciada, según la cual la 14 Enmienda de la Constitución protege el derecho de un niño a tomar bloqueadores de la pubertad. Las prohibiciones de tratamientos hormonales para niños con disforia de género, como la prescripción de testosterona a un niño transgénero de 12 años, violan la cláusula de igual protección de la Enmienda 14.

Esta postura criminal la ha presentado el gobierno en el caso LW contra Skrmetti, una demanda presentada en un tribunal federal de Nashville, Tennessee, por las familias de tres niños transgénero: una hija transgénero de quince años (que decidió que era transgénero a los 12 años), una hija transgénero de quince años y un hijo transgénero de doce años. Las tres familias se oponen a una ley que acaba de aprobar el Congreso de Tennessee que «establece prohibiciones de ciertos procedimientos médicos relacionados con la identidad de género en menores». Alegan que la ley de Tennessee viola la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 al afectar solo a los transgénero y viola el derecho a la autonomía de los padres garantizado por la cláusula del debido proceso de la Enmienda 14. Los tres niños en cuestión están “actualmente recibiendo atención médica” prohibida por la reciente legislación de Tennessee.

El «tratamiento» (hormonas y bloqueadores de la pubertad) que reciben estos niños y tratamientos similares cada vez más comunes en Estados Unidos, incluyendo la castración quirúrgica y la maestectomía, se consideran «necesarios» para remediar los efectos de la disforia de género por las principales asociaciones médicas norteamericanas. La ley en cuestión no prohíbe la terapia hormonal en general, sino solo en relación a la disforia de género.

Y esa es la objeción del DOJ de Biden: que el tratamiento de la disforia de género no puede prohibirse categóricamente, incluso si los legisladores de un estado consideran que el tratamiento es peligroso, ineficaz y, en última instancia, dañino. La Administración Biden argumenta que la ley «amenaza con daños irreparables» a estos niños y a cualquier otro niño «transgénero» en el estado de Tennessee. Dice que una persona transgénero, a quien define como «alguien cuya identidad de género es inconsistente con su sexo asignado al nacer», debería ser una clase protegida, que «el estatus transgénero merece un mayor escrutinio» porque es «inmutable» como el género. Por lo tanto, las leyes que se enfocan en el tratamiento de la disforia de género deben recibir un escrutinio intermedio por parte de los tribunales.

La posición de la Administración Biden de que la identificación de una persona como transgénero debería elevarla a una clase protegida similar al género no ha sido adoptada por el Tribuna Supremo ni por la mayoría de los circuitos federales de apelación. Si se aceptara, causaría un cambio significativo en la ley y pondría en riesgo numerosas leyes estatales que prohíben la mutilación de género infantil o la administración de bloqueadores de la pubertad a los jóvenes. En otras palabras, es su forma de eludir el proceso legislativo.

Un total de 406 policías y 61 manifestantes resultaron heridos durante los altercados que se produjeron en diferentes ciudades de toda Francia en el marco de las protestas contra la reforma de las pensiones el 1º de mayo, según un nuevo balance del ministro del Interior, Gérald Darmanin.

AFP

Según su versión, detrás de los disturbios en la capital, que se desarrollaron durante toda la duración de la manifestación entre la plaza de la República y la de la Nación y durante varias horas más en torno a esta última, había unos dos mil miembros de la ultraizquierda.

El ministro, en una entrevista con el canal BFMTV, anunció además la detención de 540 personas, 305 de ellas en París, y atribuyó los incidentes a estos grupos de extrema izquierda, conocidos como «bloques negros». En la entrevista Darmanin cargó con fuerza contra el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, al que recriminó que no haya condenado los ataques contra las fuerzas del orden. Y habló de «complicidad» de los responsables políticos o sindicales que no condenan la violencia.

Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en toda Francia el lunes cuando cientos de miles de personas salieron a las calles por el Día del Trabajo para expresar su ira contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Darmanin criticó ya ayer a los manifestantes violentos organizados y dijo que sumaban alrededor de dos mil en París y otros mil en la ciudad de Lyon, en el sureste del país. E instó a que quienes «ataquen a la policía o la propiedad pública sean severamente castigados».

Darmanin dijo ya ayer, al ofrecer un balance provisional, que un número tan alto de policías heridos era «extremadamente raro» para un día de protesta del Primero de Mayo. Unas 782.000 personas protestaron en toda Francia, incluidas 112.000 sólo en París, contabilizó ayer el Ministerio del Interior. El sindicato CGT dijo que las movilizaciones contaron con 2,3 millones de manifestantes en toda Francia, incluidos 550.000 en la capital.