Los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) que se celebra en estos días en Glasgow, Escocia, tendrán efectos decisivos sobre el futuro de Venezuela. Aun cuando sus acuerdos no llenen las expectativas de algunos o que sean cumplidos sólo parcialmente al comienzo, no hay duda de que la humanidad está obligada a tomar medidas drásticas al respecto. No puede dejar de hacerlo. Las evidencias son demasiado comprometedoras: inundaciones, incendios, sequías y tormentas a escalas e intensidades desconocidas, con terribles estragos para las poblaciones afectadas. Y los pronósticos de los científicos tienden a ser aún más preocupantes. Se corre el peligro inminente –nos advierten–, de transgredir el umbral de los grandes equilibrios a que tiende actualmente el sistema global y desatar nuevas dinámicas, más amenazadoras. Se estaría cruzando un punto de no retorno. De manera que, sean cuales sean los acuerdos del COP26, no hay vuelta atrás. Deben instrumentarse medidas eficaces contra el calentamiento global, ya. Mañana, nos alertan muchos jóvenes angustiados, será demasiado tarde. Entre éstas, la más exigida es la reducción, cuanto antes, del consumo de combustibles fósiles, fuente principal de los llamados gases de invernadero.
¿Qué puede esperar Venezuela en este escenario?
Los niveles de bienestar que el país alcanzó en el siglo pasado se debieron al petróleo. Tal constatación no pretende desconocer o desmerecer el esfuerzo, la iniciativa y la capacidad de emprendedores y trabajadores aportados a la producción de bienes y servicios para la población. Pero sus esfuerzos contaron con que la renta captada en los mercados internacionales del crudo fuese convertida por los distintos gobiernos –con variada eficacia– en estímulo a la actividad económica: infraestructura, servicios públicos, formación de talentos, créditos, compras gubernamentales, exoneración impositiva, mejoras laborales y una moneda sobrevaluada que aumentaba el poder adquisitivo de la población.
Se pueden escribir tomos sobre las limitaciones y la inevitable crisis que albergaba este modelo rentista, pero basta, para los propósitos de este escrito, señalar que el régimen actual acabó definitivamente con toda posibilidad de que siguiera rindiendo sus frutos. Simplemente, destruyó la industria petrolera venezolana. Desde comienzos de 2012, su producción ha disminuido en un 77%.
Terriblemente, la actividad económica no petrolera sufrió de manera similar o aún peor. En tales condiciones, querámoslo o no, todo intento de salir del foso actual en que nos arrojó la dictadura debe aprovechar nuestro petróleo. No porque se piense que, al igual que en el pasado, supliría las divisas requeridas para devolverle a los venezolanos niveles de vida dignas. La brecha por zanjar es inmensa y la destrucción de la capacidad productiva petrolera, excesiva. Recuperar niveles de producción que empiecen a satisfacer las expectativas más modestas –digamos de unos 2,5 millones de b/d–, tomará al menos unos ocho años, suponiendo que existan los inversionistas dispuestos a generarlos.
Distintas estimaciones arrojan cifras que van desde USD 60 a 200 mil millones para recuperar a plenitud las capacidades productivas a que puede aspirar nuestra economía en lo mediato. Las esperanzas de muchos analistas han estado siempre en la posibilidad de concertar un financiamiento generoso de los organismos multilaterales. Ello habría de sujetarse, claro está, a programas coherentes, confiables y creíbles de estabilización macroeconómica y de profundas reformas estructurales. Esto presupone, por fuerza, un cambio político sustancial. Los que ocupan actualmente los mandos del Estado, no sólo son incapaces de negociar un financiamiento de esta naturaleza; no les interesa. Su propósito, evidenciado reiteradamente, es expoliar a la economía, no recuperarla. Son la raíz del problema. Aunque sea harina de otro costal, salir masivamente a votar el 21 es un deber para avanzar en su desalojo.
Salvo la ayuda humanitaria otorgada a fondo perdido, habrá que reembolsar los recursos concedidos en el tiempo. Y es aquí donde el rescate de la industria petrolera será crucial. Es, en los momentos, prácticamente la única fuente para reponer las divisas prestadas. Sólo con el tiempo podrá esperarse que las reformas a instrumentar atraigan inversiones en las magnitudes requeridas, permitan el retorno pleno a los circuitos financieros internacionales y generen exportaciones suficientes en otros rubros. ¿Y qué significa este rescate, en el marco de las medidas tomadas a raíz del COP26?
Si bien en lo inmediato ha habido un salto en los precios del petróleo debido a la mayor demanda que trajo el rebote de las economías (y del transporte de carga) al relajarse las medidas restrictivas para contener la pandemia, parece ser un alza muy puntual, resultado de la baja elasticidad de la oferta energética en el corto plazo. Con el tiempo, las naciones van a tomar medidas para reducir su consumo y son cada vez más competitivas diversas fuentes de energía verde (renovables) para sustituirlo. De manera que, quizás más antes de lo que se esperaba, se nos va a cerrar la ventana petrolera.
Como hemos estado intentando argumentar, Venezuela debe utilizar su crudo para proveer los recursos que viabilicen una estrategia coherente que nos permita librarnos de depender de él. A diferencia de la Siembra del Petróleo, la renta captada no será para sostener niveles artificiales de consumo o de actividades productivas poco competitivas, sino para comenzar a redimir los sustanciales préstamos que demandará la reactivación económica esperada. Sin éstos, Venezuela permanecerá en el subsuelo.
Además de los retos de su adecuada gerencia macroeconómica, esta estrategia enfrentará frontalmente la competencia de otros países petroleros, como de las grandes empresas del sector, por aprovechar los mercados abiertos para amortizar las fuertes inversiones con las que están ya comprometidas. Y Venezuela requiere, más bien, atraer nuevas inversiones y en montos significativos. Frente al fracking, que ofrece tiempos de recuperación de la inversión bastante más cortos, los horizontes temporales para una adecuada recuperación de las actividades productivas de crudo en Venezuela serán bastante menos atractivas para los inversionistas potenciales. A la par, la preponderancia de petróleos pesados y de contaminantes (azufre) reduciría aún más los márgenes esperados. De manera que habría que aminorar, significativamente, la carga impositiva sobre la industria para atraer inversiones al sector. De suponerse la concreción de medidas que reduzcan las emisiones de gases carbónicos –la meta de cero emisiones netas para 2050 está siendo adoptada por un número creciente de países—Venezuela tendrá que atenerse, además, a los requerimientos de captura de gases generados por sus actividades petroleras, incluidas las de refinación. ¿Cuánto tiempo puede esperarse que le quede a Venezuela como importante país petrolero y bajo cuáles condiciones?
El régimen chavista nos ha obligado, a la fuerza, a prescindir del petróleo. Ni gasolina se consigue muchas veces. Paradójicamente, para salir del hueco, estamos obligados a aprovecharlo en las condiciones que nos permitan las medidas que se acuerden para neutralizar el cambio climático. El know-how acumulado en el sector no debe desperdiciarse. Quizás sea transferible, además, a la apertura de una ventana contigua, duradera, como generador y distribuidor de energías verdes. Para ello, habrá que definirse los lineamientos estratégicos correspondientes. El país ha desarrollado un formidable talento en el área petrolera a través de los años, buena parte disperso en la diáspora a que obligó este régimen fascista. ¿Cómo hacer atractivo su aporte para los retos planteados?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
