Durante los últimos años Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento al flujo de las economías ilícitas que operan en el país, sus vínculos con factores de poder, las redes nacionales e internacionales que se han tejido en torno a estas actividades, al igual que su impacto en la sociedad y los derechos humanos de los ciudadanos. Los resultados quedaron plasmados en dos entregas del estudio Economías Ilícitas, al amparo de la corrupción, que han sido referencia a la hora de comprender la magnitud de estas redes, así como su alcance e influencia en distintos ámbitos.

Transparencia Venezuela

Ahora la organización presenta Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad, tercera edición de la investigación que profundiza en la caracterización de las redes y mercados criminales existentes en Venezuela y de los agentes que participan. El estudio incluye un análisis de la institucionalidad nacional como escenario que favorece la evolución de organizaciones a redes criminales complejas. En este sentido, se muestra cómo el incremento de la actividad ilegal se ha nutrido y, a la vez, ha propiciado distintos niveles de corrupción.

En los trabajos anteriores se puso el foco en actividades como el narcotráfico, el contrabando de combustible, el tráfico ilegal de oro, el contrabando de chatarra, y la corrupción en puertos y aeropuertos. En esta oportunidad, se añaden al cuadro de economías ilícitas la trata de personas y el tráfico ilegal de rodio y coltán.

La investigación consta de ocho capítulos o secciones que se publicarán cada semana a partir de este lunes 31 de julio, comenzando por La institucionalidad frente a las economías ilícitas, que aborda el desmantelamiento progresivo que han sufrido las instituciones venezolanas, lo que ha permitido que estas redes crezcan, se diversifiquen y actúen bajo el manto de la impunidad.

Seguidamente verán luz Agentes de las economías ilícitas, un análisis descriptivo y cualitativo de las características generales de las redes criminales que operan en el país;  Distorsiones causadas por la criminalidad en Venezuela, que presenta las actividades ilícitas más relevantes y sus implicaciones en siete estados venezolanos; y Flujos financieros de las economías ilícitas, que precisa las estimaciones sobre las rentas de los grupos criminales.

En tanto que Desinformación, estrategias discursivas, pondrá la mirada en el discurso oficial sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados- que nunca llega a las altas esferas del poder involucradas en ellos. Luego, se publicará Tecnología criminal y sus prácticas,  que describe los diferentes tipos de armas que poseen los grupos delictivos y su capacidad de infligir daño.

Un rasgo clave del crimen organizado es su carácter transnacional, que será abordado en Un Impacto en la región con sello venezolano, para seguir con Esclavitud moderna y derechos humanos,  sección del informe que se enfocará en el vínculo de las formas de esclavitud moderna presentes en el país con economías ilícitas como el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otros minerales, y trata de personas.

Finalmente, se dará acceso a El cambio es posible, un conjunto de recomendaciones y propuestas para superar las distorsiones que generan las actividades de los grupos criminales bajo el manto de la impunidad y la corrupción.

Inacción, complicidad y opacidad

Desde este 31 de julio se encuentra disponible para la consulta la primera sección del informe titulada La institucionalidad frente a las economías ilícitas, que registra la respuesta del Ministerio Público venezolano contra las actividades criminales en el territorio nacional. Específicamente, profundiza en la actuación de la Fiscalía General ante estas redes durante el año 2022.

El análisis se fundamentó en el seguimiento a las informaciones publicadas en el portal oficial del Ministerio Público. En el monitoreo, Transparencia Venezuela identificó 92 registros de actuaciones, reseñadas en notas de prensa del organismo sobre tráfico de drogas, contrabando de gasolina y de material estratégico, desde el 20 de enero de 2022 hasta el 21 de diciembre del mismo año.

En tanto que, desde enero hasta julio de 2023, se han registrado al menos 57 publicaciones sobre hechos vinculados con ilícitos, la mayoría sobre drogas (43), 5 de tráfico y trata de personas, 4 relacionadas con el contrabando de drogas, 4 de material estratégico y el caso Pdvsa-Cripto. De ese total, 26 reportes se refieren a sentencias condenatorias por ilícitos ocurridos en años anteriores.

A pesar de la opacidad oficial, en esta sección del informe se detallan las cifras de actuaciones del Ministerio Público durante el lapso evaluado en materia de narcotráfico, contrabando de gasolina y otros delitos. Además, se explora lo que hay tras el silencio de ese despacho frente a los casos abiertos en otros países; la falta de investigación de denuncias sobre el crimen organizado presentadas por la sociedad civil, periodistas o vías similares, y las dificultades que supone la politización del Ministerio Público y del sistema de justicia en el combate de la corrupción y del crimen organizado.

Mientras el Estado exhibe “mano dura” contra la criminalidad, a través de publicitados operativos militares y policiales, percibidos como poco eficientes; por otro lado, juega un rol que luce permisivo, complaciente y, en algunas zonas, hasta cómplice de los grupos que dominan territorio, poblaciones y economías ilícitas.

La información disponible sobre estos delitos sigue siendo insuficiente, parcial, discrecional, y requiere de un gran esfuerzo de sistematización para determinar en qué casos avanza la acción penal, cuántas causas tienen sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles se mantienen paralizadas.

El reporte completo y sus capítulos de manera individual estarán disponibles para la consulta de investigadores, periodistas, organizaciones civiles y activistas de la lucha contra la corrupción en el microsite Economías Ilícitas https://transparenciave.org/economias-ilicitas/.

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue imputado por la Fiscalía de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a raíz de las denuncias que realizó su exesposa Day Vásquez. Ella, por su parte, fue acusada de cometer presuntamente blanqueo de dinero y violación de datos personales. Tras la audiencia, ambos se declararon inocentes.

Por: Juan Felipe Sacristán – Infobae

El testimonio de Vásquez señala, según dijo el fiscal Mario Burgos, que Nicolás Petro recibió más de 400 millones de pesos del exnarcotraficante Santa Lopesierra en entregas entre 70 y 100 millones de pesos. Además habría recibido una suma igual de parte de ‘El Turco’ Hilsaca que se habrían entregado en dos oportunidades.

La exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro entregó el celular con el que se triangularon contactos, llamadas y se revisaron chats de WhatsApp que hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía.

La Fiscalía también tiene pruebas de la negociación por parte de Petro Burgos de una mansión avaluada en 1.600 millones de pesos, para los que se entregó un abono de 700 millones de pesos. Además, la compra de otros bienes que se habrían adquirido mientras convivía con Daysuris Vásquez.

Fiscal Mario Burgos le sacó cuentas a Nicolás Petro

El fiscal Mario Burgos señaló que Nicolás Petro, para el 2022, hizo gastos por encima de $1.400 millones en la compra de dos lujosas viviendas, un vehículo de alta gama y una serie de artículos de marcas exclusivas. Sin embargo, para ese año solo tenía unos 280 millones de pesos en su cuenta bancaria, por lo que elincremento patrimonial injustificado ascendería a más de 1.053 millones de pesos.

“Estos no son el resultado ni fruto de su trabajo, sino los constantes ingresos, como lo evidenció la señora Daysuris del Carmen Vásquez, ingresos clandestinos e irregulares de dinero desde enero de 2021 hasta finales del año 2022 que hoy en día se actualizan con el dinero encontrado en su casa”, señaló el fiscal Burgos.

Según la Fiscalía, Nicolás Petro solo tiene ingresos por su trabajo como diputado del Atlántico y no tenía ninguna inversión, préstamo o ingreso adicional. Las compras se hicieron a nombre de terceros, y Day era la administradora de esos recursos. “Hay que mover las tarjetas o pagar en efectivo”, fue la recomendación que le hizo Petro Burgos a su entonces esposa.

Pese a que el fiscal Burgos abrió la puerta a que Vásquez firmara un principio de oportunidad, ella no se allanó a los cargos. Según el fiscal, está dispuesta a continuar con la colaboración con la justicia, por lo que la negociación seguiría fuera de los estrados judiciales.

Durante la audiencia de imputación de cargos se conocieron los movimientos comerciales por los que se le imputó enriquecimiento ilícito a Nicolás Petro. Foto: ilustración Jesús Avilés

El fiscal señaló que Burgos y Vásquez actuaron juntos en el lavado de activos, debido a que quien presuntamente recibía el dinero era el diputado y ella era la encargada de administrarlo y ocultarlo. Esto habría ocurrido en transacciones en efectivo y el dinero se almacenó en cajas fuertes y maletas al interior del apartamento de la pareja en Rosales, en Bogotá y en uno en Barranquilla.

El lavado de activos se sustenta en que las propiedades, dos predios y un vehículo se adquirieron presuntamente a nombre de terceros, entre ellos el tío de Day, César Vásquez, quien aparece como titular de un lote en Tubará y una vivienda lujosa en el norte de Barranquilla.

Vásquez también resultó imputada por el delito de violación de datos personales, porque habría invadido la intimidad de Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro. De acuerdo con la Fiscalía, ella realizó varias acciones de inteligencia que le permitieron acceder a datos personales de la mujer, con el objetivo de establecer desde qué momento estaba saliendo con Nicolás Petro.

La inversión en nuevas empresas tecnológicas israelíes se desplomó en la primera mitad de 2023, dijo el martes un monitor de la industria tecnológica israelí, citando el plan de reforma judicial divisivo del gobierno como uno de los principales impulsores de la recesión.

AP

Start-Up Nation Central, una organización sin fines de lucro que rastrea y se relaciona con la industria tecnológica de Israel, dijo que había visto una disminución del 29% en la financiación privada de la tecnología israelí en la primera mitad de 2023 en comparación con la segunda mitad de 2022, y una fuerte caída de la participación de los inversores. Las ofertas públicas iniciales y las fusiones y adquisiciones también alcanzaron un mínimo de cinco años, dijo.

La organización dijo que la incertidumbre en Israel debido a la revisión judicial “ya se está sintiendo con indicadores como la disminución de la recaudación de fondos y menos nuevas empresas israelíes emergentes”.

Yaniv Lotan, vicepresidente de Start-Up Nation Central, dijo que la correlación entre la revisión judicial y la vacilación de los inversores es clara. Dijo que si bien la inversión en tecnología se estabilizó en los EE. UU. y en todo el mundo durante el año pasado, durante el mismo período “aquí en el mercado de alta tecnología israelí, estamos experimentando una tendencia descendente continua”.

El sector de alta tecnología de Israel es un motor importante de la economía del país y representa la mitad de las exportaciones del país. Emplea a decenas de miles y sus nuevas empresas han atraído miles de millones de dólares en inversiones en las últimas décadas.

“Al final, a los mercados no les gusta la incertidumbre”, dijo Lotan.

El informe se publicó una semana después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados aprobaran una ley que debilita la supervisión de las decisiones gubernamentales por parte de la Corte Suprema, una parte clave de la reforma judicial propuesta por el gobierno.

Desde que se anunció el plan en enero, Israel se ha visto afectado por protestas masivas semanales, incluso de la propia industria tecnológica , que advirtió que la reforma afectaría su trabajo. El plan también ha provocado la consternación de la Casa Blanca y las organizaciones judías estadounidenses.

Quienes se oponen a la reforma judicial han advertido que los cambios en el sistema de gobierno podrían impulsar la economía del país.

En las últimas semanas, las agencias internacionales de crédito han advertido sobre un mayor riesgo financiero en Israel debido a la reforma planificada del gobierno de Netanyahu y la profunda división que ha causado.

Netanyahu y sus aliados dicen que los cambios son necesariamente para frenar lo que dicen es un tribunal demasiado activista y sus jueces no elegidos. Los críticos del plan dicen que, si se aprueba, erosionarán el sistema de controles y equilibrios entre las ramas del gobierno y conducirán a Israel hacia la autocracia.

Netanyahu asumió el cargo en diciembre al frente del gobierno más ultranacionalista y ultraortodoxo en la historia de Israel luego de las quintas elecciones del país en menos de cuatro años. Cada una de esas elecciones parlamentarias se consideró en gran medida como un referéndum sobre la aptitud del líder de toda la vida para servir en un juicio por corrupción.