La liberación de un «número importante» de prisioneros políticos, entre los que se encuentran al menos cinco españoles, es la primera consecuencia política de envergadura tras la operación militar estadounidense que descabezó a la dictadura chavista y dio paso a una transición liderada a control remoto por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

El Mundo

«Es un gesto nuestro», adelantó la presidenta encargada, en petit comité, a un grupo de diputados que acudieron el miércoles al palacio de Miraflores para dar por iniciada la legislatura, en un intento de disimular que la presión de Washington les ha forzado a abrir las cerraduras de sus mazmorras: el martes, Donald Trump había señalado que el famoso centro de torturas de Caracas, en referencia a la cárcel del Helicoide, administrada por la policía política del régimen, estaba por cerrar.

Las exigencias de Estados Unidos empujaron un proceso que ya había adelantado el Gobierno español semanas atrás, cuando Pedro Sánchez se fotografió con los familiares de tres de los liberados españoles: los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa y el marinero canario Miguel Moreno Dapena. El cuarto español de origen que forma parte de esta lista es el valenciano Ernesto Gorbe. A ellos se sumó la hispanovenezolana Rocío San Miguel, que estaba recluida en el Helicoide desde hace 23 meses, aunque los familiares de Sofía Sahagún, compañera de San Miguel en esa cárcel y también con doble nacionalidad, recibieron información de las autoridades sobre su excarcelación.

«Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela. Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos», se congratuló Sánchez en sus redes sociales.

Una decisión «unilateral» del chavismo reciclado, aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de comunicar al país y al mundo la apertura de las mazmorras de unos presos políticos que nunca existieron oficialmente para el chavismo. El hermano de Delcy agradeció la mediación de su gran aliado europeo, José Luis Rodríguez Zapatero, y del mandatario brasileño Lula da Silva, como si para excarcelar a personas inocentes hiciera falta algún tipo de conversación. Zapatero encabeza a un lobby político que trabaja a toda máquina para adecentar el nombre de Delcy tanto dentro como fuera de Venezuela.

La noticia provocó un auténtico terremoto entre familiares y activistas de derechos humanos, que se lanzaron a las puertas de las cárceles para recibir a sus seres queridos en medio de un mar de rumores. Varias organizaciones adelantaron que personajes muy relevantes preparaban sus pertenencias para abandonar sus mazmorras. Entre ellos destacaban Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ) y uno de los líderes opositores en la Plataforma Unitaria, y Freddy Superlano, de Voluntad Popular (VP), también clave en la alianza de los demócratas.

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El expresidente ruso Dmitri Medvédev admitió este viernes el error del petrolero ‘Marinera’, capturado por la Guardia Costera estadounidense en el Atlántico Norte, al recurrir a la bandera de Rusia para eludir las sanciones de EE.UU.

EFE

«Es evidente por qué acabó portando la ‘bandera provisional’ de Rusia. Ante la amenaza de captura, buscaba protección ante las ilegales sanciones estadounidenses», escribió Medvédev en Telegram.

Medvédev añadió: «Pero es que el método elegido no fue del todo adecuado».

Denunció que la captura es «una clara violación de la Convención de la ONU sobre derecho marítimo internacional de 1982», pero admitió que «EE.UU. no la ratificó».

«En ese contexto, otorgar autorización temporal para portar la bandera de nuestro país a un barco que, aunque ilegalmente, es perseguido por nuestro principal adversario geopolítico (…) es una medida de consecuencias previsibles», señaló.

También recordó, sin aludir directamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, que éste «no necesita para nada» el derecho internacional, por lo que la respuesta rusa a la «captura criminal de un barco civil» debe situarse también al margen de la citada convención.

El Ministerio de Exteriores ruso presentó el jueves una nota de protesta por la interceptación un día antes del petrolero, operación que EE.UU. vinculó con el embargo petrolero a Venezuela, y advirtió que esa «acción ilegal» solo incrementará las tensiones en el Atlántico Norte.

Moscú explicó que el buque recibió el pasado 24 de diciembre permiso para navegar bajo bandera rusa y transitaba por aguas internacionales rumbo a un puerto ruso, de lo que las autoridades rusas informaron debidamente a Washington.

«El apresamiento y revisión de un buque en alta mar solo son posibles en base a una reducida lista de motivos, como la piratería o el tráfico de esclavos, evidentemente inaplicables en el caso de ‘Marinera’. En el resto de los casos estas acciones solo se permiten con un previo acuerdo con el país bajo cuya bandera navegan, en este caso Rusia», subrayó.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula.

La tripulación del navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, según la prensa estadounidense, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades, aunque la prensa habló de que Moscú movilizó incluso un submarino para escoltar al petrolero.

La prensa rusa asegura que en el momento en que fue apresado el petrolero éste pertenecía a un empresario crimeo, cuya empresa Burevestmarin estaba registrada en la región rusa de Riazán.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia utiliza la conocida como ‘flota fantasma’ -petroleros sin registro fijo- para eludir las sanciones occidentales y exportar su crudo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ha comentado ni este incidente ni la detención del líder venezolano, Nicolás Maduro, el principal aliado de Moscú en América Latina.

Tras confirmarse el inicio de las excarcelaciones, María Corina Machado difundió este jueves 9 de enero un mensaje de audio a través de la red social X, dirigido específicamente a los familiares de los presos políticos.

La Patilla

La líder de la oposición democrática calificó la excarcelación de los detenidos —a quienes se refirió como «rehenes»— como una victoria de la verdad que logra abrirse paso «pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo».

Machado centró sus palabras en el sacrificio de los parientes, reconociendo el peso de «una condena que no estaba en ningún expediente: la de la espera». En su alocución, validó la resistencia de quienes mantuvieron sus hogares en pie mientras el país se derrumbaba, afirmando que «ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia».

Aunque admitió que «nada devuelve los años robados» ni borra las ausencias, la Premio Nobel de la Paz instó a las familias a recibir este día como una «restitución moral» y la confirmación de que su lucha no fue en vano. Finalmente, Machado cerró su mensaje con una promesa de continuidad política. «No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia».

A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026

La Justicia británica condenó a tres hombres a penas de prisión el pasado octubre por su participación en una protesta en la localidad inglesa de Epping, unas condenas que superan el tiempo de cárcel impuesto al autor de los delitos sexuales que originaron la indignación vecinal.

La Gaceta de la Iberosfera

El caso, viralizado ahora en redes sociales, se remonta a la sentencia dictada contra Haddouche Kibatou, un inmigrante ilegal de origen etíope que fue declarado culpable de varias agresiones sexuales. Entre los hechos probados figuraron tocamientos y el intento de besar a una menor en edad escolar, así como la agresión a una mujer de edad avanzada. El tribunal le impuso una pena de un año de prisión, además de su inclusión en el registro de delincuentes sexuales y una orden de alejamiento.

La resolución judicial provocó una oleada de enfado en Epping, donde vecinos organizaron protestas frente a un hotel utilizado como alojamiento para solicitantes de asilo. Lo que comenzó como una concentración de rechazo acabó degenerando en incidentes y enfrentamientos con la policía, con acusaciones de desórdenes públicos y violencia.

De aquellas protestas surgieron las detenciones de tres residentes locales, a quienes la Fiscalía acusó de participar activamente en los altercados. El tribunal consideró probado que los acusados contribuyeron a crear una situación de riesgo para el orden público y dictó contra ellos penas de prisión que, en conjunto, superan la duración de la condena impuesta al agresor sexual.

La diferencia entre las sentencias ha desatado una intensa polémica en el Reino Unido. Críticos del fallo hablan de una «justicia desproporcionada», al entender que quienes protestaron por delitos especialmente graves han sido castigados con mayor severidad que el propio autor de esos hechos. Otros subrayan que la violencia durante las manifestaciones no puede justificarse, con independencia del motivo que la origine.

El episodio ha reabierto el debate político y social sobre la gestión de la inmigración, la seguridad en los centros de acogida y la respuesta judicial ante protestas que derivan en disturbios. Mientras tanto, en Epping persiste el malestar entre parte de la población local, que considera que las instituciones no han dado una respuesta equilibrada ni a los delitos sexuales ni a la reacción ciudadana que provocaron.

El presidente Donald Trump cerró cualquier posibilidad de otorgar clemencia a Nicolás Maduro, quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos tras su captura el pasado fin de semana. Durante una entrevista con The New York Times, al ser consultado explícitamente sobre si existía algún escenario en el que consideraría indultar al líder venezolano derrocado, la respuesta del mandatario fue categórica: «No, no lo veo».

La Patilla

La negativa de Trump contrasta con su reciente decisión de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien enfrentaba acusaciones similares por narcotráfico a gran escala. Sin embargo, en el caso de Maduro —acusado formalmente de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína—, el jefe de Estado dejó claro que no utilizará su poder presidencial para intervenir en el proceso judicial federal, donde el venezolano ya se ha declarado inocente.

El tema surgió cuando un periodista del diario le presentó una lista de reclusos destacados para saber si consideraría perdonarlos. Además de Maduro, Trump descartó indultos para el exsenador Robert Menéndez, condenado por corrupción, y para el empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried.

En la misma conversación, el presidente reveló que recibió una carta personal del magnate musical Sean «Diddy» Combs solicitando un indulto, petición que también rechazó. Trump argumentó que, aunque se conocían socialmente, la relación se agrió por las críticas de Combs durante su primer mandato, lo que hace que el perdón sea «más difícil de conceder». Sobre el caso de Derek Chauvin, expolicía condenado por la muerte de George Floyd, Trump se limitó a responder: «No me han preguntado al respecto».