Una investigación de la plataforma Cazadores de Fake News identificó a un grupo de actores, locutores y modelos argentinos que participaron como presentadores en una serie de videos con formato de noticiero, diseñados para simular emisiones informativas a favor de Delcy Rodríguez.

El Nacional

Del total de 21 conductores detectados en los materiales analizados, 15 fueron identificados mediante un proceso de verificación que incluyó búsquedas inversas de imagen, rastreo en plataformas de casting, redes sociales y registros de actividad en el ámbito teatral y publicitario. Todos los identificados residen en Argentina, principalmente en Buenos Aires, y desarrollan sus carreras bajo modalidad freelance.

Entre los nombres confirmados se encuentran Camila Arena, Federico Vilaró, Francisco Godoy, Maru Gandolfo y José Luis Fariña, quienes cuentan con experiencia en actuación, locución y modelaje. Su perfil profesional incluye participación en producciones audiovisuales, campañas publicitarias, eventos y contenidos digitales.

Simulación de noticieros globales

Según el informe, estos profesionales fueron contratados para interpretar el rol de periodistas o conductores de noticias, grabando piezas audiovisuales que replican la estética de noticieros internacionales. Para ello emplearon recursos técnicos propios de su formación, como modulación de voz, lectura en cámara y uso de acentos neutros o adaptados a países.

El caso de José Luis Fariña destaca dentro del análisis, al aparecer en más de un video interpretando diferentes presentaciones. Su participación evidencia el uso recurrente de algunos actores en la misma estructura de producción, así como la capacidad de adaptación requerida para asumir múltiples identidades mediáticas.

Intermediarios contratan actores para propagandas políticas de Delcy Rodríguez

De acuerdo con la investigación, la contratación se habría efectuado a través de intermediarios, como agencias o plataformas de casting, sin que necesariamente se detallara que el destino final del material sería usado como propaganda política a favor de Delcy Rodríguez. Al menos uno de los actores confirmó haber realizado el trabajo como freelancer, utilizando uno de sus registros vocales profesionales y bajo condiciones habituales de este tipo de encargos.

El resto de los actores identificados no respondió a las solicitudes de contacto del equipo investigador.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela emitió este miércoles 18 de marzo, un contundente comunicado en el que denuncia la aplicación arbitraria y selectiva de la Ley de Amnistía, publicada en la Gaceta Oficial N° 6990 Ext. el 19 de febrero de 2026.

La Patilla

Según el partido, la normativa, lejos de promover “la paz social y la convivencia democrática”, se ha convertido en un instrumento de injusticia y discriminación política.

El comunicado subraya que la aplicación de la ley ha sido arbitraria y sesgada, con jueces penales que, según Vente Venezuela, respaldaron violaciones al debido proceso en el pasado.

Se afirma que estos jueces permiten que solo algunos ciudadanos reciban el beneficio de la amnistía, mientras otros, involucrados en las mismas causas, continúan siendo perseguidos.

El partido también destaca que esta selectividad perpetúa un clima de represión y temor, y que los mecanismos judiciales actuales impiden una verdadera reconciliación nacional.

Vente Venezuela solicita a organismos internacionales de derechos humanos, así como a la comunidad internacional, que vigilen la aplicación de la Ley de Amnistía y exijan transparencia en las excarcelaciones recientes.

El comunicado respalda la declaración del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que pidió aclarar la implementación de la ley y garantizar información pública.

El partido concluye que, mientras no se deroguen leyes que respaldan la persecución política y se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, no puede hablarse de una verdadera reconciliación en Venezuela.

Treinta exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, integrantes del Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), emitieron una declaración pública en la que expresan profunda preocupación por la situación en Venezuela tras los eventos de enero y exigen medidas concretas para avanzar hacia una verdadera transición democrática.

MFM

El comunicado, difundido este miércoles a través de las cuentas oficiales del grupo en redes sociales y su sitio web (idea-democratica.org), condena la continuación de prácticas represivas pese al cambio de liderazgo tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que derivó en la captura y extracción del país del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según el pronunciamiento, aunque se han producido liberaciones condicionales de aproximadamente 7.700 personas, más de 500 presos políticos permanecen detenidos, lo que evidencia —a juicio de los firmantes— una “estabilización sin libertad” impulsada por la administración encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“La cúpula actual utiliza la recuperación de ingresos petroleros como instrumento para ganar tiempo y postergar el cambio político genuino que reclama la mayoría del pueblo venezolano”, señala el documento, que advierte sobre el riesgo de una “justicia selectiva” y la falta de reformas estructurales en el sistema judicial y electoral.

Entre los firmantes destacan figuras como Álvaro Uribe Vélez (Colombia), Jeanine Áñez (Bolivia), José María Aznar, Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia) y Felipe Calderón (México), entre otros exmandatarios de orientación conservadora y demócrata.

El Grupo IDEA insta a la comunidad internacional —incluidos gobiernos, organismos multilaterales y la propia administración estadounidense— a priorizar:

• La liberación incondicional de todos los presos políticos restantes.
• La derogación de leyes consideradas represivas.
• Garantías para un proceso electoral libre, transparente y verificable.
• Reformas judiciales que aseguren independencia y fin a la impunidad.

El pronunciamiento llega en un momento de delicado equilibrio político en Venezuela, donde la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha impulsado programas de “convivencia y paz” mientras mantiene retórica de soberanía frente a la influencia externa, al tiempo que enfrenta presiones para acelerar cambios estructurales.

Desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos selectivos contra instalaciones militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, seguido de la captura de Maduro, el país vive una fase de transición compleja marcada por tensiones internas, reapertura parcial del sector petrolero y debates sobre el alcance de la soberanía nacional.

El Grupo IDEA, que agrupa a más de 30 exlíderes iberoamericanos defensores de la alternancia democrática, reitera que “solo con democracia plena y cese definitivo de la represión será posible alcanzar una estabilización duradera y legítima en Venezuela”.

Treinta ex jefes de Estado de @IDEA_Grupo piden estabilización con democracia en Venezuela pic.twitter.com/DL9lM9g2QJ

— Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) March 18, 2026

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, hizo pública una comunicación dirigida a la directiva del PSUV para solicitar su exclusión. La decisión responde a su determinación de postularse formalmente al cargo de Defensor del Pueblo.

RDN Venezuela

Asimismo, el funcionario explicó que su solicitud se fundamenta en la incompatibilidad legal entre la militancia y dicho cargo. Según la Constitución, el ejercicio de esta función pública debe realizarse libre de cualquier directriz partidista.

El periodista recordó que ya se había separado de la actividad política efectiva durante el año pasado. No obstante, este trámite administrativo es un requisito indispensable para participar en el proceso convocado por el Parlamento.

Postulación de Ernesto Villegas

«He decidido postular mi nombre en el proceso de selección de un nuevo defensor o defensora del pueblo convocado por la Asamblea Nacional (AN), para el cual resulta incompatible la militancia en organizaciones con fines políticos», reza el texto compartido por Villegas.

Por su parte, la Asamblea Nacional será la encargada de evaluar las credenciales de todos los aspirantes al cargo. Por lo tanto, el sistema de selección exige que los candidatos demuestren una total independencia de organizaciones políticas.

Villegas señaló que este nuevo ciclo exige rectificaciones profundas para recomponer la soberanía nacional dentro del marco legal. Su salida del registro de militantes busca garantizar la transparencia necesaria durante la evaluación de su perfil.

La figura de Ernesto Villegas ha estado ligada a diversas gestiones gubernamentales en el área de la cultura nacional. Ahora, el ministro apuesta por una labor enfocada en la protección de los derechos de los ciudadanos.

Incompatibilidad y renovación institucional

El texto enviado a Diosdado Cabello enfatiza la necesidad de cumplir con los artículos constitucionales que rigen la Defensoría. Esta acción marca un precedente importante dentro de los movimientos internos de las filas del oficialismo.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el cronograma de selección del nuevo defensor. Mientras tanto, el funcionario continúa al frente de su cartera ministerial cumpliendo con sus labores administrativas habituales.

Finalmente, la solicitud de Ernesto Villegas representa un paso estratégico en su carrera dentro del servicio público venezolano.

El 18 de marzo de 2026, la OFAC emitió la Licencia General 52 (GL52). Hasta ahora, esta es la licencia más importante otorgada en el sector de hidrocarburos venezolano, pues define políticas que antes eran poco claras.

Por: José Ignacio Hernández

En resumen, la GL52 y las nuevas FAQs comprenden tres políticas: (i) una amplia autorización para cualquier transacción prohibida con PDVSA en favor de “cualquier entidad estadounidense establecida”, (ii) el “cordón sanitario regulatorio” que ratifica el control del Gobierno de los EE.UU. (GEU) sobre todos los ingresos de Venezuela, y (iii) un marco de protección renovado en relación con las reclamaciones de los acreedores. Además, (iv) es preciso analizar cómo incide la nueva licencia en el reconocimiento de Delcy Rodríguez como Jefe de Estado y la administración de PDV Holding, Inc. 

Es importante aclarar que esa licencia implica que las “sanciones se levantaron”. Por el contrario, la política de sanciones económicas sigue en pie, aun cuando la GL52 otorgó una amplia autorización que permite a empresas establecidas en Estados Unidos operar con PDVSA, bajo ciertos términos y condiciones. 

La amplia autorización

La sección (a) de la GL52 autoriza todas las transacciones prohibidas por las regulaciones de sanciones económicas que involucren a PDVSA o a cualquier entidad en la que PDVSA “sea propietaria, directa o indirectamente, de un interés del 50 por ciento o más”. La autorización se aplica únicamente a entidades estadounidenses establecidas, es decir, “cualquier entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos a partir del 29 de enero de 2025 o antes de esa fecha”.

La autorización se aplica a todas las transacciones prohibidas, con excepción de las incluidas en la sección (c) relativas en especial a las reclamaciones de los acreedores. En consecuencia, la GL52 cubre cualquier operación de petróleo y gas (aguas arriba y aguas abajo) para entidades estadounidenses establecidas, ampliando el alcance de las licencias generales anteriores, en particular las Licencias Generales 49A y 50A. En particular, la sección (b) establece que la autorización cubre cualquier transacción necesaria para las actividades autorizadas en la sección (a).

En ese sentido, la FAQ 1245 confirma el amplio alcance de la nueva licencia, que incluye actividades como la “extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo venezolano” y la “entrada en nuevos contratos de inversión para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores petrolero, gasífero o de productos petrolíferos de Venezuela”.

Por lo tanto, una interpretación racional de dichas licencias generales podría basarse en la siguiente distinción:

• Cualquier empresa de petróleo y gas que califique como entidad estadounidense establecida estará cubierta por la amplia autorización de la GL52, sin necesidad de ampararse en otras licencias de la OFAC. Por lo tanto, dichas empresas están autorizadas a negociar nuevos contratos con PDVSA (independientemente de la GL49A) y a realizar operaciones de petróleo y gas (independientemente de la GL50A). Las empresas incluidas en la GL50A podrían operar en el ámbito de la GL52 a través de una filial que califique como entidad estadounidense establecida.
• Las empresas de petróleo y gas que no califiquen como entidades estadounidenses establecidas no estarán cubiertas por la GL52. Por lo tanto, cualquier transacción con PDVSA deberá estar cubierta por alguna de las licencias generales emitidas, incluida la GL49A.

En cualquier caso, la GL52 ratificó la condición estándar según la cual cualquier contrato de petróleo y gas debe “especificar que las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas en virtud del contrato se lleve a cabo en los Estados Unidos”. Esta previsión genera tensiones no resueltas con el Derecho público venezolano. 

El “cordón sanitario regulatorio”

La GL52 ratifica otra condición estándar respecto de lo que hemos denominado el “cordón sanitario regulatorio”: cualquier pago al Gobierno de Venezuela será administrado exclusivamente por el GEU, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14373.

Las secciones (a) y (b) disponen que cualquier pago a cualquier instrumentalidad bloqueada del Gobierno de Venezuela deberá depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, regulados por la EO 14373. El único pago excluido es el relacionado con impuestos locales, permisos o tasas.

En consecuencia, cualquier pago adeudado a la República en virtud del “government take” del petróleo y el gas, así como cualquier pago relacionado con la venta de la producción propia de PDVSA, se depositará en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros. El GEU tiene la autoridad exclusiva para decidir qué fondos pueden transferirse al Gobierno de Venezuela, en particular para realizar operaciones cambiarias en el mercado venezolano, proporcionando al Gobierno los recursos en moneda local necesarios para cubrir gastos. Este marco genera una distorsión significativa en las reglas fiscales de Venezuela y tensiones no resueltas en la regulación de los hidrocarburos. 

El propósito final de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros es aislar los ingresos venezolanos de petróleo y gas (así como los ingresos del oro, con base en la GL51) de cualquier riesgo relacionado con el Gobierno de Venezuela, en particular con las prácticas de gobernanza deficientes.

Este “cordón sanitario regulatorio” también aísla el sector de hidrocarburos de la influencia de Cuba, Irán, Corea del Norte y China, dado que la autorización no se aplica a las transacciones relacionadas con dichos actores, conforme a lo establecido en la sección (c), numerales 5 y 6.

Las medidas renovadas de protección de activos

Uno de los asuntos que aborda el “cordón sanitario regulatorio” es la deuda externa de Venezuela, de aproximadamente 170.000 millones de dólares, dado que la OE 14373 impidió a los acreedores embargar los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros. En consecuencia, la sección (c) de la GL52 resume las medidas de protección de activos y las prohibiciones relacionadas con la deuda venezolana:

• Transacciones prohibidas con los bonos venezolanos, incluidas las establecidas en las OE 13808 y 13835. En particular, no se permiten las transacciones destinadas a transar dichos bonos (numeral 1).
• La GL52 también ratifica la prohibición relativa a la venta, transferencia, cesión o entrega en garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en PDVSA, lo cual es relevante en relación con la garantía sobre el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding, Inc. (numeral 1).
• La celebración de acuerdos de conciliación o la ejecución de cualquier gravamen, sentencia, laudo arbitral, decreto u otra orden mediante ejecución forzosa, embargo u otro proceso judicial que pretenda transferir o, de alguna otra manera, alterar o afectar bienes o intereses en bienes del Gobierno de Venezuela, incluida PDVSA (numeral 2).
• Condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, incluidos los canjes de deuda (numeral 4).

GL52 confirmó que los ingresos venezolanos del sector petrolero y gasístico deben ser priorizados para los fines establecidos en la EO 14373 y no utilizarse para pagar reclamaciones de acreedores legadas mediante acuerdos o medidas de embargo. En particular, y conforme al número 2 de la sección (3), GL52 ratifica que las acciones de PDV Holding, Inc., así como las de sus filiales de Citgo, no pueden ser ejecutadas en ningún proceso judicial. Sin embargo, en este asunto queda pendiente la próxima expiración, el 20 de marzo, de la suspensión de la Licencia General 5.  

En cualquier caso, las transacciones de deuda prohibidas en la sección (3) podrían estar autorizadas mediante licencias específicas de OFAC. En ese sentido, la FAQ 1246 aclaró que GL52 no autoriza “la venta de ciertas acciones de CITGO que son objeto de Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela”, lo que significa que “se requerirá una licencia específica antes de que se ejecute cualquier venta en el caso Crystallex”. 

La política de reconocimiento y los administradores de PDV Holding, Inc

Luego del reconocimiento de Delcy Rodríguez como Jefe de Estado, materializado en el escrito presentado por el Departamento de Justicia el pasado 11 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la representación legal del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos pasó a estar bajo el control de las autoridades interinas. Por ende, la junta directiva de PDVSA —renovada— es quien tiene la capacidad legal para representar a la empresa en Estados Unidos. 

Sin embargo, como PDVSA es una persona bloqueada, no puede ejercer sus derechos como accionista de PDV Holding, Inc. sin una licencia de la OFAC, tal y como lo ratifica la LG52 en su sección (1). Por lo tanto, la LG52 no autoriza a PDVSA a cambiar los administradores de PDV Holding, Inc. 

Esta es la razón por la cual la supuesta “ratificación” de todos los administradores de PDV Holding y sus filiales, realizada por PDVSA el 16 de marzo, no tuvo ningún efecto legal hasta que PDVSA remita la correspondiente solicitud de autorización a la OFAC y esta otorgue la licencia individual. Hasta tanto ello no ocurra, se mantienen los actuales administradores de PDV Holding. 

Uno por uno. Aunque estén en los más insólitos escondites. El aparato de inteligencia de Israel ha ajustado su estrategia militar para desmantelar la red de seguridad interna del régimen en Irán, intensificando ataques selectivos que han eliminado a figuras clave como el responsable de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, y, días antes, al alto funcionario de seguridad Ali Larijani durante una reunión secreta en las afueras de Teherán.

Infobae

Estas acciones -que según documentos y reportes obtenidos por The Wall Street Journal- han provocado miles de bajas en las filas del gobierno iraní, tienen como objetivo minar la cohesión del Estado de cara a posibles levantamientos y acelerar el desgaste de sus fuerzas represivas.

Al segundo día del conflicto, los informes revisados por The Wall Street Journal demostraron que los ataques de la fuerza aérea de Israel ya no solo golpeaban instalaciones militares convencionales, sino que se focalizaban en los pilares administrativos y de mando: desde cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria y la policía, hasta comandos responsables de la protección directa de Teherán.

Una de las operaciones más mortales documentadas fue dirigida contra el estadio Azadi, lugar de concentración de fuerzas tras la destrucción de sus bases, donde murieron cientos de uniformados, consolidándose como uno de los mayores golpes de la campaña.

Israel recibe colaboración interna

Cuatro días después de que Larijani hiciera su primera aparición pública desde el inicio de la guerra, una acción quirúrgica de la inteligencia israelí lo localizó y eliminó en compañía de otros funcionarios fuera de la capital. Horas después, la muerte de Gholamreza Soleimani selló la noche más letal para el círculo de confianza del régimen, mientras que al día siguiente, Israel anunció el asesinato del ministro iraní de Inteligencia, Esmail Khatib.

Estos golpes, según The Wall Street Journal, representan hitos en una ofensiva que combina capacidad tecnológica avanzada y creciente colaboración de ciudadanos iraníes que denuncian la ubicación de blancos prioritarios.

El liderazgo israelí, citado por el medio estadounidense, sostiene que ha lanzado aproximadamente 10.000 municiones sobre miles de objetivos, centrando más de 2.200 ataques en entidades como la Guardia Revolucionaria, Basij y otros cuerpos de seguridad. Las bajas, evaluadas en varios miles entre muertos y heridos, han forzado a las fuerzas represivas a buscar refugio improvisado en vehículos, mezquitas, centros deportivos y hasta buses urbanos, como confirma una serie de entrevistas y registros de daños analizados por The Wall Street Journal.

A la par, la presión interna y el desorden aumentan. La policía y otras fuerzas, acorraladas, han trasladado controles bajo puentes urbanos y ocupan edificios civiles. Según el testimonio de un médico recogido por el periódico, algunos agentes han dormido en portales de edificios o forzado a pacientes a liberar espacio en hospitales para sus heridos. Las investigaciones sobre delitos previos al conflicto han quedado suspendidas ante la imposibilidad de operar estaciones de policía. Comerciantes y vecinos, relata la fuente, han recibido la orden de cerrar temprano por la ausencia de protección.

Israel ha diversificado sus ataques más allá de sedes y almacenes. Las recientes incursiones aéreas han focalizado puestos de control de la milicia Basij en avenidas clave como la autopista Imam Reza y la calle Shahed, con al menos 11 puntos impactados solo en Teherán la última semana. Parte significativa de estos bombardeos ha sido guiada por reportes directos de ciudadanos iraníes, hecho inédito en la guerra reciente.

La estructura represiva iraní bajo asedio

Aunque la dislocación administrativa y el temor entre los agentes se registran en múltiples provincias, The Wall Street Journal señala que la autoridad del régimen persiste en las calles. Varios residentes entrevistados reconocen que, pese a las amenazas abiertas a los manifestantes —incluida la orden de disparar a matar ante cualquier rebelión—, el aparato de seguridad mantiene la represión y evita cualquier intento de insurrección.

La intensidad del asedio se materializa en cientos de acciones coordinadas y en la presión directa hacia comandantes iraníes. El diario estadounidense revela que oficiales de inteligencia israelíes han establecido contacto telefónico con responsables policiales iraníes, advirtiéndoles del “destino” que les espera si no abandonan la represión.

En uno de los registros auditados por el medio, un agente del Mossad comunicó en farsi: “Sabemos todo sobre usted. Está en nuestra lista negra, tenemos toda la información”.

El comandante respondió: “Juro por el Corán, ya estoy muerto. Solo vengan a ayudarnos”.

Las acciones han provocado desplazamientos masivos de fuerzas de seguridad hacia instalaciones deportivas y espacios civiles. Fotos difundidas por medios estatales iraníes muestran hospitales colapsados, mientras que videos verificados por la firma de inteligencia social Storyful confirman la presencia de cuerpos y vehículos dañados en las inmediaciones de estadios y comandos policiales.

El impacto, aunque profundo, sigue siendo objeto de disputa. La propia inteligencia israelí reconoce que la caída de un régimen por vía aérea es extremadamente improbable por la sola fuerza de los ataques. En palabras de Farzin Nadimi, investigador del Washington Institute: “Sería una victoria absoluta para el régimen, con consecuencias previsibles e imprevistas”.

Miles de objetivos atacados

La ofensiva israelí ha cubierto desde instalaciones clave en el corazón de Teherán, como un centro de mando ministerial ubicado en la sede de la Compañía Eléctrica de Irán, hasta 34 instalaciones policiales y de fuerzas especiales en la provincia de Ilam, cerca de la frontera con Irak —una región históricamente tensada por la presencia kurda y movimientos armados locales—. El balance reportado detalla la destrucción de equipos informáticos, vehículos, depósitos de municiones y motos empleadas en el control y disuasión de protestas.

En los últimos días, el uso intensivo de drones ha permitido que Israel pase de afectar nodos estratégicos de mando a hostigar puestos individuales y controles de rutina, con ataques que según el medio matan a pequeños grupos de agentes cada vez —dos a cuatro por incidente— y que han obligado a la reconfiguración constante de los dispositivos de control urbano.

La capacidad de evaluación independiente de estos resultados es reducida por el cierre de la internet iraní y la detención de quienes difunden imágenes de los ataques.

El futuro inmediato depende, según la hipótesis del sector de inteligencia israelí citado por The Wall Street Journal, del desgaste económico y social interno. El deterioro de la economía iraní y el aumento de la ira popular, consideran, harán insostenible la continuidad del régimen a mediano plazo, pero la decisión final recaerá sobre los propios ciudadanos iraníes.

Las fuerzas de seguridad mantienen la represión, pero la erosión administrativa y la colaboración civil han vuelto visible lo que algunos analistas describen como “un sistema en proceso de descomposición frente a los ojos de la gente”, según Nadimi. A pesar del ritmo de las operaciones, la población expresa temor de que el régimen, aunque debilitado, sobreviva a la ofensiva para emerger aún más radicalizado.

El listado de los altos jerarcas iraníes muertos

1 – Alí Khamenei, líder supremo. Abatido el 28 de febrero.

2 – Mohammad Shirazi, secretario militar principal de Kahmenei, también ultimado el 28 de febrero.

3 – Saleh Asadi, jefe de inteligencia militar; 28 de febrero.

4 – Hossein Jabal Amelian, presidente de la SPND, la organización de investigación de armas nucleares de Irán, mismo día.

5 – Reza Mozaffari-Nia, ex presidente de la SPND, también el 28 de febrero.

6 – Mohsen Darebaghi, general de División. Subdirector de logística e investigación industrial; 28 de febrero.

7 – Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia policial. 28 de febrero.

8 – Bahram Hosseini Motlagh, general de División, jefe de planes y operaciones. Abatido el 28 de febrero.

9 – Majid ibn al-Reza, ministro de Defensa interino; 3 de marzo.

10 – Reza Khazaei, alto comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. 3 de marzo.

11 – Abu Dhar Mohammadi, comandante de la Guardia Revolucioanria. 12 de marzo.

12 – Ali Larijani, jefe de Seguridad Nacional. 17 de marzo.

13 – Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. 17 de marzo.

15 – Ismail Khatib, ministro de Inteligencia. 18 de marzo.