Este miércoles 12 de abril el régimen de Nicolás Maduro anunció el fallecimiento a los 63 años de la ministra Tibisay Lucena, quien entre 2006 y 2020 fue la ejecutora de los fraudes electorales que permitieron al chavismo perpetuarse en el poder.

Por: Gabriel Bastidas – Infobae

Durante los 14 años que estuvo al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Lucena dirigió 18 comicios, varios de ellos señalados de fraudulentos por la oposición y la comunidad internacional.

Su gestión se caracterizó por poner el ente comicial al servicio del chavismo, contribuyendo así a la destrucción de la confianza en el sistema electoral y con el socavamiento de la democracia venezolana, lo que la llevó a ser sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países del mundo.

A continuación algunas de las violaciones e irregularidades electorales cometidas durante la presidencia de Tibisay Lucena en el CNE, que fueron denunciadas por la oposición venezolana y organizaciones de contraloría electoral, como Súmate, en sus 14 años de gestión:

Alteró resultados y no fue transparente:

-Rechazó la auditoría solicitada por el candidato Henrique Capriles Radonski para comparar las actas de escrutinio, cuadernos de votación y papeletas tras las irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales de 2013, en las que el CNE dio ganador a Maduro por una diferencia de menos de 250 mil votos.

-El 30 de agosto de 2017 el CNE realizó las elecciones para escoger los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente chavista, impuesta por el régimen de Nicolás Maduro para socavar la autoridad del Parlamento opositor. La oposición llamó a abstenerse y boicotear la elección. Tras la jornada, Tibisay Lucena anunció que la participación fue del 41,53%. Sin embargo, la empresa Smarmatic, responsable hasta ese entonces de la asistencia técnica en el proceso electoral, denunció que el resultado “fue manipulado” para abultarlo. “Calculamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos”, dijo el responsable de la compañía, Antonio Mugica.

-Unos meses después, el 15 de octubre de 2017, se realizaron elecciones regionales en las que se manipuló el resultado de los comicios en el estado Bolívar, donde había resultado ganador el candidato opositor Andrés Velásquez. Del portal del CNE fueron retirados los resultados que confirmaban la derrota del chavismo, y las actas de totalización fueron alteradas para proclamar a Justo Noguera como vencedor, en representación del PSUV.

Se articuló con otros poderes para vulnerar derechos políticos:

-En 2014, en componenda con el régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional chavista y el Tribunal Supremo de Justicia, convocó elecciones sobrevenidas para alcaldes de los municipios San Diego, en el estado Carabobo, y San Cristóbal, en el estado Táchira, como parte de una acción sincronizada para destituir y encarcelar a los opositores Enzo Scarano y Daniel Ceballos.

-Aplicó la ilegal e inconstitucional decisión administrativa de la Contraloría General de la República de inhabilitar a dirigentes opositores para ocupar cargos públicos, entre ellos María Corina Machado y Leopoldo López, violando los artículos 5, 42, 63 y 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

-Suspendió en octubre de 2016 la solicitud del Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro, acatando decisiones de tribunales penales de primera instancia, sin ejercer la consulta ante ninguna instancia superior.

Manipuló el cronograma electoral a conveniencia del régimen:

-Concedió un período adicional de 4 años a los miembros de los Concejos Municipales, al no convocar a su elección en agosto de 2009, que finalmente fue pospuesta para 2013, violando los artículos 175 de la Constitución y 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

-Otorgó un año de gracia a los alcaldes electos en 2008, que debieron renovarse en 2012, pero finalmente las elecciones se realizaron en 2013, violando los artículos 174 constitucional y 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

-No convocó a las elecciones parciales de Diputado Nominal en la circunscripción 11 del estado Zulia (Municipios Lagunillas, Valmore Rodríguez, Baralt y Simón Bolívar) en 2014, al producirse vacante absoluta.

-Eliminó las elecciones al Parlamento Latinoamericano en 2015, en contra de lo que establecen los artículos 63 y 293 de la Constitución, 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

-Concedió un año de gracia a los gobernadores que debían ser renovados en 2016, al aplazar las elecciones regionales para octubre de 2017.

-Convocó anticipadamente para mayo las elecciones presidenciales correspondientes para diciembre de 2018.

Manipuló el padrón electoral:

-Autorizó cambios en el Registro Electoral cuando ya había cerrado para las elecciones regionales de 16 de diciembre de 2012 y las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, violando flagrantemente los artículos 35 y 40 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

-Manipuló la proyección poblacional para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 para el establecimiento de la Tabla de Cargos y las Circunscripciones Electorales de la Asamblea Nacional (AN), con el fin de beneficiar al PSUV.

-Migró inconsultamente a más de 700 mil venezolanos de sus centros 48 horas antes de la elección e inclusive el mismo día de los comicios, en las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 en el estado Miranda.

No garantizó elecciones justas y equilibradas:

-Permitió y justificó el ventajismo electoral durante todos los procesos electorales que convocó desde 2006 hasta la fecha. El chavismo hizo uso de los recursos y bienes del Estado, en especial de la plataforma de medios de comunicación públicos, con transmisiones especiales y cadenas de radio y televisión presidenciales para promover a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los de la alianza Gran Polo Patriótico (GPP).

-Permitió la coacción y chantaje a empleados públicos y beneficiaros de programas sociales que eran obligados a votar con el acompañamiento de dirigentes del PSUV o intimidados por medio del carnet de la patria.

La Fiscalía del régimen de Venezuela elevó a 76 las órdenes de aprehensión emitidas en el marco de una supuesta “cruzada” anticorrupción que desencadenó la renuncia del poderoso ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab.

AFP

Hasta el momento, 58 personas han sido “privadas de la libertad” como parte de la purga en el chavismo que emprendió el dictador Nicolás Maduro para deshacerse de altos funcionarios y empresarios vinculados con millonarios desfalcos en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La “cruzada anticorrupción” reúne varias investigaciones que han llevado a la realización de 161 allanamientos de lujosas propiedades, vehículos, aviones y dinero en efectivo, mientras aún quedan 18 “órdenes de aprehensión por ejecutar”, indicó en Twitter el fiscal general, Tarek Saab.

En el marco de la principal trama de corrupción, el caso “Pdvsa-Cripto”, el Ministerio Público ha solicitado “53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos a nivel nacional”, detalló el fiscal, en alusión a los hechos detectados en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo involucrado en el manejo de fondos de Petróleos de Venezuela mediante operaciones con criptomonedas.

Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva y que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos”.

Las otras solicitudes de aprehensión, añadió Saab, corresponden a funcionarios de las estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartón de Venezuela, S.A. CartonVenz, además de miembros del poder judicial y de una alcaldía.

Las investigaciones, que comenzaron en octubre pasado, según aseveró el dictador Nicolás Maduro, revelaron “mafias que se incrustaron” en PDVSA, así como en el poder judicial y alcaldías.

El dictador de Caracas cuestionó que varios de sus colaboradores más cercanos, hoy detenidos, llevaban una vida de “nuevos ricos”, de “multimillonarios”, llena de “extravagancias”.

Las personas detenidas por esta investigación pueden enfrentarse a cargos de “apropiación o distracción de patrimonio público, alargamiento o valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, mientras que los empleados públicos también enfrentarán cargos de traición a la patria”, explicó Saab en declaraciones previas sobre este mismo tema.

Pese a que la dictadura sostiene que estas detenciones responden a una “lucha contra la corrupción”, la purga de funcionarios chavistas se debe a una feroz interna entre Maduro y El Aissami. De hecho, gran parte de los aprehendidos son funcionarios cercanos al ex ministro de Petróleo de quien actualmente se desconoce el paradero.

Tras la ridícula demanda en Manhattan que resultó en el procesamiento del ex presidente Donald Trump, el candidato republicano ahora está demandando a su ex abogado Michael Cohen por más de US$ 500 millones de dólares, alegando una violación de su relación abogado-cliente, enriquecimiento ilícito y difamación.

La Derecha Diario

El equipo legal de Trump presentó este miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida un documento de 30 páginas demandando a Cohen y a los fiscales demócratas que participaron de la denuncia que en 2018 llevó a su indagatoria.

“Esta es una acción que surge de los múltiples incumplimientos de Cohen del deber fiduciario, el enriquecimiento ilícito, y los incumplimientos de contrato en virtud del servicio anterior de Cohen como empleado como abogado de Trump“, dice la demanda.

La demanda alega que Cohen violó su relación abogado-cliente al “difundir falsedades” sobre Trump que “probablemente serían vergonzosas o perjudiciales, y participó en otras conductas indebidas“, al tiempo que incumplió los términos contractuales de un acuerdo de confidencialidad que firmó como condición de empleado de la Organización Trump.

La demanda alega que Cohen difundió falsedades sobre Trump “con malas intenciones y con fines totalmente egoístas para enriquecerse y salir de sus problemas legales”.

Cabe recordar que Cohen fue acusado y condenado a 3 años de prisión en 2018 por haberle pagado una suma de US$ 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels dos años antes, en 2016. La mujer había amenazado públicamente con que iba a lanzar un libro contando que tuvo una relación amorosa con Trump poco después de su casamiento con Melania Trump.

Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad con Michael Cohen unos meses antes de las elecciones de ese año, y finalmente no publicó el libro. Pero en 2018, el abogado demócrata Michael Avenatti convenció a Daniels que presentara cargos contra Trump dado que el pago se había hecho en plena campaña presidencial, y podría considerarse un soborno político.

La causa solo pudo encontrar culpable al propio Michael Cohen, ex abogado de Trump, ya que no hubo evidencia de que Trump le había ordenado o reembolsado el dinero, y la justicia dictaminó que Cohen actuó de su propia voluntad sin el conocimiento del entonces candidato a presidente. La situación quedó sellada cuando Avenatti cayó preso en 2019, luego de que se probara que había estafado a Daniels y que le había robado dinero.

Los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York optaron por no acusar a Trump en relación con los supuestos pagos de dinero secreto en 2019. La Comisión Federal de Elecciones (FEC) abandonó su caso sobre el tema en 2021.

Sin embargo, tras la salida del gobierno de Trump, la causa fue revivida por el fiscal demócrata Alvin Bragg, quien decidió continuar con la investigación. Tras dos años más liderando la causa, el fiscal anunció que había conseguido toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra Trump, lo cual hizo la semana pasada.

Cohen logró reducir su pena “entregando” a Trump, a pesar de que él mismo había presentado un documento donde le informaba a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que la suma de dinero pagada a Stormy Daniels provino completamente de fondos personales suyos y que nunca habían sido reembolsados.

Esto constata una obvia falsedad, o le mintió a la FEC o le mintió al fiscal Alvin Bragg. Además, la demanda presentada por Trump detalla la “gran cantidad de declaraciones públicas de Cohen, incluida la publicación de dos libros, una serie de podcasts e innumerables apariciones en los principales medios“, mientras ignora las órdenes de “cese y desista“.

Afirma que Cohen, en los últimos meses, “aumentó la frecuencia y la hostilidad de los actos ilícitos” y “parece haberse envalentonado y continúa repetidamente haciendo declaraciones erróneas y falsas sobre Trump” a través de varias plataformas.

“Tal conducta indebida continua y creciente por parte de Cohen ha alcanzado un crescendo proverbial y no ha dejado a Trump sin otra alternativa que buscar una reparación legal a través de esta acción“, afirma la demanda, y agrega que Trump “ha sufrido un gran daño a la reputación como resultado directo de las infracciones de Cohen“.

En la demanda, aunque no los incluye en la denuncia, menciona que los fiscales demócratas a cargo del caso de Cohen “podrían haber abusado de su poder para extraer una declaración falsa”, convenciéndolo de que cambie su declaración y utilice su nueva posición para ganar dinero.

Trump exige que Cohen pague “daños reales, compensatorios, incidentales y punitivos por un monto que se determinará en el juicio, pero que se espera supere sustancialmente los 500 millones de dólares”.