Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos de lujo en un país quebrado, las llamadas muñecas de PDVSA que comparten el mismo cirujano plástico, todo mezclado además con cuentos de conspiraciones y traiciones, todo ello además narrado con las nuevas jergas de las criptomonedas. Una trama difícil de seguir y, por supuesto, de entender. ¿Qué pasó?
Cuentas Claras Digital
La puesta en escena es la siguiente: en cuestión de menos de un mes, queda buena parte del equipo de Tareck El Aissami tras las rejas – los mismos que ocuparon cargos relevantes en el ejecutivo y en la nomenclatura del régimen-, el hasta hace poco super ministro de Maduro, desaparecido, y un hueco, en lo que eran sus dominios, de cerca de 24 mil millones de dólares de las arcas de PDVSA, es decir, casi un año de facturación de las exportaciones petroleras.
La vuelta
El negocio petrolero en Venezuela, por la ineficacia de la gerencia del régimen y el impacto de las sanciones, terminó convertido en una operación muy parecida a la del “negocio” del narcotráfico: Barcos que en alta mar suspenden sus sistemas de identificación, manejo de grandes sumas de efectivo y utilización de mecanismos con criptomonedas para ocultar los flujos de ingresos.
Si a eso sumamos – lo que hace todavía más cercano el parecido – a las llamadas muñecas del petróleo, exhibiendo un lujo obsceno y los últimos adelantos de la cirugía plástica, la trama de corrupción recién revelada hace demasiado evidente la analogía de la corrupción en PDVSA con cualquier capítulo de una serie de narcos.
Es realmente tragicómico escuchar a Rafael Ramírez, el mismo que comenzó la destrucción de PDVSA, pontificar ahora sobre transparencia y buen manejo financiero. Sin embargo, no deja de ser cierto que las sanciones le dieron una patente adicional al régimen de Maduro para asimilar el negocio petrolero venezolano a las prácticas de los oscuros negocios ilícitos. En la época de Ramírez, cuando comenzó la PDVSA “roja rojita”, los mismos eran posibles dentro de la ortodoxia de la corrupción del régimen: discrecionalidad para seleccionar a operadores y licuar a través del mercado cambiario con el “negocio” del diferencial, la selección de contratistas previo cobro de las respectivas comisiones y la utilización de familiares, como su cuñado Baldo Sansó, para entenderse con las empresas extranjeras, entre otras irregularidades. Ramírez llegó a convertirse en un maestro en estas artes. Todas ellas, prácticas que significaron un descalabro sin precedentes y son el origen de la situación actual. Pero, ciertamente, las sanciones iniciaron una nueva etapa.
En octubre de 2020, la falsa asamblea nacional constituyente integrada exclusivamente por miembros del PSUV, aprobó la Ley Antibloqueo la cual en la práctica le dio estatus legal al secretismo de las acciones del régimen. En términos muy sencillos, con la surrealista excusa de preservar los derechos humanos, le otorgaba a Maduro y a todos los entes del Estado venezolano, la facultad de saltarse los precarios mecanismos de control existentes: registro, selección de intermediarios, formas de pago y auditorías. ¿Qué significa en la práctica? Pues bien, mucho de lo que ahora se conoce: intermediarios seleccionados a dedo, pagos que no entran a la tesorería de PDVSA sino que se quedan en los bolsillos de la élite madurista, barcos fantasmas que intercambian cargas en alta mar y a los que no se les exige las garantías correspondientes, algunas tan insólitas como cuentas abiertas a nombre de testaferros. En definitiva, la industria petrolera venezolana operando con las mismas reglas de los negocios ilegales.
Las fases del negocio
En términos muy sencillos, el negocio petrolero dirigido bajo esas reglas tiene diferentes fases. La entrega de la mercancía, en este caso la venta de petróleo y el transporte. La facturación y su cobro. Y por último, el pago de compromisos y reciclaje del flujo para continuar la operación. En cada una de esas fases, el “negocio” tiene operaciones muy similares a las del lavado de dinero, en particular, porque los operadores tienen que ocultar el origen del negocio y tienen que utilizar toda clase de artilugios para evadir los controles.
En la primera fase, la venta y el transporte, el gobierno de Maduro ha utilizado varias opciones. En los primeros momentos, la mercancía era entregada en puertos venezolanos a socios como Irán o Rusia, que se encargaban luego de la comercialización. En especial Rusia, cuando a partir de 2018, se imponen sanciones a la comercialización del crudo venezolano. Fue un actor central para eludir las sanciones. Cuando en 2019 se extienden las sanciones hasta la empresa rusa Rosfnet, PDVSA comienza a utilizar de manera ilegal intermediaros privados que, luego de apagar los controles de navegación (go dark) de sus buques, traspasan la carga en alta mar a revendedores que la llevan a su destino final, en la mayoría de los casos, China, Indonesia o India. Historias de barcos – algunos verdaderas chatarras – que navegan sin identificación o con nombres de otras naves, abundan en las reseñas periodísticas de Reuters y Bloomberg de 2020 y 2021. Historias muy similares a las de avionetas volando a baja altura para evadir radares o mini submarinos que utilizan los carteles de las drogas. Con ese tipo de prácticas además es muy común saltar de un intermediario a otro, algo, de nuevo, muy similar al modus operandi de los narcos.
En la segunda fase, la facturación y cobro, aparecen las criptomonedas y también otra gama muy diversa de intermediarios. Las sanciones básicamente significan que PDVSA no puede utilizar el sistema financiero tradicional para mover sus capitales. PDVSA no tiene cuentas recolectoras en las monedas del comercio regular, está obligada a usar mecanismos alternativos e incluso figuras muy parecidas a las utilizadas por testaferros y lavadores profesionales de dinero. Es allí donde aparecen las criptomonedas.
El mercado de las cripto es bastante grande, aunque todavía está muy lejos de alcanzar un tamaño que le permita competir con los mecanismos más tradicionales. Hoy en día las transacciones en critpo representan menos del 1.5% de las transacciones que pasan por SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Las transacciones en cripto básicamente toman dos modalidades, una directa que no involucra intermediarios, las llamadas “P2P”, en la cual se intercambian las claves que involucran las transferencias de activos, y la otra, a través de intermediarios, las llamadas exchanges que realizan la compensación de las transacciones. Las dos formas son muy utilizadas para esconder el origen de las transacciones.
La utilización de las criptomonedas en el lavado
Cualquiera puede abrir una billetera, wallet o monedero de criptomonedas para realizar las operaciones de recepción y envío a través de la red blockchain de cada criptomoneda. Ni siquiera necesita un computador, basta un teléfono inteligente y utilizar una plataforma como Coinomi, una de las mas populares, y ya puede transferir y recibir activos. No hay preguntas, no es necesario llenar una planilla ni abrir una cuenta, ni copias de pasaportes, en resumen, no hay un mecanismo de cumplimiento o compliance que permita identificar a las partes involucradas, sólo tener un número telefónico. Si bien las transacciones pueden ser rastreadas, para ello es necesario hacer la auditoria del blockchain e identificar las billeteras involucradas, pero de allí a establecer la identidad de las personas implicadas, es casi imposible. Lo máximo que puede ubicarse son las direcciones IP que participaron en las transacciones.
La complejidad del negocio a veces conlleva a que PDVSA sólo compense luego que entrega el producto, lo que la expone a permanecer varios días al descubierto, con todo el riesgo de impago del lado de la petrolera. En muchos casos, quedando en las manos del intermediario, por cuanto el pago no llega directamente a las cuentas de PDVSA, pasando un tiempo considerable hasta la compensación final. La operación tiene complejidades adicionales. El lavado con criptomonedas a veces requiere saltar de una plataforma a otra, de una más trasparente a otra más oscura, y finalmente llegar a plataformas que terminan siendo el lugar de encuentro de cuanto negocio ilícito hay en el mundo, previo el pago de sobornos y altas comisiones.
El Bitcoin es la criptomoneda de mayor profundidad. A precios actuales estamos hablando de cerca de 550 mil millones de dólares en circulación, pero saltar de Bitcoins a Ethereum, la moneda que le sigue en tamaño, significa pasar a un mercado de la mitad de profundidad. El cambio de plataforma en muchos casos también significa cambiar de moneda y de intermediario para hacer más difícil el rastreo de las operaciones. Es conocido el caso de bolsas de intercambio o exchanges que funcionan en países europeos, Rusia, Turquía, Bulgaria; intermediarios como Hydra y Bitzlato, ambas de origen ruso y sancionadas recientemente por el Departamento del Tesoro de EEUU. Esos mecanismos funcionan de forma similar a las lavanderías utilizadas por Al Capone, que dio lugar al término lavado de dinero. Realizar esas transacciones resulta costoso y los márgenes, para los intermediarios, abultados.
El mecanismo de intercambio directo siempre tiene la dificultad de que en algún momento necesita tocar la puerta del sistema financiero formal. Es decir, se pueden intercambiar volúmenes de criptomonedas, pero aún no es posible manejar grandes cantidades, sin identificar la otra punta de la transacción, por ejemplo, pagar a proveedores formales que están monitoreados por sus respectivas autoridades fiscales y monetarias de sus países de origen. Es allí donde aparecen las figuras de los exchanges, instituciones que funcionan como custodios, intermediarios centralizados que sirven de compensación para las transacciones en criptos. Se estima que del total de transacciones de dinero ilícito que pasa por el mundo de las criptomonedas, una cifra que ha ido creciendo de forma exponencial, en 2022 los exchanges manejaron cerca del 70% de las transacciones, equivalente a 18 mil millones de dólares.
El atractivo de los exchanges para el “negocio” de lavado es que se convierten en un vehículo de acceso al mercado financiero tradicional. Allí se pueden transar criptomonedas, también es posible hacer el cambio a dólares o euros.
En el marco de las sanciones, PDVSA no sólo necesita ocultar el origen de la transacción, también requiere recibir flujo de efectivo que pueda utilizar para cubrir compromisos de pago. De allí el parecido del actual negocio petrolero venezolano con actividades ilícitas como el narcotráfico, que también necesita de toda una tecnológica transaccional para manejar efectivo. No por casualidad el tipo de operadores financieros que requiere hoy el negocio petrolero venezolano, sale de las mismas escuelas que forman operadores financieros para el narcotráfico.
La fase de facturación y cobro, precisa de una última etapa que involucra la transformación de las cripto en dólares o euros, y además el manejo de una porción de esas transacciones en efectivo, sobre todo para atender necesidades de pago en el mercado doméstico.
Esas tres fases, el traslado de la mercancía, el cobro y el manejo de efectivo, por lo general involucran operadores separados o con algún nivel de integración, pero que al final contemplan diferentes alcabalas e innumerables comisiones que se dejan en el camino. En las operaciones del narcotráfico existen expertos contables con un nivel de integración alto en el cual el costo de toda la transacción está calculado con especial cuidado para minimizar las pérdidas del “negocio”.
En contraste, el régimen de Maduro se ha caracterizado por el desorden y la seguidilla de historias de intermediarios, subalternos y operadores que se quedan con una parte importante del “negocio”, como ha sucedido en varios casos que hemos reseñado en estas páginas.
En la trama actual, la arquitectura requiere de actores que puedan ocultar la identidad del origen de las transacciones, por eso la creación de numerosos intermediarios que esconden sus identidades. En el caso venezolano, con todo el desorden que siempre ha caracterizado al chavismo y al madurismo, no es de extrañar que el desastre contable del régimen de lugar a situaciones en las que el jefe no tiene muy claro cuáles son los distintos costos de la operación. De hecho, no es la primera vez que el chavismo se pone en manos de intermediarios que terminan tumbándolo, como se dice en el lenguaje de las operaciones turbias. Recordarán el caso de Francisco Illaramendi con el fondo de pensiones de PDVSA, o el de Víctor Vargas con la compra de Televen. Más recientemente, destacan las prebendas a favor de dos de los proveedores favoritos de Miraflores, Alex Saab y Álvaro Pulido, en el intercambio de petróleo por alimentos, que dejaron facturas pendientes por mas de 1.500 millones de dólares.
El rol de Tareck El Aissami
Es claro que desde 2018 a Tareck El Aisami le dieron la responsabilidad de montar el mecanismo, la operación de venta, los cobros y el manejo de efectivo, y con ese mandato, la responsabilidad de toda la operación.
Algunos se preguntan qué tienen que ver la Sunacrip, las noches de vallenato en Dubái, las muñecas del petróleo, la venta de petróleo, los concesionarios de vehículos de lujo y los grupos de delincuencia organizada conocidos como los trenes, con toda esta historia en la que aparecen facturas por cobrar por cerca de 21 mil millones. En realidad, todo esta relacionado, sólo que al estilo venezolano. La gran licuadora en la que se ha convertido la economía nacional, propicia la mezcla del dinero bien habido con el ilegal, con predominio de este último. Los dólares provenientes de la corrupción y del tráfico de drogas, entre otros delitos, se licúan en el ámbito de un Estado donde todo es corrupción. Como hemos dicho, un Estado delincuente.
La excusa era evadir las sanciones. El mecanismo que montó Tareck requería de empresas de maletín, intermediarios petroleros, financieros, bancarios y de criptomonedas, en lugares privilegiados como Dubái, bancos similares al OCBC, un gigante de mas de 500 mil millones en activos, con la capacidad de triangular operaciones en China, Singapur y Dubai, o el mayor banco ruso Sberbank, con más de cien millones de clientes que tiene una plataforma compatible con Ethereum, o un intermediario de criptos como Binance, que opera bajo permiso de la autoridad financiera de los Emiratos Árabes; de empresas y cuentas que sirvan de testaferros en el exterior, y de compañías y operadores en Venezuela capaces de manejar grandes cantidades de efectivo como concesionarios de vehículos, restaurantes, casinos, empresas de construcción, que funcionen como nodos en la estructura del lavado financiero de PDVSA.
El efectivo que circula hoy en la economía venezolana tiene un demandante final que es el Estado venezolano. Hay mecanismos donde parte de ese efectivo proviene de la contrapartida de las operaciones petroleras, por cierto transportado en contenedores en los mismos barcos que van a buscar el petróleo, o a través de valijas diplomáticas, pero otra parte, es la captación que hace el gobierno venezolano a través de esos nodos de corrupción que permiten el lavado de dólares.
Aissami había pensado además anexar a todo ese mecanismo de lavado, la plataforma del Petro. Solo que algunas ingenuidades, como por ejemplo pretender que su precio fuese fijo, impidió que finalmente tomase vuelo. En definitiva, nadie estaba dispuesto a aceptar Petros, como nadie está dispuesto tampoco a tomar bolívares cuando el control del chorro lo tiene el régimen de Maduro.
El efectivo
Una peculiaridad de esta modalidad de los “negociados” subterráneos del régimen de Maduro es que cobra en criptos las ventas de oro y petróleo, pero luego necesita efectivo, especialmente para sus transacciones domésticas. El Estado necesita un mínimo aproximado de 300 millones de dólares mensuales en efectivo para cumplir con el complemento de pago de funcionarios, militares, alta nómina, parlamentarios, diplomáticos, etc. Parte de ese efectivo viene de afuera, en barcos y aviones, de los países alineados con el régimen. Se estima que en la economía venezolana circula una cifra cercana a los 6 mil millones de dólares, cerca del 8% del producto interno, y casi un 90% de las transacciones monetarias.
Otra porción viene de recoger efectivo en el mercado interno. De allí la conexión con todos los negocios que mueven efectivo, legales e ilegales. Un gran demandante de efectivo es el propio gobierno venezolano. Es una situación que es difícil de explicar, como otros muchos aspectos de la historia. Tradicionalmente, el Estado venezolano era un oferente neto en el mercado cambiario. Eso cambió con el colapso de la industria petrolera y buena parte de la oferta en el mercado era de origen privado. Con el pequeño aumento de la producción petrolera y la recuperación de los precios que tiene lugar en el primer trimestre de 2020, se produce un cambio y el gobierno empieza a actuar más activamente en el mercado cambiario. Ello explica algo de la estabilización de precios. Para El Aissami todo parecía estar soplando a su favor. Sin embargo, las sanciones y, en especial, el endurecimiento con Rusia, lo obligaron a acudir al mercado interno para recoger efectivo.
La conexión Dubái
Mover las operaciones realizadas por PDVSA para ocultar el origen de las transacciones, requería el récipe adecuado: empresas fachada, múltiples mecanismos que no se repitieran mucho, el uso de las criptomonedas y por supuesto, cooperadores en el sistema financiero.
Dubái, tiene características muy favorables para este fin: un sistema financiero que opera en dólares, un registro de empresas que es bastante opaco y además es sede de una de las critpo exchanges más grandes del mundo: Binance, la intermediaria de criptos con operaciones que alcanzan 1 trillón de dólares y casi 130 millones de usuarios. En los Emiratos Árabes además, hay evidencia de que se han establecido diversas compañías que han comercializado petróleo venezolano, lo que hace pensar que el esquema funcionaba, tanto en su rama financiera como en la comercialización de petróleo, integrado en toda la cadena. Se pactaba desde la comercialización, el pago, la vuelta por las critpo y luego la operación financiera con el pago final en dólares, hasta el envío del efectivo a través de diversos operadores. La plaza de Dubái permitía integrar todas las operaciones.
No deben extrañar entonces los videos que aparecen en redes sociales de las celebraciones de algunos allegados a estas operaciones, cuando seguramente se coronaba el cierre de la vuelta de una venta y su correspondiente cobro.
El colapso
Pero, ¿qué ocurrió finalmente?
El Aissami quizás nunca le explicó a los otros jefes de la estructura criminal la magnitud de las comisiones que estaba dejando en el camino. Lamentablemente, su entorno, en especial las amantes y esposas, se empeñaron en ilustrar al régimen, que esas comisiones eran en realidad jugosas. No se les ocurrió mejor plataforma que hacerlo que las populares Ticktok e Instagram. Las muñecas del petróleo se encargaron de mandar el mensaje de lo que Tareck y Hugbel no explicaban en la dirección del PSUV.
Las facturas acumuladas, el hueco en las finanzas de la industria, no tienen una explicación única. El resultado final es que hubo una especie de cesación de pagos, con facturas acumuladas en PDVSA que empezaron a aparecer desde 2020. Allí puede haber de todo pero en especial operadores que se fueron sin pagar – con la cabuya en la pata – lo cual no era difícil de imaginar, dada la naturaleza de la estructura montada sobre la misma volatilidad de las criptomonedas.
Ocurrió que el mundo de las criptos tuvo un bajón importante desde finales del 2021. En noviembre, el Bitcoin llegó a tocar los 64 mil dólares. El mecanismo funcionó mientras las condiciones eran favorables. El precio del petróleo subía, la producción aumentaba, el precio del Bitcoin, disparado. La bicicleta de El Aissami funcionó bien, mientras el Bitcoin subía. El mecanismo de toda la operación: entrega, cobro y conversión de criptomonedas a dólares lleva tiempo. Mas de uno de esos operadores seguramente se iba largo en Bitcoin, de manera que, además de la comisión, agregaban el margen de ganancia del cambio de precios. En una operación que tomaba entre 30 y 60 días para compensar esos márgenes, la ganancia era brutal. En definitiva, el precio que fijaba PDVSA era en dólares y con grandes descuentos pero los operadores pagaban en Bitcoin, con el precio de éste al alza. Era una verdadera fiesta.
Cuando el precio comienza a caer sin freno a partir de noviembre de 2021, la bicicleta financiera comienza a colapsar. Probablemente es ese momento cuando las facturas por cobrar empiezan a acumularse en mayor cuantía. El reporte de Reuters que habla de facturas amontonadas por cerca de 21 mil millones de dólares, probablemente coincide con esa caída en el precio de las criptomonedas. Los operadores comenzaron a correr la arruga y acumular facturas.
¿Cuál es la realidad hoy? No por casualidad en noviembre de 2022, el régimen de Maduro celebraba el acuerdo con Chevron. La producción de Venezuela roza los 700.000 barriles diarios. De esta cantidad, cerca del 80% era manejado por ese circuito después de la imposición de sanciones a Rosfnet. Con el colapso del clan El Aissami, se abre el espacio para Chevron. Sin embargo, el retorno a un negocio petrolero formal, lejos de las modalidades de las operaciones ilícitas aquí descritas, luce aún lejano.
Es imposible adivinar el final. Las purgas en regímenes como el venezolano pueden tener un desenlace inesperado. Stalin liquidó uno tras otro a sus seguidores más célebres, los hacía confesar sus crímenes y luego los ejecutaba. Castro no dudó un instante para liquidar a Arnaldo Ochoa. Pudiese ocurrir que pase lo mismo con Tareck El Aissami. En los regímenes comunistas tanto como en las cleptocracias o en los estados delincuentes, siempre hay alguien al que hay que sacrificar antes del líder o capo.
No sorprende que ahora Maduro, la ministra de Finanzas y vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ex ministro de Petróleo El Aissami y especialmente Tarek William Saab, digan que no sabían nada de lo que estaba pasando y que el responsable final sea el teniente coronel Antonio Pérez Suárez que estaba al frente de la vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA, por cierto, puesto allí por el propio Maduro que anteriormente ya lo había designado en catorce cargos diferentes en menos de diez años. Llama la atención que hace tres años se condenara a dos humildes trabajadores de PDVSA – Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba – por haber denunciado irregularidades ante el Ministerio Público con la contratación de empresas de maletín. Detenidos por el DGCIM, fueron recluidos en calabozos y sometidos a torturas, para luego ser condenados a cinco años de prisión, acusados de espionaje.
En el deber ser de la administración de PDVSA, cuando ésta era una de las empresas mas importantes del mundo, cada semana se realizaba una reunión de conciliación de cuentas entre el ministro de Petróleo y el de Finanzas, para preparar el informe de los ingresos que se recibían por la venta del petróleo al presidente de la República y jefe de la Hacienda Pública. Se trata de la herramienta indispensable para poder calcular la disponibilidad financiera en la ejecución del presupuesto de la nación. Es evidente que la principal responsabilidad del desorden, improvisación y robadera en Pdvsa, como hemos insistido y ratificamos, la tienen Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami.
Puede ser que El Aissami haya sido descubierto conspirando o quizás no le reportó todo al jefe. Puede pasar, sin embargo, muy al estilo del particular realismo mágico venezolano, que todo culmine en un espectáculo de fuegos artificiales, una puesta en escena para reforzar la nefasta aspiración del autócrata Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder.
Un país en el que los jueces, los fiscales, el Contralor, el Fiscal, los diputados del parlamento y la mayoría de los medios de comunicación, están bajo el control absoluto y hegemónico del autócrata Nicolás Maduro, no puede estar sino sumergido en el caos. Por ello es indispensable el cambio político urgente, que reclama la mayoría de los venezolanos, para reconstruir la institucionalidad democrática del país.
