Nicaragua vivió este año una Semana Santa “escandalosa e inaudita” según el sacerdote Edwin Román, a consecuencia de la prohibición a las tradiciones religiosas que impuso esta vez el régimen de Daniel Ortega, y a la represión que ejecutó contra quienes se atrevieron a desafiarlo.
Román, quien se encuentra en el exilio, considera que “esta Semana Santa, a causa de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, crucificado y en fuga”.
El comentario en Twitter del sacerdote se produjo luego de que circularan videos de jóvenes disfrazados de Jesús, con las cruces a cuestas, y otros con trajes de esa época corriendo por las calles del poblado de Nindirí, a 24 kilómetros de Managua, supuestamente para huir de la Policía del régimen.
En otro video, se ve claramente a un policía que le dice a uno de los “Jesús” que pretende salir a la calle con su cruz al hombro que “eso está prohibido”.
Según datos de la investigadora Martha Patricia Molina, en Nicaragua se prohibió la realización de 3.176 procesiones de la Semana Santa de 2023. Este cálculo lo saca Molina al multiplicar las 397 parroquias que existen en Nicaragua por las ocho procesiones que tradicionalmente realizan cada una durante esta semana.
Molina, quien es abogada de profesión, recordó que, con la prohibición de las procesiones religiosas, el régimen nicaragüense viola el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos”.
Aunque ni el gobierno, ni la Policía ni la alta jerarquía católica notificaron formalmente la suspensión de las procesiones en todo el país esta Semana Santa, por separado, y en distintos momentos, diversas parroquias de Nicaragua informaron a su feligresía la suspensión este año de las tradicionales actividades religiosas que se celebran en las calles.
Algunas parroquias adujeron “motivos ajenos” y en otros casos se explica que la decisión se tomó después de la visita de “autoridades policiales”.
Guerra a las universidades
Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha emprendido una batalla no solo contra activistas, religiosos y opositores políticos, sino también contra las universidades, consideradas un símbolo de las protestas de 2018.
Según el Índice de Libertad Académica 2023, que analiza factores como la autonomía institucional de las universidades o la libertad de expresión y de cátedra, Nicaragua se sitúa, de los 179 países que aparecen en el ‘ranking’, en el puesto 12 empezando por el final, entre Irán y China.
El deterioro en la libertad académica ha ido acompañado de otras medidas por parte del régimen que, además de cerrar decenas de universidades, alegando “faltas administrativas”, ha suspendido relaciones diplomáticas con el Vaticano, ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
En su particular campaña de ‘vendetta’ contra las universidades, escenario de las protestas de 2018, el régimen de Daniel Ortega reformó en marzo de 2022 la Ley de Autonomía, por la que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) pasó a ser el único órgano administrativo de la educación superior, representado por los rectores de las instituciones públicas, bajo el control de la dictadura.
“Con la cancelación de la personalidad jurídica también se expropian los bienes de las universidades, que se ponen a disposición del Estado. Lo que hicieron fue convertir las privadas en públicas”, ha explicado a Europa Press Ernesto Medina, ex presidente del CNU, exiliado en Alemania.
En este sentido, ha relatado que cerrar universidades por supuestos errores administrativos es un “sinsentido”. “En un primer momento el objetivo principal era darle un mensaje al resto de las universidades de que o se alineaban (con las posiciones del régimen) o les iba a pasar lo mismo”, ha señalado, agregando que ni los programas educativos ni el profesorado cambian en estas universidades expropiadas, que únicamente son bautizadas con otro nombre.


