En el caso Guyana c. Venezuela, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado, por catorce votos contra uno, la objeción preliminar planteada por Venezuela a la admisibilidad de la demanda interpuesta por Guyana, pidiendo que se confirme la validez jurídica del Laudo de París, del 3 de octubre de 1899. Ésta es una segunda derrota de Venezuela en el procedimiento ante la CIJ en la disputa por el territorio situado al oeste del río Esequibo.

Por: Héctor Faúndez

Sin duda, la posición de Venezuela no se vio fortalecida por la sentencia sobre jurisdicción, dictada por la Corte el 18 de diciembre de 2020, en la que el Tribunal afirmó su competencia para conocer del caso. En esa ocasión, de manera debidamente fundamentada, la Corte desmenuzó y rechazó cada una de las alegaciones de un desafortunado y mal concebido memorándum presentado por Venezuela, para negar la competencia de la Corte en este caso. Si no hubiéramos dicho nada y, simplemente, hubiéramos dejado que la propia Corte -en los términos del artículo 53 de su Estatuto- tuviera que asegurarse de que tenía competencia, tal vez hubiéramos tenido más suerte. Pero prevaleció el criterio de los aficionados que, con su propia lógica anti-cartesiana, quisieron impresionar al Tribunal.

Tampoco luce bien el que ahora se haya rechazado, en forma igualmente contundente, un recurso de inadmisibilidad de la demanda intentado por Venezuela, y que nunca debió haberse presentado. Ya son dos veces en que los argumentos de Venezuela -sobre cuestiones que no tienen que ver con los méritos de la controversia territorial- son desestimados. Evadir lo que realmente importa, y plantear argumentos carentes de toda lógica, perjudica la imagen de Venezuela ante la Corte, y daña la credibilidad de su justa reclamación.

Hasta hace un par de décadas, la posición de Venezuela sobre la controversia por el territorio del Esequibo era muy simple, y se resumía en tres puntos: 1) el proceso arbitral que condujo al laudo de París fue una farsa; 2) el laudo de París es nulo; y 3) el territorio situado al oeste del río Esequibo pertenece histórica y jurídicamente a Venezuela. Con el Acuerdo de Ginebra, a eso se sumó el que las partes se comprometieron a buscar “un arreglo práctico” y mutuamente satisfactorio de la controversia fronteriza. ¿Por qué teníamos que apartarnos de ese guion? ¿Por qué teníamos que recurrir a interpretaciones absurdas del artículo IV del Acuerdo de Ginebra para negar que la Corte tuviera competencia para conocer de este caso? ¿Por qué teníamos que caer en el ridículo, sosteniendo que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte era una “parte indispensable» en este procedimiento? Si se hubiera admitido este argumento, ¿qué ganaba Venezuela? ¿Por qué teníamos que exponernos a que los abogados de Guyana nos dieran una lección magistral de Derecho Internacional sobre una cuestión que no cuenta en esta disputa, y que sabíamos que íbamos a perder?

Que quede claro que ésta no era la batalla decisiva, y que esta decisión no implica una toma de posición, por parte de la Corte, respecto de la cuestión de fondo, sobre la nulidad o validez del laudo y sobre la frontera terrestre definitiva entre ambos países. Pero ya no hay más excusas para eludir entrar en el fondo de la controversia. Ahora, con o sin la participación de Venezuela, el proceso seguirá adelante y, dentro de tres o cuatro años, habrá una sentencia definitiva, que será obligatoria para las partes. Por eso, la participación de Venezuela en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia garantiza que nuestros argumentos serán escuchados.

Lo que queda por saber es si hemos aprovechado el tiempo transcurrido entre el momento en que se interpuso la excepción preliminar y la fecha en que la CIJ ha dictado su fallo sobre este incidente procesal. Imagino que los abogados del gobierno han sabido aprovechar estos diez meses extra, y que ya hay una sólida respuesta a la memoria de Guyana, tanto en lo que se refiere a la nulidad del laudo como en lo concerniente a los títulos históricos y jurídicos sobre el territorio en disputa. Si hemos hecho la tarea, podemos estar tranquilos.

Después de una sentencia que rechaza categóricamente la excepción preliminar de Venezuela, el gobierno venezolano ha emitido un comunicado en el que “celebra” esta decisión, pues -en su opinión- valida los argumentos presentados por los representantes de Venezuela ante la Corte. ¡Si la Corte nos da la razón, entonces no hay nada que temer!

Esta declaración oficial, sin duda sorprendente, concluye con la afirmación, ya hecha letanía, de que “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”. Eso suena muy bien como el lema de una pancarta, o como el eslogan para arengar al pueblo a una batalla. Pero los litigios no se ganan con frases simplonas y vacías de contenido, que suenan como lo que pudiera decir el señor Chauvin, ese soldado de Napoleón del que el chauvinismo toma su nombre. Si pretendemos obtener una sentencia favorable en esta disputa, habrá que perfilar mejor nuestros argumentos y concentrarnos en lo que está en discusión ante la Corte. No necesitamos más tiempo para elaborar la contra memoria que debemos presentar en diciembre próximo ante la Corte.

Preocupa, sin embargo, que, en el antes referido comunicado del gobierno de Venezuela, éste diga que “Venezuela no reconoce el mecanismo judicial” como medio de solución de esta controversia, y que “evaluará” las implicaciones de esta sentencia, sugiriendo que se podría retirar de las fases siguientes del procedimiento pendiente ante la Corte. Cabe recordar que, el 7 de junio pasado, al interponer una excepción preliminar, Venezuela terminó por aceptar la competencia de la Corte, y decidió comparecer en el procedimiento ante ella. Ya hemos designado un juez ad-hoc, ya hemos nombrado al agente y a los agentes alternos del Estado, y ya nos hemos incorporado al procedimiento ante la Corte, lo que hace absurdo que, a estas alturas, volvamos a insistir en que la Corte carece de competencia. Eso ya fue resuelto por la Corte, en su sentencia del 18 de diciembre de 2020, y esa sentencia es obligatoria, del mismo modo que lo será la que se dicte sobre el fondo de esta controversia.

No participar en las fases siguientes del proceso tendrá como único efecto el que Venezuela no podrá hacer oír su voz y sus argumentos en la Corte, y no podrá defender sus derechos e intereses en forma adecuada. Eso hará más probable que se adopte un fallo adverso, el cual será obligatorio, y respecto del cual no procederá recurso alguno. Actuemos con responsabilidad. Venezuela no entendería que, en esta coyuntura, quienes le representan en esta disputa territorial se retiraran del procedimiento que se sigue ante la Corte. Además, ¿por qué hacerlo si, según dice el gobierno, la Corte nos dio la razón?

En el comunicado del gobierno de Venezuela, éste sostiene que el Acuerdo de Ginebra es “el único instrumento válido y vigente para resolver la controversia” sobre el territorio en disputa. Por supuesto que es así, y la Corte lo tuvo muy en cuenta en su sentencia sobre jurisdicción. Lo que le confiere competencia a la Corte en este caso es el Acuerdo de Ginebra. No lo olvidemos, y no tergiversemos los hechos. Según el artículo IV del Acuerdo de Ginebra, salvo que las partes convinieran otra cosa, se facultó al secretario general de la ONU para “escoger” el medio de solución de esta controversia, de entre aquellos indicados por el artículo 33 de la Carta de la ONU. Entre esos medios figura el arreglo judicial, y Venezuela lo tenía muy claro cuando, en el Congreso de la República, se discutió la ratificación de este tratado. Estamos en la Corte como consecuencia del Acuerdo de Ginebra, y en aplicación de éste. En lo personal, considero que, en los términos de dicho Tratado, la Corte no puede resolver esta controversia, porque la función de los tribunales de justicia no es buscar “arreglos prácticos”, sino aplicar el Derecho. Pero eso es otra cuestión.

Éste es el asunto de mayor trascendencia que ha debido enfrentar Venezuela en toda su historia republicana, y que ha marcado el alma de los venezolanos con el sentimiento de que el compromiso arbitral -negociado a espaldas de Venezuela- fue un engaño, que el proceso arbitral fue un fraude, que el laudo de París fue un despojo, que el territorio situado al oeste del río Esequibo pertenece legítimamente a Venezuela, y que ésta es una injusticia histórica que debe ser reparada. Esta vez, estamos ante un Tribunal debidamente constituido, independiente e imparcial, en el que las partes están en igualdad procesal. Nuestras pruebas serán recibidas y nuestros argumentos serán debidamente considerados. Ésta es la oportunidad que Venezuela esperaba para hacer oír su voz y su reclamo. ¡No la desperdiciemos! Depende de nosotros presentar nuestros argumentos de manera convincente. Si quienes nos representan son incapaces de hacer esta tarea, no culpemos a los demás, aceptemos el resultado con madurez, y no inventemos supuestas conspiraciones.

La estrategia seguida hasta el momento ha demostrado ser equivocada. Ya hemos perdido dos, de tres. Venezuela ya ha agotado dos de sus cartuchos, y sólo le queda uno. Si seguimos por ese camino, la sentencia sobre el fondo será igualmente adversa, y con eso se habrá puesto punto final a la legítima reclamación venezolana. ¿Vamos a seguir por ese camino? ¿Sabe el capitán hacia dónde está conduciendo la nave del Estado? ¿O será que el capitán está borracho?

“Más de dos mil millones de personas no disponen de fuentes de energía limpias y se ven obligados a cocinar con combustibles sucios como el carbón, leña, residuos agrícolas y hasta con los excrementos de animales que terminan siendo estiércol”, así lo explica Juan Carlos Sánchez, experto venezolano en todo lo concerniente a la transición energética, proceso del que hace seguimiento, especialmente a todo lo concerniente al tratado vinculante para los representantes de 193 países que firmaron el acuerdo de París, incluso desde el surgimiento del Protocolo de Kioto. Partiendo de ese titular tan llamativo, indagué sobre el hecho y me he conseguido con números datos relevantes que confirman la aseveración del investigador venezolano.

En la pesquisa me tropecé con informaciones provenientes del Perú, país en el que según el censo de 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) “se reportó que el 21,3% de hogares peruanos usaban combustibles contaminantes. Y de acuerdo con un estudio publicado en 2016, más del 95% de la población rural peruana dependía de estos compuestos para cocinar y calentarse. Sin embargo, no solo en los hogares rurales se cocina con leña: en varios de los sectores más vulnerables de Lima también se utiliza este tipo de estufa para preparar los alimentos”. Ese párrafo lo conseguí en un ensayo suscrito por Evelyn Ayala, para quien cocinar con leña puede significar una rutina benigna, “pero cocinar con leña en espacios cerrados es altamente dañino para el medioambiente y la salud”. Ayala advierte que “las estufas de leña son estructuras de ladrillo donde reposa una lámina de metal que sirve para conducir el calor hacia los alimentos. Debajo de ella ocurre la combustión, que es la reacción química entre el oxígeno y un material oxidable”. Lo cierto es que la propia la Organización Mundial de la Salud (OMS) dan sustento al diagnóstico del experto ambientalista Juan Carlos Sánchez, antes citado, ya que, según estudios ordenados por la OMS “alrededor de 2,600 millones de personas en el mundo están siendo afectadas por los gases que emiten las estufas de leña”.

En Colombia también nos tropezamos con esta realidad ya que “aún existen más de 1,2 millones de familias que cocinan totalmente con leña y 1,6 millones de familias que cocinan con leña y otro combustible, según indicó Luis Felipe Gómez Álzate, presidente de Agremgas”. Pero el problema pica y se extiende según el criterio de Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), para quien “la contaminación de la calidad del aire, que en parte deriva de estas prácticas, ha causado 4,2 millones de muertes prematuras anuales en todo el mundo; 91% se producen en países de ingresos bajos y medios como Colombia. Según reportes del Instituto Nacional de la Salud, esta sería la causa de 15.600 fallecimientos en el país”. Según la especialista la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precisado que “en el territorio colombiano puede haber más de 5.000 personas que fallecen debido al uso de leña y carbón en la cocina”.

En Venezuela, un país identificado como poseedor de cuantiosas reservas de hidrocarburos, también se confirma el uso de la leña para cocinar, tal como lo ha denunciado públicamente y con argumentos probatorios el ciudadano Antero Alvarado, director regional de la firma Gas Energy Latín América, quien al hacer referencia a esta situación aseguró que “hay al menos cuatro millones de familias que usan leña para cocinar alguna comida. El problema del gas en Venezuela se sigue complicando. No hay importaciones y levantar producción local requiere inversiones», así lo publicó el señor Antero Alvarado en su cuenta de Twitter.

La paradoja que se resume en el título de esta columna, explota al contrastar estos atrasos en los que subsisten esos millones de seres humanos forzados a cocinar con leña, mientras que avanza el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Está a la orden de la humanidad el arsenal tecnológico que se utiliza para agigantar la evolución de los más variados y sorprendentes servicios digitales empleados por personas en todos los confines del planeta Tierra. De esos laboratorios tecnológicos se promete facilitar las más novedosas ocasiones para que la medicina, los centros de ingeniería, los fabricantes de robots, los planificadores de proyectos económicos y financieros se abran paso ante los ojos de un conglomerado de consumidores enfrascados en un pugilato por ser parte de esa vorágine, en la que se confunden personas cortando leña y otras manipulando su ordenador para acceder a servicios como ChatGPT que ha originado un torbellino de inquietudes en varios sectores de la sociedad.

En el centro de esas polémicas y llamativas contradicciones, se da un debate en torno a las causas y consecuencias del cambio climático y muchos se apuntan a proponer soluciones para que se concrete la anunciada y esperada transición energética. La lucha es frontal entre negacionistas y promotores de las energías verdes o limpias, como la fotovoltaica, la eólica, y la geotérmica, fuentes de energías renovables que son explotadas a la par de las que se obtienen por la hidroeléctrica o vectores como el hidrogeno verde.

Para proteger a la atmósfera de los ataques mediante gases de efecto invernadero que disparan los combustibles fósiles, se coloca sobre el mesón de los técnicos muchos inventos deslumbrantes, como el nuevo sistema para extraer el dióxido de carbono y seguidamente depositarlo en el océano. En Finlandia han concebido un método según el cual es factible atrapar el CO2 del aire hasta tres veces más eficientemente que como lo hacen en la actualidad, ya que lo que se proyecta es transformar ese CO2 en bicarbonato de sodio y almacenarlo de forma segura y mucho más barata en las profundidades del mar. Por otro lado los investigadores de la Universidad de Twente, de los Países Bajos, han logrado desarrollar un material que podría garantizar resolver una de los más sensibles limitaciones para producir hidrogeno verde, como son los elevados costes. Los científicos de esa casa de estudios han concluido que la clave está en la combinación de cinco materiales muy abundantes que los llevaría a prescindir del empleo de los costosos platino e iridio.

Lo insólito es que mientras los científicos son capaces de concluir sus desvelos investigativos con estas novedades, a la misma vez, UNICEF da cuenta de que “unos cinco millones de niños fallecieron antes de cumplir cinco años en 2021 y más de dos millones de niños y jóvenes de entre 5 y 24 años perdieron la vida, principalmente por no contar con asistencia sanitaria adecuada, según el informe del Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez (UN IGME, por sus siglas en inglés)”.

Esas paradojas no las plasmo en esta columna para desestimular, menos para desacreditar el avance de las tecnologías, sino con el propósito de clamar que la inteligencia del ser humano apunte a buscar soluciones a tantas injusticias.

@Alcaldeledezma

Lo primero que buscaron destruir los Nazis en los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial para someter a los pueblos europeos, no fue únicamente su infraestructura y ciudades o tomar el control de las instituciones militares y estatales, fue en especial su moral. ¿De cuál forma? Prohibiendo las tradiciones y cultura propia de los territorios ocupados, para así socavar la autoestima colectiva y debilitar toda resistencia.

De esta manera, prohibieron todo lo que tuviera que ver con las manifestaciones artísticas, tradiciones y la intelectualidad. Cerraron teatros, universidades, escuelas, bibliotecas y hasta casas de formación religiosas, no solo judías, incluso cristianas y católicas. Así sucedió por ejemplo en Polonia, donde Karol Wojtyla, quien luego vino a ser el Papa Juan Pablo II, siendo aún estudiante universitario de dramaturgia y literatura, tuvo que seguir sus clases en la clandestinidad y hacer luego también su seminario (camino al sacerdocio), de la misma manera, clandestinamente, durante esa ocupación nazi en su natal Polonia.

De la misma forma actúa el Comunismo, que al igual que el nazismo, son regímenes totalitarios, donde se suprime al individuo y sus derechos humanos, y donde no existe en lo absoluto el concepto de libertad en el fuero cultural y espiritual. Así sucedió durante la Unión Soviética de Stalin y sus sucesores o la China de Mao Tse Tung.

En nuestro país, Venezuela, el narco-comunismo ha tenido el mismo objetivo de destrucción de la identidad nacional del venezolano, como forma de dominación y supresión de cualquier espíritu de lucha y resistencia.

Vemos un buen ejemplo de lucha y resistencia moral, cultural y espiritual, en el respetado pueblo de Israel, que ha vivido un exilio y diáspora de siglos, pero jamás ha perdido su identidad, tradiciones y cultura como nación y pueblo de Dios.

Nosotros los venezolanos somos ya 7 millones dispersos por el mundo. Una dolorosa diáspora que duele no solo en los corazones de los desterrados, sino de esas madres, abuelas e hijos que quedaron dentro de Venezuela. Una Venezuela que han pretendido desdibujar también en su ideosincrasia, cultura y valores originales.

Así como el pueblo de Israel tiene una tierra prometida, nosotros también tenemos una tierra prometida aquí por la cual debemos luchar en todos los frentes, incluso el cultural y espiritual y es Venezuela libre. Pero para alcanzar esa meta, debemos mantener nuestra identidad nacional y valorar nuestras raíces y darlas a conocer a las nuevas generaciones, así como por siglos lo ha hecho el pueblo hebreo.

… Y es que Venezuela está, donde está cada venezolano que ama a su país no importa donde éste se encuentre. Venezuela está, donde hay un venezolano que con su conducta rinda honor a la tierra que lo vió nacer y que como alguna vez dijo Renny Ottolina, afirme: «Que orgullo es ser venezolano».

Dios bendiga a Venezuela!
Y Dios bendiga al pueblo de Israel…!

Edgard Simón Rodríguez.
Abogado y Político Independiente.