Los líderes opositores le han perdido el miedo al chavismo. Esta semana arrancó la campaña de manera extraoficial de los candidatos que competirán en las primarias de la oposición convocada por la Plataforma Unitaria para los comicios del próximo 22 de octubre.

ABC

Aun cuando faltan dos meses para la inscripción formal de los postulados, los aspirantes impacientes adelantaron su campaña para recorrer el país de punta a punta y conquistar el favor de los electores.

Los aspirantes se enfrentan a una dura prueba en una carrera de largo aliento y con grandes obstáculos en el camino para llegar a ser el candidato unitario de la oposición que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024.

Los principales obstáculos son abatir la desconfianza y la apatía que tienen los venezolanos sobre el sistema electrónico que maneja el Consejo Nacional Electoral (CNE), en caso de que participe en el proceso.

Los venezolanos tienen razones para desconfiar del CNE porque ha tomado parte en 33 elecciones en los últimos 23 años, y a excepción de dos comicios en los que ha ganado la oposición, el resto ha estado marcado por el fraude y la trampa.

La inhabilitación de políticos opositores, impuesta por el régimen chavista, para cercenar su derecho a la participación también es un fuerte obstáculo que los aspirantes decidieron desafiar.

Candidatos

Hay un sin número de aspirantes inhabilitados políticamente, casi todos, según Tomás Guanipa, vicepresidente de asuntos políticos de Primero Justicia, quien insiste en que María Corina Machado se encuentra inhabilitada por lo que no debería inscribirse en las primarias. Esta opinión fue apoyada por el segundo del chavismo, Diosdado Cabello.

«Cuidado con los discursos de inhabilitaciones, en este país estamos inhabilitados todos, todos los venezolanos. Todos tienen derecho a luchar y a ser candidato porque aquí quien habilita e inhabilita es el pueblo», advirtió esta semana Guanipa.

Una docena de postulados por sus propios partidos ya se lanzaron a la carrera de primarias. La lista la encabeza María Corina Machado, seguida por Juan Guaidó, Henrique Capriles, Manuel Rosales, César Pérez Vivas y hasta el comediante chavista Benjamín Rausseo bajo el seudónimo de ‘El Conde del Guácharo’.

Machado, caraqueña de 55 años, es madre de tres hijos, profesora e ingeniero industrial. Es la favorita en los sondeos y ha demostrado que no le tiembla el pulso cuando califica de criminal al régimen de Nicolás Maduro. Siendo diputada en el 2011 ni siquiera titubeó ante el mismísimo Hugo Chávez cuando lo llamó «ladrón» porque sus «expropiaciones eran un robo».

Su verbo encendido ha derivado en más de un ataque físico en su contra por parte de grupos chavistas, pero también de algunos partidos de la oposición que buscan inhabilitarla para sacarla del juego de las primarias donde figura en primer lugar en los sondeos.

Tras su destitución como presidente interino, Juan Guaidó, de 39 años, fue postulado por su propio partido Voluntad Popular para competir en las primarias. Su salida del gobierno interino ocurrida el 5 de enero pasado, después de 4 años de funciones, no ha frenado su aspiración de triunfar en las elecciones internas para ser el abanderado que dr enfrente a Maduro en las presidenciales del próximo año. Guaidó también ha sido inhabilitado por el régimen.

Henrique Capriles, de 50 años, compite por segunda vez en unas primarias de la oposición cuando en 2012 se enfrentó al moribundo Hugo Chávez y por poco le gana la contienda. Al año siguiente compitió con su heredero, Nicolás Maduro, y le ganó las elecciones pero no se atrevió a disputárselas por temor a un supuesto baño de sangre. Los venezolanos nunca le perdonaron que no hubiera tenido el valor de defender la victoria de la oposición en 2013.

El pasado viernes Capriles fue postulado por su partido Primero Justicia mediante un ‘consenso’ no visto en público. El exgobernador de Miranda, también inhabilitado políticamente, ha sido el primer detractor de Guaidó, alegando que el interinato era inútil y se debía eliminar el cargo.

El comediante Benjamín Rausseo, de 62 años, no niega sus vínculos con la familia presidencial de Maduro y posar en los aviones de lujo de los narcosobrinos de la primera dama Cilia Flores. También conocido con su apodo ‘El Conde del Guácharo’ es el picante que adereza la campaña opositora.

Otro candidato es el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, de 70 años, quien fue postulado por su partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Líder regional exitoso cuando fue alcalde de Maracaibo, ahora está en la gobernación del estado petrolero zuliano. También fue el principal adversario de Hugo Chávez en las presidenciales de 2006 y no ganó.

El exgobernador del Táchira César Pérez Vivas, de 66 años, es un incansable luchador opositor del chavismo. Trae un plan de gobierno amplio con énfasis en el desarrollo agrícola y petrolero.

Ante la desconfianza de la gente en el Consejo Nacional Electoral y la supuesta fractura de la oposición, surgió entre “las cenizas” la iniciativa de la elección primaria, la cual se alza como una oportunidad para los ciudadanos de escoger democráticamente a un representante que se enfrente de tú a tú contra un régimen chavista que busca perpetuarse en el poder ante los ojos del mundo.

Por: Lucho Suárez – lapatilla.com

La alternativa democrática promovida por los líderes políticos para derrotar a la dictadura chavista siempre ha sido el voto popular, nunca hubo otra herramienta. Para conquistar la victoria en las urnas se necesita un candidato apoyado por los ciudadanos, que derivará de la elección primaria que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre del presente año.

Sin embargo, el camino hacia la primera cita electoral previa a las presidenciales, programadas por el régimen de Nicolás Maduro para el año 2024, ha sido de altas y bajas para el liderazgo opositor, que ha tenido que remar contra corriente para reconquistar la confianza de un pueblo necesitado de soluciones, que teme por otra desilusión y que no quiere postergar “para después” el cambio que necesita el país para salir del hueco en el que lo ha metido la dirigencia chavista durante más de 20 años.

Para llegar a ese punto, el primer gran reto de la Plataforma Unitaria Democrática fue la creación de un ente imparcial, con la responsabilidad de generar confianza en el electorado y que velará con responsabilidad por los derechos al voto libre y transparente.

De ahí nace en noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Primaria al mando de Jesús María Casal, abogado y profesor venezolano, especialista en Derecho Constitucional.

Casal, de 57 años, conversó con lapatilla.com sobre la labor de la Comisión Nacional de Primaria. Aclaró varias dudas sobre el proceso, como las posibilidades de participación de los venezolanos en el exterior, la situación de los candidatos inhabilitados por el chavismo y la integración de los jóvenes al registro electoral como herramienta vital para defender los derechos democráticos y constitucionales de los venezolanos.

Pregunta (P): ¿Cómo pudieran influir las primarias en la anhelada unidad de los opositores, cuando sabemos que están fuertemente fragmentados y cuyas discrepancias parecen no resolverse, sino más bien vienen profundizándose?

Respuesta (R): Hay quienes piensan que las primarias persé son una expresión de la fragmentación de la oposición. Sin embargo, hay que considerar otros aspectos involucrados en este asunto.

Por un lado, recordemos que hay una cierta tradición en la organización de primarias para elegir candidatos de la oposición. Se utilizaron en 2010, 2012, 2015, parcialmente en 2017. Entonces, si tomamos en cuenta esto y, sobre todo, la importancia que tuvieron las primarias de 2012, uno concluye que en su origen, las primarias surgen en un momento de fortaleza de la unidad opositora, de una oposición bastante cohesionada, como fue en aquellos años de la Mesa de la Unidad Democrática.

El contexto actual es diferente. Evidentemente hay una articulación menor entre las fuerzas de oposición, pero las primarias pueden servir para construir una unidad más amplia, más diversa y puede reunificar a las fuerzas de oposición, siempre que se respete el espíritu que la Comisión Nacional de Primaria le quiere dar a este proceso, como un proceso donde hay un clima de respeto entre las partes, un proceso en el cual los elementos programáticos tienen un peso relevante, donde realmente se haga una oferta al país, desde la sociedad democrática, para la construcción del futuro de Venezuela.

Es decir, que el acento no debe estar tanto en las individualidades y sus ambiciones, sino en el gran proyecto de país y en la suma de los esfuerzos de todos para mejorar las condiciones de vida y recuperar la institucionalidad democrática en Venezuela.

P- ¿Cómo hará la Comisión de Primaria para incentivar la participación de la gente, que ha evidenciado hartazgo contra la oposición?

R- Un tema clave es ese precisamente. Nosotros observamos que desde que se anunció la fecha y cronograma de la primaria, hay una gran voluntad por participar. Hay una cierta reconciliación de los ciudadanos con la ruta del voto. El voto en esta fase de la primaria como un proceso ciudadano, pero que nos va preparando para la contienda electoral presidencial de 2024.

Pensamos que para promover esa participación es muy importante crear confianza en el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria. Hasta ahora las señales que recibimos indican que esa confianza existe, puesto que actuamos con absoluta independencia y procurando siempre respetar los derechos de participación de los venezolanos.

Pienso que lo esencial aquí es motivar a los ciudadanos con el proceso de primaria. Que ellos encuentren aquí una oportunidad para recuperar la ilusión en la posibilidad de un futuro promisorio para Venezuela. Y creo que es uno de nuestros grandes propósitos como Comisión Nacional de Primaria: sembrar en el país nuevamente la esperanza que había sido cercenada por tantos factores, por diversas causas. Sembrar nuevamente la esperanza y hacer este recorrido desde aquí hasta el 22 de octubre para cosechar en ese momento todos estos esfuerzos.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar con los jóvenes universitarios, los jóvenes en general, y crear los comités de los jóvenes de apoyo a la primaria, para motivarlos a inscribirse en el registro electoral, a tener presente su ciudadanía electoral como una adquisición valiosa en democracia y para la democratización.

P- ¿Cuál será la logística para que los venezolanos en el exterior puedan votar en las primarias?

R- Esa logística es un tema que todavía se está trabajando, se está definiendo. Hay muchos aspectos a evaluar de carácter organizativo, financiero y muy especialmente de garantías electorales para todas las partes y de participación de los ciudadanos. Todos esos elementos los estamos considerando para los efectos de la logística.

Nosotros mantenemos contactos con venezolanos en todo el mundo. Las asociaciones de venezolanos en el exterior, los comités que se han ido formando en las ciudades de mayor concentración de venezolanos. Ya tuvimos el 13 de diciembre un encuentro en Bogotá con asociaciones de venezolanos en Colombia, y así hemos tratado de mantenerlo en otros países. También nuestros expertos en la materia están en contacto permanente con esas organizaciones de venezolanos en el exterior, y sumando esfuerzos pensamos que eso se llevará adelante con éxito.

Pero repito: los términos precisos y el alcance de ese proceso no se ha definido todavía, estamos trabajando arduamente en eso para poder anunciarlo.

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Minerva Lobo de Rojas es una mujer trabajadora y sencilla, que se levanta de madrugada para atender su negocio Río de Aguas Viva, que a mediados de febrero 2023 obtuvo la mejor venta en su negocio de pasteles y masato. Ella no lo sabía, pero ese día, cuando llegaron temprano a decirle que le comprarían toda la mercancía para un equipo de fútbol que venía de Colombia, arrancaba una parte de la estrategia de Nicolás Maduro para vender una imagen de popularidad y seguridad en la frontera, que él y los equipos de propaganda se encargaron de difundir a través de videos en las redes sociales con mensajes como “qué bonito es recibir el amor del pueblo”.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Maduro y Cilia Flores llegaron acompañados por numerosas personas, a las que llevaban en autobuses del Gobierno, que son los que lo rodean y aplauden. Algunos vecinos de la comunidad se acercaron hasta el sector Agua Blanca que pertenece a Capacho Viejo, municipio Libertad, a unos tres minutos en carro del casco central del municipio; en la vía principal que comunica a Capacho con San Antonio del Táchira, se encuentran los quioscos, que han resurgido después de la pandemia y desde que reabrieron la frontera y se intensificó el paso de vehículos y personas.

“No es mucha gente la que para a comer en esas ventas de comida. De por sí yo iba hacia Cúcuta por lo que pasé como media hora antes que llegará Maduro y los únicos que estaban estacionados eran tres carros del Gobierno sin placas”, le dice a Infobae un joven del pueblo.

Un periodista destacó que “yo estaba frente a la alcaldía cuando subió la caravana de unas 20 camionetas Toyota además de más de 20 vehículos de seguridad; no permitían adelantar a ningún otro vehículo en la vía. No se sabía que Maduro venía ni que pasaría por Capacho; se había dicho que a la frontera iba Delcy Rodríguez, no Maduro”.

En las carreteras de los andes venezolanos es muy común las ventas de pasteles de harina o de yuca, así como empanadas rellenas de diversas carnes, queso, jamón e incluso dulce de guayaba (arasá), papa rellena, morcillas (embutido a base de relleno de sangre y arroz o cerdo); siempre se acompaña de café, avena, jugos de frutas o bebida típica como el masato, hecho con arroz. Uno de esos locales es el de Minerva, quien además es una simpatizante del chavismo, como lo manifestó en conversación con Infobae.

La visita de Maduro a la frontera fue un secreto bien guardado, por lo que causó mucha sorpresa cuando se supo de la misma al ser difundida posteriormente; antes de eso, ni siquiera dirigentes del partido de gobierno sabían de su presencia en la frontera. Quizá no es casual que Capacho sea una zona donde el ELN se ha asentado y se erigen como autoridad, como ocurrió hace dos años cuando una monja tuvo que enfrentarlos.

Desde hace años el Táchira se identificó como una región particularmente en resistencia. Cuando la dirigente de oposición Laidy Gómez ganó, en el 2017, la Gobernación del Táchira, Maduro le inventó un cargo a Freddy Bernal como “protector” para que usurpara las funciones de la mandataria regional, pero además le dio poder con las tenebrosas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que armados hicieron estragos entre la población. Bernal aparece en Táchira fuertemente armado y siempre rodeado con hombres amenazantes que portaban armas largas, incluso en las ruedas de prensa.

Jóvenes asesinados

Zonas donde hacía vida temerarios grupos paramilitares colombianos fueron tomadas, a fuego y sangre, por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien se ha extendido, incluso por las aldeas agrícolas, donde han sometido fácilmente, y con ayuda de funcionarios militares y policiales, a la población.

Adicionalmente el “protectorado” decidía lo relacionado al combustible, alimentos, incluso, con la excusa de la Operación Manos de Papel, allanaron empresas de vehículos, cuyas causas enviaban a fiscales y jueces que decretaban la incautación; los mejores carros eran usados por funcionarios del “protectorado”, algunos terminaron destruidos y otros fueron devueltos a sus dueños, quienes en varios casos tuvieron que pagar para recuperarlos.

Freddy Bernal llevó consigo a su equipo de trabajo, la casi totalidad exportados desde Caracas, donde él siempre hizo vida activa. El “protectorado” decidía quién podía surtirse de combustible, por lo que fue una de las armas más importantes para someter a los grupos generadores de opinión pública. Gremios, sindicatos, grupos políticos, otros, debían enviar al “protectorado” las listas de sus miembros para permitirles, como un privilegio, surtirse de combustible, gas doméstico, bolsas de alimentos, neumáticos y baterías para los vehículos, incluso la cedulación.

El Táchira siempre ha sido un estado muy maltratado con el suministro de combustible, con el abandono de sus carreteras, con la precaria asistencia en salud y educación y brutalmente castigado con numerosas personas detenidas por razones políticas; varios asesinados en protestas públicas, como ocurrió con los estudiantes universitarios José Gregorio Pérez Caicedo (UPEL, junio 2017), Daniel Tinoco (UNET, 2014), Daniel Enrique Rodríguez Quevedo (mayo 2017) y Luigi Ángel Guerrero Ovalles (ULA Táchira, enero 2019), así como el estudiante de bachillerato Kluiberth Roa de 14 años (noviembre 2017) y el joven Eduardo José Marrero (23 enero 2019). Son tantos y tan jóvenes. Todos asesinados con armas de fuego por fuerzas policiales o “colectivos”.

Negocio familiar

El negocio de Minerva es familiar y sin duda una familia trabajadora que cada día ha luchado por levantar el duro negocio de la venta de comida rápida en un lugar complejo como es la frontera. Para ella ha significado mucho lo que ocurrió ese 16 de febrero, no solo por identificarse con el chavismo, sino porque logró vender todo lo que tenía de comida y bebida.

Temprano, como a las 5 de la tarde, vinieron unos muchachos y nos apartaron la comida: dijeron que era para un equipo de fútbol y nos compraron toda la mercancía; nos dijeron que les preparáramos ‘una bandejita bien grande y bonita para que cuando llegue el entrenador me hace el favor y se la entrega’.

—¿Qué debía tener la bandeja?

—La preparamos con los pastelitos de yuca, los pastelitos de trigo, chorizo, cochino y la coloqué en el calentador. Yo les dije a ellos, disculpen que les pregunte, ese equipo de fútbol, ¿de dónde es? Me dijeron ‘de Colombia’. ¿Y son jóvenes o son adultos? “Vienen revueltos’ me dijo el muchacho y se soltó a reír. Ellos estuvieron ahí afuera, sentaditos, tranquilitos.

—¿Cuándo supo usted que era Maduro quien venía?

—Faltando como diez minutos antes; me dijeron que el Presidente venía y no lo creía. Eso es mucha emoción, uno se queda todo bloqueado, no puede ni hablar. Le di la bienvenida a mi Presidente a mi negocio, me salió así de corazón verdad, y enseguida me entré a atenderlo, porque lo atendimos, darle su aguacatico, sus pastelitos, muy chévere el Presidente.

—¿Cuántas personas trabajan en su negocio?

—En el negocio mío trabajamos cuatro: mi esposo, mi hijo, mi cuñada y yo.

—¿Cuántos productos le apartaron los muchachos, imagino que de Casa Militar, cuando fueron a contratar sus servicios?

—Todo lo que había. Yo no sabía que lo que había en mi negocio era tan valioso; ahí en el calentador había bastante mercancía. (Risas).

—Y cuando Maduro llegó, ¿había otras personas en el negocio, personas ajenas o solamente la comitiva que llegó con él?

—No, ahí estaban los muchachos que llegaron temprano, me imagino que son como los escoltas, no sé, allí había unos muchachos. A nosotros nos dijeron que eran de un equipo de futbol, pero uno no está pendiente de eso. Aquí en el negocio cuando los muchachos llegaron a apartar la comida, estábamos la muchacha y yo, pero llamé a mi esposo para que me ayudara y a mi hijo para que me comprara las masitas de trigo para hacer los pastelitos de trigo que me habían mandado a hacer.

—¿Al llegar Maduro también lo hicieron esa cantidad de gente que se vio en los videos y e autobuses?

—Sí, y también salió harta gente de la comunidad.

—¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí?

—Nosotros decimos que como una hora, más o menos. Él atendió al público, la gente lo esperó que él comiera, después que él comió atendió unos casos especiales de aquí de la comunidad, otra de Capacho. En verdad, no pude … una fotico que me tomé, que es la que estaba rodando por todos lados, que por cierto esa parte la cortaron en una rueda de prensa que él dio. No tuve tiempo de hablar con él, llegó todo así de paso rápido.

—¿Desde hace cuánto tiene esa venta de comida?

—Nosotros éramos alquilados, tenemos años aquí. Mi esposo tiene 37 años de estar trabajando aquí en este mismo quiosco. Eso era herencia de la mamá y de una tía y el año pasado lo logramos comprar, gracias a Dios; ahí estamos con mi Diosito, nos hacen falta unos detallitos pero ahí, poco a poco vamos progresando.

—¿Y qué tal la venta?

—Sí ha habido ventica. Y ahorita, en estos días, hemos estado, como dijo usted, famosos. Sí, ellos me compraron eso.

—¿Ustedes han sido tradicionalmente chavistas?

—Sí, nosotros sí. De Agua Blanca nosotros 100 por ciento chavistas, siempre cuando mantuvo mi Presidente Chávez, hemos ido por esa línea.

—¿Cuánto hizo de venta ese día?

—Hice bastante. En dinero me pagaron unos 720 mil pesos colombianos (160 dólares) y piquito. Una cuenta me la pagaron en pesos y otra en dólares.

Más de dos meses después, los acontecimientos del 8 de enero, cuando cientos de manifestantes pro-Bolsonaro invadieron los palacios del poder en Brasilia, parecen haberse convertido ahora en un problema para todos, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por: María Zuppello – Infobae

Lo han sido desde el principio para el ex presidente Jair Messias Bolsonaro, quien, a pesar de haberse ido a vivir a Florida a finales de diciembre, ha sido acusado de ser el principal inspirador de los hechos. Teniendo en cuenta que a estos cargos se suman ahora los de presunta malversación de joyas recibidas como regalo del Reino de Arabia Saudita, según el sitio de noticias UOL, la policía federal podría pedir su detención si no regresa a Brasil antes de abril. Su posible condena por el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo convertiría en inelegible. Su detención, por otra parte, sería un problema para el nuevo gobierno, que según rumores de la prensa brasileña está de hecho en su contra, porque acentuaría la polarización que ya ha dividido al país durante la campaña electoral y convertiría a Bolsonaro en una víctima, si no en un mártir.

El único que permanece en la cárcel es el ex ministro de Justicia Anderson Torres, que pasó a ser secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el que se encuentra Brasilia. Fue detenido el 14 de enero por supuesta omisión durante las depredaciones del 8 de enero, que se produjeron mientras él también se encontraba en Florida de vacaciones. Hace unos días el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes lo autorizó a declarar el 16 de marzo en la investigación del TSE contra Bolsonaro. Torres tendrá que aportar aclaraciones sobre lo que se ha bautizado como “el borrador del golpe”, es decir, una hoja sin firmas encontrada por la Policía en su domicilio que reproducía el texto de un decreto para establecer el estado de defensa que luego cambiaría el resultado de las elecciones. Hasta ahora Torres siempre ha restado importancia a este documento, del que dijo a la Policía Federal que ni siquiera había informado a Bolsonaro “porque no tenía ningún valor”.

Mientras tanto, el diputado bolsonarista Evair Vieira de Mello, del Partido Progresista (PP), registró recientemente en la Cámara un proyecto de ley para modificar la Ley de Acceso a la Información (LAI) con el fin de acceder a las imágenes del palacio presidencial de Planalto durante la invasión del 8 de enero. De hecho, Lula ha mantenido en secreto la versión completa de los vídeos de las cámaras de seguridad durante los ataques. La justificación es que hacer públicas estas imágenes podría poner en peligro la seguridad del edificio.

Pero lo que más asusta a Lula es la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) solicitada por la senadora Soraya Tronicke, del partido Unión Brasil, y la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) propuesta por el diputado federal André Fernandes, ambas sobre los acontecimientos del 8 de enero. Esta última cuenta con el apoyo de 186 diputados y 33 senadores. Fernandes, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, está siendo investigado por el STF por su presunta implicación en los hechos del 8 de enero. El vicepresidente del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, el senador Humberto Costa, declaró ayer que el presidente hará todo lo posible para impedir la instalación de esas dos comisiones. “El gobierno invertirá mucho para que los parlamentarios se convenzan de que ese no es el mejor camino y si el objetivo es la retirada de sus firmas que se haga”, dijo en una entrevista al sitio de noticias Poter 360. Lo paradójico es que el propio Costa había firmado la petición presentada por Tronicke, pero luego cambió de opinión, justificándose en que la “CPI es una herramienta de una minoría de políticos, pero es una herramienta política de disputa”.

Lula ya lleva quince días a la ofensiva contra los diputados que firmaron la solicitud de instalación de las dos comisiones de investigación, amenazando con no pagar “enmiendas individuales” de unos 13 millones de reales, 2,5 millones de dólares. En Twitter, el diputado Ubiratan Sanderson, del PL, escribió que el gobierno ha ofrecido 60 millones de reales, casi 12 millones de dólares, a quienes retiren sus firmas. “Exigiré que los involucrados sean demandados por corrupción activa y pasiva”, agregó. El criticado presupuesto secreto del gobierno de Bolsonaro, que permitía distribuir dinero a los parlamentarios sin rendir cuentas de cómo lo gastaban, fue sustituido por las llamadas “enmiendas individuales” RP2 de Lula ya incluidas en los presupuestos de los distintos ministerios. El mecanismo ha cambiado de nombre, pero no el uso indebido como instrumento de consenso político y presión.

Lula también habría propuesto puestos de relevo a nivel institucional para hacer enterrar la investigación, como informó el diario Estado de São Paulo. “Lula y el PT primero exigieron un castigo ejemplar por los sucesos del 8 de enero, luego denunciaron el ‘terrorismo’ del que decían ser víctimas. Pero por un súbito misterio, el gobierno dio un repentino giro de 180 grados en su furia represiva”, escribe el periodista JR Guzzo en un duro editorial publicado en el diario Gazeta do Povo. “Primero callaron, luego se preocuparon. Hoy se oponen histéricamente a una investigación del Congreso Nacional. ¿Por qué?”, se pregunta el periodista.

Las explicaciones son diversas. En primer lugar, en los últimos dos meses ha quedado claro que la alerta también se había dado por adelantado al gobierno federal, que, sin embargo, no se movió y ni siquiera desplegó la Fuerza Nacional que había anunciado el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino. Además, en una rueda de prensa, el ministro de Economía Fernando Haddad dijo que Lula había renovado la exención sobre la gasolina el 1 de enero “porque había oído hablar de la posibilidad de un intento de golpe de Estado”, sugiriendo que el nuevo gobierno estaba bien informado sobre lo que podía ocurrir y que, efectivamente, ocurrió el 8 de enero. Sería un duro revés para la imagen de Lula, incluso a nivel internacional, si se descubriera que el nuevo gobierno permitió deliberadamente que ocurrieran las depredaciones por puro cálculo político. Incluso en su visita al presidente estadounidense Joe Biden, Lula comparó los acontecimientos del 8 de enero con los del 6 de enero en Washington en 2022 para acercar aún más a los dos gobiernos. Ignorando la gran diferencia, es decir que en EEUU Trump seguía siendo presidente y que el 6 de enero de 2021 el Capitolio estaba abarrotado de parlamentarios para votar el traspaso de poderes a Biden, que asumiría el cargo dos semanas después.

Otra explicación del temor de Lula es su miedo a consumir capital político en su primer año a la presidencia, en el que tiene que aprobar su nuevo marco fiscal y su reforma tributaria. Una CPI podría hacerle perder energía y apoyo político en el Congreso y representaría la primera oposición real y de peso a su gobierno. Mirando fuera del juego político, sin embargo, una comisión de investigación podría ayudar a Brasil a entender lo que pasó para evitar que vuelva a ocurrir, un ejercicio útil en un país que incluso sobre los hechos de la dictadura a pesar de una Comisión de la Verdad no ha sido concluyente a la hora de castigar a los responsables, a diferencia por ejemplo de Chile y Argentina.

Mientras tanto, 528 personas siguen en prisión por las invasiones del 8 de enero. En los últimos meses, el ministro del STF de Moraes ha liberado a 878 manifestantes, 149 de ellos la semana pasada. Responderán en libertad por incitación al crimen y asociación criminal, y en caso de condena serán castigados con multas o con la obligación de realizar trabajos comunitarios. El 8 de enero fueron detenidas 2151 personas, según datos del STF, de las cuales 745 quedaron en libertad casi inmediatamente.