Las ilusiones de que un hombre del pueblo cambiara la política en Perú fueron defraudadas, pero «el rechazo al Congreso es incluso mayor que al depuesto presidente», dice la prensa en alemán, que analiza la crisis.

DW

El diario Die tageszeitung, de Berlín, analiza así la crisis de Peru provocada por el autogolpe de Castillo:

«El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, otrora maestro de escuela rural de Tacabamba, encarnaba para muchos la esperanza de que un hombre del pueblo, políticamente impoluto, acabara con la camarilla política corrupta y elitista. Castillo fue un mal presidente. En lugar de impulsar las tan necesarias reformas, gobernó con la tradicional política clientelar y cayó bajo sospecha de corrupción.

El Congreso, que le era hostil, ha salido victorioso en la lucha por el poder. Por ahora. Sin embargo, la mayoría de los diputados no son ni un ápice mejores.

La destitución de Castillo es un síntoma de la permanente crisis política que vive Perú desde hace años. Desde entonces, muchos peruanos ya no pueden imaginar la democracia sin corrupción. El débil e incompetente Gobierno de Castillo ha reforzado esta dicotomía. Será difícil para la nueva presidenta, Dina Boluarte, superar la polarización política. Porque ella es, políticamente, una hoja en blanco y depende de un Congreso muy impopular. Unas nuevas elecciones legislativas y ejecutivas podrían aportar cierta estabilidad. Pero es dudoso que el Congreso las acepte. Perú necesitaría un reinicio político con reformas de la ley electoral y de la financiación de los partidos, con caras nuevas. Pero estos no están a la vista.»

En Perú, el apoyo a la democracia ha caído más que en otro país

Por su parte, el rotativo Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Francfort del Meno, comenta la crisis peruana con estas palabras: 

«El mandato de Castillo fue caótico desde el principio y estuvo marcado por una constante lucha de poder con el Congreso de la oposición. Durante su mandato, se cambiaron no menos de 80 puestos ministeriales, y Castillo se alejó cada vez más políticamente de su partido de izquierda radical, Perú Libre, para acercarse al centro, con el fin de no perder el apoyo del Congreso. De este modo, logró eludir dos mociones de destitución por ‘incapacidad moral’.

Ahora Dina Boluarte es la sexta jefa de Estado de Perú desde 2018. La Constitución peruana facilita que el Ejecutivo y el Legislativo disuelvan la otra institución. Alegando ‘incapacidad moral’, el Congreso puede iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente de forma relativamente arbitraria. Esta lucha permanente entre los poderes legislativo y ejecutivo se ha endurecido en los últimos años, limitando la capacidad de cualquier presidente para gobernar.

La nueva presidenta, Dina Boluarte, que debe dirigir el país hasta 2026, se enfrenta a la difícil tarea de construir una coalición que garantice su capacidad de gobierno. Boluarte pidió a las fuerzas políticas una ‘tregua’, diálogo y la mayor unidad posible.

Según las encuestas, el 80 por ciento de los peruanos rechaza el Congreso, incluso más que al depuesto presidente. La incapacidad de los políticos para encontrar soluciones a los problemas del país podría hacer que los peruanos pidan salvadores con más fuerza, incluso los que piensan mal de la democracia. Las encuestas muestran que el apoyo a la democracia ha disminuido más en Perú en los últimos años que en otros países de la región».

Sendas promesas no cumplidas

También el medio Neues Deutschland, de Berlín, profundizó en los hechos ocurridos en Perú esta semana: 

 «El nuevo presidente de Perú es, por primera vez, una mujer. Como vicepresidenta, Dina Boluarte ocupa el lugar de Pedro Castillo, destituido. ‘Si botan al presidente, me iré con él’, dijo Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2021, cuando este se enfrentaba a su primer juicio político. Rompió la promesa. Es comprensible. Pedro Castillo, por su parte, declaró pocos meses después de asumir como presidente: ‘No más pobres en un país rico’. Tampoco cumplió.

Tras la disolusión del Congreso por orden de Castillo, Boluarte aseguró rechazar la decisión de provocar el colapso del orden constitucional disolviendo el Congreso. ‘Se trata de un golpe de Estado que agudiza la crisis política e institucional que la sociedad peruana debe superar en estricto apego a la ley’, escribió en Twitter. ‘Siempre he sido de izquierdas y seguiré siéndolo, pero de izquierdas democráticas y no totalitarias’, había afirmado Boluarteo. Boluarte tiene tan poca mayoría en el Congreso como Castillo. El Parlamento está dominado por las fuerzas de derecha y conservadoras. Boluarte lo tendrá difícil para resolver la profunda crisis política del país.»

El pasado 29 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se propone el nombramiento de don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso como Magistrados del Tribunal Constitucional. De este modo, el Gobierno de España abría un nuevo capítulo –el enésimo desde el comienzo de la legislatura– en el burdo asalto de las instituciones del Estado.

La Gaceta de la Iberosfera

La propuesta como Magistrado de alguien que hasta hace año y medio ha sido ministro del mismo Gobierno que ahora propone su nombramiento, generó indignación dentro del Tribunal Constitucional porque algunos magistrados consideran que la elección perjudicaría notablemente la imagen de la institución.

Además, cabe recordar que el candidato propuesto es la misma persona que firmó los indultos a los responsables políticos condenados por el Tribunal Supremo por, entre otros, el delito de sedición, por los hechos perpetrados en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

La propuesta de los dos magistrados del Tribunal Constitucional se enmarca dentro de las que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde hacer al Gobierno. Es preciso recordar que, de los doce Magistrados del Tribunal Constitucional, dos de ellos son nombrados a propuesta del CGPJ y otros dos, lo son a propuesta del Gobierno. Y que, de acuerdo con el art. 159.3 CE, la renovación del tribunal debe hacer por terceras partes (por lo tanto, procedería la renovación de cuatro magistrados).

Hay que contextualizar la propuesta aprobada hace unos días y remontarse a más de un año vista, cuando, a propuesta del PSOE y Unidas Podemos, el 29 de marzo de 2021 las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 4/2021, que introdujo el artículo 570bis en la LOPJ. Esta LO levantó polémica porque cercenaba al CGPJ en funciones (por causa de los principales partidos políticos de este país) muchas de las competencias que le corresponden. Entre las competencias que el CGPJ no podía llevar a cabo, pese a su reconocimiento en la Constitución española (art. 159), se encontraba, precisamente, la de proponer dos magistrados del Tribunal Constitucional.

De este modo, inconscientemente, el Gobierno estaba impidiendo la renovación de una tercera parte de los magistrados del TC.

Y, como el objetivo último era –y es– el control del Tribunal Constitucional para impedir pronunciamientos incómodos para la agenda política de este Gobierno, un año después, de nuevo, a instancias del PSOE y Unidas Podemos, la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, modificaba el artículo 570bis en el único sentido de habilitar al CGPJ para proponer el nombramiento «de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos previstos por el artículo 599.1.1.ª». Es decir que, a partir de la nueva modificación, el CGPJ en funciones sí que podría llevar a cabo tal propuesta. De esta manera, el Gobierno de España pretendía «salvar» el escollo que él mismo había creado, limitando las competencias del CGPJ en funciones, y poder proceder a la renovación de los magistrados del TC.

Como es lógico, el uso torticero de las instituciones del Estado, propició la crítica generalizada de los profesionales –y no profesionales– del sector.

En cualquier caso, al Gobierno todavía le falta un último escollo que salvar, propiciado por la necesaria renovación del Tribunal Constitucional por terceras partes, tal y como exige la Constitución Española. Hay que recordar que, para ello, es preciso que, además de las dos propuestas que le corresponden, también haga lo propio el CGPJ. Sin embargo, este último, absolutamente desmembrado y falto de personal, debido principalmente a la inacción del Gobierno, no quiere –o no puede– entrar en el juego del Gobierno de España y que solo contribuye a la desacreditación de las instituciones españolas.

Por este motivo, el Gobierno en un nuevo capítulo –el enésimo, como se indicaba anteriormente– de uso bananero de los recursos del Estado, pretende ahora introducir una enmienda en la Proposición de Ley que abole el delito de sedición que le habilite para proceder al nombramiento de «sus» magistrados del Tribunal Constitucional.

Con independencia de la inconstitucionalidad de tal previsión, lo que es ya una evidencia es que el Gobierno actúa con una absoluta sensación de impunidad y que todo vale con tal de controlar todos los poderes del Estado con el fin de imponer su agenda política. Y es que no hay institución del Estado que se resista al nombramiento de cargos públicos «a dedo» por parte de este Gobierno. La degradación de las instituciones es tan evidente, tan burda, que ni siquiera se observa el mínimo celo en actuar al amparo de las formas legales.

Habrá que ver, en definitiva, si se materializa el nombramiento de los dos candidatos propuestos por el Gobierno a Magistrados del Tribunal Constitucional, así como confiar en la dignidad y profesionalidad que pueda resultar del resto de Magistrados frente quienes pretenden el asalto de todas las instituciones del Estado.

En un artículo anterior , expliqué por qué el pedido de amnistía de Emily Oster para los fanáticos del confinamiento, las máscaras y las vacunas ha provocado una ira candente.

Por: Ramesh Thakur – Brownstone Institute

Una encuesta de I&I/TIPP realizada del 2 al 4 de noviembre encontró una oposición mayoritaria de 39-35 a la amnistía (Figura 1), y el sentimiento más fuerte fue negativo por un margen desequilibrado de 21-12. Mientras que los demócratas apoyaron la amnistía en un 48-30 por ciento, los republicanos e independientes se opusieron a ella en un 49-27 por ciento. El apoyo a la amnistía se redujo drásticamente según la edad, del 52 por ciento entre las personas de 25 a 44 años a solo el 17 por ciento entre las personas de 65 años o más (mi grupo demográfico). Es interesante, la división de edad.

Se les debe justicia a las víctimas de la crueldad casual, los dictados caprichosos de salud pública y la brutalidad policial. Pero, ¿qué tipo de justicia? Podría ser útil mirar ejemplos de la teoría y la práctica de la justicia penal internacional. El sentido de la justicia, la equidad y la equidad está profundamente arraigado en los seres humanos. Corrige eso. También está profundamente arraigado en algunas especies animales. En los famosos experimentos de equidad realizados por el primatólogo Frans de Waal, se entrenó a monos capuchinos para intercambiar guijarros por rodajas de pepino. Cuando el mono en la jaula adyacente recibió el premio más valioso de una uva, el primero arrojó su ‘recompensa’ de pepino fuera de la jaula con ira. Posteriormente, incluso el segundo mono se negó a aceptar una uva hasta que su compañero también recibió la misma recompensa. este segmentode la charla TED completa de de Waal en 2011 ha sido vista 22 millones de veces, ha recibido 243 000 me gusta y ha sido comentada por más de 15 000. La charla completa tiene casi 5,5 millones de visitas.

El sentimiento de justicia se expresa en normas colectivas y, en sentido general, en leyes. Si la percepción dominante es que la ley se ajusta principalmente a las nociones de equidad y justicia, la extraña anomalía no representará una amenaza para el sistema legal. Pero si se arraiga la percepción opuesta, y se considera que la ley se ha desviado por la tangente de la justicia, entonces el sistema legal —y el principio de una comunidad basada en el estado de derecho— caerá en descrédito y colapsará bajo la peso de la ilegitimidad.

Ese es el riesgo que corremos. Los “deplorables” fueron arrestados, esposados, multados, derribados bruscamente al suelo, les dispararon balas de goma y congelaron sus bienes. Si los responsables de estos actos delictivos no enfrentan consecuencias legales, ¿sobrevivirá intacta la fe en el estado de derecho y el sistema de justicia?

Se hace justicia y se ve que se hace

Vale la pena hacer tres argumentos sobre la relación entre la justicia que se hace (el dominio de la ley) y que se vea que se hace (el dominio de la política): 

• Se puede hacer justicia, pero no parecer que se ha hecho; 
• Por el contrario, se puede ver que se ha hecho justicia, pero que en realidad no se ha hecho. 
• Finalmente, puede verse que no se ha hecho justicia.

Los llamados a la amnistía sin rendición de cuentas corren el riesgo de tener el tercer resultado, razón por la cual el llamado de Oster provocó un rechazo tan apasionado de muchos sectores.

El panorama de la justicia penal internacional ha cambiado drásticamente en las últimas tres décadas. En 1992, los tiranos habrían confiado razonablemente en la garantía de la impunidad soberana por las atrocidades cometidas contra su propio pueblo dentro de sus fronteras. Hoy en día, no hay garantía de enjuiciamiento y rendición de cuentas. Pero ni un solo gobernante brutal puede estar seguro de escapar para siempre de la justicia internacional: la certeza de la impunidad se ha ido.

Los tribunales penales internacionales de la década de 1990 en Ruanda y la ex Yugoslavia, establecidos para juzgar a un número limitado de personas por actividades y regiones específicas, ayudaron a traer esperanza y justicia a algunas víctimas, a combatir la impunidad de algunos perpetradores y a enriquecer la jurisprudencia de derecho internacional humanitario (DIH). Pero eran costosos y requerían mucho tiempo y contribuyeron poco a las capacidades sostenibles para la administración de justicia.

Los defensores esperaban que la permanencia, la identidad institucionalizada y la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional se basarían en los tribunales ad hoc, permitirían escapar de la tiranía de lo episódico y atenuarían las percepciones de justicia selectiva.

Estándares dobles

A pesar de algunos éxitos, las esperanzas que albergaba la CPI en el momento de su creación siguen sin concretarse en su mayoría. La iniciativa de la justicia penal internacional, destinada a proteger a las personas vulnerables de los gobernantes nacionales brutales, se ha convertido en un instrumento de los poderosos contra los países vulnerables.

Se saboteó la probabilidad de que los funcionarios de las principales potencias rindieran cuentas por delitos que violaban el DIH al conectar a la CPI con el Consejo de Seguridad de la ONU dominado por los cinco miembros permanentes con derecho a veto. Esto hace que la ONU sea tan impotente frente a la agresión de Vladimir Putin en Ucrania como lo fue frente a la guerra de Irak de George W. Bush y Tony Blair en 2003.

Las antiguas colonias comparan la retórica actual sobre los derechos humanos con el historial colonial de las principales potencias occidentales y la encuentran deficiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, para mantener a las tropas británicas abastecidas de alimentos, el Reino Unido ignoró una hambruna en Bengala que mató a unos cuatro millones de indios, el mayor desastre del siglo XX en el subcontinente. El primer ministro Winston Churchill rechazó las súplicas de dos virreyes sucesivos y del secretario de Estado del Reino Unido para India de enviar alimentos urgentemente a Bengala. Shashi Tharoor , ex alto funcionario de la ONU, autor y actualmente miembro del parlamento de la India, habló en nombre de muchos indios al preguntar, en un artículo de opinión en The Washington Post en 2018, por qué Hollywood estaba celebrando la vida de un asesino en masa con la película Churchill. .

Nuremberg y Tokio fueron instancias de justicia de los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue así debido al evidente doble rasero en el que los vencedores pusieron a prueba a los líderes y generales de las potencias derrotadas, pero ninguno de los suyos. Era la justicia de los vencedores también en el sentido de que los cálculos políticos dieron forma a las decisiones de los vencedores sobre quién de los líderes y generales derrotados sería juzgado. Aun así, según los estándares históricos, ambos tribunales se destacaron por dar a los líderes derrotados la oportunidad de defender sus acciones en un tribunal de justicia en lugar de ser enviados a una ejecución sumaria. 

Cualquiera que desee comprender el cinismo profundamente arraigado de muchas personas en el Sur global acerca de la creencia autosuficiente en una América excepcional y un Occidente virtuoso debe leer The Blood Telegram (2013) de Gary Bass sobre la cruel indiferencia del presidente Richard Nixon. y el Secretario de Estado Henry Kissinger a los eventos genocidas en Pakistán Oriental en 1971, como se detalla completamente en un telegrama del Cónsul General de EE. UU. Archer Blood (de ahí el título del libro) y 19 colegas del consulado, la Agencia de Ayuda de EE. UU. y la Información. Servicio en Dhaka.

No es de extrañar que en un estudio de Chatham House sobre las percepciones de las élites , en contraste con los europeos que enfatizaban el «liderazgo moral» histórico de Estados Unidos, muchas élites asiáticas consideraban a EE. en su lugar, las prioridades políticas.

Lógicas contradictorias de la paz y la justicia

Las lógicas de la paz y la justicia pueden ser contradictorias. La paz mira hacia el futuro, resuelve problemas e integra, y requiere la reconciliación entre los enemigos del pasado dentro de una comunidad inclusiva. La justicia mira hacia atrás, señala con el dedo y es retributiva, y requiere el juicio y castigo de los perpetradores de crímenes pasados. En medio de la crisis en Libia a principios de 2011, poco después de que la OTAN comenzara sus ataques aéreos autorizados por la ONU para ayudar a proteger a los civiles amenazados de Benghazi, Washington recibió tentativas de paz que insinuaban que Muammar Gaddafi podría estar preparado para considerar compartir el poder o dejar el cargo y el país. . Pero luego Gaddafi y su hijo fueron remitidos a la CPI por la ONU. Eso “ encajonó ” al régimen “en un rincón” e hizo imposible seguir adelante, dijo Mohamed Ismail, asesor del hijo de Gaddafi, Seif.

La CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, en 2009. La Unión Africana (UA) tomó la medida extraordinaria de aconsejar formalmente a todos los miembros que no cooperaran con la CPI en la orden de arresto de Bashir, insistiendo en que “la búsqueda de justicia debe llevarse a cabo de manera que no impida ni ponga en peligro la promoción de la paz ”. En 2013, el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalgen, acusó a la CPI de “cazar” africanos por su raza.

Ian Paisley Jr. , basado en su experiencia como enviado de paz de la ONU y la Unión Europea a Guinea-Bissau, así como negociador de paz en Irlanda del Norte, escribió que la CPI ha fallado “como instrumento para lograr la paz”. Si el tribunal hubiera existido durante el proceso de paz de Irlanda del Norte, su intervención “habría distanciado aún más a viejos enemigos en recriminaciones y hostilidad, obstaculizando la posibilidad de paz”.

Los procesos de justicia penal corren el riesgo de solidificar las mismas divisiones sociales que condujeron a los crímenes de genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Una mejor garantía de protección para las personas es la resolución pacífica de conflictos mediante esfuerzos políticos, seguida del establecimiento y desarrollo de instituciones de buen gobierno. El “enfoque punitivo y retributivo de los juicios” limita la capacidad de avanzar hacia la reconciliación posterior al conflicto por medios alternativos de “garantizar la rendición de cuentas, disuadir la repetición y reconciliar sociedades”, escriben Richard Goldstone y Adam Smith en su libro Instituciones judiciales internacionales (p. 3 ).

Justicia transicional

El enfoque puramente jurídico de la justicia puede atrapar y suspender a las comunidades en el prisma de los odios del pasado. Las comisiones de la verdad, una casa a medio camino entre la justicia de los vencedores y la amnesia colectiva, adoptan un enfoque centrado en las víctimas. Ayudaron a establecer un registro histórico y contribuyeron a conmemorar épocas decisivas en las historias nacionales de Chile y Sudáfrica.

El último caso es especialmente instructivo porque el estado del apartheid fue una causa célebre internacional durante mucho tiempo. Sudáfrica optó por un organismo estatutario establecido por el parlamento, no simplemente por una comisión presidencial. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) tenía poderes de citación que conllevaban la zanahoria de la amnistía total, pero también la vara del enjuiciamiento penal. Celebró audiencias públicas bajo la sombra de árboles en aldeas, así como en iglesias (con el simbolismo concomitante de arrepentimiento y perdón) que fueron televisadas a una audiencia mundial. Para muchas víctimas fue la primera oportunidad de contar sus historias. Durante 30 meses, la CVR fue la historia nacional: convincente, apasionante, conmovedora y catártica.

La versión ruandesa de justicia transicional operaba a través del sistema local gacaca de tribunales populares, cuyo objetivo primordial no era determinar la culpabilidad sino restaurar la armonía y el orden social. Mozambique también ofrece ejemplos exitosos de técnicas de curación comunitarias.

Los tres casos representaron esfuerzos deliberados a través de canales sociales y políticos para escapar de los ciclos de violencia retributiva que surgieron de décadas de tumultuosos conflictos políticos congelados en torno a la identidad comunitaria. Su historial de cerrar legados de salvajismo sistemático en sociedades profundamente conflictivas es superior al de las instituciones de justicia penal internacional.

Las múltiples funciones de la justicia

La justicia tiene muchas más funciones que desempeñar más allá de simplemente hacer que los malhechores rindan cuentas: reconocer el sufrimiento de las víctimas, educar al público y disuadir futuras atrocidades criminales. Las potencias aliadas y del Eje de la Segunda Guerra Mundial están en paz no a pesar de los tribunales de Nuremberg y Tokio, sino también porque la justicia abrió el camino a la reconciliación.

No es posible asegurar una paz duradera sin hacer rendir cuentas a los delincuentes. Sin embargo, no se trata únicamente de decisiones legales, sino de opciones profundamente políticas con complejas compensaciones. La tensión —entre paz, justicia o reconciliación, o paz y reconciliación a través de la justicia— debe reconciliarse caso por caso. La ética de la convicción impone la obligación de enjuiciar a las personas por delitos cometidos en el pasado. La ética de la responsabilidad impone el requisito compensatorio de juzgar la sabiduría de los cursos de acción alternativos sobre la armonía social y la estabilidad política hoy y en el futuro.

Juicios penales para los arquitectos, comisión de la verdad para el resto

¿Cómo se aplica todo esto a la era Covid?

De hecho, existen paralelismos con amargas guerras civiles y conflictos sectarios. Fuimos testigos de políticas extremistas, aplicación de medidas de confinamiento estrictas y mandatos de máscaras y vacunas con uso excesivo de la fuerza y ​​multas elevadas instantáneas, y grupos de población profundamente fracturados donde alguna vez existieron sociedades ampliamente cohesionadas. Las familias fueron separadas y se les negó la oportunidad de llorar juntas la muerte solitaria de sus seres queridos, muchas amistades se rompieron y los negocios familiares cerraron.

Necesitamos, en primer lugar, la responsabilidad penal de los principales líderes y funcionarios responsables de perpetrar los ultrajes más atroces de la política de Covid. Es probable que ni un Senado ni una Comisión Real en Australia y el Reino Unido, ni una comisión presidencial o una investigación del Congreso en los EE. UU. resulten «adecuados para el propósito». La duración de las medidas de emergencia, la escala del daño y la profundidad del trauma es demasiado grande para eso.

En mi opinión, las personas que deberían encontrarse en el banquillo de los acusados ​​por delitos relacionados con la política de covid incluyen al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y, en Australia, personas como Daniel Andrews, primer ministro de Victoria, Michael Gunner, ministro principal del Territorio del Norte y Brad Hazzard, Ministro de Salud de Nueva Gales del Sur.

En septiembre de 2021, Trudeau condenó a los canadienses que protestaban contra los mandatos de vacunas como “ racistas, misóginos ”, “turbas antivacunas” y “ extremistas ”. En enero de 2022, desestimó el Freedom Convoy de camioneros que descendió sobre Ottawa como “una minoría marginal de personas… con puntos de vista inaceptables ”. Canadá impuso el castigo más siniestro de cualquier país nominalmente democrático del mundo al congelar los activos financieros y las cuentas bancarias de los manifestantes y también de cualquiera que les donara dinero, sin necesidad de órdenes judiciales. Sin embargo, admiro el descaro de Trudeau.. Durante la cumbre del G20 en Bali en noviembre, se le grabó diciéndole al presidente de China, Xi Jinping: “en Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco”.

Andrews supervisó algunas de las escenas más espantosas de excesos y brutalidad policial contra manifestantes pacíficos en cualquier parte del mundo democrático.

El 29 de julio de 2021, Hazzard dijo:

Estás siendo extremadamente egoísta si crees que no puedes vacunarte solo porque no quieres vacunarte, bueno, deberías pensar en lo que le estás haciendo a tu familia y a la comunidad, y yo diría que incluso más que eso, qué pellejo tienes, qué ridículo puesto que cuando vas a poner en riesgo al personal de salud, y cuando te enfermes vas a esperar que entres en el hospital y te paguen los contribuyentes.

Gunner entró en un colapso antivacunas el 22 de noviembre de 2021. En este video de la diatriba furiosa, se ve cada centímetro como un fanático con ojos desorbitados:

Si das luz verde, das consuelo, apoyas a cualquiera que se oponga a la vacuna, eres un antivacunas. Su estado de vacunación personal es completamente irrelevante… Si estás ahí afuera de alguna manera, forma o forma haciendo campaña contra el mandato, entonces estás absolutamente en contra de las vacunas. Si dice pro-persuasión, cúbralo. Empújalo…. Nunca dejaré de apoyar las vacunas, y cualquiera que venga por el mandato, está en contra de las vacunas.

El 6 de enero de 2022, difundió la información errónea de que “las personas que no están vacunadas presentan el mayor riesgo de propagar el virus y corren el mayor riesgo de enfermarse gravemente si contraen el virus”. Por alguna razón inexplicable, los verificadores de hechos no lo vieron.

Además, también necesitamos el equivalente de un TRC para la cohorte más grande de «personas influyentes en la salud» de alto perfil de epidemiólogos y expertos médicos, intelectuales públicos, directores ejecutivos de organizaciones del sector público y empresas del sector privado que impusieron mandatos de vacunas y comentaristas de los medios que dieron dar rienda suelta a sus matones internos para avergonzar, vilipendiar, condenar al ostracismo y traumatizar de otra manera a todos los que se atrevieron a pensar por sí mismos y se negaron a seguir para llevarse bien.

Mohsen Shekari, de 23 años, no fue el primer manifestante iraní asesinado el jueves por exigir libertad en las manifestaciones nacionales que han sacudido a Irán desde septiembre. Los grupos de derechos humanos estiman que más de 450 civiles fueron asesinados y unos 18.000 arrestados en los casi tres meses de manifestaciones que se han transformado en una protesta nacional contra el gobierno clerical que el régimen no ha podido contener.

Judith Miller – Fox News

Pero el anuncio del gobierno de la ejecución de Shekari por «hacer la guerra contra Dios» marca una escalada de su campaña para reprimir las protestas que bien podría señalar el comienzo de una fase aún más violenta de su represión.

Si bien Washington ha sancionado a iraníes individuales vinculados a la represión del régimen y ha criticado la campaña «brutal» de violencia e intimidación del gobierno iraní, el presidente Biden aún tiene que condenar al régimen en un discurso importante o suspender oficialmente sus ahora estancados esfuerzos para negociar un regreso a la Acuerdo de 2015 destinado a impedir que Irán construya una bomba nuclear.

Su único apoyo directo a los manifestantes iraníes fue una afirmación improvisada de que Washington iba a «liberar a Irán», una metedura de pata que los funcionarios de la administración rápidamente retrocedieron. Sin embargo, el líder supremo Ali Khamenei y el presidente Ebrahim Raisi lo usaron para acusar a los EE. UU. de tratar de fomentar un cambio de régimen y culpar a la intromisión estadounidense e israelí de las protestas internas más graves en décadas.

Si bien es probable que aumente la presión sobre la administración para que haga más públicamente para ayudar a los manifestantes y castigar a Teherán, Biden debería centrarse en los esfuerzos detrás de escena para proporcionar comunicaciones significativas, inteligencia y apoyo logístico a los manifestantes iraníes y trabajar con sus representantes europeos. y aliados asiáticos para disminuir los ingresos de Irán. También debería suspender oficialmente los esfuerzos estancados durante mucho tiempo para revivir el acuerdo nuclear.

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Un discurso importante de Biden podría consolar a los grupos de derechos humanos y levantar temporalmente el ánimo de los manifestantes, pero es probable que la diplomacia tranquila y el apoyo logístico y de inteligencia para los manifestantes sean más efectivos.

Irán está decidido a sofocar las protestas desencadenadas en septiembre por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por la policía de la moralidad por no cubrirse lo suficiente el cabello. Al mismo tiempo, Teherán ha aumentado discretamente los ataques a sus vecinos. Mientras Washington y sus aliados están comprensiblemente enfocados en la guerra de Rusia en Ucrania, Irán ha estado bombardeando despiadadamente a los kurdos en el vecino Irak, provocando a los barcos estadounidenses en el Golfo Arábigo, atacando a Arabia Saudita e incluso aumentando los esfuerzos para atacar a sus enemigos en suelo estadounidense.

La inteligencia estadounidense y las fuerzas del orden han frustrado afortunadamente los complots contra el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y el periodista estadounidense-iraní residente en Nueva York, Masih Alinejad. Washington también frustró los ataques cibernéticos iraníes contra un hospital infantil, departamentos de policía e infraestructura estadounidense. Pero los funcionarios estadounidenses esperan que tales complots iraníes aumenten.

La agresión de Teherán no será detenida por un discurso presidencial ni por las sanciones existentes de la administración a los funcionarios iraníes. “A los funcionarios iraníes no les importa nada”, dijo David Pollock, un experto en Medio Oriente del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente que se ha centrado recientemente en los ataques mortales de Irán contra los kurdos vecinos.

Las mujeres iraníes quieren deshacerse del régimen de apartheid de género: Masih AlinejadVideo
“Los funcionarios y agentes iraníes no tienen cuentas bancarias estadounidenses y no quieren viajar aquí”. En cambio, dijo, los esfuerzos serios para ayudar a los kurdos y Bagdad a contrarrestar la agresión iraní, por ejemplo, ofreciéndoles un paquete de apoyo de defensa, además de esfuerzos más intensos para privar al régimen de ingresos, tienen «muchas más probabilidades de llamar la atención de Teherán».

Los grupos de derechos humanos dicen que Teherán ha condenado a muerte al menos a una docena de personas por presuntos delitos durante las protestas. Otros 30 están acusados ​​de delitos que podrían acarrear la pena de muerte. Dependiendo de la reacción internacional, el asesinato de Shekari puede ser solo el primero de los atroces asesinatos sancionados judicialmente en Irán.

Gran Bretaña, Alemania y otros gobiernos aliados condenaron de inmediato el anuncio de Irán sobre la ejecución del jueves. Pero para ser disuadido, Teherán tendrá que temer las consecuencias de tal indignación internacional. Washington debe hacer más para apoyar al pueblo iraní , pero no solo con palabras.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró en sus redes sociales la noche del domingo (04.12.2022) que el «control» de los territorios, por años dominados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, «ya es totalmente del Estado».

DW

El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

En este contexto, la madrugada del 3 de diciembre al menos 10.000 elementos de seguridad fueron desplegados en la ciudad de Soyapango, la tercera localidad más poblada de El Salvador y que había sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la alta presencia de las denominadas maras.

La ciudad, ubicada a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador capital, ha sido «cercada» como una estrategia, según las autoridades de Seguridad, para «extraer» a pandilleros que aún no han sido capturados y continuar la «guerra contra las pandillas». De acuerdo con Bukele, «en menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco».

El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada.

En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco.

El Control Territorial ya es totalmente del Estado. pic.twitter.com/JI81dCZXnq

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 5, 2022

«El municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada (…) el control territorial ya es totalmente del Estado», publicó el mandatario.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, justificó el 3 de diciembre la implementación de dicho «cerco» y aseguró que «no afectará a la población honrada», «respetando los derechos humanos».

«No hay ninguna persona honrada que haya sido afectada por el cerco que se ha establecido. La operación está dirigida directamente contra los pandilleros que todavía se andan escondiendo y que generan algún inconveniente a la población honrada (…) es totalmente falso que estas operaciones le van a generar malestar a la población honrada», dijo Merino Monroy en una rueda de prensa.

Soyapango es la segunda ciudad más poblada del Área Metropolitana de San Salvador – integrada por 14 municipios- y la tercera del país, con una población aproximada de 258.921 habitantes.