“La advertencia del historiador Michael Beschloss en MSNBC” de que “nuestros hijos serán arrestados y posiblemente asesinados” si los republicanos toman el Congreso “resumió el discurso final del presidente Biden y sus compañeros demócratas” antes de las elecciones del martes, bromea Jonathan Turley en The Hill.

Editorial The New York Post

“Aparentemente, no son los precios de la gasolina, la economía o el crimen los que una vez más son los principales temas de encuesta para los votantes. En cambio, es democracia o muerte, gas o nietos, tú eliges”. En realidad, “los demócratas, no la democracia, están en peligro en esta elección”.

La “campaña contra los candidatos republicanos por ser extremistas y negadores de las elecciones” de los demócratas es increíblemente deshonesta, ya que gastaron “decenas de millones” apoyando a los candidatos de las primarias republicanas que ahora denuncian. El hecho es que el “mantra de democracia o muerte” de los demócratas es “la difamación de un sistema constitucional que ha demostrado, una y otra vez, estar a la altura de cualquier desafío”, como lo demostraron las elecciones de 2020.

La escasez de Joe golpea a las familias

Más de uno de cada seis hogares está luchando para cumplir con las facturas de energía del hogar: la peor crisis que la Asociación Nacional de Directores de Asistencia de Energía jamás haya documentado, informan Andy Puzder y Jason Isaac en Fox News.

Culpe a los altos costos de la escasez de energía que el presidente Biden prometió crear: “Vamos a deshacernos de los combustibles fósiles”, prometió. Ahora, señalan Puzder e Isaac, los escasos suministros de diesel y gas natural “amenazan con exacerbar. . . problemas de la cadena de suministro, que devastan a las familias estadounidenses”. Los suministros de Deisel se han reducido a 25 días, el nivel más bajo registrado.

Sin embargo, Biden amenaza a las compañías de combustible con aumentos de impuestos. “Aturde la mente. ¿En qué universo económico fomenta la inversión con la amenaza de impuestos más altos en una industria que ya se ha comprometido a destruir?

“¿Cómo se disparó la matrícula universitaria hasta el punto en que muchas familias de clase media deben hipotecar (o volver a hipotecar) sus casas” para pagarla? pregunta Harvey Silverglate en Quillette . “Dos palabras: hinchazón administrativa”.

Yale, por ejemplo, ahora tiene «tanto personal administrativo como estudiantes universitarios». Dicho personal “básicamente ahora dirige una escuela dentro de una escuela” para enseñar “diversidad, antidiscriminación, sustentabilidad”, etc. un solo campus.” Las juntas universitarias “deben arrebatar el control a los burócratas que tienen un interés creado” en este “status quo, independientemente de sus efectos nefastos en estas instituciones académicas”.

El presidente Biden no debería quedarse atrapado tratando de reunir votos sobre la base de amenazas a la democracia, argumenta Kimberly A. Strassel de The Wall Street Journal., pero: “La única agenda que los progresistas permitirán que el presidente venda es una que incluso la Casa Blanca de Biden sabe que es demasiado tóxica para hacer campaña”.

De hecho, “Biden podría haber girado hace mucho tiempo hacia un mensaje que resuena con más del electorado: pro-energía, pro-crecimiento, pro-rectitud fiscal. Pero su base perdería la cabeza”.

Lección para los republicanos: “La mayoría de los estadounidenses están agotados por la histeria, el juicio político, las investigaciones del Congreso en vivo, las teorías de la conspiración y los políticos que siguen destruyendo los estándares y las normas. Quieren una clase gobernante que reconozca sus problemas reales, presente un plan sobrio para abordarlos, participe en un orden regular y, más que nada, cumpla con el requisito básico de actuar como un adulto”.

La rendición de Colombia al dictador Nicolas Maduro en Venezuela es el acto más importante la estrategia para integrar el sistema de delincuencia organizada trasnacional del castrochavismo a las relaciones internacionales. Ante un Maduro, requerido por narcotráfico (cartel de los soles) con 15 millones de dólares por su captura, investigado por “crímenes de lesa humanidad” en la Corte Penal Internacional, en el poder con “terrorismo de estado”, en un “narcoestado” que sostiene el terrorismo y enemigo declarado de Colombia, Petro ha sometido la política exterior de Colombia a las dictaduras/narcoestados del socialismo del siglo XXI.

Por: Carlos Sánchez Berzain – Infobae

Desde que Hugo Chávez convirtió a Venezuela en dictadura y la usó como el centro de financiamiento para la expansión de la dictadura de Cuba con la conspiración más grande contra la democracia en las Américas, la República de Colombia quedó como objetivo principal a controlar y tomar. Desde entonces, Colombia ha sido objeto de la repetición de las agresiones perpetradas en el siglo XX por Cuba mediante las guerrillas terroristas y narcotraficantes como las FARC, ELN, que organizó, entrenó y sostiene ahora desde Venezuela.

El plan de gobierno de Petro se ve encaminado a la subordinación Colombia al liderazgo de Cuba en política internacional y al empobrecimiento acelerado de los colombianos para agregarlos a los millones de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, bolivianos y centroamericanos en crisis humanitaria o al borde de ella. No es que Petro busque ejercer el liderazgo de Latinoamérica, todo lo contrario, pues los hechos demuestran que solo repite acciones ya fracasadas de los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y gobiernos paradictatoriales de Fernández/Kirchner de Argentina y López Obrador de México, en narcotráfico y política internacional, para encubrir las dictaduras de crimen organizado.

Como tema central de política internacional -en su discurso inaugural- Petro proclamó el “fracaso de la lucha contra el narcotráfico”, que repitió en la Asamblea de las Naciones Unidas 2022. Esta narrativa tiene su origen en la década de los 80 del siglo pasado con Fidel Castro que buscaba encubrir el primer narcoestado de la región en que había convertido a Cuba con su sociedad con los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria de Colombia y Roberto Suarez de Bolivia y que trató de finalizar con el fusilamiento de sus enviados Ochoa y de la Guardia. Fue repetido por Chávez desde el 2003, por Juan Manuel Santos 2014 y en la ONU por Evo Morales 2016.

La narrativa castrochavista del fracaso de la lucha contra el narcotráfico es la propuesta de legalizar a los narcos y así convertir en legales los narcoestados que han construido y operan en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Si el narcotráfico deja de ser delito porque la lucha contra estos crímenes supuestamente no funciona, entonces los narcotraficantes como el jefe del régimen de Venezuela y su “cartel de los soles” (todos miembros de la dictadura), los de las FARC y el ELN en Colombia, los capos del sistema en Cuba, Bolivia y Nicaragua, el castrochavismo en general, dejan de ser criminales.

Ninguno de los sostenedores del supuesto fracaso de la lucha contra el narcotráfico dicen que la parte que no funciona es la que ha caído en manos de los jefes de los narcoestados, de sus cómplices y/o de los interesados y beneficiarios en cualquiera de las etapas del narcotráfico. No hay manera de que jefes de narcoestados y sus subordinados luchen contra el narcotráfico como lo demuestra Bolivia con Morales/Arce, Ecuador con Correa, Venezuela con Chávez/Maduro, Cuba con Castro/Diaz-Canel, México con López Obrador y por verse Colombia con Petro.

Petro acaba de perpetrar la rendición incondicional de Colombia ante la dictadura/narcoestado de Venezuela. Ha viajado a territorio del vencedor para decirle a Maduro que tiene a Colombia y a su política internacional y pedir desde ahí a los gobiernos de Latinoamérica -sin decir nada sobre presos políticos, torturas, violaciones a derechos humanos- que la dictadura que ha generado la crisis migratoria más grande de la historia de la región sea tratada como sujeto normal de derecho internacional.

En el aspecto bilateral, la visita no ayudó en nada a la grave situación de la frontera colombo-venezolana en la que opera el crimen organizado sostenido por la dictadura de Venezuela. Como han reclamado 54 organizaciones venezolanas no se menciona “la participación de las víctimas de organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas venezolanas en el proceso de paz total”, que es la propuesta de Petro de “negociar con los grupos armados que por años han causado la violencia que desangra la nación” y convertirla en “política de Estado que incluya a las comunidades con diálogos vinculantes”.

Carlos Sánchez Berzain es Abogado y Politólogo. Director el Interamerican Institute for Democracy

Más de 700 nombres de dueños de compañías de la llamada Ciudad del Sol coinciden con los de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Un cruce de 128.082 oficiales y autoridades de Venezuela con el registro de empresas de Florida advierte que en los más de siete millones de venezolanos en el exterior hay ex funcionarios que mudaron propiedades, negocios y hasta modos de vida, desde el país del control cambiario a la tierra del libre mercado.

Por: Joseph Poliszuk y Antonio María Delgado – Armando.Info

“El compromiso moral de los miembros de la institución es elevado y nos exige estar a la altura de los compromisos del presente sin olvidarnos de nuestros orígenes”, decía a la multitud el orador, en un discurso que recogió la Agencia Bolivariana de Noticias. “Nacimos de la férrea voluntad de nuestro pueblo de liberarnos de las cadenas del imperio, lo cual nos da un carácter antiimperialista, para lo que fue necesaria una revolución”.

Son palabras del almirante Carlos Aniasi Turchio pronunciadas el 14 de julio de 2009 a todos sus compañeros de armas. Ese día se estrenaba como comandante general de la Armada Bolivariana y –desde la Escuela Naval de Venezuela, Almirante Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, enclavada en la Meseta de Mamo de Catia La Mar, a orillas del mar Caribe, en el estado Vargas– no escatimaba en palabras como «lealtad», «revolución» y «antimperialismo».

Decía entonces que “el colonialismo ha evolucionado hacia nuevas y sofisticadas formas de dominación” y que “la respuesta que ante esto ha dado el noble pueblo venezolano es la revolución socialista”. Ahora ya lleva tiempo que no dice lo mismo. Ha optado por el bajo perfil, que conserva 13 años después, también a orillas del mar… Pero en Florida.

Su historia bien puede ser la parábola o metáfora de una trayectoria que han seguido una camada de altos funcionarios que participaron en la construcción e imposición del aparato político de la Venezuela de hoy. Sus juramentos anti-imperialistas no les impidieron a la larga montar tienda en el sur de la Florida, bastión del exilio venezolano en Estados Unidos, anatema consumista para la prédica revolucionaria.

Doral bien vale una compañía

Solo en Miami se encuentran al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa que han registrado empresas y negocios. También hay más de 700 dueños de compañías cuyos nombres coinciden con los de altos funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Armando.info y el Miami Herald sistematizaron y procesaron los datos de más de 128.082 servidores públicos de libre nombramiento y remoción –de 3.050 Gacetas Oficiales del Estado venezolano, que datan desde 2007, en tiempos de Chávez, hasta junio de este año, durante el período de Maduro– y los cruzaron con todas las firmas asentadas en la División de Corporaciones del estado de Florida, visibles en línea en el sitio Sunbiz.org. El resultado advierte que la revolución bolivariana también conduce a Miami. Aunque se cuenten por cientos, en esta serie que hoy se empieza a publicar bajo el título de Miami Nostro, se relatarán varios casos singulares que ilustran la atracción que, si bien siempre ha ejercido el sur de Florida entre los venezolanos, aún surte un efecto especial entre los nuevos ricos con credenciales revolucionarias; las mismas que a la postre no sirvieron de antídoto.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas ya contabiliza 7,1 millones de venezolanos en el exterior. En Estados Unidos hay 484.445 migrantes venezolanos, según el Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas y, al menos, 200.000 de ellos están empadronados en el sur de la Florida. Muchos se concentran en la ciudad de Doral, en el occidente del condado de Miami-Dade, a la que coloquialmente se ha dado en llamar Doralzuela: una localidad con clara presencia venezolana, de tamaño medio, en los hechos. En ese censo, que día a día se va ampliando, también crece a la par el margen de error con posibles homónimos, nombres que resultan comunes en un colectivo venezolano. Pero, todavía así, la trabajosa verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han iniciado emprendimientos en el “imperio mismo” o hasta han migrado allí.

Destacan casos como el del general de Brigada, Jimmy Lenin Guzmán Pinto, que pasó de dirigir empresas públicas como Seguros Horizonte, a aterrizar en la ciudad de Fort Myers de Florida en una firma privada que mantiene activa desde 2019 con el nombre de Latam Risk Consulting 2107 LLC.

Caso similar al del arquitecto Lucas Pou, que pasó a dirigir la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales del último período de Chávez, según consta en la Gaceta Oficial número 40.020 del 2 de octubre de 2012. Reclutado y designado por su amigo y socio –el entonces recién designado ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Sesto, y luego ministro de Cultura– como proyectista y constructor, por ejemplo, de la Villa del Cine de Guarenas y del Hospital Cardiológico Infantil de Montalbán –suroeste de Caracas–, ganó exposición pública con la obra del controversial Mausoleo del Libertador y su característico techo en forma de rampa, adyacente al Panteón Nacional.

En 2015 registró en Miami la empresa IMA Fleet LLC, que disolvió tres años después. En ese entonces, Pou fue objeto de investigación en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por el destino de más de 1.500 millones de dólares con los que la exministra de Salud, Eugenia Sader, llegó a anunciar la construcción de seis hospitales que quedaron en promesas.

En su defensa, dice –en entrevista telefónica– que los responsables del desvío de fondos fueron identificados y que él cumplió con el rol para el que fue contratado. «Yo nunca tuve relación con ese Ministerio de Salud, es decir, una empresa del estado era la responsable y esa empresa me subcontrata a mí el proyecto», recuerda. Del resto, advierte que nunca tuvo un espíritu antiyanqui. «Es una cosa que uno veía», reconoce, pero en su caso no solo tiene simpatías sino vínculos mediante su biasabuelo, abuelo y padre con orígenes puertoriqueños y estadounidenses.

Jugando doble play

La lista puede ser larga. Hay casos curiosos como el Samir Adel Al Attrach, que hizo el camino al revés, de la actividad comercial a la burocracia del Estado chavista: cerró su última empresa de Florida, Mr Caucho Corp, en septiembre de 2017, dos meses antes de ser designado en Emiratos Árabes Unidos como jefe de la misión diplomática de la antimperialista República Bolivariana de Venezuela en Abu Dhabi.

“Fue creada vía online en el año 2015 y posteriormente, uno o dos años después, cerrada”, aclara vía correo electrónico, aunque no fue posible precisar de qué se trataba el negocio.

Aun con un margen de error de nombres homónimos, la verificación de las identidades de esta base de datos de altos funcionarios muestra que, a contracorriente del discurso oficial, muchos de los jerarcas del gobierno han migrado o mantenido negocios en el “imperio mismo”.

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