En el grupo de América Latina y el Caribe, Chile y Costa Rica fueron electos como nuevos integrantes del cuerpo, mientras que la dictadura de Caracas solo obtuvo 88 de los 97 votos mínimos requeridos
Por: Tamara Taraciuk Broner – Infobae
El 11 de octubre, 193 estados miembros de la ONU emitieron sus votos secretos en la Asamblea General de la organización para elegir a miembros del máximo órgano de derechos humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela fue expulsada del Consejo.
Había 17 países que se postulaban a 14 lugares para integrar el consejo, compuesto por 47 naciones, para el período 2023-2025. Venezuela —un país donde expertos independientes de la ONU hallaron evidencias implicando a autoridades de alto nivel en crímenes de lesa humanidad— era uno de los tres candidatos a dos puestos en el grupo de América Latina y el Caribe, compitiendo contra Chile y Costa Rica.
La mayoría de los demás grupos regionales no ofrecían la posibilidad de competir. Las listas regionales donde existe la misma cantidad de candidatos que de vacantes permiten que los candidatos puedan obtener un lugar en el consejo con independencia de si lo merecen o no.
En el grupo de América Latina y el Caribe, los Estados Miembros de la ONU tenían la oportunidad de elegir, y lo hicieron sabiamente. Chile fue electo con 144 votos y Costa Rica con 134, mientras Venezuela solo obtuvo 88 de los 97 votos mínimos requeridos para obtener un puesto.
Con países como China, Eritrea y Cuba ya presentes en el consejo, y tras una elección donde quedaron como miembros otros Estados con un récord nefasto, entre ellos Bangladesh y Vietnam, al órgano de derechos humanos de la ONU le hará bien no contar con Venezuela, un claro ejemplo de torturas, abusos e impunidad.
Venezuela es, de hecho, un ejemplo flagrante de un gobierno que no merece un lugar en el consejo.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sigue reprimiendo a opositores y críticos. Al mes de septiembre, había 244 presos políticos en el país, según cálculos de la organización venezolana Foro Penal. Muchas de esas personas se encuentran en centros de detención administrados por los servicios de inteligencia, a los cuales la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya no tiene acceso. Las personas detenidas han sufrido descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, violencia sexual y otras torturas.
Las fuerzas de seguridad mataron al menos a 19.000 personas entre 2016 y 2019, en incidentes que se registraron oficialmente como “resistencia a la autoridad”, una designación que, en la práctica, incluye casos de ejecuciones extrajudiciales. La represión y la emergencia humanitaria que continúa han obligado a más de 7,1 millones de venezolanos a huir de su país, en lo que representa la mayor crisis migratoria en la región y una de las más graves globalmente.
Desde el año 2020, la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha hallado evidencias de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo documentación sobre la complicidad de fiscales y jueces en la represión estatal. En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió su primera investigación sobre América Latina para analizar los señalamientos sobre delitos internacionales cometidos en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos publicó un informe donde describió en detalle cómo la cadena de mando en la comisión de estos delitos por parte de los servicios de inteligencia involucra al propio Maduro.
Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos renovaron el mandato de esta misión el 7 de octubre, para que pueda continuar documentando los abusos que siguen ocurriendo y asegurar rendición de cuentas. El representante del gobierno venezolano realizó una intervención lamentable en el consejo durante la votación, al intentar —infructuosamente— intimidar a los Estados para que votaran en contra de la resolución. Amenazó con debilitar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y las posibles negociaciones políticas para una transición a la democracia. Le salió mal.
En 2019, Venezuela consiguió por una estrecha diferencia un puesto en el consejo. Desde allí, Venezuela votó contra una resolución del consejo para establecer a un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, a pesar de la represión feroz contra críticos y opositores del gobierno, incluyendo detenciones y procesos penales arbitrarios. Durante el período de sesiones más reciente que tuvo lugar en Ginebra del 12 de septiembre al 7 de octubre, Venezuela votó en contra de debatir el informe elaborado por la Alta Comisionada para los derechos humanos que documenta crímenes de lesa humanidad en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang en China y contra otra resolución que buscaba establecer un relator especial sobre la situación de derechos humanos en Rusia.
La Resolución 60/251 de la Asamblea General de la ONU, por medio de la cual se creó el Consejo de Derechos Humanos, exige a sus miembros “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” en su país y en el extranjero y “cooperar plenamente con el Consejo.”
Todos los países que ocupan un asiento en el consejo deberían estar dispuestos a ser sometidos al escrutinio internacional sobre su récord en derechos humanos. Las autoridades venezolanas han adoptado una estrategia de aparente, pero no genuina, colaboración con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos y ha, de hecho, tratado de impedir el escrutinio por parte de cualquier mecanismo internacional.
Permitir que el gobierno abusivo de Venezuela permanezca en el consejo otros tres años habría debilitado la credibilidad de la ONU, dado que hubiese premiado a las autoridades venezolanas otorgándoles la función de juzgar la situación de los derechos humanos de otros países cuando sus autoridades tratan brutalmente a su propia población.
Ahora, los gobiernos, particularmente de América Latina, con independencia de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deberían seguir buscando formas para promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Venezuela. Ninguna solución negociada para reestablecer la democracia en Venezuela resulta posible sin incentivos, y la presión y el reclamo de rendición de cuentas a nivel internacional, incluyendo en el Consejo de Derechos Humanos, son esenciales para crearlos.
Tamara Taraciuk Broner es subdirectora para las Américas y Martina Rapido Ragozzino es asistente de investigación sénior, ambas de Human Rights Watch.
