No es solo quedarse en la denuncia, comentarla dos semanas y olvidarla como la novela del año pasado. Lo que nos mostró la Misión de Determinación de Hechos es que ningún avance anunciado por el gobierno en materia de derechos humanos es creíble.

Por: Radio Fe y Alegría

En su combo 2×1, describió cómo en Venezuela hay un sistema diseñado para reprimir y así cimentar el control del poder del gobierno. Como dice Marta Valiñas, presidenta de la Misión, los involucrados “muestran que los actos violentos no fueron realizados por individuos al azar y desconectados”.

Y la ñapa viene por cuenta de la minería. La Misión también le echó un ojo a la sistematización de las violaciones y crímenes hacia las poblaciones en las zonas de extracción de oro. Acá, todo el crédito de las violaciones se lo llevan tanto funcionarios estatales como grupos irregulares. Además, el informe ofrece mayores datos sobre la represión a los indígenas en 2019.

Para el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, este informe evidencia cómo en Venezuela no se investiga a las cadenas de mando y cómo se establecen mecanismos para lograr la impunidad de la represión, porque precisamente está involucrado la crème de la crème del Estado: “El informe desmiente toda la propaganda oficialista acerca del mejoramiento de la justicia, muestra que no hay poder judicial independiente e imparcial que juzgue estos crímenes”.

Esto ya lo sabíamos, es cierto, pero es muy distinto que te lo cuente un vecino a que te lo cuente una Misión de expertos de la ONU después de 246 entrevistas: el Dgcim y el Sebin son los principales torturadores en Venezuela, pero no actúan solos. Fanb, Sebin, Faes, Cicpc, Ministerio Público, Dgcim, colectivos y autoridades locales se han coordinado para ejecutar un plan: “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno de Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno”, incluyendo sus amigos y familiares.

Lo que no había podido demostrar la Misión, y que ahora queda muy claro, es que no estamos hablando de simples ovejas negras dentro del gobierno, sino de torturadores reclutados y entrenados por el aparato del Estado para ejecutar ese plan. Según se desprende de las entrevistas, Maduro tiene completo control de la Dgcim, pero con frecuencia consulta a asesores para impartir órdenes: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y el Ministro del Interior, por ejemplo. Estos, a su vez, controlan al Sebin.

Además de sus propios funcionarios que actúan como parte de la institucionalización de la tortura, y cuyos nombres podrás ver más abajo, tanto el Dgcim como el Sebin tienen una suerte de nómina paralela que no figura administrativamente, pero que hace el trabajo sucio. Son miembros de colectivos, o jóvenes de barriadas en todo el país seleccionados bajo un ojo fino: tienen cierta patología y son fáciles de identificar. Si alguien hace actos crueles y la persona disfruta de verlos, es candidato ideal.

Estos “trabajadores acreditados” o “Grupo Delta” no tienen contrato, trabajan ad honorem, pero pueden obtener beneficios como una acreditación oficial de la Dgcim y acceder al dinero y bienes de las personas detenidas. Con el tiempo, el negocio de las capturas, torturas y extorsión, se convirtió en un negocio lucrativo que permitió a los funcionarios aumentar los bajísimos salarios, remodelar oficinas y adquirir propiedades bajo un nombre clave: “hacer una mentira de la verdad y la verdad de la mentira” o plantar “semillas”.

Con tantos elementos difusos, ¿cómo han conseguido lealtad? Fácil. En medio de la emergencia humanitaria compleja, el sistema de recompensas y castigos (represalias contra ellos y sus familias) se ha aceitado. Tanto, que la estructura del Sebin y la Dgcim está dotada de tal manera que “garantizan a las autoridades de alto nivel que las órdenes de llevar a cabo los crímenes y las violaciones han de cumplirse, de manera cuasi automática”, dice el informe.

Es una operación sin fronteras. Muchos de estos acreditados también actuaban en otros países, como Colombia y Panamá, para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran agentes de la Dgcim, colectivos y guerrillas.

Esta es la parte con más lomito del informe. Quizás ya leíste por ahí que los detenidos por la Dgcim y el Sebin se llevan torturas de todos los colores y creatividades. Pero lo que a lo mejor no sepas es todo lo que ocurre para llegar hasta allá. Si en la estación anterior te diste cuenta de lo contaminada que está la cadena de mando, en esta lo verás aún más. ¿O es que tú crees que a todos estos nombres les cuesta dormir de noche?

• Rafael Franco Quintero: General de Brigada de la FANB y exdirector de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dgcim
• Hannover Guerrero: militar, jefe de la DGCIM en la región Capital
• Alexander Granko Arteaga: Teniente Coronel y jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim
• Iván Hernández Dala: General de División de la Fanb y Director General de la Dgcim
• Ronny González Montesinos: Comisario General dentro del Sebin y adscrito a la FAES como Director de la División de Contrainteligencia.
• Carlos Calderón Chirinos: Comisario General, director de la DIE y director de El Helicoide hasta 2018. Actualmente es funcionario de la PNB/FAES.
• Gustavo González López: General en Jefe y Director General del Sebin.

Sin mencionar a D01, D02, S01 y S02, que parecen modelos de teléfono, pero en realidad son cuatro protagonistas más de la tortura que se suman a los mencionados anteriormente –cinco de los siete, militares que evidencian la penetración de la Fanb en las torturas–. La pregunta es: ¿qué tan perfecto es ese engranaje para que todos los responsables caigan siempre de pie? Respuesta: lo suficiente como para dejar en evidencia la impunidad para los causantes de los crímenes en Venezuela.

¿Cuáles son los pasos que aplican los cuerpos de seguridad?

Uno de los primeros pasos en todo el proceso de crímenes por parte de las fuerzas del Estado, son las “desapariciones” de las víctimas. Familiares que perdían el rastro de los presos por semanas, y luego mágicamente aparecían detenidos en Boleíta o El Helicoide. Ah, pero cuando ven la orden de captura, ahí sí salía la fecha de hoy como si las semanas anteriores no existieran. ¿Cómo se emiten esas órdenes?

Esa es solo una de las tantas preguntas que surgen de todo el proceso. Los presos también llegaban con signos de tortura a las audiencias, ¿qué decían los jueces? Además, la Misión afirma que los funcionarios mataban tigre extorsionando o quedándose con objetos de los detenidos, ¿nadie notó que algo faltaba? Eso, sin contar las 17 “casas de seguridad” que el informe describe como centros de detenciones extraoficiales de la Dgcim –en donde venía tortura pareja– y las casas confiscadas por el Sebin para el mismo uso. Una de ellas, por cierto, sale hasta en Google Maps y ninguna autoridad se ha acercado a ver si, por cosas de la vida, lo relatado en los informes es real.

El reloj suizo

Lo que sí es de reconocer, es que la cadena de mando y responsabilidades de los miembros de las fuerzas funcionan como un relojito suizo. Por ejemplo, en el Sebin los inspectores y detectives trabajan por turnos de diez funcionarios que duran de tres a cuatro días. Después, son sustituidos en un intento por normalizar los ciclos de torturas que generalmente ocurren en ese período. Y claro, quien mire feo o sea considerado amenaza, le puede llegar operación tún tún con seguimientos, pruebas fabricadas y la posterior tortura. Torturas que no siempre son para causar dolor, sino para incriminar u obligar a las víctimas a admitir responsabilidades:

Un detenido dijo que los agentes del SEBIN le exigieron que grabara varios mensajes de audio de WhatsApp en los que decía que había recibido financiación internacional y que tenía conexiones con el político opositor Henrique Capriles. Los agentes del SEBIN le dijeron al detenido la información que querían que grabara y lo obligaron a realizar la grabación varias veces. Una vez que el supervisor de los agentes estuvo de acuerdo con la declaración, esta fue enviada al programa de televisión “Con el Mazo Dando” de Diosdado Cabello, donde fue emitida.

Lo que dice el gobierno

Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno es que la justicia venezolana está actuando competentemente en los casos de violaciones de derechos humanos. Pero el informe de la Misión dice todo lo contrario: Alexander Granko Arteaga encabeza la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim desde 2017; Gustavo González López dirige el Sebin desde el 29 de abril de 2019 –según la Gaceta Oficial, casualmente un día antes de la Operación Libertad– y ya lo había hecho entre 2014 y 2018; e Iván Hernández Dala es jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar desde 2014, por poner tres ejemplos.

En pocas palabras, las responsabilidades de los altos mandos siguen intactas. ¿Sirve este informe para la investigación de la Corte Penal Internacional? Por supuesto, aunque la investigación a cargo del fiscal, Karim Khan, está detenida tras la solicitud del gobierno venezolano para que la CPI devuelva los casos a Venezuela y puedan ser sancionados según la justicia interna. Es decir sin que aplique el principio de complementariedad. La Fiscalía de la CPI espera entonces que una de las salas de la Corte resuelva si se debe o no continuar la investigación.

Pero, como dice Ignacio Jovtis de Clooney Foundation for Justice, el documento de la Misión es información valiosa, porque justamente demuestra lo que investiga la CPI, sobre todo “quiénes son los responsables penales, quiénes podrían ser llamados para declarar ante un tribunal de la CPI y qué órdenes de arresto o cuáles tipos de órdenes podría emitir la Fiscalía de la Corte para el momento en que empiece el juicio… El timing de este informe es muy bueno, así que la Fiscalía lo va a tener en cuenta”.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino este miércoles en una reunión previa al inicio del LII periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a los países integrantes que ayuden a su nación en la guerra contra Rusia, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o José de San Martín.

Por: EFE

“¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como esta que Rusia desató contra Ucrania, a quién apoyaría San Martín?”, se preguntó Zelenski al intervenir remotamente en el diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la asamblea.

“Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra”, respondió antes de agregar que no respaldarían a quien “lleva a gente a la pobreza a través de los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles”.

No es la primera vez que los ucranianos nombran a Simón Bolívar durante el conflicto, en el pasado mes de septiembre el ministerio de Defensa de ese país citó una frase del Libertador para inspirar a sus tropas

El mandatario ucraniano reconoció que, en algunos de los países que forman parte de la OEA, “la visión rusa de la guerra es dominante” y subrayó que es “falsa”.

“Les pido que miren a los hechos, miren desde sus puntos de vista (…) lo que América ha visto, la pelea por la independencia”, comentó.

Posteriormente, agradeció a aquellos países que han apoyado “fuertemente” a Ucrania, si bien no se refirió a ninguno de ellos de manera directa.

No obstante, les pidió que lo mantengan e incrementen “en varios niveles”, el primero de ellos en las organizaciones internacionales, “especialmente la Asamblea General de la ONU”, donde les instó a que voten a favor de las iniciativas promovidas por Ucrania.

El segundo de ellos es el orden nacional, pues pidió “integridad” a los Estados que forman parte de la OEA para que “no permitan que sus economías sean usadas para financiar una guerra criminal”.

“No se asocien con aquellos que inevitablemente serán condenados por la comunidad internacional”, reclamó Zelenski.

Por último, le pidió a las “personas ordinarias” que difundan “las verdades de la guerra y las muertes causadas por la agresión rusa”.

Antes de concluir su discurso, se despidió proclamando “viva la libertad” en español

Las manifestaciones y la violencia en Irán no cesan. Cada vez se unen más estudiantes e incluso escolares a las protestas, algo que puede significar un desafío para el Estado, según expertos.

Por: DW

A pesar del dificultado acceso a Internet, cada día aparecen en las redes sociales nuevas fotos y vídeos de protestas en distintas partes de Irán, también en las universidades. El martes (04.10.2022), en la Universidad Ferdowsi, de Mashhad, la segunda ciudad más grande del país, estudiantes exigían la liberación de todos sus compañeros detenidos, especialmente de los de la Universidad Sharif, de Teherán.

Estudiantes de esta universidad capitalina de élite fueron detenidos el domingo en la noche, tras organizar una concentración pacífica en el campus.La Policía y las milicias rodearon el recinto mientras los estudiantes estaban adentro y dispararon contra algunos de ellos con escopetas de perdigones. También varios profesores fueron amenazados y golpeados con porras. No se sabe si hubo heridos o muertos. Según los medios de comunicación iraníes, al menos 37 estudiantes fueron detenidos.

Violencia mortal

La nueva ola de protestas fue desencadenada por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por la «policía de la moral» iraní por no llevar su hiyab, como lo requiere la ley islámica, y poco después murió bajo custodia policial por razones aún desconocidas. Las fuerzas de seguridad intentan reprimir las manifestaciones con violencia. Según la organización Iran Human Rights (IHR), hasta este martes, habían muerto al menos 154 personas en las protestas, muchas de ellas por disparos.

«La solidaridad de los estudiantes con los manifestantes puede convertirse en un desafío para el poder del Estado», analiza el experto Hamidreza Azizi, de la Fundación de Ciencias y Política (SWP, por sus siglas en alemán), con sede en Berlín, en una entrevista con DW. Azizi trabajó como profesor asistente en la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, de 2016 a 2020.

Irán, un país con 84 millones de habitantes, cuenta con más de 200 universidades y escuelas superiores. Tradicionalmente, los estudiantes desempeñan un papel central en los movimientos de protesta del país. «Por ejemplo, durante la revolución de 1979, pero también después, en los movimientos de protesta de 1998 y 2009», dice Azizi.

«Los estudiantes aportan el apoyo intelectual y tienen el potencial de movilizar a diferentes grupos de la sociedad, porque ellos mismos proceden de todos los estratos sociales», afirma el experto iraní. El Estado es consciente del poder de los estudiantes, asegura.

Protestas en las escuelas

Actualmente no existe un movimiento estudiantil organizado en el país islámico. Tras las protestas nacionales de 2009, se cerraron todas las asociaciones estudiantiles independientes, se prohibieron sus actividades y se detuvo a los principales miembros.

«Además, se aplicaron nuevas normas para la asignación de plazas universitarias», añade Hamidreza Azizi. «Se trata de hacer que el mayor número posible de jóvenes estudie en su lugar de residencia y, de este modo, permanezca bajo la supervisión de sus familias, en lugar de vivir en residencias universitarias, en constante interacción con otros estudiantes. Aunque los estudiantes no están organizados, no se debe subestimar su potencial, al igual que el de las protestas en las escuelas», advierte.

Para eso, «tendrían que abandonar el campus, los muros cerrados, donde pueden ser fácilmente rodeados, y unirse a los manifestantes en las calles e incluso asumir un papel de liderazgo», opina la periodista iraní Moloud Hajizadeh, en entrevista con DW. «Entonces, podríamos hablar de otra dimensión del movimiento de protesta con el potencial de provocar cambios mayores».

La administración Biden se está preparando para reducir las sanciones al régimen autoritario de Venezuela para permitir que Chevron Corp. CVX0,57% para reanudar el bombeo de petróleo allí , allanando el camino para una posible reapertura de los mercados de EE. UU. y Europa a las exportaciones de petróleo de Venezuela, según personas familiarizadas con la propuesta.

Por: The Wall Street Journal / Traducción de Morfema Press

A cambio del importante alivio de las sanciones, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reanudará las conversaciones suspendidas durante mucho tiempo con la oposición del país para discutir las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas en 2024, dijeron las personas. Estados Unidos, el gobierno de Venezuela y algunas figuras de la oposición venezolana también han llegado a un acuerdo que liberaría cientos de millones de dólares en fondos estatales venezolanos congelados en bancos estadounidenses para pagar las importaciones de alimentos, medicinas y equipos para la maltrecha red eléctrica del país y sistemas de agua municipales.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que aún se están discutiendo los detalles y advirtieron que el acuerdo podría fracasar porque depende de que los principales asesores de Maduro reanuden las conversaciones con la oposición de buena fe.

“No hay planes para cambiar nuestra política de sanciones sin medidas constructivas del régimen de Maduro”, dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Si el acuerdo se lleva a cabo y se permite que Chevron, junto con las empresas de servicios petroleros de EE. UU., vuelvan a trabajar en Venezuela, solo colocaría una cantidad limitada de petróleo nuevo en el mercado mundial a corto plazo.

Venezuela fue una vez un importante productor de petróleo, bombeando más de 3,2 millones de barriles por día durante la década de 1990, pero la industria estatal colapsó durante la última década debido a la falta de inversión, la corrupción y la mala gestión. Las sanciones impuestas por la administración Trump afectaron aún más la producción y obligaron a las empresas occidentales a abandonar el país.

Cualquier cambio en la política de EE. UU. que traiga de vuelta a las compañías petroleras occidentales enviaría una señal psicológica al mercado de que hay más suministro en camino, dijeron las personas. La noticia de un posible acercamiento de Estados Unidos a Venezuela está surgiendo justo cuando los países de la OPEP+ liderados por Arabia Saudita y Rusia acordaron reducir la producción en respuesta a la caída de los precios del petróleo, lo que enfureció a la administración Biden.

Pero involucrar a Venezuela, que se encuentra sobre algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, podría servir como una estrategia a más largo plazo para los EE. UU. y los países europeos que intentan asegurar nuevas fuentes de energía a medida que la guerra de Rusia en Ucrania se prolonga y altera los mercados de materias primas, dijo Francisco Monaldi. , un experto en energía de América Latina de la Universidad de Rice.

“Si los precios [del petróleo] bajan, todo esto podría cambiar”, dijo Monaldi. “Pero por ahora, esta es su obsesión”.

El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, cuyos términos se espera que sean reforzados a finales de este mes, es la última señal de que Washington está dispuesto a terminar una campaña de presión contra el gobierno de Maduro que heredó de la administración Trump.

Hay peligros potenciales. La propuesta está avivando la furia entre algunos de los enemigos más acérrimos del régimen, quienes dicen que la estrategia permitiría a Maduro mantener su control autoritario sobre el país con pocas concesiones. Por otro lado, podría ser impopular entre algunos en la administración de Maduro.

“Dentro del régimen, hay personas de línea dura que son muy críticas con el giro neoliberal de Maduro”, dijo Geoff Ramsey, director del programa de Venezuela en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Y dentro de la oposición, tienes jugadores que están muy interesados ​​en hacer todo lo posible para continuar con el gobierno interino”, dijo.

Algunos líderes de la oposición venezolana dijeron que el dinero fresco podría animar a Maduro, cuyo gobierno en los últimos años ha eludido las sanciones de Estados Unidos al vender su crudo pesado a China y otros compradores asiáticos con grandes descuentos.

El portavoz de Chevron, Ray Fohr, no comentó sobre el acuerdo propuesto, pero dijo que en Venezuela “tenemos inversiones dedicadas y una gran fuerza laboral que depende de nuestra presencia”. Dijo que la empresa cumple con el marco actual de sanciones.

Una línea directa ucraniana recientemente lanzada que ofrece a los soldados rusos la oportunidad de rendirse y mantenerse con vida ha recibido miles de llamadas de reclutas desesperados, según funcionarios ucranianos.

Por: The New York Post / Traducción libre del inglés de Morfema Press

Andriy Yusov, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo en una entrevista reciente con Voice of America que miles de soldados enemigos se han acercado al programa «Quiero vivir» por teléfono o chat en línea para darse por vencidos. sus brazos

Yusov dijo que la línea directa ha estado recibiendo ofertas de rendición a un ritmo de cientos por día de soldados que ya luchan en Ucrania, incluidos los que se movilizaron recientemente como parte del reclutamiento parcial de Vladimir Putin, pero también de aquellos que aún no habían sido convocados. pero espera estar en un futuro cercano.

“Están interesados ​​en cómo rendirse de manera segura en Ucrania”, dijo Yusov.

Se ha informado que la línea directa hasta el momento ha recibido más de 2.000 apelaciones de soldados rusos y sus familias.

“No significa que todos los que llaman y escriben se rindan de inmediato”, señaló Yusov. “Muchos de ellos investigan la información para ellos o sus familiares”.

Yusov dijo que, en algunos casos, las esposas llaman a la línea directa para preguntar sobre cómo asegurar la entrega de sus maridos.

Yusov explicó que Ucrania es un país democrático que sigue las leyes internacionales y las Convenciones de Ginebra, lo que significa que los soldados rusos que aceptan deponer las armas son alimentados regularmente, tienen acceso a atención médica y se les permite contactar a sus familiares.

“Lo más importante es que pueden vivir en lugar de convertirse en carne de cañón en una guerra de ruscistas [partidarios de la administración rusa] y Putin contra Ucrania”, dijo.

Durante la exitosa contraofensiva de Ucrania en la región de Kharkiv el mes pasado, dijo Yusov, las tropas rusas llamaron a la línea directa para capitular. En un caso, relató, un soldado se rindió junto con el tanque que conducía.

Informes de posibles reclutas que se mutilaron para evitar ser enviados a Ucrania han circulado desde poco después de la invasión de febrero junto con afirmaciones de que las unidades del ejército ruso están plagadas de baja moral, embriaguez e insubordinación.

El funcionario de inteligencia ucraniano agregó que los prisioneros de guerra rusos que no deseen ser canjeados por prisioneros ucranianos “no serán devueltos a la Rusia de Putin en contra de su voluntad”.

Sin embargo, aún no se ha decidido si se ofrecerá asilo político en Ucrania a las tropas que abandonen las armas.

Se informó que un soldado ruso entregó su tanque a los ucranianos por $ 10,000 y la promesa de ciudadanía. Anteriormente en la campaña, se informaron esquemas similares que ofrecían perdones políticos y dinero en efectivo a los rusos, pero no está claro si todavía están funcionando.

Las tropas rusas han sufrido pérdidas vergonzosas en los campos de batalla en las regiones de Donetsk y Kherson en los últimos días, con las fuerzas de Kyiv reclamando grandes extensiones de territorio ocupado y provocando la retirada del enemigo.

El ministro de Defensa de Rusia, Sergey Shoigu, dijo el martes que ya se han reclutado 200.000 hombres desde que Putin ordenó la movilización de 300.000 reservistas hace dos semanas.

El borrador parcial ha demostrado ser extremadamente impopular en Rusia, provocando protestas en las ciudades y provocando que unos 370.000 hombres huyan a través de la frontera hacia Kazajstán, Georgia, Mongolia y la UE.

Estudiantes de varias escuelas en Irán han estado agitando sus hijabs (velos) al aire y cantando consignas contra las autoridades del país, en una muestra de apoyo sin precedentes a las protestas que se están produciendo en la nación persa.

Por: BBC

Los videos verificados por la BBC muestran manifestaciones dentro de los patios de las escuelas y en las calles de varias ciudades.

Sus protestas se enmarcan dentro de las manifestaciones más amplias que provocó la muerte, el mes pasado, de una joven que fue detenida por «la policía de la moral» de Irán por violar la ley del pañuelo en la cabeza.

Según imágenes publicadas en redes sociales este lunes, un grupo de estudiantes obligó a un funcionario de educación a abandonar su escuela en Karaj.

Las imágenes muestran a las jóvenes gritando «debería darte vergüenza» y arrojando lo que parecen ser botellas de agua vacías al hombre hasta que este se retira por una puerta.

En otro video de la ciudad de Karaj, que está situada justo al oeste de la capital, Teherán, se escucha a las estudiantes gritar: «Si no nos unimos, nos matarán una a una».

El lunes, en la ciudad sureña de Shiraz, decenas de estudiantes bloquearon el tráfico en una carretera principal mientras agitaban sus pañuelos y gritaban «muerte al dictador», en una referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado.

El martes se informó sobre más protestas de estudiantes en Karaj, Teherán y las ciudades noroccidentales de Saqez y Sanandaj.

Varias jóvenes también fueron fotografiadas de pie en sus aulas con la cabeza descubierta.

Algunas levantaron el dedo medio, haciendo una seña que es considerada obscena, ante los retratos del ayatolá Jamenei y del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini.

Indignación nacional

Las manifestaciones de las estudiantes empezaron horas después de que el ayatolá Jamenei, rompiera su silencio sobre las protestas y acusara a Estados Unidos e Israel, archienemigos de Irán, de orquestar «disturbios».

También dio todo su apoyo a las fuerzas de seguridad, que han respondido a las protestas con una violenta represión.

Las protestas fueron provocadas por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que entró en coma después de ser detenida por la policía de la moral el 13 de septiembre en Teherán, por presuntamente violar la ley que exige que las mujeres se cubran el cabello con un velo o pañuelo. Murió en el hospital tres días después.

Su familia ha alegado que los agentes le golpearon la cabeza con una porra y la arrojaron contra uno de sus vehículos. La policía ha negado que la maltrataran y dijo que sufrió una «insuficiencia cardíaca repentina».

Las primeras protestas tuvieron lugar en el noroeste de Irán, poblado por kurdos, donde vivía Amini, y luego se extendieron rápidamente por todo el país.

39 países del mundo impulsaron una renovación de la misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Por: Infobae

Los firmantes del documento enviado a Naciones Unidas son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Grecia, Guatemala, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido de Gran Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos y Uruguay.

Las naciones indicaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.

Dentro de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.

Luego subrayaron la convicción de que sólo un camino pacífico y democrático es la solución a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución “está en manos del pueblo venezolano”.

Los países condenaron “enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

En otro orden, instaron al estado de Venezuela a que aplique las recomendaciones contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, expresaron su profunda preocupación por la “continua erosión del Estado de Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales”; al tiempo que condenaron enérgicamente “la represión y la persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En otro ítem, instaron a Venezuela a que “libere inmediatamente a todos los presos políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o arbitraria”; y pidieron que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a cabo sus respectivos mandatos.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.

Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

En ese sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.

“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.

En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.