¿Y si la creciente violencia, en lugar de la consecuencia de un Gobierno incompetente y mediocre, fuese el resultado de una política destinada a marchitar a los cuerpos de seguridad del Estado?
Por: Salud Hernández-Mora – Semana
¿Y si la compra de los Gripen a un precio desorbitado y sin el necesario sustento técnico obedeciera a un fin siniestro? No me refiero a cobrar comisiones corruptas, que investigará el siguiente Gobierno y salpicará a más de uno que ahora anda fresco, sino a otros objetivos inquietantes y perversos. El primero y menos trascendente es que un presidente de ultraizquierda, amigo de tiranos y guerrillas, se vende como el más interesado en fortalecer la soberanía del país al modernizar la flota aérea.
Pretende que se olviden sus diatribas contra Duque por intentar hacerlo.
Pero la adquisición, a precio billonario, por encima del original, sin que haya razones para tan desproporcionada subida, la pagará el siguiente Gobierno. Además de que los aviones llegarán a lo largo de varios años (los de Brasil tienen una demora de diez años de entrega), el desorbitado presupuesto impedirá invertir en requerimientos acuciantes para combatir a las bandas criminales que tienen azotado al país.
Todos sabemos que la verdadera amenaza no viene de las naciones vecinas, ni siquiera de Venezuela, sino de la violencia interna. Lo que conduce a pensar que la polémica y opaca escogencia de los Gripen abona la hipótesis de que la política de defensa petrista, que arrancó el primer día del Gobierno con la designación de Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema que despreciaba a Policía y Ejército, persigue otros fines.
Fue la persona indicada para debilitar y desmoralizar a los cuerpos de seguridad del Estado, según contaban en el mundo castrense, y debió sentirse satisfecho por la misión cumplida. Rebajaron el presupuesto, inocularon la lucha de clases en el Ejército y se desplomó el número de uniformados. Pasaron de 240.000 unidades a 170.000, denunció el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y constatan militares en activo.
De ahí el perenne clamor de gobernadores y alcaldes que sufren el terrorismo de la escasez de fondos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No hay ni para tanquear helicópteros y permitieron que las guerrillas tomaran clara ventaja en la guerra de drones, que ha matado a policías, soldados y civiles. Los últimos: 6 militares asesinados el jueves en el cesarense Aguachica, limítrofe con Catatumbo, y 32 heridos. Y con un cinismo atroz, a solo cinco meses de las elecciones, Petro anuncia inversión en drones, evidencia de que esos y demás muertos por esas aeronaves no tripuladas pesarán sobre su conciencia.
Ni siquiera promovió un cambio legislativo para utilizarlos en el combate, no solo a modo defensivo. Hasta Maduro nos lleva la delantera en un elemento vital en los conflictos bélicos actuales.
En Ucrania entrevisté a dos exmilitares colombianos y relataron que los drones eran la mayor pesadilla. Son cada vez más sofisticados y difíciles de eludir y tan letales que los periodistas internacionales incorporaron a su equipo de seguridad, además de los habituales chaleco antibalas y casco, un detector de drones. Y en algunas carreteras ucranianas han instalado redes especiales para proteger los vehículos de los bombardeos con esos aparatos.
Entretanto, en Colombia, nuestros uniformados llevaban años suplicando a gobernaciones y alcaldías que se los compraran porque ellos no tenían cómo hacerlo. Recuerden que las Farc justificaron el secuestro de nueve empleados de un contratista de la Gobernación del Cauca por adquirir drones para la fuerza pública. Supe de una Alcaldía que detuvo el proceso para proporcionar uno a la estación de Policía en cuanto conoció esa noticia.
También los pilotos que confrontan a las bandas criminales preferirían aplazar el reemplazo de los Kfir, de escaso valor en la guerra interna, y adquirir aviones de ataque ligero, que cuestan una media de 50 millones de dólares, y sirven tanto para proteger las fronteras como para atacar grupos armados.
Mientras el Gobierno sigue su política destructiva, las guerrillas no cejan en su imparable avance. El ataque del ELN en Villanueva, pacífico pueblo guajiro cercano a Valledupar, es otra señal de alerta.
Si en las anunciadas 72 horas de paro armado los elenos fueron capaces de hostigar al Ejército en la localidad del concurrido Festival Cuna de Acordeones, que no sufría atentados desde tiempo inmemorial, solo cabe esperar un mayor deterioro de la seguridad en todo el país.
Pero no esperemos dimisiones de los máximos responsables castrenses, que sería lo honorable, aunque ninguna salida cambiaría nada. Cualquiera que acepte un alto cargo en Defensa estará condenado al fracaso.
Por mucho que vistan de grandes triunfos algunos golpes a bandas terroristas y Petro cite el número de soldados y policías muertos como prueba de una supuesta intensiva ofensiva militar –narrativa tan falaz como siniestra–, no podrán disfrazar la estremecedora realidad.
Reitero la pregunta: ¿y si la creciente violencia, en lugar de la consecuencia de un Gobierno incompetente y mediocre, fuese el resultado de una política destinada a marchitar a los cuerpos de seguridad del Estado?
