Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras terrestres y retomarán los vuelos comerciales, suspendidos desde hace cinco años, una decisión enmarcada en el restablecimiento de las relaciones bilaterales, interrumpidas en 2019.

Por: AFP

El 26 de septiembre “daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá”, indicó el dictador venezolano Nicolás Maduro en Twitter.

“El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad”, tuiteó por su parte Petro.

Ambos países retomaron relaciones formalmente el lunes 29 de agosto con la llegada a Caracas del embajador colombiano Armando Benedetti, así como el arribo a Bogotá del embajador venezolano Felix Plasencia.

La aerolínea Avianca, que cubría más del 50% de los vuelos Caracas-Bogotá, suspendió operaciones hacia y desde Venezuela en julio de 2017 alegando que lo hacía para “preservar la seguridad” ante “limitaciones operativas”.

Ello agravó el éxodo de líneas aéreas internacionales desde Caracas, que comenzó en 2014, cuando los precios del petróleo -fuente del 96% de divisas del país entonces- empezaron a derrumbarse, ocasionando la acumulación de deudas por 3.800 millones de dólares con las aerolíneas, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Esta merma en la oferta incrementó exponencialmente los costos de los pasajes en las pocas aerolíneas disponibles.

Venezuela rompió relaciones con Colombia en 2019 como respuesta al respaldo de la administración del ex presidente Iván Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó.

Con la normalización de relaciones, Caracas y Bogotá esperan reimpulsar el intercambio comercial, que rozó los 7.200 millones de dólares en 2008 pero se vino a pique con el cierre de la frontera.

El tránsito de vehículos de carga fue restringido desde 2015, permitiendo solo el paso peatonal, luego de que Maduro denunciara una emboscada de grupos armados a una patrulla militar en el estado de Táchira (oeste), donde se ubica el cruce más importante entre ambos países.

En 2019 fue bloqueado por completo, en Táchira, con la colocación de enormes contenedores metálicos en puentes fronterizos luego de disturbios registrados por el fallido intento de Guaidó de pasar a Venezuela alimentos e insumos médicos enviados por Estados Unidos.

“¡Qué bueno es tener relaciones de diálogo, comunicación, entendimiento, respeto, cooperación, solidaridad y amor con Colombia!”, dijo posteriormente Maduro en una transmisión por el canal estatal VTV al celebrar nuevamente el restablecimiento de las relaciones.

El dictador además reiteró su deseo de tener “algún día” relaciones “de respeto y de cooperación, de altura con los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica”.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Carlos Faría, señaló en Twitter que “las voluntades políticas” de Petro y Maduro “han sido la clave para este comienzo en el acercamiento económico, social y en lo humano”.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros donde se ha denunciado la presencia de grupos irregulares, así como de mafias dedicadas al contrabando y otros delitos.

El Observatorio de Conflictos Laborales y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inasein) reportó en agosto la cifra mensual más alta hasta ahora, con 446 conflictos laborales, apuntalada por la exigencia del sector educación a que se les pagara el bono vacacional completo, así como por la solicitud de los empleados públicos de derogar el instructivo Onapre.

Nota de prensa Inasein

A las protestas de los docentes, que representaron 44,62% del total de los reclamos en agosto, le siguió el personal de salud con 15,92% y los trabajadores de las industrias básicas de Guayana con 5,83%.

Los educadores del sector público amenazaban con no incorporarse a las actividades escolares para el inicio del período 2022-2023, si no se les pagaba el bono vacacional completo, ya que el Ejecutivo nacional había decidido abonarlo de manera fraccionada hasta 2023.

A pesar de que recibieron el pago completo, los educadores anunciaron que seguirán en las calles expresando sus molestias por las desmejoras salariales, incumplimiento de la contratación colectiva y pésimas condiciones laborales.

Con el considerable aumento de conflictos durante el octavo mes de 2022 a 446, el promedio fue de poco más de 14 reclamos laborales por día en agosto. Del total, 63,03% fueron concentraciones de calle, 18,49% marchas, 13,45% denuncias, 1,26% paros, y el resto, otras acciones, señala el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

De los 446 conflictos reportados ese mes, 71,97% contó con el apoyo de sus organizaciones sindicales.

Trabajadores del sector público protagonizaron 95,29% de los reclamos hechos en agosto, mientras que los del sector privado, 4,71%. Los jubilados también estuvieron activos en las protestas. Esperan que se les pague el bono recreacional y se les restituyan otros beneficios.

Por regiones, Bolívar continúa al frente de los reclamos con 18,07%; en tanto Falcón y Sucre tuvieron el segundo y tercer lugar con 7,56% y 6,72%.

Empleados del sector salud instan al gobierno a pagar por concepto de uniforme y calzado los 1.300 bolívares que debieron recibir por este beneficio contractual, ya que solo percibieron 200 bolívares luego de la firma de un acta a mediados de julio entre las autoridades y sindicatos afectos a la administración de Nicolás Maduro.

Además, piden aumento salarial, insumos médicos, mejoras en las instalaciones hospitalarias y el reenganche del personal que ha sido despedido por levantar su voz de protesta.

Del mismo modo, trabajadores de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana, denunciaron la obstaculización para el disfrute de vacaciones, el hostigamiento en contra de la masa laboral y una posible privatización de la Siderúrgica del Orinoco ((Sidor), a espaldas del personal obrero, entre otros reclamos.

Las amenazas contra la Iglesia católica no han cesado en Nicaragua: un nuevo sacerdote salió al exilio, una decena permanece en la cárcel, y el obispo de la Diócesis de Granada, monseñor Jorge Solórzano, fue declarado en “rebeldía” por la dictadura por expresar dolor y pedir a la feligresía oración en favor del vicario episcopal de Boaco, monseñor José Leonardo Urbina, condenado por el régimen de Daniel Ortega a 30 años de cárcel acusado de presuntos “delitos sexuales” contra una menor.

Por: La Gaceta de la Iberosfera

El párroco de la Divina Misericordia de Sébaco en Matagalpa, Uriel Vallejos, tuvo que salir al exilio luego de vivir bajo constante asedio y ser secuestrado por el régimen de Ortega tras la ocupación que hizo la policía a la Casa Cural, en agosto. El régimen cerró la Radio Católica de la ciudad y robó los equipos de transmisión.

La policía mantuvo secuestrado al clérigo desde el 1 de agosto, días más tarde lo trasladó al Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, la capital de Nicaragua, donde estuvo confinado hasta que logró burlar la vigilancia y abandonar el país para trasladarse a Italia, donde permanece hasta ahora.

Su despedida fue emotiva. La hizo a través de las redes sociales: “Hasta pronto mi bello país de lagos y volcanes. Espero con esperanza que no dejemos solo a monseñor Rolando Álvarez, nuestro obispo se ha sacrificado por nuestro país. Es el momento de la unidad. Las personas no se negocian porque no son cosas. Esperamos la pronta liberación de mi obispo, de los sacerdotes seminaristas y laicos. Es el momento de demostrar de qué lado estamos, del lado de la verdad o del confort. No nos acomodemos al silencio, a la sobrevivencia y a las negociaciones. La libertad y la vida no se deben negociar. Bendiciones a todos hasta el regreso en tierras de liberación”.

El padre Vallejos es el tercer sacerdote nicaragüense obligado a exiliarse desde 2019, antes fue el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y el padre Edwin Román. A ello se suma la expulsión de las monjas de la orden Madre Teresa de Calcuta.

La tiranía ha encarcelado a una decena de sacerdotes. Dos de ellos han sido condenados. El vicario de Boaco José Leonardo Urbina fue sentenciado a 30 años de prisión, acusado por el régimen de supuesto abuso sexual a una menor; mientras, el padre Manuel Salvador García a casi cinco años de cárcel por presunta “violencia doméstica”, pese a que no hay denuncias.

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, permanece bajo arresto domiciliar, mientras los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecieron secuestrados durante dos semanas con el obispo en el Palacio Episcopal, se encuentran en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía. Monseñor Álvarez es acusado por la tiranía de “organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio contra la población”.

Nuevas amenazas a la Iglesia

“Nuestra Diócesis de Granada expresa su profundo dolor y sufrimiento al conocer la sentencia contra monseñor José Leonardo Urbina. Pedimos a nuestros fieles seguir orando”, fue la petición de la Diócesis de Granada, que dirige el obispo Jorge Solórzano, que desató la nueva amenaza de la dictadura.

El régimen a través del Ministerio de la Familia, (MIFAMILIA), emitió un comunicado en el manifiesta tener “profunda preocupación” por las expresiones y comunicaciones oficiales de la Diócesis de la iglesia católica de Granada, ante la sentencia emitida por autoridades judiciales contra José Leonardo Urbina”, a quien califica de “sacerdote violador” de una niña de 14 años.

En el comunicado la dictadura se dice condenar “enfáticamente las declaraciones que desde la Iglesia católica de Granada defienden, inconcebiblemente, a un sacerdote violador, cuando hemos conocido las reiteradas denuncias del papa Francisco sobre la no impunidad a estos personajes que cometen crímenes contra la decencia, contra la dignidad humana y contra sus propias normas de vida, supuestamente sacerdotales”.

“Reclamamos por estas expresiones inauditas del obispo de la Diócesis de Granada, que consideramos en rebeldía ante la guía pastoral del papa Francisco”, señala el comunicado.

Pero el vicario episcopal fue juzgado a puertas cerradas, sin acceso a un debido proceso y acusado por personas vinculadas al régimen sandinista. El hermano de la presunta víctima de 14 años, fue denunciado por robo a la iglesia. Los feligreses sostienen que se trata de una venganza y un complot contra el sacerdote que ha sido critico de las acciones de la dictadura.

Ortega nunca fue procesado

En octubre de 2006, esa misma institución, MIFAMILIA, recibió la denuncia por violación contra el gobernante sandinista Daniel Ortega, en perjuicio de una menor de 12 años. El hecho se suscitó pocas semanas antes de las elecciones presidenciales en las que Ortega “ganó” la reelección.

La víctima Patricia Yaneth Prado Ortega denunció a Ortega de abuso sexual desde que tenía 12 años. El caso no prosperó pese a que el dictamen psicológico forense realizado a la víctima expone los detalles escabrosos del abuso.

Las autoridades no investigaron y lo calificaron como un caso “político”. Tras el retorno al poder, la denuncia nunca fue investigada. Era la segunda por abuso sexual contra Ortega.

Años más tarde, en 2015, una familia del norte de Nicaragua denunciaba a Ortega por violación en perjuicio de Elvia Junieth Flores Castillo. Era la tercera denuncia contra Ortega.

La primera denuncia fue de la hijastra de Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien acusa a su padrastro de abusarla desde los 11 años, un reclamo que tampoco prosperó porque la “justicia” en Nicaragua ha estado controlada por el sandinismo durante las últimas cuatro décadas.