Bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han ampliado su papel y asumen cada vez más funciones en México. Los crecientes roles de los militares están alarmando a investigadores y organizaciones de la sociedad civil, que recientemente publicaron un estudio documentando y cifrando ese fenómeno.

Por: DW

Desde la desmilitarización a la alianza con el Ejército

«López Obrador hizo campaña prometiendo sacar a los militares de las calles, pero aún antes de asumir, y luego de una reunión con los militares en 2018, cambió de opinión y diseñó una Guardia Nacional altamente militarizada para asumir funciones de seguridad pública”, destaca Alejandro Madrazo, doctor en derecho por la Universidad de Yale y fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). «Hubo una voltereta, y desde ese momento, López Obrador forja una alianza con el Ejército”, dijo en entrevista con DW.

Una alianza que sigue más firme que nunca. Hace apenas hace unos días, el presidente anunció que la Marina -que ya controla aduanas y el comercio marítimo- asumirá el control de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. También desató polémica con su anuncio de transferir el mando de la Guardia Nacional a los militares, algo que contraviene la ley y la Constitución, donde se estipula que la seguridad pública debe estar bajo mando civil.

Transferencia récord de funciones a los militares

Eso es solo la punta del iceberg. En los últimos tres años y medio, los militares han asumido el control de Aduanas, de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, del Banco del Bienestar, del nuevo aeropuerto capitalino Felipe Ángeles, así como de la custodia y traslado de las vacunas contra el COVID-19 y la implementación del programa de reforestación Sembrando Vida. Además, obtuvieron el derecho de recaudar de manera autónoma las ganancias generadas, por ejemplo, por el Tren Maya, que no solamente será construido, sino también administrado por los militares. Estos dispondrán a discreción de los ingresos generados por él.

En total, subraya Lisa Sánchez, de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), los militares asumen hoy 223 funciones, de las cuáles cien están totalmente ajenas a la seguridad pública y la defensa nacional. «El 53% de las funciones se ha transferido en esta administración. Es un récord”, explica a la DW la politóloga, graduada en la Sorbona de París y la London School of Economics.

Acumulación de recursos financieros

En el «Inventario Nacional de lo Militarizado” que publican MUCD y CIDE en conjunto, se ve que la acumulación de funciones tuvo una correlación monetaria: «Desde 2006 a 2021, el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) creció en 163%”, dice Sánchez, con lo cual la Sedena pasó de la novena a la quinta dependencia con más presupuesto, y será la segunda cuando asuma el control de la Guardia Nacional. Ninguna otra Secretaría, según el estudio, ha tenido ese aumento, por el contrario, muchas han perdido presupuesto, como, por ejemplo, Comunicaciones y Transportes, y Medio Ambiente. La militarización tiene un costo oculto, advierte Sánchez: «Así se pauperiza a los policías, a los ministerios públicos y a la investigación criminal”.

«Eso, sin mencionar los convenios que hace el Ejército con los estados y los municipios», añade el jurista Madrazo. «No solo obtienen dinero del presupuesto, también tienen ingresos aparte.» Según el investigador, eso responde a una estrategia de larga data de las Fuerzas Armadas. Según sus investigaciones, desde el levantamiento zapatista, en 1994, el Ejército ha impulsado reformas para tener mayores espacios en la seguridad pública. «En los hechos, todos los presidente,s desde Ernesto Zedillo, han dado mayor participación al Ejército, aunque en el derecho, desde el Congreso y la Corte Suprema, sistemáticamente se les ha negado o limitado.”

Debilitando la democracia, sin mejoras en seguridad

Esta militarización contraviene acuerdos internacionales en derechos humanos que México ha firmado, y contribuye así a debilitar el Estado de derecho y la democracia, destacan los investigadores. «Hay una opacidad sobre el destino de los recursos”, critica Sánchez, «ya que las Fuerzas Armadas tienen la potestad de clasificarlos como ‘reservados’ por seguridad nacional, y así impedir una rendición de cuentas.” Para la politóloga, ese empoderamiento militar afecta la subordinación de esa fueza a la autoridad civil. Madrazo hasta habla de un «cogobierno cívico-militar».

La militarización, sin embargo, no corresponde a una mejora en la seguridad, destaca Madrazo. «Durante este gobierno, las cifras de homicidios han llegado a niveles récord», con un promedio de 36 mil asesinatos por año. Los militares además, han sido señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, estando implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales (con en el caso Tlatlaya) y desaparición forzada (en el caso Ayotzinapa), crímenes en los cuáles hubo impunidad y obstrucción de la justicia por parte de los uniformados, según críticas de organismos de derechos humanos.

¿La táctica del avestruz?

Cabe entonces preguntar por qué insisten los políticos mexicanos en impulsar una estrategia fallida y antidemocrática. Ambos investigadores admiten que no hay una explicación clara. Sánchez cree que, al transferir el combate de la inseguridad a las Fuerzas Armadas, los políticos adoptan la táctica de avestruz: «Políticamente hay incentivos para entregar más funciones a los militares, porque así eluden su responsabilidad”. Madrazo considera que el presidente «está profundamente presionado por el Ejército” para que le ceda espacios.

En la opinión pública, sin embargo, no se percibe la militarización como algo peligroso. El Ejército y la Marina mexicanos son las instituciones del país con mayor nivel de confianza de la población, con un 63 %, seguidos de la Guardia Nacional, con un 60 %, y del Instituto Nacional Electoral, con 59%, según la última Encuesta Nacional de Cultura Cívica. Un 77% de los mexicanos está de acuerdo con un gobierno encabezado por un líder fuerte, y un 40%, con un gobierno encabezado por militares.

Las decenas de redadas llevadas a cabo por la Policía Federal de Argentina contra los líderes de una secta acusada de tráfico y explotación sexual, hasta ahora, han llevado al arresto de 24 personas en Buenos Aires, la capital de Argentina.

Por: 7 de Junio

Disfrazada como una organización empresarial, la secta, identificada como la Escuela de Yoga de Buenos Aires, era una organización que captaba a sus víctimas o “alumnas” con promesas de «desarrollo » y de alcanzar «la felicidad personal». Así continuo durante mas de dos decadas.

De acuerdo con los documentos presentados por la fiscalía en la causa contra la organización, la escuela «construyó una secta en torno a su líder» y redujo a sus miembros a «una situación de esclavitud y explotación sexual». La secta contaba con oficinas en Buenos Aires, Argentina y sucursales en Las Vegas, Chicago y Nueva York.

Los fiscales alegan que tenía numerosos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero, ya que el tráfico y la explotación sexual eran las principales fuentes de ingresos de la secta. El funcionario judicial estimó unos ingresos de unos 500,000 dólares al mes.

Al menos siete mujeres fueron incorporadas al grupo cuando aún eran niñas o adolescentes y fueron explotadas sexualmente, según los documentos de la fiscalía. Personas venían de otros países para tener sexo con las mujeres y los investigadores dicen que ellas también eran transportadas al vecino Uruguay y a Estados Unidos para tener encuentros sexuales.

Rodolfo Sommariva (D) , que con el del contador Juan Percowicz (i) , fundaron la Escuela Yoga de Buenos Aires en 1993
Las mujeres captadas por la secta aceptaban ofrecer servicios sexuales a empresarios ricos, artistas y hasta políticos, según la investigación. A cambio, obtenían puntos para ascender en una escala elaborada por el líder. En la punta de la pirámide estaba Percowicz, que se hacía llamar “el ángel” o “el maestro”.

El líder era el nivel siete de la organización, secundado por “apóstoles” (nivel seis), “genios” (nivel cinco) y “alumnos”, nivel cuatro. Para los “humanos comunes” se dejaban los niveles inferiores. Según se desprende de la acusación, los integrantes de las escalas más altas tenían a su cargo distintos emprendimientos que daban vida y, sobre todo, recursos a la organización.

Audios encontrados en los cateos relacionan a muchos personajes del poder, artístas y políticos, que usaban los servicios de la Escuela, entre ellos el cantante de ópera, el español Placido Domingo.

Plácido Domingo fue “lo que parece ser un cliente” de los servicios sexuales ofrecidos por la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una secta con más de 30 años de historia, desarticulada la semana pasada por la justicia argentina, según aseguran fuentes de la investigación al diario español El País. En una serie de escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación, se escucha a un cliente, y según las pesquisas, se trataría del tenor

Además, fueron entrevistadas unas 66 personas, en su mayoría mayores de edad víctimas de la secta y que estaban en un inmueble en la calle Estado de Israel 4.457, en el barrio bonaerense de Villa Crespo. Los registros y detenciones se han llevado a cabo en la ciudad y la región de Buenos Aires para investigar además delitos como hurto agravado, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina.

La empresa BA Group era «la cara visible» utilizada por una organización criminal transnacional con presencia en los sectores de la salud y la política. ​Su pagina web da cuenta de sus clientes, desde Warner Bros, productora de cine, hasta Infobae, periódico argentino.

De acuerdo con su página, la misión es el desarrollo del potencial latente que cada ser humano u organización tienen esperando ser descubierto. Tal desarrollo se realiza a través de un programa filosófico-práctico a medida, aplicado al conocimiento de uno mismo o de la organización.

Entre su misión, es alcanzar objetivos propuestos con mayor facilidad, generar relaciones sanas e incrementar la felicidad personalson algunos de los múltiples beneficios de la Filosofía Aplicada de BA Group que impactan tanto en el ámbito personal, como en el social y laboral, describe en su pagina de presentación de su directora la Doctora en filosofía Adela Meikler.

Plácido Domingo vinculado con organización criminal de prostitución en Argentina

Cuando la Unión Europea necesita más que nunca una política energética común, Francia ha echado un jarro de agua fría en el ambicioso proyecto para trasladar gas desde España a una Alemania golpeada por los recortes del suministro ruso. El ministerio francés de la Transición Energética prácticamente cerró la puerta al gasoducto MidCat, que París y Madrid habían enterrado en 2019 pero que, tras la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos portugués, español y alemán intentan resucitar. El argumentario del ministerio francés es suficientemente explícito como para entender que el gasoducto, en su estado actual, está tocado.

El País

Sin embargo, la discusión sobre el MidCat no debe ocultar los problemas de fondo: desde el perenne aislamiento energético de la península Ibérica hasta la urgencia de una Europa de la energía en un contexto de inestabilidad global y lucha contra el cambio climático. La posición de Francia puede atribuirse al egoísmo nacional y a la defensa de un mercado y su capacidad exportadora (incluidas las centrales nucleares, parcialmente fuera de juego este verano por problemas de corrosión en varios reactores y el calentamiento de los ríos que los refrigeran, pero claves en los planes franceses para garantizar la soberanía y reducir las emisiones de gases contaminantes). Décadas de obstáculos franceses a las conexiones eléctricas y gasísticas en los Pirineos justifican los recelos de sucesivos gobiernos españoles.

Pero, aunque puedan discutirse las motivaciones de los argumentos franceses contra el MidCat, estos merecen ser examinados. Está, primero, el argumento de la eficiencia: el gasoducto tardaría años en construirse, por lo que sería inútil para responder a la inmediatez de la crisis actual. El segundo es el del medio ambiente, y cuestiona la sensatez de embarcarse a estas alturas en un proyecto colosal para transportar una energía fósil y contaminante cuando la UE dice tomarse en serio los objetivos para reducir las emisiones. Al primer argumento puede responderse que una parte del gasoducto ya está construida y que la crisis de aprovisionamiento puede durar más de un invierno. Al segundo, los defensores del MidCat replican que el conducto podrá adaptarse en el futuro para transportar hidrógeno, una fuente limpia.

Tan vano sería desechar de un plumazo las objeciones fundamentadas a un proyecto costoso e incierto como intentar darle carpetazo sin más, como parece hacer el Gobierno francés. Pero es un debate que va más allá del MidCat, y que atañe a la deficiencia de las conexiones en los Pirineos, la solidaridad entre los Estados miembros y el objetivo mismo de la independencia energética. El debate merece ser abordado, no mediante comunicados, sino al máximo nivel, del mismo modo que el decreto de ahorro energético que se vota en el Parlamento el jueves merece un respaldo mayoritario, incluido el del PP, en sintonía con Ursula von der Leyen, de su misma familia política. No es el momento de la defensa de las pequeñas parcelas y monopolios ni de envolverse en la bandera de los viejos agravios. En el caso de Alemania, escapar de la altísima dependencia del combustible ruso está siendo doloroso y le obliga a buscar alternativas con urgencia. En el caso de Francia, sería deseable que no se limitase a frenar las iniciativas de sus vecinos en un momento grave. Macron lleva años predicando una Europa “fuerte y soberana”. Ahora tiene la oportunidad de trasladar las palabras a los hechos: sin soberanía energética y sin solidaridad no hay soberanía posible; en realidad, no hay Europa posible.