Un empresario venezolano identificado con el chavismo negó el Holocausto y afirmó que le gustaría almorzar con el genocida nazi Adolf Hitler para preguntarle “por qué no terminó su trabajo”, en una entrevista llena de otras declaraciones controversiales.
Esteban Trapiello, fundador y director del canal La Tele Tuya, fue consultado con quién le gustaría tener un almuerzo entre personajes como Adolf Hitler o Fidel Castro, respondió: “Con los dos. A Hitler para preguntarle por qué no terminó lo que quería hacer”.
Cuando comenzaba a explicar el motivo por el que quería encontrarse con Fidel Castro, el entrevistador Vladimir Villegas lo interrumpió por su afirmación sobre el líder del Tercer Reich.
Trapiello profundizó: “Él no terminó lo que iba a hacer”. Villegas le señaló: “Acabar con los judíos, acabar con los comunistas…”. A lo que Trapiello respondió escudándose en ignorancia: “No sé lo que iba a hacer, se suicidó. No estaba en esa época”.
“¿No hubo holocausto? ¿Tú eres negacionista?”, lo interrogó Villegas, aclarando que él es hijo de una refugiada judía y de un comunista.
“Cada quien cuenta su historia y yo no estaba en esa historia. No leo, veo películas. Como las películas son de Hollywood, me dicen de una manera la historia. La historia depende de quién la cuente”, argumentó el empresario, hijo de asturianos que huyeron de la dictadura de Francisco Franco.
Trapiello, que se identificó como “chavista de Chávez”, evadiendo decir si es de izquierda o derecha, también habló con duros términos sobre los migrantes venezolanos, con especiales críticas a quienes cruzan la región del Darién por Colombia y Venezuela para intentar llegar a Estados Unidos.
“Lo hacen por idiotas, ¡por idiotas, por idiotas!”, expresó, culpando a la oposición y a los medios de haber manipulado a los venezolanos.
“¿Cómo se fue la gente? ¿Se manipuló la ida o no? Creyeron que podían ahogar al país”, agregó. “Es una imbecilidad irse por la selva del Darién. El que se va por imbécil que se muera por imbécil. Dime quién carajo se va ir para el Darién sabiendo el riesgo que corre. Puro imbécil”.
Por esa selva han pasado cientos de miles de migrantes de distintas nacionalidades. En lo que va del año, según el portal En Frontera, más de 68 mil personas cruzaron la región, y se han registrado 18 fallecidos.
Trapiello, que asegura haber manejado “exitosamente las carreras de 72 artistas, entre músicos y actores”, también denigró a los medios e indicó que el periodismo venezolano “es una mierda”, así como el Colegio Nacional de Periodistas. Según disparó, “se han convertido no solamente en opinadores, sino que han pasado a ser líderes políticos, pero todos han fracasado”. Sobre los fotorreporteros, dijo que “a todos les pondría una bomba”.
En la entrevista también definió como “amigo de vida” y “fenómeno político” al ministro chavista Tareck El Aissami.
David Smolansky, dirigente del partido Voluntad Popular, criticó al empresario tras el revuelo de sus declaraciones: “La ideología chavista en 2 minutos (…) Que nazi eres, Trapiello. Basura”.
Esteban Trapiello demuestra qué es el chavismo en 2min:
1) Odian la libertad de prensa y amenazan periodistas.
2) Apologistas del Holocausto y de los Castro.
3) Se burlan de la emergencia humanitaria llamando «Idiotas» a los refugiados venezolanos.pic.twitter.com/LJDrxhvlkD
Diputados del Congreso de la Nación de la República Argentina remitieron la pasada semana una comunicación al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al International Cooperation and Review Team (ICRG) para advertir del peligro que significa el avance de un nuevo Pacto Nuclear con la República Islámica de Irán, cuya suscripción sería inaceptable en razón de los reiterados incumplimientos de dicho país en materia de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los parlamentarios igualmente recordaron el papel de la Guardia Revolucionaria de Irán, así como de Hezbolá en los atentados terroristas perpetrados en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, con el supuesto apoyo del gobierno iraní.
Desde hace algún tiempo se viene hablando acerca del asunto y más recientemente se anunció la reanudación de las negociaciones en Viena para cerrar las negociaciones para reestablecer el pacto nuclear con Irán, avisos que pusieron en alerta a los parlamentarios argentinos, quienes decidieron enviar una misiva al GAFI —entidad intergubernamental constituida en 1989 para desarrollar políticas que contribuyan a combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo— y el ICRG, pues estos organismos deben conocer los reiterados incumplimientos de Irán de los estándares internacionales dictados por dicho grupo.
Recordaron que la nación islámica se ha negado a colaborar con la Justicia argentina en el proceso de investigación sobre los referidos atentados terroristas cuyos protagonistas en la actualidad forman parte o están asociados al Gobierno iraní. Señalados estos de ser autores intelectuales y de financiar las acciones, nunca se han presentado ante el juez del tribunal que los requiere, aun cuando poseen alertas rojas vigentes en Interpol.
Para los diputados firmantes de la carta es inaceptable que en el contexto de las negociaciones que se adelantan para la firma del nuevo pacto nuclear se ignore esta falta de cooperación de Irán con el sistema judicial argentino y los incumplimientos con las pautas del GAFI. En tal sentido, subrayaron que Irán violó los acuerdos según los cuales se comprometió a abordar y corregir sus deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Igualmente, llamaron la atención sobre la negativa de Irán a promulgar las Convenciones de Palermo y la Convención de New York contra el Financiamiento del terrorismo de acuerdo a los Estándares del GAFI. Lo cual coloca a dicho país no solamente en “lista negra”, sino que por ello el Grupo de Acción Financiera Internacional llamó a sus miembros y los instó a aplicar contramedidas efectivas, dado el riesgo de que Irán esté incursa el financiamiento de actividades terroristas, lo cual es una amenaza al sistema financiero internacional.
Los diputados se remiten al dictamen del Fiscal General de la Causa AMIA, Alberto Nisman, asesinado en enero de 2015. Nisman acusó al régimen iraní de infiltrar varios países de Sudamérica e instalar en ellos estaciones de inteligencia para cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución. El fiscal detalló las operaciones del fundamentalismo terrorista iraní “que produjo resultados devastadores en la República Argentina”.
Precisan que los iraníes Mohsen Rabbani, Ahmad Vahidi, Ali Akbar Velayati, Ali Fallahijan, Moshen Rezai, Ahmad Asghari y el libanés vinculado a Hezbolá, Salman El Reda, sobre quienes se mantiene vigente la alerta roja de Interpol, nunca se presentaron ante la justicia argentina donde son requeridos.
En la misiva, los diputados también hacen referencia al incidente ocurrido el 6 de junio de 2022 con el avión propiedad de Mahan Air utilizados por las Fuerzas Quds y que es explotado por la empresa Emtrasur, filial de Conviasa, en cuya tripulación conformada por 19 personas —14 venezolanos y 5 iraníes— habría algunos individuos, entre ellos el comandante de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, relacionado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con la aerolínea iraní Qeshm Air. La justicia argentina trata de determinar si el vuelo buscaba dar soporte financiero, material o de otro tipo, a Hezbolá, la cual operaría en la denominada “Triple Frontera”.
Se indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó y sancionó a ambas compañías aéreas —Mahan Air y Qeshm Air—, así como a las Fuerzas Quds y a los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, por sus actividades de apoyo al terrorismo internacional. Conviasa, la línea aérea venezolana también fue sancionada. Para los parlamentarios, los citados constituyen una amenaza directa para Argentina.
Asimismo, en la carta se destaca que Venezuela es la puerta de entrada de Irán a la región, así como también el alineamiento político que exhibe el Gobierno argentino con el venezolano, alertando que tal situación, como la del avión de Emtrasur, constituyen un incremento del riesgo. De allí el llamado al GAFI.
Finalmente, los diputados advierten que la actividad de Irán se ha incrementado en la región, como así lo demuestran los hechos recientes, por lo que el avance de las negociaciones internacionales para la firma de un nuevo pacto nuclear con Irán, debe llamar al GAFI a tomar un papel preponderante en la exigencia del cumplimiento de los objetivos de su creación.
“Los aquí firmantes, solicitamos el GAFI asuma la responsabilidad por ser el organismo rector en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, puntualiza la carta.
Este domingo 21 de agosto, durante el anuncio de una importante noticia en la que se socializaba el viaje de 35 estudiantes a la Nasa, gracias a un proyecto liderado por la fundación ‘She Is’, a través del proyecto ‘Ella es Astronauta’, la vicepresidenta Francia Márquez intervino para enviar un mensaje de apoyo y reconocimiento a las seleccionadas en todo el país, pero, no pasó por desapercibido un inopinado error al confundir un término.
En medio de su discurso, la vicepresidenta de Colombia se dirigió a las niñas estudiantes que estarán esta semana conociendo la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) en Houston, Estados Unidos, y les dijo que esperaba verlas convertidas en personas que aporten al desarrollo del país y del mundo. Sin embargo, sus deseos fueron confusos luego de mencionar que espera verlas convertidas en “astrólogas”.
Se trata de un grupo de niñas, entre los 9 y los 15 años, de 22 departamentos del país, que hacen parte de la segunda misión que viaja a las instalaciones de la NASA en Houston. La primera se llevó a cabo en agosto de 2021, con 31 niñas de Colombia y 1 de Costa Rica.
35 niñas de Colombia viajan a la NASA a capacitarse y la Vicepresidenta Francia Márquez les dice que espera verlas convertidas en unos años en “astrólogas” 😳 pic.twitter.com/JIdsbaMtx1
Un ex congresista de Miami que firmó un contrato de 50 millones de dólares como consultor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al parecer no solamente no realizó ningún trabajo, sino que canalizó gran parte del dinero a una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, de acuerdo con nuevas acusaciones en una demanda civil.
Las acusaciones contra el ex congresista David Rivera surgen en un nuevo documento presentado en la corte federal de Nueva York por detractores del dictador Nicolás Maduro que ahora controlan las filiales en Estados Unidos de la compañía petrolera estatal del país sudamericano.
Interamerican Consulting, la compañía de Rivera, fue demandada en 2020 por PDV USA —una filial con sede en Delaware de la compañía venezolana Citgo. La demanda señala que Rivera no realizó ningún trabajo para el contrato de 50 millones de dólares que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” para crear relaciones con importantes figuras en Estados Unidos.
El mismo contrato ha sido el centro de una investigación en curso de fiscales federales en Miami que examinan, entre otras cosas, si Rivera no se registró como cabildero extranjero, como lo requiere la ley.
Rivera no ha sido imputado de ningún delito, pero las nuevas acusaciones ofrecen una mirada detallada a sus tratos con la industria petrolera estatal venezolana y cómo él presuntamente se gastó el dinero que recibió.
Aproximadamente en el mismo período en que Rivera fue contratado, el régimen de Maduro había lanzado una ofensiva diplomática para conseguir ventajas con el gobierno de Donald Trump. Las autoridades venezolanas evitaron inicialmente hacer críticas directas al nuevo presidente estadounidense e incluso donaron 500.000 dólares al comité de su toma de posesión a través de Citgo.
El representante republicano David Rivera (AP Foto/Phil Coale, archivo)
El nuevo documento presentado ante la corte se basa en evidencia presentada en fecha reciente por abogados de PDV USA, incluidos 18.000 mensajes de texto y de WhatsApp correspondientes al teléfono de Rivera y declaraciones que él hizo durante dos días en julio.
Rivera recibió solamente 15 millones de dólares de la suma original, pero la nueva acusación señala que gastó parte de eso en pagos no explicados a un narcotraficante convicto y a una compañía de yates a nombre de un magnate televisivo venezolano buscado por las autoridades estadounidenses.
“El señor Rivera jamás prestó servicio alguno a Citgo y, tal parece, jamás tuvo intención de hacerlo”, según el documento presentado por PDV USA. “En su lugar, el verdadero propósito del acuerdo fue encubrir transacciones ilícitas”.
Rivera no respondió a una petición de declaraciones, pero ha insistido en su inocencia y ha contrademandado a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto porque la empresa no pagó 30 millones de dólares que él asegura todavía se le adeuda.
Según el documento presentado ante la corte, en un intercambio de mensajes con Raúl Gorrín —un allegado a Maduro propietario de la cadena privada de televisión más grande de Venezuela— Rivera discutió haber tratado de concertar una reunión entre el canciller chavista y ejecutivos de la empresa petrolera estadounidense Exxon.
El nuevo documento cita un mensaje en que Rivera y Gorrín intercambiaron mensajes de texto en que se decían que “el boleto para el concierto es de 15 dólares, no 20, como dijimos anoche”, palabras que según los abogados de PDV USA es una “clara referencia a un soborno”.
“En su declaración, el señor Rivera no pudo explicar qué significaba este mensaje de texto y testificó que no recordaba haber asistido a algún concierto en esa fecha”, aseveró PDV USA en su documento. La empresa no especificó a quien podría haber estado dirigido un soborno y la reunión nunca tuvo lugar.
Rivera había solicitado a la corte que protegiera sus comunicaciones con Gorrín, a quien Estados Unidos señala como el cerebro de una confabulación para desviar 1.200 millones de dólares de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
Gorrín es un abogado sin licencia para practicar en Estados Unidos y un juez en junio falló que las comunicaciones de Rivera con él no se ajustaban al privilegio abogado-cliente y deben ser entregadas como parte de lo que se conoce como descubrimiento de documentos para el caso.
De los 15 millones de dólares que Rivera recibió, aproximadamente 75% fueron transferidos a otros individuos, según el nuevo documento. Unos 3,75 millones de dólares fueron transferidos a una compañía en Miami, Interglobal Yacht Management. Rivera afirmó que el dinero fue un gasto por servicios conforme a contrato. PDV USA asegura que fue utilizado para pagar el mantenimiento de uno de los yates de lujo de Gorrín.
Cantidades similares fueron transferidas a Esther Nuhfer, a quien se describe como un socia política de mucho tiempo de Rivera, al igual que Hugo Perera, un empresario inmobiliario de Miami que se declaró culpable de fraude fiscal en un caso de contrabando de enormes cantidades de drogas en la década de 1990 contra el temido Cártel de Cali.
Rivera testificó que los pagos fueron por comisiones y asistencia que recibió como parte del contrato de consultoría, según PDV USA. Pero la nueva gerencia opositora a Maduro asegura que PDV USA jamás autorizó que Rivera hiciera subcontrataciones, como la establecía expresamente el acuerdo de consultoría.
Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA afirma que Rivera creó “contratos falsos” con una fecha anterior, 20 de marzo de 2017, un día antes que el acuerdo de consultoría entrara en vigor.
Interglobal declinó firmar el contrato con la fecha anterior con el argumento de que no había efectuado ese tipo de servicio de subcontratación.
“En síntesis, PDV USA no recibió nada de Interamerican a cambio de hacer pagos de 15 millones de dólares”, afirman los quejosos. “El grueso de esa suma fue transferida a terceras partes prófugas de la justicia que están acusadas formalmente o bajo una investigación penal en relación con esos pagos”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este sábado que suspenderá las órdenes de captura y extradición de los líderes del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de los «diálogos» entre el Gobierno y la guerrilla.
«Anuncio que por decreto, firmado el día de ayer, he autorizado restituir los protocolos y permitir a los negociadores a reconectarse de nuevo con su organización para que comience un diálogo con el ELN (…) para que esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia», ha anunciado el presidente izquierdista tras finalizar una reunión con las fuerzas militares en la ciudad de San Pablo, en el norte del país.
Con este anuncio, el mandatario izquierdista asegura la vuelta a los diálogos con el ELN. «Esta resolución inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia.», ha dicho.
«Estaremos vigilantes con la Fuerza Pública y autoridades civiles para que esto traiga la disminución de la violencia en el sur de Bolívar, en nuestro Magdalena Medio, en las tierras aledañas al gran río», ha añadido.
Hemos visto gente en los medios y en la izquierda decir todo tipo de cosas sobre el presidente Donald Trump con respecto a la redada del FBI en su casa de Mar-a-Lago.
También vimos al Fiscal General Merrick Garland actuar como si el FBI fuera la víctima porque hizo un movimiento sin precedentes que grita de política. Pero luego Garland se movió para bloquear la apertura de la declaración jurada de la orden de allanamiento. Todavía se ha negado a explicar por qué realizaron su redada cuando lo hicieron.
Hemos dicho que hay una gran diferencia en la forma en que tratan a Trump en comparación con la forma en que trataron a Hillary Clinton, que tenía un servidor privado completo para evitar la revisión, que destruía los correos electrónicos y cuya gente destruía Blackberrys. Nunca fue allanada. No fue procesada a pesar de tener documentos clasificados en su servidor.
Pero resulta que hay otra comparación importante para mostrar la diferencia de trato que se da aquí: una comparación con Bill Clinton.
Clinton grabó cintas de audio con el historiador Taylor Branch durante su presidencia y, durante un tiempo, incluso las guardó en el cajón de los calcetines.
Branch grabó setenta y nueve cintas de audio que “preservaron no solo los pensamientos y comentarios del presidente Clinton sobre eventos y problemas contemporáneos que enfrentaba como presidente, sino que, en algunos casos, registraron eventos reales como conversaciones telefónicas presidenciales.
Judicial Watch demandó para que las cintas fueran incluidas en los Archivos Nacionales.
Pero la jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, dictaminó que no había ninguna disposición en la Ley de Registros Presidenciales para obligar a los Archivos Nacionales a confiscar los registros de un expresidente. Lo interesante del caso es lo que dice con respecto al amplio poder de un presidente sobre los registros.
Pero el fallo de Jackson, junto con los argumentos del Departamento de Justicia que lo precedieron, hizo algunas otras declaraciones radicales que tienen una relevancia más directa para la decisión del FBI de confiscar las notas escritas a mano y los archivos que Trump llevó consigo a Mar-a-Lago. La más relevante es que la discreción de un presidente sobre lo que son registros personales versus oficiales es de gran alcance y solo suya, al igual que su capacidad para desclasificar o destruir registros a voluntad.
“Según el esquema estatutario establecido por la PRA, la decisión de separar los materiales personales de los registros presidenciales la toma el presidente, durante el mandato del presidente y a su entera discreción”, escribió Jackson en su decisión de marzo de 2012, que nunca fue apelada.
“Dado que el Presidente está totalmente encargado de la gestión e incluso la disposición de los registros presidenciales durante su tiempo en el cargo, sería difícil para este Tribunal concluir que el Congreso tuvo la intención de que él tendría menos autoridad para hacer lo que le plazca con lo que considera ser sus registros personales”, agregó.
El juez también señaló que sería incorrecto confiscar las cintas de Clinton, que era una “solicitud extraordinaria” que era “infundada, contraria a los términos expresos de la PRA y contraria a los principios tradicionales del derecho administrativo. El Tribunal está de acuerdo”.
Si el Archivo quiere impugnar una decisión, esa agencia y el fiscal general pueden iniciar un mecanismo de ejecución conforme a la ley, pero es un procedimiento civil y no tiene sanción penal, señaló.
Como señala Tom Fitton, quien perdió ese caso, en ese caso, el gobierno estaba defendiendo el asunto de que Clinton no tenía que entregar las cintas.
Pero ahora el gobierno persigue a Trump, con una orden demasiado amplia que sugiere que tenían derecho a buscar y apoderarse de cualquier documento realizado durante su presidencia. La actitud del gobierno se vuelve loca porque es Trump.
Kevin Brock, ex subdirector de inteligencia del FBI, le dijo a Just the News que la orden de allanamiento de la oficina era demasiado amplia e iba más allá de lo que recomendaba el manual del FBI para agentes. “La especificidad es importante para proteger los derechos de la cuarta enmienda de la exageración del gobierno exuberante diseñada para encontrar todo lo que puedan”, dijo a Just the News.
Brock agregó que no creía que el DOJ y el FBI tuvieran autoridad para criminalizar la retención de registros presidenciales.
La orden “aparentemente hace una afirmación legal novedosa de que cualquier registro presidencial mantenido por un expresidente es ilegal”, dijo Brock. “Hay que preguntarse qué piensan los otros expresidentes vivos sobre eso. Tienen el derecho y, aparentemente, claro deseo de permanecer en silencio”.
En pocas palabras, hay muchas preguntas legales aquí además de las preguntas de politización y el FBI tendrá que responder.
El fiscal federal Diego Luciani reanudará hoy el tramo final de su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner es acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Se espera que hoy culmine la presentación de elementos de prueba para luego formular los pedidos de pena para los acusados.
Una vez que el fiscal haya presentado los pedidos de condenas, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los 13 acusados preparen sus alegatos de defensa, según supo LA NACION.
La fiscalía anticipó el viernes que no acusará como integrante de la asociación ilícita a Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario del Ministerio de Planificación y primo del expresidente Néstor Kirchner, aunque eventualmente sí lo pueda acusar con respecto al otro delito que se juzga, que es el fraude contra el Estado.
En la audiencia pasada, Luciani comenzó a describir qué conductas de los acusados prueban que integraban una asociación ilícita creada para sustraer fondos públicos millonarios y argumentó por qué considera que Cristina Kirchner era la jefa de dicho armado delictivo.
“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el fiscal, y se refirió a los roles de Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, quienes fueron señalados como organizadores de la asociación ilícita.
Luciani rechazó la teoría de una supuesta persecución contra la vicepresidenta –el lawfare que esgrime el kirchnerismo como bandera– y dijo que ella intervino para beneficiar ilegalmente al empresario Báez. El fiscal orientó su exposición a demostrar la profundidad del vínculo entre Báez y los Kirchner y exhibió un testamento del año 2010 que, según él, acredita que Báez no disponía de la riqueza a su nombre. Además recordó operaciones comerciales compartidas por el empresario y el matrimonio presidencial y mostró las planillas de ingresos de Báez a la residencia de Olivos.
Antes de pasarle la palabra al fiscal Sergio Mola, Luciani citó una exposición del papa Francisco de 2014 sobre la corrupción: “El corrupto persigue a quien lo contradiga”, dijo. Y aclaró que el ese entonces el exministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni adhirió a estas palabras.
En su presentación, el fiscal Mola aludió a las declaraciones indagatorias de Cristina Kirchner, De Vido, Periotti y Báez, quienes habían denunciado que la causa se trataba de un caso de lawfare, y dijo que “tal construcción jurídica no existe”.
El pedido de pena
La contundencia de la documentación presentada más las comunicaciones reveladas y la vehemencia del alegato que realizó el fiscal permiten dar por descontado que Luciani pedirá una dura pena para la vicepresidenta, Báez y los exfuncionarios involucrados.
Luciani no adelantó cuál será el monto de la pena que reclamará, pero en los tribunales se espera que solicite al menos unos 10 a 12 años de prisión, aunque no faltaron quienes elevaron esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando la fama de “duro” del acusador.
La estimación surgió a partir de la consulta de LA NACION a jueces y fiscales de tribunal oral con larga experiencia (ajenos al proceso) que vienen siguiendo el juicio. Las fuentes dieron por descontado que, además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, el fiscal reclamará para la vicepresidenta la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que surgirá del monto del perjuicio al Estado que Luciani también dará a conocer hoy.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año), la pena de prisión efectiva solo se cumplirá si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Una mayoría de chilenos se opone al borrador de la nueva Constitución del país antes del plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Según el sondeo de Pulso Ciudadano, publicado a última hora del viernes, alrededor del 45,8% de los encuestados planea votar en contra de la Carta Magna. Solo un 32,9% ha asegurado que respaldará la Constitución, mientras que el 15,7% está indeciso.
El documento no ha logrado obtener el apoyo que muchos esperaban, lo que ha llevado a los aliados del Gobierno de Gabriel Boric a proponer una serie de cambios en sus puntos más controvertidos en un intento por influir en la votación del próximo mes.
Mientras que los partidarios de la nueva Carta dicen que fortalecería los derechos sociales y protegería el medio ambiente, los detractores advierten que desalentaría las inversiones, frenaría el crecimiento económico y acabaría con el Estado de Derecho.
La incertidumbre sobre la Carta magna de Chile podría persistir mucho más allá del referéndum, en tanto que el presidente izquierdista ha avanzado que buscará una nueva reescritura constitucional si la propuesta actual es rechazada.
La Administración de Boric se enfrenta a una acusación de la Contraloría General de Chile por haber utilizado fondos públicos para instar a la gente a votar a favor.
Canadá se posiciona al nivel de países como Nicaragua, Nigeria o Venezuela por cuanto a cristianofobia se refiere. Esto se desprende de las cifras oficiales dadas a conocer el pasado 2 de agosto por Statistics Canada.
El informe refleja los delitos violentos denunciados por la policía en Canadá, revelando que el mayor aumento de los delitos selectivos se produjo contra los católicos, con un aumento del 260% entre 2020 y 2021 (mientras que el antisemitismo aumentó 47% y contra la comunidad islámica 71%).
La Liga Católica de Derechos Civiles evidenció que ese periodo de recrudecimiento de ataques vandálicos contra la Iglesia se produjeron tras la publicación de reportajes sobre lo supuestamente ocurrido en la escuelas residenciales para niños de los pueblos originarios de Canadá. Se habló de fosas comunes en antiguos internados, por ejemplo, sin comprobar la información. La Liga Católica lleva la base online más importante de ataques.
Pero la cristianofobia no sólo es la que con actos vandálicos –y usualmente anónimos– ejercen algunos. En 2018 el Tribunal Supremo de Canadá se pronunció a favor de que si un estudiante de derecho se gradúa por la Universidad Cristiana de Twu y se opone al “matrimonio homosexual” no puede ejercer en dos provincias.
Las fuerzas rusas y ucranianas están enzarzadas en un enfrentamiento en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, lo que genera temores en toda Europa y el espectro de Chernobyl. Los bombardeos cerca de la planta ubicada estratégicamente, de los que ambos bandos se han atribuido al otro, han aumentado el riesgo de un accidente grave, y las familias están huyendo de la zona ante una posible catástrofe nuclear.
Por: Ellen Ioanes – VOX / Traducción libre del inglés de Morfema Press
Zaporizhzhia es la planta de energía nuclear más grande de Europa y proporciona electricidad a Ucrania y a varios países europeos. Su ubicación en el río Dnipro la convierte en un objetivo crítico para las fuerzas rusas, que controlan la planta desde marzo. A pesar de que las fuerzas rusas supuestamente convirtieron la planta en una instalación militar, los operadores ucranianos aún manejan la seguridad y las operaciones diarias de la planta, bajo una presión significativa.
Varias partes, incluido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han pedido la desmilitarización inmediata de la planta, citando el potencial de un desastre nuclear grave y generalizado. Sin embargo, Ivan Nechayev, subdirector del departamento de información y prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirmó que tal desescalada “ hará que la planta sea aún más vulnerable ”. Los funcionarios rusos también afirmaron en una carta a la ONU que Ucrania estaba planeando una «provocación» allí el viernes , según la agencia de noticias estatal TASS, una afirmación que Ucrania respondió diciendo que Rusia planeaba desconectar la planta de la red ucraniana y conectarla a la red eléctrica de Rusia, informó Reuters. Hasta el momento, ninguno de los incidentes se ha producido.
La preocupación mundial por la seguridad de Zaporizhzhia no es sorprendente, especialmente con el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 todavía presente. Además, esa preocupación no es infundada; existen posibilidades reales de problemas en la planta, que van desde alarmantes hasta catastróficos.
El mayor riesgo para Zaporizhzhia es un corte de energía
Si bien hay muchas cosas que podrían salir mal en Zaporizhzhia, «la probabilidad de un ataque intencional a la [planta] que conduzca a un gran desastre nuclear es baja», dijo Ivanka Barzashka, fundadora y codirectora de King’s Wargaming Network en King’s. College London, le dijo a Vox por correo electrónico. “Moscú tendría mucho que perder y nada que ganar con tal resultado, dada la proximidad del reactor a las fuerzas y la población rusas”. Además, la planta está construida para soportar ataques directos , ya que está construida con hormigón armado.
Los riesgos reales para la instalación probablemente se deban a errores humanos, bombardeos accidentales o falta de electricidad para enfriar el material nuclear, según Matthew Bunn, profesor James R. Schlesinger de prácticas de energía, seguridad nacional y política exterior en la Escuela Kennedy de Harvard.
“La mayor preocupación es [el] enfriamiento de una planta de energía nuclear”, dijo Bunn a Vox. «En general, para evitar un accidente en una planta de energía nuclear, es necesario mantener el núcleo del reactor bajo el agua y el combustible gastado y la piscina de combustible gastado bajo el agua para que se enfríen continuamente». Ese proceso de enfriamiento requiere electricidad, que ahora proviene de la red eléctrica externa de Ucrania. El desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón, por ejemplo, ocurrió debido a un tsunami que cortó la electricidad fuera del sitio de la planta y destruyó los generadores, lo que hizo imposible enfriar la instalación a pesar de que el reactor se había apagado de emergencia.
Sin embargo, como dijo Bunn a Vox, varias de esas líneas ya se han cortado, lo que aumenta la posibilidad de que Zaporizhzhia tenga que depender de generadores diésel para respaldar el proceso de enfriamiento. No está claro cuánto combustible tienen esos generadores, dado que, según los informes, las fuerzas rusas han estado extrayendo el combustible para sus propios fines, dijo Bunn. “El diésel es un producto muy buscado en cualquier zona de guerra”, dijo. “Se supone que habrá días de diesel en el sitio; no sabemos si eso sigue siendo cierto o no”. La agencia nuclear ucraniana Energoatom dijo el viernes que las fuerzas rusas estaban buscando diesel para alimentar los generadores en caso de pérdida de energía, según Reuters .
En el peor de los casos, la planta podría perder energía y las bombas que circulan agua para enfriar el núcleo del reactor y la piscina de combustible gastado se apagarían. El calor que generan el núcleo del reactor y el material gastado hierve el agua circundante hasta que se evapora, exponiendo el núcleo del reactor «en cuestión de horas», dijo Bunn. “Entonces el combustible comenzaría a derretirse. Incluso si apaga el reactor, algunas personas se refieren a él como ‘el fuego que no se apaga’: el combustible aún genera mucho calor a partir de la descomposición radiactiva de los átomos divididos, lo que se conoce como productos de fisión, en el combustible.»
Sin embargo, un incendio de combustible gastado, lo que Bunn se refirió como el «peor de los casos», es poco probable dado que no hay tanto en Zaporizhzhia como en otros sitios; eso se debe a que Zaporizhzhia solía enviar combustible gastado a Rusia para su almacenamiento y reprocesamiento allí. “Eso realmente solo sucede cuando tienes combustible que está muy compacto y muy caliente, después de haber sido liberado del reactor hace relativamente poco tiempo”, dijo.
Incluso si el suministro de electricidad se mantiene, los bombardeos podrían dañar la instalación , provocando una fuga de agua fuera de la planta y alterando el proceso de enfriamiento. De manera alarmante, el bombardeo en curso ya ha causado daños a la planta , incluso cerca de una subestación que provocó el cierre de una de las dos únicas líneas eléctricas operativas el 5 de agosto.
Como dijo Bunn a Vox, el elemento humano es fundamental para mantener la seguridad de la planta. “Los operadores ucranianos han estado operando esencialmente a punta de pistola rusa durante meses”, dijo Bunn. “[Están bajo] un enorme estrés psicológico; muchos de ellos han despedido a sus familias, están exhaustos. Bajo esas condiciones, la posibilidad de error humano en la operación de la planta está siempre presente. Han estado haciendo un trabajo heroico, pero las personas bajo estrés cometen errores ”.
Los operadores de la planta que han podido hablar con fuentes externas pintan un panorama desgarrador. “Lo que está pasando es horrible y está más allá del sentido común y la moralidad” , escribió el personal de la planta en un canal de Telegram , según la BBC. “La situación psicológica es difícil”, dijo a la BBC una trabajadora llamada Svitlana . “Los soldados caminan por todas partes con armas y en realidad todos están a punta de pistola”.
Un militar ruso patrulla el territorio de la central nuclear de Zaporizhzhia en Energodar el 1 de mayo de 2022. Andrey Borodulin/AFP
¿Por qué es tan importante Zaporizhzhia?
Zaporizhzhia es importante tanto para Ucrania como para Rusia porque es un suministro de energía crucial . Y aunque Guteres declaró el viernes que la electricidad que proporciona la planta es de Ucrania para hacer lo que le plazca, no es improbable que Rusia quiera conectar esa fuente de energía a su propia red , como advirtió Ucrania.
“Una fuente de energía nuclear segura y confiable conectada a la red eléctrica de Crimea beneficiaría significativamente a Rusia”, dijo Barzashka a Vox. Crimea está conectada a la red eléctrica rusa; Ucrania también lo estaba antes de la guerra, pero rápidamente cambió a la red eléctrica europea después de la invasión, según IEEE Spectrum .
La planta de energía de Zaporizhzhia se encuentra en la frontera norte del territorio controlado por Rusia y, además de su utilidad como fuente de energía, Rusia también está “utilizando la planta como escudo contra cualquier posible intento ucraniano de retomar el área”, como El miembro residente del Atlantic Council para investigación de seguridad, Ruslan Trad, escribió .
El presidente ucraniano, Volodymyr Zalenskyy, ha llamado a la estrategia » chantaje con radiación «, acusando a Rusia de utilizar el potencial de un desastre nuclear para evitar que las fuerzas ucranianas retomen el territorio circundante. Alrededor de 500 soldados rusos están allí , según el jefe de Energoatom, Petro Kotin, y el viernes aparecieron imágenes que muestran vehículos militares rusos en la sala de turbinas de la planta . “Rusia está lanzando ataques desde este reactor, posiblemente en contradicción con el derecho internacional, porque sabe que los ucranianos no dispararán contra el reactor debido al enorme peligro”, dijo Bunn. “Eso es imprudente, ilegal y es un ultraje”.
Hasta el momento, Rusia se ha negado a desmilitarizar la planta y crear una zona de seguridad a su alrededor, diciendo que las tropas rusas posicionadas allí son una salvaguardia contra un desastre nuclear.
Bunn, así como Nikolai Steinberg, ex ingeniero jefe de Chernobyl, sostienen que el reactor debería haber sido cerrado hace meses, y Steinberg calificó su operación continua como » un crimen «. Sin embargo, explicó Bunn, «se han mantenido en funcionamiento porque son muy, muy importantes para la red ucraniana, y el gobierno ucraniano ha estado ganando dinero vendiendo electricidad de estos reactores en el mercado europeo».
Ucrania, que para empezar no es un país rico, ha sufrido importantes dificultades económicas debido a la guerra, por lo que, en cierto sentido, es un rehén financiero de su industria nuclear, en particular dadas las sanciones contra las importaciones de combustible ruso y los graves problemas relacionados con el clima con otros países europeos . fuentes de energía Si Rusia desvía la energía de Zaporizhzhia a Crimea y Rusia y lejos de Ucrania y Europa , causaría un efecto dominó significativo y aumentaría los precios de la energía en el mercado europeo. “El robo de una planta de energía nuclear por parte de Rusia es un problema para Europa”, dijo al Wall Street Journal Suriya Jayanti, exdirector de energía de la embajada de Estados Unidos en Kiev .
El cierre de la planta al comienzo de la invasión, aunque desafiante para la seguridad energética en Ucrania y Europa, habría permitido que los reactores se enfriaran, lo que haría menos probable un desastre nuclear. Sin embargo, según los informes, Rusia carece de la capacidad de contratar a sus propios operadores con la capacidad técnica y la voluntad de operar la planta en una zona de guerra activa, por lo que los funcionarios no aceptarían desconectar la planta por temor a que no pudieran reiniciarla.
“Me temo que, debido a la importancia de este sitio, probablemente no hayamos visto el final de los combates cerca de este reactor, y me temo que Rusia no aceptará la sensata propuesta de la ONU para una zona desmilitarizada en este sitio”. dijo Bunn.
¿Cómo mitigar los desastres, ahora y en el futuro?
Los expertos ucranianos advierten sobre posibles consecuencias cataclísmicas en caso de que se produzca un accidente en Zaporizhzhia, incluida una fuga radiactiva que podría matar a miles, desplazar a 2 millones y causar contaminación por radiación en un área del triple del tamaño de Ucrania, según IEEE Spectrum . Una experta sénior en seguridad nuclear de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, Olena Pareniuk, advirtió que Zaporizhzhia podría causar el primer accidente nuclear de magnitud 8; por contexto, las fusiones en Chernobyl y Fukushima fueron calificadas como de magnitud 7 en la Escala Internacional de Eventos Nucleares y Radiológicos .
Dado que apagar los reactores no parece una opción en este momento, Bunn dijo que la acción más apremiante es detener el bombardeo. “Operar reactores en una zona de guerra simplemente no es una buena idea”, dijo. El siguiente paso es permitir que un equipo de monitoreo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ingrese a la planta. Múltiples partidos, incluidos Guterres y el presidente francés Emmanuel Macron , instan a Rusia a que lo haga; Macron anunció el viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, había aceptado dejar entrar a un equipo, pero no ofreció más detalles.
Enviar al equipo de monitoreo del OIEA probablemente detendría las hostilidades, ya que los combatientes probablemente no estarían dispuestos a arriesgarse a dañar a los civiles en una misión de alto perfil, y permitiría a los expertos recopilar información independiente sobre el estado de la planta y sus trabajadores.
Sin embargo, esa no es una solución sostenible, según Bunn; “El OIEA simplemente no está configurado para enviar equipos que se quedan solo durante meses”, dijo. “El escenario más plausible que existe es enviar un equipo del OIEA, hacer arreglos para que las personas y los equipos entren y salgan con mayor regularidad”, y luego enviar equipos de monitoreo mensualmente, dijo.
En última instancia, el mundo necesita mejores acuerdos y tratados sobre el estado de las instalaciones nucleares en conflicto. Por ejemplo, una enmienda de 1977 al protocolo de Ginebra prohíbe los ataques a centrales nucleares civiles y otras infraestructuras, pero los rusos se retiraron de ese acuerdo en 2019.
Un escenario más favorable, dijo Bunn, sería la adopción generalizada del tratado entre India y Pakistán , quienes acordaron no atacar las instalaciones nucleares de los demás e incluso aclarar anualmente qué instalaciones deben evitarse.
¿Entre las principales razones por las que no existen acuerdos sólidos que prohíban los ataques a las centrales nucleares? política de Estados Unidos. “Estados Unidos ha querido mantener la opción de atacar reactores nucleares, en parte por razones de no proliferación nuclear. No es inusual que un estado que lanza un programa de armas nucleares afirme, cuando en realidad es un reactor militar, que es un reactor civil”, dijo Bunn. En 1994, por ejemplo, EE. UU. sopesó atacar un reactor norcoreano con el entendimiento de que estaba contribuyendo a la proliferación de armas, pero finalmente se negó a hacerlo.
EE. UU., dijo Bunn, debería al menos estar de acuerdo con la posición de que los reactores funcionales monitoreados internacionalmente deberían estar protegidos contra ataques. El statu quo “hace que sea muy difícil para Estados Unidos subirse a un caballo alto sobre esta situación”.
