Un misil ruso golpeó el lunes un centro comercial en Kremenchuk, en el centro de Ucrania, matando al menos a 20 personas e hiriendo a docenas más en lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como un «ataque terrorista descarado».

Por: The Moscow Times / Traducción libre del inglés de Morfema Press

Rusia sostiene que el centro comercial no había estado abierto durante el ataque y que sus fuerzas estaban apuntando a un arsenal cercano de armas suministradas por Occidente, una versión de los hechos que Ucrania niega.

Días después, los rescatistas siguen trabajando para recuperar a las víctimas de los escombros:

Alrededor de las 4:00 p. m. el lunes, los residentes de Kremenchuk informaron haber escuchado una fuerte explosión seguida rápidamente por otra.

Las explosiones fueron seguidas por un incendio masivo en el centro comercial. Las autoridades ucranianas dicen que al menos 19 personas murieron en el lugar del ataque y una persona murió en el hospital.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el centro comercial se incendió después de que detonaran las armas occidentales que tenía como objetivo.

Pero las imágenes de la cámara de seguridad del parque al lado del almacén muestran el primer misil golpeando el centro comercial.

Moscú también afirma que el centro comercial no había estado operativo, mientras que las imágenes del centro comercial dos días antes sugieren lo contrario.

Un misil antibuque Kh-22 disparado desde bombarderos Tu-22 con base en el oeste de Rusia golpeó el centro comercial, según la fuerza aérea ucraniana.

Este tipo de misil no es adecuado para ataques dirigidos en áreas civiles y se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como «uno de los actos terroristas más descarados de la historia europea».

El asistente presidencial Mykhaylo Podolyak acusó a Rusia de ser un «estado terrorista».

Dmitry Polyansky, representante adjunto de Rusia ante la ONU, afirmó que el ataque parecía una «nueva provocación ucraniana al estilo de Bucha», refiriéndose a las atrocidades masivas cometidas contra civiles en un suburbio de Kyiv.

Imágenes del desastre

En julio de 2018, Control Ciudadano publicó un modesto informe que daba cuenta del entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela. El primero en su tipo, que determinaba el número de órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa, sistematizando la información disponible de carácter público, hasta entonces, sobre el objeto, fecha de creación, composición accionaria y autoridad militar al frente de las mismas.

Por: Control Ciudadano

Sin embargo, ha continuado la activación de empresas militares en Venezuela, por parte del Ejecutivo nacional, a pesar de la crisis económica. No obstante, se desconoce el estado de funcionamiento de las mismas, pues no son públicos los estados financieros, la memoria y cuenta de ninguno de los cuarenta y cuatro (44) entes de diferente naturaleza jurídica, que se ha podido determinar para la elaboración de este informe, se encuentran adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, categorizados como empresas militares.

Al menos una empresa militar ha sido creada a partir de 2018, desde la publicación del informe de Control Ciudadano. Se trata de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (EMASPROFORN) en diciembre de 2020, así como el servicio desconcentrado para la gestión y administración de las zonas económicas especiales militares de carácter industrial y productivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEZEEMFANB). También se han creado dos zonas económicas especiales militares que complementan “por ahora” el portafolio de empresas militares adscritas al Ministerio del poder popular para la Defensa. Una en el Estado Aragua y otra que abarca territorios de los Estados Bolívar y Delta Amacuro, como se explicará más adelante.

En Venezuela el acceso a la información pública es muy restringido, y sobre temas vinculados a la Fuerza Armada Nacional, aún más limitado y en algunos casos inexistente. A pesar de ello, hemos querido dar una panorámica de todas las empresas y servicios militares que actualmente existen en Venezuela, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa para poner atención, especialmente, en las últimas empresas (CAMIMPEG y EMASPROFORN), así como las zonas económicas militares especiales creadas, con el fin de visibilizar el tamaño y competencias que viene ejerciendo esta burocracia militar, el salto cualitativo de competencias que ha comenzado a asumir la Fuerza Armada Nacional, alejándose de las funciones constitucionales que tiene asignada, para incentivar con esta publicación, el debate sobre las reformas necesarias, que permitan adecuar la institución militar a estándares legales de funcionamiento, eficiencia y control democrático.

Expansión de actividades al margen de la constitución

El tamaño de la estructura burocrática militar ha ido en crecimiento en las últimas décadas en Venezuela, hasta llegar en la actualidad a estar conformado por cuarenta y cuatro (44) empresas militares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles, adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Parte de la burocracia de empresas militares, ya existía previo a la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en 1998, sin embargo, durante su gobierno se expandió, para consolidarse en la gestión de Nicolás Maduro y orientarse hacia la explotación de actividades estratégicas asociadas al petróleo, los minerales, industria en general y servicios ambientales, algo nunca antes visto en la historia de la Fuerza Armada Nacional y ciertamente cuestionable, dadas las ya exigentes funciones constitucionales que tiene asignada la Fuerza Armada Nacional, de garantizar la soberanía e integridad del espacio geográfico nacional, que no están resultando eficazmente cumplidas.

Las características comunes que presentan los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa son las siguientes:

• No son capaces de exhibir a la fecha dividendos ni transparencia pública de su gestión.
• La suscripción de contratos y prestación de bienes y servicios de estos entes son completamente opacos para la sociedad.
• Se desconoce si están realizando las rendiciones físico financieras ante la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, según el caso, de acuerdo a la Ley.
• Las competencias que tienen asignadas en muchos casos se solapan. Y en otros, las empresas, ejercen claramente funciones inconstitucionales, pues son incompatibles con las que tiene atribuida la FANB. En el caso concreto de CAMIMPEG y EMASPROFORN con funciones de explotación ambiental irreconciliable con la función de guardería ambiental que tiene asignada la institución militar.
• Sus competencias, bienes y servicios, no están solo dirigidos, hacia la Fuerza Armada Nacional y los efectivos militares, sino en la mayoría de los casos al público en general, lucro y explotación de bienes públicos y recursos naturales. Y en algunos casos orientados al mercado nacional e internacional.
• A pesar de la proliferación y competencias asignadas, no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB, ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la Nación, o aumentado el apresto operacional de los componentes armados.
• En general son un archipiélago de empresas creadas para manejar recursos, con amplios márgenes de discrecionalidad, repitiéndose casi todas, en la misión estatutaria que tienen establecida.

Conclusiones del informe

• A través de esta investigación hemos podido determinar el objeto de cada uno de los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa, sin embargo, como se indicó supra, se desconoce la información sobre el alcance de las actividades que realizan. El Ministerio del poder popular para la Defensa, no publica la memoria y cuenta desde el año 2015. Y no hay disponibilidad de acceso a la información sobre las memorias y cuentas de los años 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 de dicho ministerio, siendo muy limitadas en la información, las memorias y cuentas de los años 2011, 2013 y 2014. Con la cual la opacidad es completa y deliberada, violándose el derecho de acceso a la información que tenemos los venezolanos sobre la gestión de la administración y recursos del Estado.
• A pesar de la propaganda oficial, no se evidencian logros tangibles de producción de las empresas adscritas al Minsiterio del poder popular para la Defensa. La página web del Ministerio, refiere al “Motor Industrial Militar 2016 -2026”, pero no presenta contenido, alcance de los resultados, ni actualiza información. Tampoco datos o logros de los órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio del poder popular para la Defensa. La mayoría de estos simplemente no se mencionan.
• Dentro de la EHC, el gobierno está buscando alternativas con que cubrir gastos del sector castrense. Estas opciones se manifiestan en la creación de zonas económicas especiales militares que permitan generar algún negocio. Es de esperar que se decreten más zonas de este tipo en cualquier parte del país que tenga algún potencial rentable.
• En las empresas y decretos revisados, salta a la vista el irrespeto al tema ambiental. Se le considera sólo como un depósito de bienes y servicios que están allí a disposición del que llegue primero. Es muy posible que veamos en poco tiempo como proliferan estas zonas económicas especiales militares, dentro de más Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Ya tenemos algunas muestras, aunque no militares, en algunos parques nacionales: Los Roques y El Ávila- Waraira Repano.
• CAMIMPEG es la estrella de las empresas militares. Su ascenso no ha debido ser fácil. Tuvo que desplazar a PDVSA del control minero y hacerse con la potestad ambiental sobre el patrimonio de todos los venezolanos.
• SEDEZEEMFANB, viene a reforzar el control militar en el Arco Minero y en los tres estados del sur del país. Aunque en principio, su ubicación está circunscrita a los municipios Sifontes de Bolívar y Antonio Díaz de Delta Amacuro. Las aguas dulces y saladas entran dentro de sus competencias. El 80 % agua dulce superficial del país y la producción hidroeléctrica, ya vulnerados, corren más riesgos. Así mismo, los ríos y el mar son las autopistas hacia otras fronteras. Las ABRAE, más de 30, presentes en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y hasta la desembocadura del Orinoco al Atlántico, están bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de contraloría.

Recomendaciones

• Es imperativo la restitución de la institucionalidad en el sector castrense.
• Es necesario el resguardo de la Nación y se hace un llamado a los militares a que retomen sus funciones.
• Hay que restaurar la institucionalidad ambiental, y los centros de generación de conocimiento, recuperando dentro de lo posible, los espacios intervenidos, en fin, proteger nuestro patrimonio natural.
• Respetar, proteger y permitir el desarrollo de la vida y culturas indígenas.
• Ratificar el Convenio de Minamata y honrar los compromisos de todos los convenios internacionales adquiridos.
• Es urgente que se firme el ejecútese a la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia.
• Tal como se señaló, la voracidad de afectar amplias zonas del territorio nacional para colocarlas bajo régimen militar es un fenómeno en expansión en Venezuela. Una tendencia que está siendo fortalecida con la creación, por ahora, de dos Zonas Económicas Especiales Militares, que además pasan a ser zonas de negocios económicos para la FANB. Estos regímenes especiales de ordenamiento territorial no pueden continuar generalizándose en términos de afectación del territorio y los derechos de las personas, mucho menos para ser ahora gestionados por empresas militares.
• Es urgente una auditoria del entramado de empresas militares, pero, además, la disolución de la mayoría, con una reingeniería organizacional que ajuste sus actividades a la ley y oriente sus funciones actuales, hacia los sectores públicos o privados que corresponda, salvaguardando el patrimonio público y propiciando la transparencia y rendición de cuentas.
• Finalmente, es necesario derogar los decretos de creación del arco minero, de CAMIMPEG, de SEDEZEEMFANB y de La Fuerza Armada Nacional no puede tener atribuidas funciones de guardería ambiental y ser titular del derecho de explotar y destruir el medioambiente en Venezuela.

El informe completo de Control Ciudadano lo puedes leer siguiendo este enlace

Los integrantes del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, han utilizado todas las formas de violencia para forzar un cambio de Gobierno en Ecuador; como el envío de falsas misiones de Derechos Humanos (DDHH) para derrocar al Ejecutivo de Lasso.

Por: Nitu Pérez Osuna – La Gaceta de la Iberosfera

El guión de los progres en una y otra nación del continente, es siempre el mismo. Primero fomentan crisis y lanzan a la calle a miles de manifestantes. En esta oportunidad, como hicieron también durante el gobierno de Lenin Moreno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) -organización vinculada al Foro de Sao Paulo- y que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador representa el 7% de la población total de la nación, convocó a un paro nacional en demanda a la congelación de precios, condonación de deudas a familias campesinas y reducción de costes de la gasolina. Las protestas “pacíficas” arrojaron muertos, heridos y destrucción de bienes públicos y privados.

Segundo, envían misiones de derechos humanos para “visibilizar el uso desmedido de la fuerza” por parte del Gobierno. Así llegó al Ecuador el 25 de junio la “Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos”, liderada por Juan Grabois, un operador marxista argentino e integrada además, por Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Claudia Rocca, de la Asociación Argentina de Juristas, entre otros. Su objetivo real: fomentar y acompañar las protestas, al tiempo que, atacar y desprestigiar a quienes ejercen la legítima defensa -es decir al Gobierno- pese a que el vandalismo es ejecutado por quienes protestan.

Tercero, desplegar una campaña internacional de denuncias contra el Ejecutivo. Así lo hizo Grabois, afirmando en varias declaraciones, haber constatado «asesinatos, torturas y desapariciones forzadas» por parte del Gobierno, pero nada dijo sobre el asesinato, en medio de las manifestaciones, de José Chimarro Quishpe, sargento primero del Ejército, ni una mención sobre los 120 policías heridos, la docena de patrullas destruidas y la economía paralizada producto de los disturbios.

Se trata del mismo esquema llevado a cabo por una misión similar compuesta también por argentinos, que acusó falsamente al presidente Iván Duque por genocidio durante las protestas vandálicas de 2021.

No es casual que tanto Marianela Navarro como la Asociación Argentina de Juristas que viajaron a Ecuador, hayan participado en la misión de derechos humanos que se trasladó a Bogotá el año pasado. A Juan Grabois se le impidió el ingreso entonces a Colombia, y fue deportado.

Como podrá constatarse, las denuncias que hacen en Ecuador son prácticamente las mismas que hicieron en Colombia: “Es un escenario de guerra, porque lo cierto es que se está dando un tratamiento de guerra a la población civil desarmada, y del otro lado lo que hay es un sector empobrecido que clama por justicia social, por un conjunto de demandas que jamás el Estado colombiano resolvió. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina”, declaró Marianela Navarro desde Colombia el año pasado. En aquella oportunidad, los integrantes de la misión argentina fueron grabados, y se pudo corroborar que su verdadero objetivo era lograr un cambio de Gobierno en Colombia.

En resumen, esta misión de DDHH no es tal cosa, solo busca agitar la violencia culpando al Gobierno de ella, neutralizar la acción del Estado y de las fuerzas de seguridad, tomar el control de las organizaciones de derechos humanos y -a través de ellas- determinar quienes violan esos derechos y quienes no.

En otras palabras, esta “Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos” lo que ha pretendido siempre es encubrir los delitos y el vandalismo que han sido promovidos por el Foro de Sao Paulo y sus aliados, pero guarda absoluto silencio sobre los 63 años de infame dictadura en Cuba y calla los terribles delitos contra la población civil y militar que el regimen chavista-madurista comete en Venezuela.

La noche de este martes 28 de junio, la moción de destitución de Guillermo Lasso como presidente de la República de Ecuador fue derrotada. Es decir, no se alcanzaron las dos terceras partes (92) de los votos parlamentarios, como lo establece la ley local para hacer efectiva la remoción del mandatario.

Al conocer los resultados, Guillermo Lasso expresó, a través de su cuenta Twiter, el compromiso de seguir trabajando por el país: “Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz. Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador”.

Después de la anulación de Roe v Wade, el juez Clarence Thomas ha sido un objetivo particular del ataque venenoso de la mafia progresista. ¿Por qué lo odian tanto? Uno podría ser perdonado por pensar que se debe a sus puntos de vista incondicionales contra el aborto. Pero esa explicación no funciona.

Por: Gabriel Andrade – MercatorNet / Traducción libre del inglés de Morfema Press

El Papa Francisco ha expresado durante mucho tiempo que oponerse al aborto está “estrechamente relacionado con la defensa de todos y cada uno de los derechos humanos”, y, sin embargo, la izquierda no está obsesionada con él (de hecho, a muchos incluso les gusta ). En algún momento, incluso Joe Biden apoyó permitir que los estados anularan Roe v Wade , y nuevamente, la izquierda no se enojó con él.

No comportarse como se esperaba

Entonces, ¿por qué el ánimo contra Thomas? Sólo puede haber una explicación: la raza. En 1991, cuando fue acusado de acosar sexualmente a Anita Hill, Thomas respondió que fue víctima de “un linchamiento de alta tecnología para negros engreídos que de alguna manera se dignan a pensar por sí mismos, a hacer por sí mismos, a tener ideas diferentes, y es un mensaje de que, a menos que te doblegues ante un antiguo orden, esto es lo que te sucederá”.

Esta fue una palabrería, ya que trivializó el sufrimiento de las víctimas reales de linchamiento en la turbulenta historia de las relaciones raciales de Estados Unidos. Pero Thomas tenía razón al argumentar que en los Estados Unidos, cualquier persona negra que se atreva a desviarse de la narrativa oficial de cómo se supone que deben actuar los negros, enfrentará un acoso severo.

En 1991, anticipó una tendencia que se convertiría en la corriente principal de nuestro tiempo: si naces con un color de piel en particular, se supone que debes comportarte de cierta manera y defender una ideología específica. Si no, eres un traidor a la raza. Como Biden lo expresó tan claramente :

“Si tienes problemas para saber si eres para mí o para Trump, entonces no eres negro”.

Cualquier estudioso competente de la historia del racismo reconocería inmediatamente esto como esencialismo racial. Como explica Angelo Corlett en su libro Raza, racismo y reparaciones ,

“los defensores del esencialismo racial definen las razas humanas por un conjunto de rasgos genéticos o culturales compartidos por todos los miembros de un grupo ‘racial’”.

¿Quiénes son los neonazis ahora?

En la primera mitad del siglo XX, este punto de vista era popular entre los defensores de la llamada «ciencia racial». Creían que los rasgos biológicos raciales determinan cómo se comportan las personas. Hitler creía que por mucho que una persona con ascendencia judía intentara asimilarse a la sociedad alemana (incluso convirtiéndose a otra religión), él o ella seguirían siendo un judío peligroso, porque estaba en su esencia.

El esencialismo racial es abominable, y uno podría pensar que después de 1945, el mundo aprendió una lección. Y, sin embargo, el esencialismo racial está vivo y coleando, pero esta vez, bajo la apariencia de un progresismo despierto. Según las reglas del progre de hoy, si eres negro, debes adoptar toda la mentalidad del progresismo.

A los blancos (como el Papa Francisco) se les puede perdonar ocasionalmente por tener puntos de vista antiaborto, pero si eres negro y te desvías de la línea del despertar (como Clarence Thomas), eres un traidor racial, un Tío Tom. Como era de esperar, Thomas ha sido llamado «tío Clarence» varias veces.

Si eres negro, no solo tienes que actuar de cierta manera, sino que también debes tener una preferencia sexual especial. Los progresistas aplauden las relaciones interraciales, pero entre ellos hay una sensación de inquietud cuando contemplan a un hombre negro exitoso casándose con una mujer blanca.

Por ejemplo, cuando Thomas fue nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la columnista de USA Today Barbara Reynolds escribió : “Aquí hay un hombre que va a decidir cuestiones cruciales para el país y ya le dijo no a los negros; ya ha dicho que si no puede pintarse de blanco, pensará en blanco y se casará con una mujer blanca”. Russell Adams , presidente de estudios afroamericanos en la Universidad de Howard, dijo sobre Thomas que: “casarse con una mujer blanca es una señal de su rechazo a la comunidad negra”.

Verdaderamente racista

Frantz Fanon es una figura querida por la izquierda. En 1952, publicó Black Skin, White Masks , un texto canónico del progresismo. En ese libro, también desprecia a los hombres negros que se enamoran de mujeres blancas. Fanon se castiga a sí mismo por haber tenido, en algún momento, estos pensamientos : “De la parte más negra de mi alma, a través de las rayas de cebra de mi mente, surge este deseo de ser repentinamente blanco. Deseo ser reconocido no como negro sino como blanco… Me caso con la cultura blanca, la belleza blanca, la blancura blanca”. La implicación de este pasaje es que amar a una mujer blanca es un acto de traición racial.

Fanon sintió desdén por los negros que abrazaban los valores occidentales. Afirmó que llevaban máscaras blancas, como si de alguna manera se estuvieran desviando de su verdadera esencia y, por lo tanto, estuvieran viviendo una vida no auténtica. Por lo tanto, así lo creía Fanon, la civilización occidental debe ser rechazada por completo. Como explicó en Los condenados de la tierra , “cuando los colonizados escuchan un discurso sobre la cultura occidental, sacan sus machetes o al menos revisan que estén a mano”. El que admira los valores occidentales es un vendido.

Desde Fanon, el esencialismo racial en nombre del progreso no ha hecho más que empeorar. Ahora se alienta a las personas de color a no honrar la puntualidad, porque llegar a tiempo es parte de la blancura. Los niños negros que tienen talento académico corren el riesgo de que les digan que están “actuando como blancos”. Analizar las cosas objetivamente es un acto de supremacía blanca. Y así.

En consecuencia, a Clarence Thomas no se le permite tener opiniones contrarias al aborto. A nadie le importan sus argumentos contra el aborto, porque se supone que no debe hacerlos en primer lugar. Otros juristas, filósofos o teólogos podrán oponerse al aborto, pero solo si son blancos. Thomas es odiado no por sus puntos de vista, sino por el color de su piel. Trastorna las clasificaciones raciales arbitrarias que los progresistas están tan ansiosos por adoptar.

Según la taxonomía del despertar, los negros no pueden ser conservadores y, si lo son, solo llevan una «máscara blanca». Parafraseando al difunto Christopher Hitchens, “la política de identidad lo envenena todo”. Ya no podemos tener una discusión significativa sobre algo tan vital como el estado ontológico de un feto, porque la raza de los participantes determinará a quién se le permite defender un punto de vista particular. Es hora de hacer retroceder esta locura.

Hace 23 días que el avión venezolano-iraní arribó al Aeropuerto de Ezeiza. Hace quince días que sus 19 tripulantes tienen dictada una prohibición de salida del país, misma cantidad de días desde que la aeronave quedó incautada por decisión del juez Federico Villena. Con un encuadre realizado por la fiscalía sobre posibles vínculos con el terrorismo internacional, el expediente avanza, pero la querella reclamó más celeridad. Este jueves se inicia una «mesa de trabajo» que incluye al FBI y fuerzas federales.

Por: Clarín

En el marco del expediente judicial que inició por impulso de la fiscal Cecilia Incardona, se realizaron más de 46 medidas de prueba. En su último dictamen, se requirieron otras once acciones que buscan esclarecer algunos ejes centrales: el verdadero motivo por el cual arribó el Boeing 747 a nuestro país, los antecedentes y verdadera identidad de los tripulantes, en particular todo lo concerniente a los iraníes, y si efectivamente, se trata de un vuelo de carga o si oculta otros intereses.

La representante del Ministerio Público Fiscal detalló que hay una gran cantidad de informes, documentos, detalles que aún están pendientes. Desde exhortos librados a siete países diferentes, a organismos de inteligencia como a autoridades aeronáuticas, hasta el informe de las pericias de algunos aparatos electrónicos y detalles de organismos del gobierno.

Ante ese escenario, la DAIA -querellante en el caso- pidió más celeridad por parte de las diferentes fuerzas federales y organismos del Gobierno que aún se encuentran procesando información requerida por la justicia federal.

Se decidió constituir una mesa de trabajo integrada por las diferentes fuerzas federales de seguridad, que intervienen en el caso, con la colaboración del FBI, la DAIA en su rol de denunciante y querellante, y las autoridades judiciales.

«Esa mesa de trabajo empieza a funcionar mañana (por el jueves) con expectativa para que permita acelerar algunos procesos de análisis e intercambio de información», explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En sus argumentos, la querella sostuvo: «Nuestra hipótesis de investigación es la posible financiación de actividades terroristas o la instalación de una red de espionaje con objetivos terroristas».

En ese mismo sentido, recordaron que «las lamentables experiencias sufridas por nuestro país han demostrado que una de las formas de introducir ilegalmente al país tanto divisas para financiar las actividades delictivas como agentes con idéntico fin ha sido el ‘enmascaramiento’ detrás de actividades comerciales supuestamente lícitas, por eso entendemos imprescindible despejar las dudas que surgen sobre la rentabilidad del vuelo cuestionado».

La documentación más compleja que está bajo análisis es la proveniente del FBI y el Tesoro de Estados Unidos. Fueron los primeros en clarificar algunos aspectos sobre Gholamreza Ghasemi, el piloto iraní y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas a través de empresas aerocomerciales que supuestamente proporcionan logística a esas organizaciones.

La semana pasada el juez Federico Villena libró nuevos exhortos a Estados Unidos para preguntar si Ghasemi se encuentra bajo investigación en Estados Unidos. En el nuevo pedido se solicitó específicamente que se informe si se «adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».

También se preguntó si «pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531».

En el escrito presentado por la DAIA, al que accedió Clarín, se recordó que el vuelo que se investiga tenía «una finalidad aparentemente comercial, lo que nos obliga a rememorar que la justicia argentina acusó a la Jihad Islámica del Hezbollah de ser el autor material del atentado a la AMIA de 1994 que dejó un saldo de 85 muertos».

La querella agregó: «Y cinco iraníes, entre ellos los ex comandantes de Al Quds, Vahidi y Rezai, tienen alertas rojas de Interpol como autores intelectuales del ataque. En el mencionado ataque pudo acreditarse que existieron tareas de inteligencia previas que se enmascaraban como actividades comerciales.»

En el informe se afirma que “un avión que pertenece a QeshmFars Air ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”. Precisó también el FBI que el 25 de octubre de 2007, el Departamento de Estado embargó bajo la Orden Ejecutiva 13382 al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní por apoyar el terrorismo. Luego el Departamento del Tesoro lo acusó de “proporcionar apoyo material a los talibanes y Hezbollah”.

Cabe destacar que la Fuerza Quds “ha tenido una larga historia de apoyo a las actividades militares, paramilitares y terroristas de Hezbollah, proporcionándole orientación, financiación, armas, inteligencia y apoyo logístico”, señaló la DAIA.

Ese grupo “opera campos de entrenamiento para Hezbollah en el valle de Bekaa, en el Líbano, y al parecer ha entrenado a más de 3.000 combatientes de Hezbollah” en las instalaciones de entrenamiento que tiene en Irán.”

Debido a los antecedentes de la organización a la cual pertenecería Gazhemi, se pidió un reconocimiento de las rutas pudiera tener que ver con el ingreso de armamentos o explosivos para un atentado en la República Argentina bajo el ropaje de una operatoria de un avión de carga comercial.

Pericia contable
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​En este contexto, la querella también pidió realizar una pericia contable, «tendiente a determinar si la realización del vuelo entre la ciudad de Mexico en la que fueron cargadas las autopartes que llegaron a Buenos Aires, resulta ser económicamente rentable». El avión cuestionado realizaba el servicio de flete «por lo que aun resulta más sencilla la expertis, ya que sólo resulta menester tener en cuenta el precio cobrado por el flete y los costos del viaje con todo lo que ello implica».

Previo a la realización de la pericia también pidieron que se solicite con urgencia y como declaración jurada «a la empresa contratante del servicio cuál el precio pactado por el viaje como así mismo el definitivamente abonado por el mismo». La DAIA también solicitó que se pida a Volkswagen Argentina «el precio de traslado que en definitiva abonara dividiendo los rubros o razones del monto abonado».

Otro punto sobre el cual la querella pide que haya conclusiones con más celeridad se enfoca en las pericias sobre los teléfonos.