El 29 de julio del año pasado, a las 11:20 de la mañana, un comando especial de las Fuerzas Militares y la Policía estuvo a punto de dar de baja a Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte, uno de los más peligrosos jefes de las disidencias de las Farc. La operación, llamada San Miguel V, se desarrolló con sigilo en el sitio conocido como Aguaclara, en la vereda Camuya, cerca de San Vicente del Caguán, territorio ubicado en las selvas del Caquetá.

Por: Revista Semana

La inteligencia ubicó a Duarte en una vivienda donde estaba acompañado de siete hombres que le prestaban seguridad. Allí asistía a una cumbre de narcotraficantes. Los uniformados fueron recibidos a tiros por la escolta de Duarte. Después de un fuerte cruce de disparos, él alcanzó a huir, al parecer, herido en uno de sus brazos. En el sitio las autoridades incautaron dos fusiles, dos pistolas, seis memorias USB y el computador personal de este capo del narcotráfico.

El líder de las disidencias que ha causado terror en el país finalmente cayó. SEMANA confirmó con las autoridades que el disidente de las Farc murió en Venezuela, donde se había refugiado para delinquir.

SEMANA también reveló, los primeros archivos hallados en dicho dispositivo y que exponen los planes terroristas de Duarte, así como sus alcances políticos y la inocultable relación que mantienen las disidencias de las Farc, conocidas internamente como el bloque Jorge Briceño Suárez, con el régimen de Nicolás Maduro. Esto decían los correos.

Maduro, el cómplice

En el computador personal de Duarte fueron hallados documentos que probaban una vez más, la estrecha relación de complicidad entre estos grupos narcotraficantes de las Farc y el régimen de Nicolás Maduro. Y hay algo impactante: prácticamente, existe una “línea diplomática” en la que intervienen otros países con intereses comunes y en una especie de “toma y dame”.

Las disidencias de las Farc serían un ejército irregular al servicio de Maduro, según estos correos.

Una comunicación del 3 de diciembre de 2020 informa que las disidencias han hecho un gran esfuerzo por mantenerse vigentes en el mundo, como lo hacían en tiempos de Tirofijo, Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timochenko. El documento se titula ‘Informe general, comisión internacional’. Allí las disidencias de las Farc confiesan que han establecido “relaciones diplomáticas con Venezuela, Corea del Norte, Irán y Bolivia”.

El objetivo en materia política, por ejemplo, es establecer una “campaña de reconocimiento y recuperar el prestigio y buen nombre de la organización”. En materia militar, la revelación es explosiva, pues hay “operaciones conjuntas de carácter estratégico” con Venezuela. Y en lo financiero, es “fundamental fortalecer y priorizar el trabajo de Venezuela ya que se logra un enlace directo con sectores de confianza con el actual presidente”.

Sobre esto último, se habla de compromisos puntuales. Por ejemplo, “establecer los mecanismos de comunicación directa y eficaz entre el gobierno bolivariano y el estado mayor de las Farc-EP con delegados directos de las partes y que permitan de manera ágil y eficaz tramitar, solucionar y gestionar cualquier asunto entre las mismas”.

En lo militar los datos son específicos. Las disidencias de las Farc le solicitan al Gobierno venezolano lo siguiente: “Se nos permita la permanencia y tránsito por el territorio de frontera de los distintos estados Zulia, Táchira, Páez, Apure, Bolívar, Amazonas, cumpliendo con los protocolos, rutas y mecanismos que se acuerden entre las partes preservando los principios de clandestinidad y de seguridad nacional para el desarrollo conjunto de operaciones”.

Hablan de intercambiar información para “neutralizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia de la inteligencia colombiana y norteamericana, grupos paramilitares y de sectores contrarrevolucionarios venezolanos”. Pero lo más escandaloso es que le pedían armamento de forma puntual al régimen de Maduro: “5.000 fusiles, 500 ametralladoras punto 30 o punto 50, morteros de 60 milímetros, sistemas antitanques, sistemas nocturnos, armas cortas, municiones para estas armas, granadas de manos, sistemas antiaéreos tierra-aire portátiles o de infantería, y lo relacionado con dotaciones de combustible (intendencia)”.

Las disidencias de las Farc se comprometían, en su momento, a “detectar y suprimir” operaciones de grupos opositores al régimen de Maduro que “no le son posibles al gobierno bolivariano”. Y hablaban de una estrategia de defensa en la eventual intervención de militares estadounidenses en el vecino país. Afirmaban también, que estaban listos para atacar a 1.300 municipios colombianos.

Mencionaban que contaban con 7.000 hombres y que esperaban “triplicar” su fuerza en todo el territorio nacional. Se hablaba de una agenda pendiente, que incluía un relacionamiento con un general del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y “gestionar y tramitar salidas de las cárceles”. También decían que estaban pendientes de una comunicación con Bolivia. Además, proponían crear el frente internacional Raúl Reyes, en cabeza de Arturo Ruiz, el hombre que, según los investigadores, manejaba las relaciones directas con el régimen de Maduro.

Otro correo hallado en el computador personal de Gentil Duarte, fechado el 28 de octubre de 2020, reveló una conversación entre él y su temido jefe, alias Iván Mordisco, quien le hizo un reporte sobre las gestiones del “camarada Arturo”.

En el documento se leía la urgencia de adelantar gestiones con el Palacio de Miraflores. “Ante la situación presentada en Venezuela del ataque de la guardia a nuestras unidades, el país que nos quiere colaborar se comunicó con el gobierno venezolano y les manifestó que nosotros éramos aliados de ellos, lo cual la situación ha mejorado después de los tiros, pues pienso que ahí habría un gesto de buena voluntad de ese país”.

Hace unos meses, al otro lado de la frontera colombo-venezolana, se desató una guerra entre las propias disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco e Iván Márquez. Expertos en seguridad sostienen que, en ese momento, Venezuela tomó partido por la gente de Márquez. Los enfrentamientos han dejado decenas de muertos, entre otros, a Jesús Santrich.

Lo increíble es que Iván Mordisco asegura que Venezuela planteaba “un negocio tripartito” en el que les dejaría dos minas de oro a las disidencias de las Farc, así como “explotar petróleo”.

“Que el país que nos piensa colaborar coloca los barcos y que nosotros 3 millones de dólares, según el camarada y sus estudios que a partir de estar en funcionamiento nos dejaría un millón de dólares mensuales, caso que yo creo que es de mucho estudio para no ir a fallar. El camarada sugiere que elaboremos la carta para el país que nos quiere colaborar a nombre de la dirección nacional; yo sugiero que esa carta la elabore usted camarada ¿qué opina?”, finalizó Mordisco en el correo enviado a Duarte.

En otra comunicación, del 3 de octubre de 2020, el propio Gentil Duarte le escribió a alias Calarcá, uno de sus lugartenientes. Allí le explicaba algunos movimientos de alias Hermes y Sergio y luego hacía una revelación: “Va un documento que mandó Iván, es de Arturo, sobre un compromiso que quiere firmar dizque con Irán, de eso están pidiendo la opinión a cada uno de los miembros de la dirección”. Con este correo, los investigadores tratan de establecer si el país que ha intercedido por las disidencias de las Farc ante Venezuela es Irán, considerado por Estados Unidos como un patrocinador del terrorismo junto con Cuba y Corea del Norte.

Los mensajes de Gentil

En un primero, fechado el 15 de noviembre de 2020, una persona identificada como Hermes Tovar, hombre de confianza de Duarte, le presenta un informe de su encuentro con alias Joseto el Gamín, en Bogotá, y le anexa el reporte detallado de sus gestiones políticas.

“Hemos analizado la posibilidad de alianzas con el Polo Democrático toda vez que se fue el Moir y otras organizaciones oportunistas, por lo que quedó como un partido marcado de izquierda, aunque no revolucionario. Hay alas camilistas dentro de esta agrupación política. La idea es empezar a proyectarnos para las elecciones regionales de 2024 con candidatos propios en las localidades y Concejo de la ciudad. Queremos involucrarnos desde ya para ir ganando confianza en esa agrupación política y tener mejor cobertura para actuar”, dice el informe de Joseto, enviado a Duarte, por Tovar.

Hace un tiempo, el Polo Democrático evidentemente se dividió, tras la decisión del senador Jorge Enrique Robledo, de armar su movimiento, Dignidad. En el partido quedó dominando la corriente del senador Iván Cepeda.

Los organismos de inteligencia saben que alias Joseto es una ficha clave de las disidencias en Bogotá, desde donde se planean nuevas modalidades para cometer atentados terroristas.

“Tenemos acceso a algunas bandolas con las que se pueden hacer trabajos dirigidos para temas de dar de baja enemigos, obtención ilegal de recursos económicos y físicos. Aclaramos que no nos hemos descompartimentado, sencillamente es una propuesta. Hay bandolas en Kennedy (ladrones de motos), Ciudad Bolívar (sicariato) y Santa Fe (armas). Uno de los traficantes de armas que le presentamos a Leopoldo (Lucas) se encuentra preso en Cúcuta por narcotráfico”, dice el documento de Joseto, hallado en el computador de Duarte.

La canoa bomba

En los correos, en poder de SEMANA, hay un archivo anexo titulado ‘El conocimiento es poder’. Se trata de una presentación en PowerPoint, en la que las disidencias trazan la línea y los planes para su accionar terrorista. Hablaban de capacitación de personal en inteligencia, consecución de medios técnicos y de una estructuración del equipo de trabajo.

“Ya que la organización se plantea como objetivo estratégico la toma del poder en plena confrontación clasista debe tener conocimientos ciertos sobre su enemigo de clase para diseñar su táctica”, dice la presentación. Y agrega: “La innovación en nuestros métodos que aplicamos para hacer la guerra es algo determinante con miras a hacerlos más eficaces. Es por eso que nos planteamos la integración del trabajo de inteligencia con tecnología y explosivos”.

Allí, también daban detalles de planes para optimizar las acciones terroristas “y de las posibilidades de adoptar nuevas técnicas aprovechando cierta tecnología existente en el mercado y de fácil acceso”.

Se referían a pequeños dispositivos con alta capacidad destructiva, como un control celular. “Con este podemos detonar un campo minado teniendo en cuenta que debe haber señal”, afirmaban. También se detallaban instrucciones en materia de electrónica para fabricar dichos controles. Anotaban que ya tienen varios aparatos, como “el Servo”, con el cual podían controlar, incluso, el movimiento de un motor fuera de borda desde una distancia de más de un kilómetro y que sus ensayos habían sido exitosos.

Precisamente, una de las modalidades de ataque es a través de “una canoa con dos maniquíes y todos los instrumentos, servo y control celular, 2 toneladas de explosivo y 3 tambores de gasolina”. Según afirmaban en el documento, conocido por SEMANA, “este trabajo ya fue ensayado a mil metros de distancia. Primero se enciende el motor fuera de borda y se empuja al centro del río. De inmediato el camarada que maneja el servo comienza a funcionar. Otro camarada está pendiente con el control del celular para cuando la canoa llegue al destino”. En el archivo aparecía un gráfico con la ubicación de todos los elementos de esta canoa bomba.

“La idea nuestra es poder cargar una canoa con una cantidad adecuada de explosivos y guiada por este mecanismo hacerla explotar sobre un objetivo determinado, el cual, obviamente debe estar ubicado a orillas de un río navegable”, dice en la presentación. Luego hablan de un blanco que tienen en la mira. Se trata del “componente fluvial de infantería de marina adscrito a la fuerza de tarea Omega, ubicado sobre la margen derecha del río Guayabero”.

En una diapositiva había, además, un mapa que mostraba la región de La Macarena, Meta, y señalaba el lugar que podrían atacar con la canoa bomba.

Además, había un extenso fragmento en el cual hablan de cargar drones con explosivos para cometer acciones terroristas, y también de sobrevuelos con estos aparatos, que ya se estarían haciendo sobre algunas guarniciones militares del país, como la base del Ejército en San Vicente del Caguán.

“Otra opción que vislumbramos es la de la adquisición de un drone con capacidad de transportar hasta cinco kilos de explosivo. Drone que será controlado desde una distancia considerable contra un objetivo de importancia, dado la calidad de explosivo que se puede utilizar, pues fácilmente podemos equiparlo con explosivos de alta sensibilidad, empero de alto poder destructivo, como el C4, RX etc. Lo podemos utilizar de dos formas así: 1. Para que el aparato no sufra daño, si es que no es derribado por el enemigo, se le acondicionaría un sistema de desenganche de la carga sobre el objetivo. 2. Guiar el avión hacia el objetivo haciéndolo explotar junto con la carga”, describía una diapositiva de la presentación hallada en el computador de Duarte. El aparato y los correos ya están en cadena de custodia de las autoridades.

Los planes de las disidencias de las Farc apuntaban, incluso, a adquirir un circuito cerrado de televisión con cámaras para monitorear los sitios donde quieren cometer atentados terroristas.

“Si logramos esto, fácilmente podemos instalar algunos explosivos allí, para ser activados a control remoto en el momento preciso cuando haga presencia la tropa enemiga, o para otro fin de interés militar”, señala la presentación. Las disidencias de Gentil Duarte hablan de adquirir equipos de circuitos cerrados de televisión compuestos de reflectores infrarrojos con visión nocturna. “El circuito cerrado de televisión permite transmitir video y audio en vivo a un PC y enviar las imágenes a cualquier PC o teléfono celular remotamente vía internet. Con solo teclear una dirección o página de internet, en cualquier computador conectado a internet, se puede vigilar cualquier objetivo que nosotros queramos mantener observado, casas, trochas, carreteras, matas de monte, puentes etc., con este sistema de cámaras de vigilancia y seguridad”, dice la presentación.

El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, ha firmado este miércoles una ley que prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, convirtiendo a este estado en el más restrictivo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos.

Por: Europa Press / Vía: Infobae

Las únicas excepciones en la ley de Oklahoma, una legislación aprobada el pasado viernes en una votación con 73 votos a favor y 16 en contra, son para salvar la vida de la mujer embarazada o en caso de una violación o incesto denunciadas a la Policía.

Aunque el proyecto de ley considera que un embarazo comienza con la fecundación y no con la implantación, no se restringe el uso de formas de anticoncepción que evitan que un óvulo fertilizado se implante en el útero, según ha recogido la cadena CNN.

“Desde el momento en que la vida comienza en la concepción es cuando tenemos la responsabilidad como seres humanos de hacer todo lo posible para proteger la vida de ese bebé y la vida de la madre”, ha dicho Stitt, tal y como ha informado la citada cadena.

El estado de Oklahoma dio su aprobación final a principios de abril a este proyecto de ley que prohíbe casi de forma total el aborto en una serie de medidas que buscan castigar a los proveedores de estos servicios, tanto con demandas por parte de ciudadanos privados como incluso con penas de prisión.

Inspirados por la norma de Texas, ratificada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2021, son varios los estados controlados por los republicanos en los que se han presentado textos similares que prohíben o limitan el derecho al aborto.

La Casa Blanca ya denunció la semana pasada que la ley adopta “el absurdo plan de Texas de permitir que los ciudadanos particulares demanden a sus vecinos por prestar servicios de salud reproductiva y ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales”.

“Están empezando con los derechos reproductivos, pero el pueblo estadounidense debe saber que otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la anticoncepción y la igualdad matrimonial, están en riesgo”, agregó en un comunicado.

Tras la filtración de un borrador del Tribunal Supremo que revertía, de forma no oficial, el histórico fallo de ‘Roe versus Wade’, un texto de 1973 que implica el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal, miles de manifestantes se concentraron en distintas ciudades de Estados Unidos para protestar en contra.

La mayoría de los estadounidenses (61 por ciento) apoyan que el aborto sea legal, según un macroestudio del Pew Research Center realizado en marzo. Solo el 8 por ciento consideran que debe ser ilegal, mientras que el 29 por ciento cree que debe ser ilegal salvo en unos supuestos limitados.

Esta tragedia ha reavivado el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Pero siendo realistas, es poco probable que resulte en una reforma significativa. La discusión sobre las armas simplemente se ha vuelto demasiado políticamente divisiva y culturalmente arraigada como para permitir un cambio significativo.

Por: Sarah Smith – BBC / Traducción libre del inglés de Morfema Press

Es importante recordar que las armas de fuego son normales en muchas partes de Estados Unidos. No son vistas como excepcionales o aterradoras como lo son para los extraños. Son parte de la vida cotidiana.

Los propietarios estadounidenses de armas, y se estima que hay 80 millones de ellos, ven sus armas de fuego como protección: una forma de defender sus propias libertades y propiedades.

En un país donde existe la posibilidad real de que un delincuente armado irrumpa en su hogar o lo asalte en la calle, muchos consideran que llevar una es una precaución sensata.

Las armas son tan omnipresentes en Estados Unidos que nadie podrá quitárselas de las manos a los delincuentes. Y así va el argumento: los buenos también deberían tenerlos.

Todos sabemos que el derecho a portar armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que está menos claro para los que están afuera es por qué un documento escrito hace casi 250 años en respuesta a una guerra revolucionaria todavía tiene tanta resonancia en 2022.

¿Qué tan poderoso es el lobby de armas de Estados Unidos?

La libertad y el derecho a defenderse son fundamentales no solo para la historia del origen de Estados Unidos, sino también para la cantidad de personas que piensan en Estados Unidos sobre su país y sus valores en la actualidad.

Algunos de los argumentos más vociferantes a favor de las armas provienen de la rica y poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) que quiere defender las ganancias de sus seguidores. Pero muchos de los argumentos también provienen de ciudadanos comunes.

Para muchos, su derecho a portar un arma se considera tan fundamental como su derecho a la libertad de expresión. Prohibir o restringir las armas se considera una violación de sus derechos como estadounidense.

Esos derechos han sido objeto de debate antes, especialmente a raíz de tragedias como la de Texas.

En 2012, un hombre armado solitario irrumpió en la escuela primaria de Sandy Hook y mató a seis adultos y 20 niños. Después hubo una oleada de apoyo al control de armas similar a la que estamos viendo ahora.

El presidente Barack Obama prometió hacer todo lo que esté a su alcance para actuar y sus demócratas propusieron leyes en todo Estados Unidos que prohíban modelos específicos de armas de fuego y mejoren las verificaciones de antecedentes.

Algunas de esas medidas recibieron el apoyo de los republicanos, pero nunca fue suficiente para pasar por el Congreso y convertirse en ley.

Las familias de los muertos de Sandy Hook estaban tan frustradas por el fracaso de la reforma de armas que tomaron el asunto en sus propias manos y eligieron demandar directamente al fabricante del rifle AR-15 utilizado en el ataque de 2012.

A principios de este año, Remington Arms llegó a un acuerdo con nueve de las familias por $ 73 millones (£ 53,9 millones), lo que hace probable que haya más de estas demandas en el futuro.

Un gran número de estadounidenses están asqueados por las altas tasas de violencia armada en su país. Los llamados hoy son más fuertes para al menos restringir la posesión de armas y deshacerse de las armas semiautomáticas que no son necesarias para defender la vida o la propiedad de nadie.

Los defensores de la reforma hablan de otros tipos de libertad, como el derecho de un niño a ir a la escuela sin temor a que le disparen. Todo en un país donde las armas son ahora la principal causa de muerte entre niños y adolescentes.

Los números son asombrosos. Más de 4300 menores de 18 años murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en 2020. En comparación, unos 50 policías estadounidenses murieron por heridas de bala en el mismo año.

Pero no espere el tipo de respuesta política provocada en 1996 por la masacre de Dunblane en el Reino Unido , a la que los parlamentarios respondieron prohibiendo efectivamente todas las armas de fuego de propiedad privada.

En los próximos días surgirán discusiones en los programas de televisión por cable de EE. UU. y en las redes sociales sobre a quién se le debe permitir comprar armas y qué tipo de armas se les permite, pero no sobre su derecho a portar armas.

Los motivos son los mismos. El contexto, diferente. Por estos días Vladimir Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la justicia internacional. Desde el pasado 24 de febrero el mandatario ruso está llevando a cabo una brutal y sangrienta invasión a Ucrania, mientras que el dictador venezolano se mantiene en el poder bajo un amplio esquema de represión y persecución. El saldo de ambos casos es similar: miles de muertos, y millones de refugiados y desplazados. Esto hace que los caminos de Putin y Maduro se crucen en una misma dirección: La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por: Infobae

La oficina de Karim Khan, el fiscal de la CPI, se sumó el pasado 25 de abril al equipo conjunto formado por Lituania, Polonia y Ucrania, y coordinado por Eurojust, para recoger pruebas de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se están cometiendo en territorio ucraniano.

El equipo conjunto de investigación (ECI) se creó el 25 de marzo para facilitar las investigaciones de cara a eventuales juicios que se celebren en los Estados involucrados, así como el proceso judicial que podría abrir la CPI en el futuro en caso de que se reúnan suficientes pruebas que demuestren la comisión de crímenes de su jurisdicción y pueda arrestar a los sospechosos y trasladarlos a La Haya, condiciones imprescindibles para iniciar un juicio.

Khan y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo sobre la participación de la fiscalía de la CPI en el ECI, en el que subrayaron que harán “todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la Justicia”.

El fiscal de la Corte Penal abrió a principios de marzo una investigación por la brutal invasión a Ucrania después de una remisión del caso por parte de 39 Estados. Desde entonces, sus investigadores están recogiendo pruebas sobre la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras persisten los ataques de las tropas de Putin contra la población civil.

El tribunal de justicia internacional investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de “un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil”. Estos incluyen asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura, violación y esclavitud sexual. Todas acusaciones que pesan sobre los soldados rusos en estos tres meses de invasión.

Desde el 24 de febrero hasta el 20 de mayo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) contabilizó 3.838 civiles muertos, pero advirtió que la cifra podría ser mayor. Según detalló el organismo, murieron 1.454 hombres, 947 mujeres, 89 niñas y 98 niños; así como 69 niños y 1.181 adultos cuyo sexo no ha podido ser identificado. Más de 4.000 civiles, en tanto, habrían resultado heridos.

El 28 de abril, tras una reunión informal del Consejo de Seguridad, Khan advirtió que el derecho internacional no puede ser “un espectador pasivo” frente a lo que está ocurriendo en Ucrania: “La verdad no tiene por qué ser un fantasma que no se pueda atrapar. Se agarra arremangándose, trabajando, realizando esfuerzos de investigación a la antigua usanza, utilizando la tecnología moderna, aprovechando la tecnología, ya sea por satélite o por radar o por interceptación, y combinándola para ver lo que parece ser verdad”.

“Y en última instancia, la gran salvaguarda de la justicia internacional no depende de un testigo en particular. No depende de una autoridad nacional acusadora en particular. No depende de mí. Hay jueces por encima de nosotros, jueces independientes que evaluarán y sopesarán las pruebas y, en última instancia, tomarán decisiones”, agregó.

Es tal la magnitud de las barbaries que están perpetrando las tropas rusas en Ucrania, que la CPI no es el único organismo que está investigando posibles crímenes de guerra. A la par, Estados Unidos y 44 países más están trabajando en conjunto para investigar posibles violaciones y abusos, luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución para establecer una comisión investigadora. Incluso hay naciones que también están investigando por su cuenta, como el caso de Alemania.

Mientras avanzan las investigaciones, Joe Biden arremetió duramente contra Putin al calificarlo de “criminal de guerra”. En esa línea se pronunció la ex fiscal de crímenes de guerra Carla Del Ponte, quien, además de considerar a Putin también como un “criminal de guerra”, pidió a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto en su contra.

En estos tres meses de invasión, Occidente, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, ejerció un profundo aislamiento internacional que ya se empieza a sentir en suelo ruso. Sin embargo, Putin todavía cuenta con algunos aliados. Uno de ellos es el dictador venezolano Maduro, quien, a diferencia de Putin, ya tiene una investigación formal de la CPI en su contra.

A fines de marzo, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abrirá una oficina en Venezuela, luego de que el pasado mes de noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.

La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.

La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La investigación de la CPI también apunta a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, que, según el informe del tribunal, actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

La persecución política también está incluida en el reporte elaborado por la ex fiscal Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establecer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.

El hecho de que Maduro aceptara la instalación de una oficina en Caracas no responde a una muestra de voluntad para que se haga justicia en Venezuela. A diferencia de Rusia, el país caribeño ratificó el Estatuto de Roma que dio lugar al nacimiento de la CPI. Esto lleva al régimen a tener que cooperar con la investigación.

Pese a reforzar los lazos entre sus países y a reivindicar sus gestiones, Putin y Maduro saben que sus caminos podrían cruzarse en La Haya. La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión, pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.