El chavista se sumó a la lista negra integrada por Milosevic (Yugoslavia), Gaddafi (Libia), Al-Bashir (Sudán), Gbagbo (Costa de Marfil), y Kambanda (Ruanda), procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. El ruso Vladimir Putin podría ser el próximo.
Por: Infobae
El dictador Nicolás Maduro y la cúpula del régimen chavista están en la mira de la justicia internacional. A fines de 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La Haya y su fiscal Karim Khan trabajan hace meses en la causa formal contra el régimen de Venezuela por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la represión de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas. La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.
Maduro hizo todo lo que pudo para dilatar el proceso en la CPI. Sabe, como también lo sabe su aliado Vladimir Putin que por estos días enfrenta el mismo temor por sus crímenes de guerra en Ucrania, que una vez que comienza el proceso muy probablemente termine engrosando la lista negra de tiranos condenados que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda).
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.
A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.
La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países.
Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre de 2019 fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.
La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares, en gran medida de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos.
Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa lista negra que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda). Todos ellos han sido procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
Nicolás Maduro, el flamante nuevo miembro de La Haya
El dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro: la Policía Nacional Bolivariana; (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
La persecución política también está incluida en el reporte elaborado por la ex fiscal Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.
Con la investigación formal, la fiscalía pasó a la siguiente etapa del proceso legal, donde recaba nueva evidencia para luego identificar a los sujetos acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.
El año pasado, cuando se anunció el proceso formal, el presidente de Colombia Iván Duque consideró a Maduro como el “equivalente” latinoamericano del autoritario ex mandatario serbio Slobodan Milosevic.
Putin, el próximo
El jueves pasado el presidente norteamericano Joe Bien fue directo: “(Putin es) un dictador asesino, un puro matón que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania”
El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar al presidente ruso de “criminal de guerra” por las tácticas en su invasión de Ucrania. Es que las investigaciones sobre las acciones de Putin ya han comenzado. Estados Unidos y 44 países han respaldado el comienzo de una averiguación por parte de la Corte Penal Internacional.
“Estamos al comienzo del comienzo”, declaró Crane, que ahora encabeza la Red Global de Rendición de Cuentas, la cual trabaja con la corte internacional y la ONU, entre otros organismos. El día de la invasión, su grupo estableció un equipo especial para compilar información penal relacionada con crímenes de guerra. Crane también está elaborando un prototipo de acusación formal contra Putin. Pronosticó que un encausamiento contra el mandatario ruso podría concretarse dentro de un año. Pero este tipo de delitos no prescriben.





