El senador estadounidense Bob Menéndez (DN.J.), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitió la siguiente declaración en respuesta a los informes de que una delegación de altos funcionarios de la administración de Biden se reunió con el régimen de Maduro para discutir la liberación de estadounidenses encarcelados arbitrariamente y la potencial compra de petróleo venezolano.

“Si los informes de que la administración Biden está intermediando en la compra de petróleo venezolano son ciertos, me temo que corre el riesgo de perpetuar una crisis humanitaria que ha desestabilizado a América Latina y el Caribe durante toda una generación. Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y no debemos insuflar nueva vida a su reinado de tortura y asesinato. Como tal, me opondría firmemente a cualquier acción que llene los bolsillos de los oligarcas del régimen con ganancias petroleras mientras Maduro continúa privando a los venezolanos de derechos humanos básicos, libertades e incluso alimentos».

“Como todos los presidentes estadounidenses antes que él, el presidente Biden tiene la solemne responsabilidad de tratar de liberar a los estadounidenses injustamente encarcelados en el extranjero. Insto a la liberación inmediata de los nueve estadounidenses que han languidecido en las prisiones infernales del régimen de Maduro durante demasiado tiempo. Sin embargo, como cuestión de política, EE. UU. siempre debe abstenerse de incentivar a nuestros adversarios para que tomen como rehenes a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio».

“En el último mes, la comunidad internacional se ha unido de una manera sin precedentes para rechazar la agresión militar de Rusia y defender la democracia. Pero los esfuerzos de la administración Biden para unificar al mundo entero contra un tirano asesino en Moscú no deben socavarse apoyando a un dictador bajo investigación por crímenes de lesa humanidad en Caracas. Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo”.

La Casa Blanca rechazó el lunes las preocupaciones sobre la voluntad de la administración Biden de llegar a acuerdos con países como Arabia Saudita, Irán y Venezuela mientras busca formas de mitigar el aumento vertiginoso de los precios del combustible en Estados Unidos.

Por: Político / Traducción libre del inglés de Morfema Press

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, enfrentó múltiples preguntas durante la sesión informativa del lunes sobre cómo ve la administración estas compensaciones de trueque con países “que pueden haber participado en acciones desagradables en el pasado”, mientras se filtraban informes en los últimos días de que el presidente Joe Biden y Los homólogos europeos están discutiendo una prohibición a las importaciones de petróleo ruso para castigar aún más al presidente Vladimir Putin por el ataque de su país a Ucrania.

La administración de Biden se encuentra en una posición delicada ya que enfrenta llamados bipartidistas para prohibir el petróleo ruso, una medida que trastornaría los mercados en una economía global que aún se está recuperando de la pandemia. Mientras la Casa Blanca sopesa su próximo movimiento, la inflación ocupa un lugar preponderante en la mente de los estadounidenses que sienten la presión del aumento de los precios, especialmente en las gasolineras.

Funcionarios estadounidenses se reunieron cara a cara con funcionarios venezolanos en Caracas durante el fin de semana y discutieron el posible alivio de las sanciones petroleras al país como parte de la estrategia para combatir el aumento de los precios en los EE. UU. Durante la sesión informativa del lunes, se le preguntó a Psaki sobre el líder de Venezuela y si “Realmente valía la pena hacer negocios con un déspota como Nicolás Maduro para bajar los precios de la gasolina”.

“Creo que es avanzar varias etapas en cualquier proceso”, dijo Psaki, y agregó que el petróleo era solo un elemento de las discusiones. “En este momento, no tengo nada que predecir. Está en curso”.

Psaki dijo que si bien la seguridad energética fue una parte clave de las reuniones en Venezuela, los funcionarios estadounidenses también discutieron el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos. Ella tenía un mensaje similar sobre las negociaciones en Arabia Saudita e Irán, señalando que las conversaciones estaban en progreso y que la energía era solo una parte de las múltiples discusiones.

En febrero, Brett McGurk, coordinador para Medio Oriente y África del Norte, y Amos Hochstein, enviado especial del Departamento de Estado para asuntos energéticos, viajaron a Arabia Saudita, donde Psaki dijo que los funcionarios discutieron una variedad de temas. Dijo que Biden no tenía planes en este momento de viajar al país.

“[Ellos] fueron a Arabia Saudita para discutir una variedad de temas, incluida la guerra en Yemen, incluida la seguridad en la región y, ciertamente, la seguridad energética”, dijo Psaki. «Tuvieron la discusión, es del interés de todos reducir el impacto en el mercado mundial del petróleo».

Psaki dijo que “la discusión sobre el petróleo” también fue parte de las negociaciones para las conversaciones nucleares con Irán, que dijo que estaban “acercándose” a un acuerdo. Pero Moscú ha lanzado una llave en las discusiones, presentando demandas de último minuto, en lo que parece ser un momento conveniente a medida que crece la amenaza para los ingresos petroleros críticos de Rusia.

Había esperanza de que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania y la Unión Europea pudieran llegar a un acuerdo el sábado, lo que limitaría en gran medida la capacidad de Irán para trabajar en armas nucleares a cambio del alivio de las sanciones, lo que traería un gran suministro. del crudo iraní de regreso al mercado global.

Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo relaciones complicadas y tensas con los tres países, que en los últimos años han sido acusados ​​de todo, desde fraude electoral hasta atrocidades contra los derechos humanos. Antes de asumir el cargo, Biden llamó a Arabia Saudita un “paria” por su participación en el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, y como presidente publicó un informe de inteligencia estadounidense que sospechaba la participación del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman.

En diciembre, EE. UU. golpeó a una docena de funcionarios y entidades iraníes acusados ​​de cometer abusos contra los derechos humanos, como reprimir a manifestantes y activistas políticos, así como mantener a los activistas en condiciones brutales de prisión, con sanciones.

Y en Venezuela, la administración Biden está trabajando activamente para garantizar la libertad de varios estadounidenses detenidos, incluidos tres ex miembros del servicio estadounidense. Si bien la guerra en Ucrania apresuró el momento de las negociaciones con Caracas, la administración había estado discutiendo la reanudación de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, como una forma de promover una elección presidencial justa en 2024, informó The Wall Street Journal. La administración Trump abofeteó al país con sanciones en diciembre de 2020, justo antes de que el presidente Donald Trump dejara el cargo, después de que Estados Unidos dijera que las elecciones de Venezuela fueron fraudulentas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca fue presionada repetidamente el lunes por sus respuestas, particularmente después de que señaló que la opinión de la administración Biden era que Estados Unidos necesitaba reducir su dependencia de los combustibles fósiles y el petróleo extranjero para evitar futuras crisis.

“Entonces, ¿ustedes creen que preguntarle a Arabia Saudita, Venezuela o Irán es reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero?”. Entonces preguntó Peter Doocy de Fox News.

“Acabo de describir cada uno de esos escenarios específicos y la variedad de discusiones que estamos teniendo con cada uno de esos países”, dijo Psaki. “No creo que nadie esté abogando por que Irán siga adquiriendo un arma nuclear, tal vez excepto el expresidente, que nos sacó del trato”.

Imágenes aterradoras han dejado al descubierto la crisis de refugiados en Ucrania mientras Rusia continúa bombardeando a civiles que intentan huir de las ciudades devastadas por las bombas, después de que Kyiv rechazara la oferta de Moscú de abrir «corredores humanitarios» cuando se supo que algunas de las rutas conducían directamente a su territorio.

Por: Daily Mail / Traducción libre del inglés de Morfema Press

Cientos de civiles fueron fotografiados tratando de huir de la ciudad de Irpin, al oeste de Kyiv, que ha sido escenario de fuertes bombardeos rusos en los últimos días, ayudados a cruzar un puente parcialmente destruido por miembros del ejército ucraniano que lo habían volado días antes para frenar el avance ruso

Se produjo después de que Ucrania rechazara la oferta de Rusia de abrir ‘corredores humanitarios’ desde las ciudades sitiadas de Sumy, Mariupol, Kharkiv y Kyiv -que han sido golpeadas por ataques de artillería durante días con Mariupol sin electricidad y suministro de agua- porque las rutas conducían ya sea a territorio ruso o a su aliado, Bielorrusia.

Eso es después de que dos intentos de abrir corredores similares el fin de semana fracasaron después de menos de una hora porque las tropas rusas reanudaron los disparos. Los trabajadores de la Cruz Roja que trataban de usar un corredor fuera de Mariupol dijeron que la ruta había sido llenada con trampas explosivas y minas terrestres.

Cinco millones de refugiados, dos mil muertos inocentes

Las imágenes surgieron cuando el principal diplomático de la UE, Joseph Borrell, dijo que hasta cinco millones de refugiados podrían huir al bloque si continúa la invasión bárbara de Ucrania por parte de Rusia. La ONU dijo hoy que 1,7 millones han huido del conflicto en los primeros 11 días, que es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Con la oferta de evacuaciones fuera de la mesa, las fuerzas rusas reanudaron sus ataques en Gostomel, sitio de un aeródromo estratégico clave al norte de Kyiv, Kharkiv en el este, Sumy en el noreste, Chernihiv en el norte y Mykolayiv en el suroeste.

No está claro cuántos civiles han muerto en los combates hasta ahora. Ucrania dijo la semana pasada que habían muerto 2.000, pero no ha actualizado la cifra desde entonces. La ONU ha confirmado 406 muertes de civiles, pero advierte que es probable que se trate de un conteo insuficiente. Rusia niega completamente haber atacado objetivos civiles, a pesar de las numerosas pruebas de lo contrario.

Los representantes de Moscú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya se saltaron hoy una audiencia sobre si se están cometiendo o no crímenes de guerra.

Funcionarios ucranianos acusaron a Moscú de recurrir a tácticas de «asedio medieval» en algunos lugares, y en una ciudad rodeada, Mariupol, aún no había señales de evacuación.

Las fuerzas rusas continuaron golpeando algunas ciudades ucranianas con cohetes incluso después del nuevo anuncio de corredores y continuaron los feroces combates en algunas áreas, lo que indica que no habrá un cese más amplio de las hostilidades.

Los esfuerzos para establecer pasajes seguros para que los civiles abandonen las áreas sitiadas durante el fin de semana fracasaron. Pero el Ministerio de Defensa ruso anunció un nuevo impulso el lunes, diciendo que a los civiles se les permitiría abandonar la capital de Kiev, la ciudad portuaria sureña de Mariupol y las ciudades de Kharkiv y Sumy.

Las dos partes se reunieron para una tercera ronda de conversaciones el lunes, según los medios estatales rusos, aunque las esperanzas de algún avance eran escasas. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países también tienen previsto reunirse en Turquía el jueves, según el principal diplomático de ese país.

En Mariupol, donde unas 200.000 personas que esperaban huir estaban cada vez más desesperadas, los funcionarios de la Cruz Roja esperaban saber cuándo se establecería un corredor humanitario seguro. La ciudad tiene escasez de agua, alimentos y energía, y las redes de telefonía móvil están caídas. Las tiendas han sido saqueadas mientras los residentes buscan artículos esenciales.

El régimen venezolano avanza en la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inconstitucional y a su medida, para intentar detener la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, así como las sanciones y juicios contra Nicolás Maduro. Así lo alertó este lunes Vente Venezuela a través de un comunicado, que reproducimos íntegro a continuación:

Comunicado sobre nuevo TSJ a su medida de Vente Venezuela:

El máximo tribunal seguirá cumpliendo su rol como instrumento de horror y represión para el sostenimiento de Maduro y la comisión de graves violaciones a los DDHH

El 18 de enero pasado, la ilegítima asamblea que hoy usurpa los espacios del parlamento nacional resolvió, en menos de un mes y sin fundamento alguno, modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con reformas irregulares, como la reducción de magistrados (de 32 a 20) y el inconstitucional aumento de diputados en el Comité de Postulaciones Judicial, preparan el terreno para conformar un tribunal a su medida y frenar el avance de la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI), así como los juicios y sanciones económicas que existen contra el conglomerado criminal que usurpa el poder.

Por eso, desde Vente Venezuela alertamos a los ciudadanos sobre la inminente designación de un TSJ apéndice del régimen, bajo el falso argumento de la reinstitucionalización del Poder Judicial y en claro menoscabo de la participación de la sociedad civil en un proceso que debe incluir la representación civil no partidista (Artículo 270 constitucional).

En ese sentido, advertimos las pretensiones detrás de este “maquillaje reformista” al TSJ:

Primero: Tiene como propósito engañarnos sobre un proceso de reinstitucionalización del sistema judicial nacional, como supuesta muestra de haber acatado las exigencias nacionales e internacionales para que el Poder Judicial recuperara el Estado de Derecho, pero también busca extender inconstitucionalmente y por doce años más la permanencia de aquellos magistrados que han apoyado el proyecto totalitario del régimen, dejándolos en el cargo con más de 20 y hasta 23 años. Esto último, violaría la norma constitucional que señala que los magistrados del TSJ serán elegidos por un único período de 12 años (Artículo 264 constitucional).

Segundo: Conducirá al mismo desempeño cómplice mostrado hasta ahora por el actual TSJ, convertido en un instrumento de horror y represión para el sostenimiento de Maduro y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de toda la sociedad civil. Así lo han corroborado distintos organismos internacionales, entre ellos la oficina a cargo de la Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cuyos informen relatan muertes, torturas y desapariciones forzosas en los que han participado miembros del sistema judicial venezolano.

Tercero: Tendremos muy pronto en el país una versión reducida y condensada del mismo TSJ, gracias a cuyas acciones Venezuela ha sido ubicada en los últimos puestos de los ranking de medición de sistemas judiciales, como el de la World Justice Project (WJP), en el que nuestro país ocupa el último lugar en una lista de 128 países evaluados sobre el respeto de los Estados a sus sistemas de justicia y a la seguridad jurídica integral, a partir de miles de encuestas y más de 4 mil cuestionarios a expertos en justicia de todo el mundo.

Cuarto: Como ratificamos al inicio de este documento, el régimen pretende ralentizar los letales efectos que tendría la averiguación que ante la CPI se lleva a cabo contra Nicolás Maduro y otros miembros de su entorno, como lo comunicó el Fiscal Karim Khan el 3 de noviembre de 2021, en Caracas. Para cumplir este propósito, abrieron espacios de negociación, dentro y fuera del país, como el “diálogo de México”, con un pequeño sector de la sociedad civil, ofreciéndoles participación o “cuotas de representación” dentro de la nueva composición de este TSJ reducido. Con ello, quienes usurpan el poder esperan convencer a la CPI de haber cumplido con el compromiso del “Acuerdo de Entendimiento” suscrito con la Fiscalía de la Corte, así como minimizar su responsabilidad en la comisión de los delitos de lesa humanidad por los que se les averigua.

Los venezolanos anhelan justicia real

Finalmente, Vente Venezuela quiere hacerse eco del profundo clamor de todos los venezolanos que dentro y fuera de nuestro territorio anhelamos el restablecimiento cabal de la justicia en nuestro país. Exigimos justicia no solo por los millones que han sido expulsados de esta tierra producto del hambre, la enfermedad y la falta de seguridad que ha provocado el régimen, sino también por los cientos de miles que día a día reclaman en las calles las reivindicaciones sociales y condiciones de vida digna que en más de 20 años les han sido ignoradas.

Los venezolanos no aspiramos para el país una justicia impartida por un TSJ constituido “por cuotas de representación política”, sino una justicia independiente, imparcial y autónoma, impartida por ciudadanos meritorios y decentes que pongan freno a la arbitrariedad, establezcan responsabilidades y no permitan la impunidad; designados sin nepotismo, sin vínculos activos partidistas y sin prontuarios penales en sus hojas de vida.

Nuestra propuesta en ese sentido es construir una justicia liberal que realmente emane de los ciudadanos, tal como proclama la actual Constitución (Artículo 253). Se trata de una justicia administrada por los venezolanos mediante acuerdos vinculantes, que remedien sus conflictos o satisfagan sus pretensiones; arbitrados por el Estado y con la excepcional participación directa de éste solo cuando la solución consensuada sea imposible de materializar. Para alcanzar tal justicia, necesitamos recuperar el valor de la meritocracia en la función judicial, creando mecanismos de escogencia de sus operadores que respondan a baremos públicos que establezcan un perfil probo y capaz del magistrado que habrá de juzgarnos.

Así, construiremos un Estado de Derecho que permita privilegiar los valores jurídicos que están directamente consustanciados con el individuo, tales como vida, libertad y propiedad privada, hoy criminalmente sepultados por el TSJ del Horror que pretende perpetuarse.