¿Pueden los líderes de la educación superior expandir la libertad de expresión y la diversidad intelectual en los campus? La respuesta es abstractamente sí.
Por: George R. La Noue – Law & Liberty / Traducción libre del inglés de Morfema Press
Un informe de noviembre de 2021 del Bipartisan Policy Center (BPC) en Washington enmarca la importancia de estos temas de diversidad y discurso, pero también sugiere los desafíos para una mejora real.
El proceso que condujo al informe de BPC «Expresión libre en el campus: una nueva hoja de ruta» se inició en diciembre de 2020. Jacqueline Pfeffer Merrill, directora del Proyecto de expresión del campus, convocó un panel de cinta azul, una de las ocho áreas de política de interés para el BPC.
El panel estuvo copresidido por Jim Douglas, ex gobernador de Vermont, y Chris Gregoire, ex gobernador de Washington, e incluyó a seis presidentes anteriores o actuales de varios tipos de campus y otros cuatro especialistas. Los miembros tomaron su tarea en serio y se reunieron semanalmente en línea. Se reunió un panel de estudiantes para brindar su perspectiva sobre los problemas del habla en el campus. Otro grupo de presidentes y fideicomisarios recibió el borrador final para sus comentarios. Ocasionalmente, los miembros específicos del panel se citan por su nombre.
La carta de presentación de los copresidentes dice:
Estados Unidos está sufriendo una crisis de confianza en muchas de sus principales instituciones. Entre las instituciones más importantes cuya confianza entre el público se ha reducido drásticamente en los últimos años se encuentra la educación superior. Creemos que una de las principales causas es la erosión de una cultura universitaria de libre expresión e investigación abierta.
El resumen ejecutivo comienza:
Existe una abrumadora investigación de encuestas y otras pruebas de que el clima intelectual en muchos campus universitarios y universitarios está siendo restringido. Se está disuadiendo a los profesores de explorar ciertos temas y expresar opiniones sinceras incluso fuera del campus; los estudiantes se autocensuran; Los oradores externos no son invitados y los eventos se cancelan.
En lugar de aliviar la polarización política en nuestra nación hoy, la inhibición del discurso universitario está degradando la misión cívica de la educación superior que es mantener nuestra democracia pluralista al preparar a los estudiantes para la participación cívica como pensadores independientes que pueden tolerar puntos de vista contrarios y trabajar constructivamente con esos. con quienes tienen discrepancias de principio.
Estas no son evaluaciones novedosas, pero dada la distinción de los miembros del panel y el proceso cuidadoso para construir el informe BPC, puede ser influyente en los círculos de educación superior.
Evaluación del cambio
El informe de BPC describe algunos de los desafíos de expandir la libertad de expresión y la diversidad intelectual, pero ¿cuáles son las soluciones?
Tomemos el problema de los debates de políticas públicas en los campus, por ejemplo. El informe proclama: “Como país, debemos hacerlo mejor al debatir con firmeza y respeto cuestiones políticas difíciles en todo el espectro político, y los campus universitarios tienen un papel esencial en el logro de este papel cívico”. Casi todos los estudiantes ciudadanos estadounidenses son elegibles para votar y muchos campus invierten en campañas de inscripción. Los estudiantes expuestos a debates civiles sobre cuestiones de política pública pueden estar mejor informados sobre sus complejidades, costos y beneficios, y consecuencias no deseadas. Pueden sentirse más libres para expresar sus propios puntos de vista de manera reflexiva. El apoyo de BPC para patrocinar debates de política pública respetuosos en el campus para todos los estudiantes y otros miembros de la comunidad seguramente da en el blanco.
Sin embargo, la investigación muestra que la educación superior evita masivamente esa responsabilidad. Una encuesta nacional estratificada de 97 campus y 28 facultades de derecho que cubrió 24 temas importantes de política pública en 2014 y 2015 documentó que muy pocos temas fueron objeto de debates abiertos patrocinados institucionalmente. Casi ninguna universidad tenía un programa organizado para estos debates comparable a la programación atlética, musical o teatral patrocinada por el campus. Cuando se repitió la misma plantilla de investigación para cubrir los 35 campus públicos y privados de Carolina del Norte en los años académicos 2018 y 2019 antes de que llegara el covid, se encontró la misma triste realidad .
O tomemos el problema de la disminución de la diversidad ideológica y política del campus. El informe de BPC afirma: “Si bien los campus se están volviendo más diversos en muchos sentidos, se han vuelto cada vez más conformistas ideológicamente”. La investigación confirma que muy pocas universidades están comprometidas con la diversidad intelectual o incluso con la neutralidad ideológica en la publicidad de sus puestos de trabajo. Pero qué hacer con este problema y quién debe tomar medidas sigue siendo incierto. Los remedios impuestos fuera del campus pueden ser torpes y contraproducentes.
Las universidades de hoy están inundadas del lenguaje de la justicia social, la justicia racial, la justicia de género y la justicia ambiental. También existe un compromiso omnipresente con la diversidad, la equidad y la inclusión, respaldado por crecientes burocracias bien financiadas con el mandato de supervisar todo. Estos términos rara vez se definen con cuidado, por lo que los candidatos para la contratación o incluso la admisión en campus selectivos deben preguntarse qué tan a la izquierda deben inclinarse para parecer que se ajustan a estos criterios inciertos . Una encuesta de Gallup de 2020 encontró que el 49% de los estudiantes universitarios dicen que la libertad de expresión entra en conflicto con la diversidad y la inclusión ocasionalmente y el 27% dijo que eso ocurre con frecuencia.
El continuo debilitamiento de la libertad de expresión y la diversidad intelectual en los campus está erosionando el apoyo público hacia ellos y hacia la democracia misma.
El resultado de la inyección de estas pruebas ideológicas para la aceptación en los campus no debería sorprender. La afiliación política del profesorado en campos políticamente relevantes fue medida en 2016 por Mitchell Lambert y sus colegas. En general, esta investigación mostró que los profesores registrados como demócratas superan en número a los republicanos por 11,5 a 1.
Las ciudades universitarias son a menudo islas azules en un mar rojo de sus comunidades circundantes. En Carolina del Norte , un estado morado, por ejemplo, en sus cuatro campus más selectivos, el número de donaciones políticas de la facultad a los demócratas a los republicanos fue de 86 a 0. Si el dinero habla, ¿qué se expresa en las aulas?
El problema no es solo un desequilibrio partidista. También puede haber un desequilibrio de políticas. Por ejemplo, en un gran departamento o escuela de educación en la que ningún miembro de la facultad cree en la elección de escuela o incluso que es un tema que debe debatirse seriamente, eso puede reflejarse en lo que se puede enseñar, investigar o publicar, lo que finalmente afectan la contratación y la permanencia.
Si un orador transgrede cualquiera de los conceptos vagos de justicia, un campus puede estallar con gritos de grupos de activistas estudiantiles de que el discurso fue de odio y los hizo sentir inseguros o excluidos. La respuesta administrativa a tales protestas a menudo es disculparse por la angustia que causó el discurso y, a veces, ofrecer emolumentos para satisfacer las demandas de los grupos ofendidos de subsidio adicional, espacio o personal. Si se trata de un campus público, parte de la disculpa puede incluir una declaración de que, aunque queremos distanciarnos del discurso, la Primera Enmienda no nos dio más remedio que permitirlo. Rara vez la respuesta será una delineación cuidadosa de la distinción legal entre expresión protegida y no protegida como se hace en las publicaciones .por la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación. Tampoco habrá una invitación para seguir debatiendo el tema en disputa porque los activistas solo quieren que el orador y las ideas ofensivas desaparezcan, o como en las universidades del Reino Unido, que se eliminen de la plataforma.
Creación de un cuadro de mando de métricas
El informe de BPC tiene una serie de sugerencias útiles para los fideicomisarios, administradores, profesores y funcionarios de vida estudiantil sobre cómo los campus pueden anticipar problemas de diversidad y habla y responder de manera más reflexiva. Propone encuestas periódicas sobre el clima del campus y contiene una serie de ejercicios de simulación para las partes interesadas.
El informe, sin embargo, evita cualquier marcador duro para medir los cambios futuros necesarios. Afirma: «. . . en este período de énfasis en estos principios (libertad académica y libertad de expresión) cada colegio debe examinar y afirmar los principios a través de sus propios procesos. Es por eso que, como grupo de trabajo, no respaldamos declaraciones, políticas, currículos o programas específicos, aunque proporcionamos una guía de recursos de programas y enfoques. . . .” Aunque alrededor del 74 % de los 19,6 millones de estudiantes universitarios asisten a campus públicos sujetos a los principios de la Primera Enmienda, hay casi 4000 instituciones de educación superior en los Estados Unidos y su diversidad es una fortaleza. Todavía en el sistema de calificación de BPC anterior, cada campus debe obtener al menos un «aprobado», lo que crea una puerta de salida para los campus que se sienten cómodos con el statu quo.
Sin embargo, un cambio real que amplíe la libertad de expresión y la diversidad intelectual requerirá un cuadro de mando que está ausente en el trabajo de BPC. Por ejemplo, para aquellos campus públicos y privados que afirmen estos valores:
- Los campus deben tener una declaración cuidadosa y sin disculpas que describa la distinción entre discurso protegido y no protegido para profesores y estudiantes que cite la autoridad legal pertinente.
- Los campus que tienen códigos de expresión y equipos de respuesta a prejuicios deben incorporar en sus reglas protecciones para la libertad de expresión y el debido proceso cuando se hacen e investigan denuncias.
- Los campus deben tener un programa sistemático para patrocinar debates abiertos sobre cuestiones importantes de política pública.
- Los campus deben tener políticas que exijan que haya una diversidad de puntos de vista ideológicos en los oradores invitados por su institución.
- Los anuncios de empleo y las declaraciones de admisión deben declarar explícitamente un compromiso con la libertad de expresión y la diversidad intelectual.
- Los campus deben tener políticas que prohíban el uso de pruebas ideológicas o políticas, o si son públicas o seculares, religiosas, por parte de los comités de búsqueda de profesores, personal o estudiantes en la contratación, admisión o acceso a las instalaciones del campus.
- Los campus deben tener un sistema para monitorear si tales pruebas han sido efectivamente empleadas por segmentos de la institución.
La Universidad de Michigan, la Universidad de Illinois-Champaign Urbana, la Universidad de Texas y la Universidad Estatal de Iowa perdieron en un tribunal federal cuando Speech First los demandó por hacer cumplir códigos de habla ambiguos y demasiado amplios.
En 2020, la Universidad de Washington tuvo que pagar $122,000 en honorarios legales para resolver una demanda por infracción de la libertad de expresión después de que un juez federal determinara que utilizaba tarifas de seguridad punitivas para grupos que invitaban a oradores externos.
La Universidad de Iowa se enfrentó más recientemente a una sanción más severa de casi $2,000,000 en honorarios legales después de cancelar ilegalmente el registro de algunos grupos de estudiantes por sus criterios de liderazgo. Un tirón de orejas financiero ocasional puede ser un recordatorio útil sobre las responsabilidades de la Primera Enmienda de los campus públicos.
Más importante, sin embargo, es la advertencia en el informe de BPC a toda la comunidad de educación superior de que el continuo debilitamiento de la libertad de expresión y la diversidad intelectual en los campus está erosionando el apoyo público para ellos y para la democracia misma. Sin embargo, para implementar los valores en el informe de BPC, se necesita más que retórica. Será necesaria una medición precisa de lo que realmente sucede en los campus.
George R. La Noue es profesor emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad de Maryland, condado de Baltimore, y autor del libro Silenced Stages: The Loss of Academic Freedom and Campus Policy Debates (2019).
