América Latina, nuevamente, enfrentará un año muy complejo. Lo dice la segunda edición del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), que hace un exhaustivo análisis de los principales problemas que amenazan a esta región donde, por la pandemia, “se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio”.

Por: Rocía Montes – El País

En un informe presentado este martes en la capital chilena, el estudio detecta 10 riesgos políticos para este 2022, sobre la base de la opinión de 1.144 ciudadanos consultados y 170 expertos de América Latina y el Caribe, entre presidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos. En orden de importancia, el informe indica que los riesgos son la erosión democrática, el cambio climático y la escasez hídrica, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la inversión extranjera en caída, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el auge de China.

“Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos. Por su parte, el populismo, el sentimiento anti-élite y el nativismo xenofóbico seguirán presentes y la combinación de todo ello hará la gobernanza crecientemente compleja”, explica Daniel Zovatto, investigador senior del CEIUC y uno de los editores del informe. Para Jorge Sahd, director del CEIUC y otro de los editores del informe, “en América Latina se ha configurado una triple crisis: de gobernabilidad, con las democracias cada vez bajo mayor tensión; de expectativas, con una ciudadanía más exigente e impaciente, sin una economía que acompañe el 2022; y de certezas, con mayores niveles de incertidumbre política, la incógnita de las nuevas variantes de la pandemia y estados con menor margen fiscal”.

La primera versión del Índice de Riesgo Político en América Latina de 2021 estuvo marcada por los devastadores efectos de la pandemia, pero el actual informe enfoca su mirada en el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad. Describe, por ejemplo, la forma en que la pandemia ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción, con la emergencia de nuevos autoritarismos “en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria”. Con una economía regional sanándose, luego de la debacle de 2020, la recuperación resulta insuficiente y con modesta proyección de un 3% de crecimiento para 2022, sobre todo porque todavía la región sigue lidiando con una emergencia sanitaria global. Es el telón de fondo de la triple crisis que menciona Sahd y que se explica en el informe.

En la crisis de gobernabilidad, la democracia está bajo tensión. La mitad de los países de América Latina y el Caribe muestran señales de erosión democrática, según el informe Estado de la Democracia en las Américas 2021 de IDEA Internacional. Mientras, la encuestadora Latinobarómetro advierte que la mitad de los latinoamericanos tolerarían un Gobierno no democrático mientras resuelva sus problemas. “Según el Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit 2020 en América Latina, además de tres dictaduras consolidadas —Cuba, Venezuela y Nicaragua—, se califican como regímenes híbridos a Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, indica el informe de CEIUC.

De acuerdo a The Economist Intelligence Unit 2020, solo tres países de la región tienen democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. Mientras, los niveles de confianza hacia las instituciones públicas permanecen bajos, el descontento respecto de la calidad de los servicios públicos aumenta y las redes sociales imprimen una velocidad a las demandas sociales que el Estado no es capaz de procesar, asegura el Índice de Riesgo Político de América Latina. “Se necesitan reformas institucionales urgentes para los nuevos tiempos que incorporen criterios de inclusión, eficiencia, transparencia y gobernabilidad”, aconseja el estudio. Además, se apunta a la necesidad de “élites y ciudadanos más comprometidos con los valores democráticos”.

La investigación apunta, además, a que el cambio climático, el estrés hídrico y los desastres naturales provocan un creciente impacto en la naturaleza y en las poblaciones, lo que se agudiza por la falta de gobernanza y previsión de los Estados. Es el segundo riesgo que advierte el estudio en orden de importancia, luego de la erosión democrática. El escenario resulta desalentador: el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático pronostica que el aumento del nivel del mar continuará en la región a un promedio de 3,6 milímetros anuales –por sobre el promedio global de 3,3 mm–, lo que impactaría al 27% de la población que vive en zonas costeras. La sequía generalizada decantaría en un empeoramiento del acceso a alimentos en muchas áreas de la región, lo que tiene un impacto directo en las capacidades de reducir la pobreza y la extrema pobreza, principalmente la rural. En una zona del planeta que concentra el 31% de reserva de agua dulce del mundo, países como Chile y México habían consumido en 2019 sobre el 60% de sus reservas de agua, asegura el informe del CEIUC.

Existe un tercer gran riesgo para la región en este 2022, las protestas sociales y la violencia. Es un contexto complejo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída histórica del 7% del PIB según cifras de octubre de 2021 y la CEPAL cuenta 22 millones de nuevos pobres en la región, equivalentes a un 33,7% de la población de América Latina, un incremento de la desigualdad en 2,9%, y una pérdida de 47 millones de empleos respecto al año 2019. Aunque las ayudas sociales hicieron aumentar la deuda pública en 10 puntos del PIB en menos de dos años, “la paciencia de los jóvenes frustrados y desencantados ante la incapacidad de los gobiernos por revertir la desigualdad estructural se acaba rápidamente y exigen resultados inmediatos”, dice el Índice de Riesgo Político de América Latina. “A pesar de los riesgos de contagio masivo [por la covid-19], las protestas contra los gobiernos se han reactivado, muchas de ellas produciendo violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y con saldo trágico para los participantes”, agrega el estudio.

Zovatto lo explica: “El turbulento segundo semestre del 2019 caracterizado por una ola de protestas fue un primer campanazo de alerta del alto nivel de malestar social e irritación ciudadana que aquejaba a muchas democracias fatigadas de la región. En 2020, con la llegada de la pandemia, la mayoría de las protestas fueron enviadas a cuarentena. Ello generó la falsa sensación de que las protestas sociales eran cosa del pasado. Pero en 2021, en varios países, entre ellos Paraguay, Perú y especialmente en Colombia, estas resurgieron con especial virulencia”, dice uno de los editores del informe.

Para el investigador senior del CEIUC, existe el alto riesgo de que las protestas se vuelvan a encender en América Latina este 2022. “En mi opinión, si los gobiernos no logran manejar adecuadamente las expectativas y demandas ciudadanas y dar respuestas oportunas y eficaces a las causas profundas que gatillaron las protestas en 2019 (malestar social, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, mala calidad de servicios públicos, falta de confianza de la ciudadanía con los políticos y un largo etcétera) existe un alto riesgo de que estas vuelvan a surgir”. Agrega, sin embargo, que “no todo es negativo en relación con las protestas”. Zovatto dice que cuando no vienen acompañadas de violencia constituyen un mecanismo valioso para defender los derechos ciudadanos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos.

El empresario colombiano Alex Saab, el presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro enjuiciado por lavado de dinero en Miami, estuvo entre los beneficiarios de un esquema de corrupción en Ecuador que tuvo acceso a casi $2,700 millones, segun investigadores.

Por: Antonio María Delgado – El Nuevo Herald

Saab también se encuentra en el centro de otra investigación criminal en Ecuador, que explora como un sistema creado para fomentar el comercio entre los países andinos terminó convirtiéndose en un esquema gigantesco de lavado de dinero que incluso llegó a poner en riesgo la dolarización en Ecuador bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa.

La participación de Saab en el esquema, junto con la de otros personajes ligados al empresario, serán entregados esta semana a las autoridades de Colombia de mano de una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que realizó una extensa investigación sobre el uso indebido del Sistema Unitario de Compensación Regional, o SUCRE.

Dos empresas vinculadas a Saab y a su socio Alvaro Pulido – quien también es requerido por la justicia estadounidense – terminaron obteniendo jugosos contratos para la exportación desde Ecuador de viviendas prefabricadas financiadas por el SUCRE, explicó el asambleísta Fernando Villavicencio, quien preside la comisión congresional.

“Los gobiernos de Ecuador y Venezuela permitieron que estas dos empresas [Fondo Global de Construcción (Foglocons),y ELM Import] firmaran un contrato por $350 millones para exportar casas prefabricadas de Ecuador a Venezuela, casas que nunca llegaron”, dijo Villavicencio al el Nuevo Herald antes de partir hacia Colombia.

Las empresas de Saab y de Pulido terminó recibiendo $160 millones por los contratos, pero solo envió paneles prefabricados para levantar las casas para el programa social conocido como la Gran Misión Vivienda por $3.1 millones, resalta el informe elaborado por la comisión.

Saab, quien fue extraditado en octubre a Estados Unidos desde Cabo Verde, tiene previsto comparecer ante un juez federal el 16 de febrero en Miami, donde se le acusa de conspirar para lavar dinero obtenido ilegalmente de las arcas venezolanas.

Para la comisión ecuatoriana, el SUCRE no solo fracasó en alcanzar los objetivos para los cuales fue creado de promover el intercambio comercial entre Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, sino que al final solo sirvió para facilitar la corrupción, poniendo en riesgo simultáneamente a la economía ecuatoriana.

Esto fue así porque sólo debía servir de cámara de compensación entre los bancos financiando las operaciones comerciales, pero al final lo que hizo fue financiar con dólares de las reservas de libre disponibilidad de Ecuador – las cuales son las que respaldan la dolarización ecuatoriana– exportaciones dudosas dirigidas a Venezuela, dijo Villavicencio.

“Estamos hablando de una cifra de $2,697 millones que fueron tomados de la reserva de libre disponibilidad del Ecuador, lo cual es un delito, y según el gerente del banco central de ese entonces … estas operaciones pusieron en riesgo la liquidez de la economía ecuatoriana. Eso significa que pusieron en riesgo la dolarización para entregar esos recursos a Venezuela”, dijo el asambleísta.