Las elecciones regionales y locales del pasado 21 han dado mucho de qué hablar. Aunque sectores de oposición radical las han descalificado, sus resultados no deben ser desestimados si se busca desalojar, cuanto antes, a Maduro. Afortunadamente, muchos análisis ofrecen aportes en este sentido.

Inicialmente, se buscó poner en contexto la victoria de las fuerzas chavo-maduristas. Algunos numerólogos se refirieron inmediatamente a las cifras de abstención y a la suma de los votos no oficialistas para señalar que ese triunfo fue muy relativo. Además, la votación del PSUV fue la más baja de toda su historia, si se dan como ciertas las cifras que viene publicando en cada elección el CNE. Desde el lado opositor, se puso en evidencia el terrible daño que significó anteponer aspiraciones individuales de líderes o grupos a la búsqueda de candidaturas unitarias. Se aduce que la suma de votos adjudicados a la oposición le hubiesen dado la victoria en 14 estados ganados por el chavismo, de haber concurrido con candidatura única. Los casos más notorios fueron Táchira y Mérida. Tampoco debe subestimarse que la oposición obtuvo un tercio de las alcaldías –bastante más que en los comicios anteriores—y pobló a pueblos y ciudades con sus concejales.

No sorprende que un lugar central lo ocupan las irregularidades, ventajismos y atropellos del fascismo. El informe preliminar de la Misión de Observadores Europeos (MOE), si bien señala importantes avances en la realización del proceso con relación a comicios anteriores, objeta el apoyo a candidatos oficialistas con recursos públicos, el sesgo abierto de medios de comunicación a su favor, la falta de independencia judicial –reflejada en la confiscación de tarjetas y símbolos de partidos opositores y la inhabilitación (inconstitucional) de candidaturas no oficialistas– y la instalación de centros de control de electores (“puntos rojos”) cerca de los lugares de votación. Hay que recordar, además, la falta de garantías civiles, reflejada en la existencia de más de 250 presos políticos y numerosos perseguidos. Y, a pocas horas de haberse reconocido su triunfo, fue detenido un día entero el alcalde de un municipio del sur de Mérida, Omar Fernández. Asimismo, esbirros del Sebin acosaron a la alcaldesa electa de San Juán de los Morros. Pero la gota que colmó el vaso ha sido la abierta confiscación de la voluntad popular en Barinas, al inhabilitar el tsj (¡minúsculas obligadas!) a Alfredo Superlano para no reconocer su triunfo electoral. Elecciones democráticas, en verdad, no fueron. Maduro lo confesó, implícitamente, cuando quiso descalificar a la MOE, tildándola de “espías”.

Por último, las insuficiencias e irregularidades detectadas dirigen la atención a la necesidad de limpiar el ente supervisor (CNE), empezando porque la designación de sus miembros sea conforme a lo pautado en la constitución para garantizar su imparcialidad política. Es menester asegurar, además, su autoridad para imponer multas u otras medidas pertinentes a quienes violen las normas que regulan los procesos electorales. Entre otras cosas, debe velar porque se cumplan los lapsos establecidos para cada proceso y para que permanentemente sea actualizado el Registro Electoral Permanente.

Es injustificable, empero, que análisis tan diversos hayan soslayado un aspecto crucial con relación a las posibilidades de utilizar el voto para sacar a Maduro y a sus militares corruptos. ¿A cuenta de qué, quienes se identificaron como partidarios del peor gobierno que ha conocido la Venezuela moderna, el más corrupto, ineficiente, requetemalo y mendaz, sacaron tan alta votación relativa? Y aquí no vale aquello de que, con la abstención –más del 58%– la votación del PSUV fue tan sólo del 19% del REP. Lo que debe ser preocupación central, en vez de regodearse con excusas fáciles, es el hecho de que, bajo las actuales circunstancias, casi un 20% de la población adulta, incluyendo en este total a la que migró, haya votado por el chavismo. En algunos estados este porcentaje fue bastante mayor. Decir que se debió al ventajismo, que muchos empleados fueron conminados a votar por los candidatos oficialistas, a la confusión sembrada por los llamados “alacranes”, o al chantaje de quitarles a la gente los CLAPs (u otras prebendas), no ayuda. Tampoco el bombardeo ideológico por los medios estatales. Ello solo incidiría en la votación de una secta fanatizada, veneradora de Hugo Rafael, el Eterno, que no debe pasar del 5% de la población. Estos son, además, los datos del proceso, los parámetros fijados por el fascismo que deben ser tomados en cuenta si se quiere formular una estrategia exitosa.

El problema central es que las fuerzas democráticas no representaron la opción política esperada a los ojos de un número demasiado importante de venezolanos, sobre todo de los jóvenes, a quienes les han robado su futuro. Es decir, sus candidatos no supieron o no lograron –salvo escasas y valiosas excepciones–, capitalizar lo que es el asunto más importante de toda elección a celebrarse en el país en estos momentos –incluidos los de carácter regional o local–, que es encarnar la única opción económica, social, moral y políticamente posible al desastre urdido por tan deplorable régimen. Por diversas razones, no fueron percibidos, al menos no con la intensidad suficiente, como un proyecto radicalmente distinto de sociedad a la de Maduro y sus cómplices, la única capaz de lograr que sobreviva Venezuela como país en el que vale la pena vivir. Por supuesto que el lamentable espectáculo de las divisiones y pugnas en el campo opositor hizo su efecto, como la indefinición de buena parte de las fuerzas democráticas por participar y la decisión tardía de hacerlo. Dificultó posicionarse con claridad en estos comicios como referente del cambio necesario.

No es descargo tampoco argumentar que, en elecciones de alcance regional y local, los proyectos nacionales no están en juego. Si queremos acabar con las prácticas de expoliación de las mafias que controlan el Estado, la transparencia y rendición de cuentas de gobernadores y alcaldes, la corresponsabilidad ciudadana activa en estos asuntos, su organización para defender sus derechos ante el centralismo dictatorial, los problemas gravísimos de la seguridad personal y otros, son claves para deslindar, a partir de los problemas locales y regionales, el proyecto alternativo a reivindicar.

Pueden alegarse circunstancias atenuantes de la débil presencia opositora entre el electorado, además del ventajismo y de las otras irregularidades ya comentadas. Una explicación plausible es que el liderazgo chavo-madurista en algunas regiones o localidades haya podido ser mejor, comoquiera que definamos este término. Supondría reconocer que el nivel de descomposición y de perversión que distingue al núcleo central del madurismo, no caracteriza necesariamente a todos sus dirigentes. Sea como fuere, su impacto hubiese sido bastante más acotado, como las maniobras de aquellos que buscaban confundir al electorado, en presencia de una opción democrática clara. El reto debe ser, además, atraer el chavismo sano que pueda existir a las filas democráticas.

En las distintas versiones del Plan País existen propuestas de solución a los problemas económicos, de los servicios, de la seguridad personal, la salud, la educación, etc. que sólo podrían instrumentarse conquistando el régimen de libertades y garantías requeridos para el despliegue pleno de la iniciativa ciudadana, en aras del bienestar material y espiritual de los venezolanos. Saber transmitir esto de manera sencilla, pero con la pasión que lo amerita, es central a toda participación electoral futura, sea ésta el referendo revocatorio o las presidenciales y legislativas a acordar. El éxito futuro de los líderes que se han ido forjando en las luchas sociales y políticas en distintas partes del país, como de aquellos que se consolidan a nivel nacional, debe nutrirse de estas consideraciones. De no ser así, continuaremos siendo vulnerables a las trapacerías depredadoras del fascismo.

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com