En las primeras horas de la mañana, funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron el primer incidente de seguridad registrado en el norte de la Franja de Gaza, tan solo unas horas después de que fuera firmado un acuerdo histórico que puso fin a más de dos años de conflicto en el enclave. Según el comunicado oficial difundido por las FDI, se identificó el movimiento de varios sospechosos que cruzaron la denominada Línea Amarilla, un perímetro de seguridad establecido al norte de Gaza, y que avanzaron en dirección a las posiciones en las que operan las fuerzas israelíes desplegadas en la zona.

Infobae

La cadena de eventos comenzó cuando los sistemas de vigilancia de las FDI detectaron la presencia de un grupo de personas aproximándose a una zona restringida, en aparente contravención de las condiciones suscritas en el nuevo acuerdo. “Se intentó repeler a los sospechosos. Estos no respondieron y continuaron acercándose a las fuerzas. Estas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, consta en el reporte difundido esta mañana por la institución militar. Las FDI enfatizaron que “los informes sobre terroristas que se infiltran en las defensas son incorrectos”, subrayando que “el incidente no representó un ataque organizado contra las posiciones militares sino una violación de los protocolos de seguridad recientemente pactados”.

En su comunicado, las FDI hicieron un llamado a los residentes de Gaza para que respeten las indicaciones de las autoridades y eviten acercarse a las zonas donde hay presencia militar activa, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y garantizar la estabilidad alcanzada tras la formalización del cese al fuego.

Este primer incidente ocurre a menos de 24 horas de que, en una ceremonia seguida por la comunidad internacional, se firmara el acuerdo que selló el cese definitivo de las hostilidades. La firma del documento tuvo lugar luego de que, ayer, se concretara la liberación de los últimos 20 secuestrados vivos que permanecían en poder del grupo Hamas, un gesto considerado clave para destrabar las negociaciones multilaterales y avanzar hacia la nueva etapa de reconstrucción y pacificación del territorio.

La declaración conjunta fue rubricada por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al-Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. En ella, los mandatarios saludaron lo que calificaron como un “compromiso verdaderamente histórico” y se comprometieron a implementar los términos del acuerdo para garantizar la paz y la estabilidad en la región.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a respetar los lineamientos de seguridad, mientras los equipos diplomáticos y observadores internacionales monitorean el cumplimiento de los compromisos alcanzados entre los principales actores regionales y las partes directamente involucradas en el conflicto.

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó el lunes que no se esconderá ante un posible ataque de Estados Unidos y que los venezolanos están preparados “para cualquier situación”.

El Nacional

El también ministro de Interior aseguró que la respuesta del chavismo ante una eventual agresión será de “resistencia activa prolongada”, una estrategia que —dijo— se ha discutido en reiteradas ocasiones.

“¿Eso qué significa? El que produce muebles siga produciendo muebles, el que tenga siembra de maíz que siga sembrando maíz, pero preparándonos para cualquier ataque”, explicó

Cabello subrayó que, pese a las “amenazas”, el chavismo seguirá “gobernando en revolución” y añadió que los supuestos avances en los últimos años demuestran que “sí es posible hacerlo” y que solo puede lograrse.

Aseguró asimismo que el Plan Independencia 200 se encuentra activo en todo el país y señaló que incluye movilizaciones parciales por estado, con ejercicios de despliegue, revisión de puntos débiles y chequeo de infraestructuras estratégicas.

Entre los sectores priorizados mencionó estaciones de servicio, redes eléctricas, transporte, escuelas y hospitales, con el objetivo de asegurar su funcionamiento “en caso de conflicto”.

“Debemos asegurar el funcionamiento de todos los servicios, del transporte y de los centros de salud si se presenta una situación de agresión”, señaló.

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, ha reivindicado la figura de Donald Trump tras defender que el expresidente estadounidense «representa la paz» frente a los líderes progresistas que, según ella, «alimentan los conflictos en lugar de resolverlos».

La Gaceta de la Iberosfera

Durante una intervención pública, Meloni sorprendió al elogiar al magnate republicano y agradecerle su papel en materia internacional, diferenciándolo de los dirigentes de izquierdas que, a su juicio, sólo buscan «provocar tensiones bajo el pretexto de causas humanitarias».

«Hay una persona a la que debemos dar las gracias, y no es Greta Thunberg, ni Maurizio Landini, ni Francesca Albanese», declaró la jefa del Ejecutivo italiano, en referencia a la activista climática, el líder sindical y la relatora de la ONU para los Derechos Humanos en Palestina. «Se llama Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, republicano, en línea con los presidentes republicanos que, históricamente, traen la paz en lugar de crear guerras», añadió.

Sus palabras se produjeron en medio de la polémica flotilla organizada por activistas de izquierda que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, un intento que, según Meloni, «acabó convirtiéndose en un acto de propaganda sin los suministros prometidos». La mandataria italiana aprovechó la ocasión para arremeter contra quienes «utilizan el sufrimiento ajeno para ganar visibilidad política» y aseguró que «la verdadera responsabilidad internacional pasa por la diplomacia, no por los gestos vacíos».

Con este nuevo respaldo público, la líder de Fratelli d’Italia refuerza su alineamiento con la corriente soberanista a nivel global y busca consolidar su imagen como una voz firme frente al progresismo europeo y las corrientes globalistas.

Smartmatic ha sido sinónimo de polémica desde que, a principios de la década, la hasta entonces desconocida firma tecnológica comenzó a construir el actual sistema automatizado de votación de Venezuela. Sin embargo, casi 10 años después de haber roto sus relaciones contractuales con el Estado venezolano, y en particular con el Consejo Nacional Electoral (CNE), salen a relucir detalles de lo que reclama en el juicio internacional que inició contra sus antiguos socios.

Transparencia Venezuela

En 2022, la compañía – que se presenta como “una pionera de muchas innovaciones que ahora son esenciales para la tecnología electoral”- interpuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) una demanda contra la República de Venezuela y la empresa argentina Ex-Clé por “la expropiación ilegal” que sufrió en 2017, exigiendo la indemnización de “una suma entre US$ 1,409,028,546.76 y US$ 1.749.028.546.76; más el equivalente en dólares de EE.UU. de Bs. 7,391,264,334.70”.

En el informe “Smartmatic vs Ex-clé: la sombra sobre el sistema electoral venezolano” Transparencia Venezuela revela el contenido de la querella ante el CIADI, firmada por el grupo británico SGO Corporation Limited.

A continuación, presentamos tres revelaciones que el documento contiene:

1. Las presiones

Las relaciones entre Smartmatic y el CNE se rompieron en agosto de 2017. Esto, luego de que representantes de la firma denunciaran que «hubo manipulación del dato de participación» en el proceso comicial del 30 de julio de ese año, en el que se eligió a los miembros de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

“Estimamos que la diferencia entre la participación real y la anunciada por las autoridades es de al menos un millón de votos”, afirmó en esa ocasión, Antonio Mugica, director ejecutivo de la compañía en una conferencia de prensa desde Londres.

La entonces presidenta del CNE, la fallecida Tibisay Lucena, tachó la denuncia de Mugica de «irresponsable» y «sin fundamento», al tiempo que insistió que 8 millones de venezolanos participaron en el proceso; es decir un 41,53% del padrón electoral.

Sin embargo, según la demanda, las autoridades venezolanas no se limitaron a refutar y cuestionar las afirmaciones de Smartmatic. “(Se) inició una campaña de represalia, retaliación, y persecución que aniquiló las operaciones, en su totalidad, de Smartmatic en Venezuela”, denuncian desde la firma en su querella en el CIADI.

¿En qué consistió esa persecución? “(En) el hostigamiento y amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos”, se lee en la demanda.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, también se denunció que se registró “la extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela”.

Los representantes de Smartmatic aseguraron que estos hechos se produjeron “en represalia directa a la negativa (…) de guardar silencio ante este fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales, y las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales”.

 

2. El despojo

Pero los ataques, amenazas y hostigamientos denunciados contra los empleados de la firma fueron el preludio para la eliminación de la presencia de Smartmatic en Venezuela. La empresa señala que todos los equipos y los programas que empleaba en las elecciones le fueron arrebatados y comenzaron a ser utilizados por la empresa argentina Ex-Clé, que los empleó en varios procesos electorales celebrados posteriormente.

“Smartmatic no tuvo otra opción sino aceptar bajo amenaza la obligación de proporcionar los certificados de seguridad de su software para las elecciones de octubre y diciembre de 2017. Habiendo informado luego -en un comunicado público- que no daba ninguna garantía de elecciones futuras. Sin embargo, a finales de 2017, Ex-Clé no había firmado los acuerdos de cesión; y Smartmatic no había recibido ningún dinero o pago por concepto de los contratos que ya había cumplido, bajo coacción”, se lee en la querella.

La compañía denunció que sus representantes fueron forzados a firmar 10 contratos en 2018, aunque los mismos fueron datados con fechas anteriores, que eran contrarios a sus intereses, y que tenían una duración determinada. No obstante, esos plazos habían sido ignorados.

“Los contratos establecen claramente que esos certificados expirarían y, sin embargo, Ex-Clé ha continuado explotándolo de manera ilegítima e ilegal gracias a las autoridades de Venezuela, a través de ingeniería inversa”, se agrega en el documento.

Smartmatic acusa a su sucesora de incurrir en delitos a la propiedad. “Ex-Clé ha desarrollado hasta ahora siete procesos electorales en Venezuela.  De octubre y diciembre de 2017; mayo y diciembre de 2018; luego de haber usurpado el hardware y software de Smartmatic (con el apoyo de las altas autoridades de Venezuela)”.

Según la demandante, “estas medidas ilegales e ilegítimas, que son equivalentes a una expropiación”, ha sido revestidas de “legalidad” por Venezuela mediante dos estrategias: a través de contratos, suscritos bajo coacción (amenazas y hostigamiento) y bajo la apariencia de que encierran un “negocio” o “transacción” a título “oneroso” o “pecuniario”, para dotarlas de objeto o consideración contractual, donde Smartmatic recibe un “pago” aceptado a su “satisfacción”.

3. Un sistema más débil

En su demanda, Smartmatic arroja más dudas sobre la viabilidad y seguridad del cuestionado sistema automatizado de votación venezolano.

“Con posterioridad a la elección de mayo de 2018, (Smartmatic) fue informada por personal vinculado al CNE, que este organismo había entregado máquinas de votación, software de Smartmatic y versiones anteriores de los códigos de fuente asociados con dicho software a Ex-Clé, y que el CNE había enviado algunos de sus técnicos (previamente capacitados por Smartmatic) a las oficinas de Ex-Clé en Buenos Aires, y estaban realizando ingeniería inversa del sistema de votación de implementado en Venezuela. Tal acción le hubiese permitido al CNE que eliminara todas las salvaguardas antifraude del sistema, así como también que ignorara y sobrescribiera por completo la integridad del sistema de votación implementado en las elecciones presidenciales de mayo de 2018”, se lee en la demanda.

¿Pero qué es Ex-Clé y de dónde salió? Es una empresa que fue fundada en Buenos Aires, Argentina, por los hermanos Eduardo y Guillermo Carlos San Agustín y que opera en Venezuela desde 2004.

En 2006, ganó su primer negocio con el CNE para prestarle servicios de biometría. Dos empresas han brindado soporte técnico para la realización de elecciones: Ex-Clé C.A. y Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A. Están dirigidas por Guillermo Carlos San Agustín (argentino) y Marcos Javier Machado Requena (venezolano).

Con los años Ex-Clé se ha hecho también con contratos para asumir la gestión de los sistemas de recaudación de impuestos de la Alcaldía de Caracas, para el uso de tecnología biométrica en bancos públicos e incluso para la desaparecida criptomoneda pública, el Petro.

De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC), entre 2005 y 2023 la empresa Ex-Clé firmó al menos 48 contratos con entes públicos venezolanos, la mayoría con el CNE, bajo la gestión de Tibisay Lucena.

Ex-Clé y sus directivos fueron sancionados por el Gobierno de Estados Unidos en 2020.

Hamás llevó a cabo ejecuciones públicas masivas en Gaza el lunes, apenas horas después de firmar un tratado de paz con Israel , como parte de una serie de sangrientas represalias tras la retirada de las tropas israelíes, según muestra un espantoso video.

The New York Post

Las imágenes gráficas muestran a ocho hombres brutalmente golpeados y con los ojos vendados, arrodillados en la calle antes de ser asesinados a tiros por hombres armados de Hamas frente a una multitud que los vitoreaba.

El grupo terrorista afirmó, sin aportar pruebas, que los asesinatos tenían como objetivo “criminales y colaboradores de Israel”, según informó la BBC.

Entre los muertos se encontraba Ahmad Zidan al-Tarabin, presuntamente responsable de reclutar agentes para una milicia rival no alineada con Hamás, informó el medio israelí Ynet News.

Tras la retirada de las FDI, Hamás ha buscado rápidamente reafirmar su control sobre Gaza, atacando a los “clanes” o grupos armados familiares que habían ganado fuerza durante el conflicto.

El grupo terrorista palestino comenzó sus represalias mortales incluso antes de que se firmara el acuerdo de paz.

El domingo, 52 miembros del poderoso clan Dagmoush murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad interna de Hamas, mientras que 12 terroristas de Hamas, incluido el hijo del alto funcionario Bassem Naim, también murieron, según informes en Gaza.

Según informes, militantes de Hamás utilizaron ambulancias para asaltar el barrio del clan, al que acusaron de colaborar con Israel.

Es una masacre. Se llevan a la gente a rastras, los niños gritan y mueren, nos queman las casas. ¿Qué hicimos mal?, dijo la hija de un miembro del clan a Ynet News.

Más temprano el lunes, el presidente Trump sugirió que había dado aprobación a Hamas para manejar la seguridad interna en Gaza “como considere conveniente”, como parte de un acuerdo de paz para devolver a los rehenes vivos restantes a Israel.

“Ellos [Hamás] quieren poner fin a los problemas, y han sido abiertos al respecto, y les dimos aprobación por un período de tiempo”, dijo a un periodista en el Air Force One.

“Cerca de dos millones de personas regresan a edificios demolidos, y pueden ocurrir muchas cosas malas. Así que queremos que sea seguro. Creo que todo irá bien. Quién sabe con certeza”, dijo.

Según el plan de paz de Trump , se esperaba que Hamás se desarmara y entregara el gobierno de Gaza, algo que el grupo terrorista se ha negado a hacer.

El consultor político y activista venezolano Luis Peche dijo este lunes que no detendrá su trabajo luego de sufrir, junto al defensor de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, un atentado al salir de la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

EFE

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”, escribió Peche en su cuenta en la red social X.

El activista indicó que se encuentra bien al igual que Velásquez y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho.

“Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo”, añadió.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este lunes el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por -aseguró- “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un “ataque sicarial” tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

La oposición venezolana, así como los líderes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, condenaron el hecho e instaron a las autoridades colombianas a abrir una investigación para dar con los responsables.

Machado también pidió garantizar la protección de los dos activistas venezolanos.

Igualmente, diversas organizaciones venezolanas exigieron este lunes al Gobierno de Colombia una investigación sobre el atentado.

La organización no gubernamental Provea pidió “una respuesta del Gobierno de (Gustavo) Petro” y una “protección urgente a los defensores venezolanos en riesgo, muchos de ellos -señaló- atrapados en un limbo migratorio por trabas institucionales” de Migración Colombia.