Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Hugo Chávez solía regalar petróleo, pero terminó entregando territorio. Hoy, dos décadas después de aquellas concesiones disfrazadas de “cooperación energética”, Venezuela está a punto de perder el Esequibo. Y no será —como repite el discurso oficial— por culpa de ExxonMobil, de la CIA o del imperialismo trasnacional, sino por la temeraria irresponsabilidad con la que el difunto comandante decidió, en nombre de la integración bolivariana, poner los recursos en disputa a disposición de Guyana.

Por: Humberto González Briceño

Corría el año 2004 —apenas cinco años después del Acuerdo de Ginebra de 1966 que pautaba la negociación bajo el formato de buenos oficios— cuando Chávez, en uno de sus arrebatos diplomáticos, declaró que no tenía intención de oponerse a los planes de Guyana para explotar la zona del Esequibo. En un acto de fraternal rendición, el entonces presidente venezolano bendijo la exploración conjunta en el área en reclamación, no sin antes regañar públicamente a sus diplomáticos por insistir en una disputa que, según él, obstaculizaba la “unión de los pueblos”.

Desde entonces, el país vecino dejó de comportarse como parte de una controversia bilateral para asumirse como propietario legítimo. Chávez le dio a Georgetown lo que no pudo conseguir en décadas de reclamos: reconocimiento tácito y legitimidad práctica. Y lo hizo sin disparar un tiro, sin firmar un tratado, pero con una declaración política que resultó más eficaz que cualquier sentencia judicial.

Esa cesión simbólica —pero letal— fue el punto de quiebre que permitió a Guyana abandonar el mecanismo de buenos oficios de la ONU y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde, sobra decirlo, la balanza no se inclina precisamente a favor de los Estados con gobiernos sancionados, aislados o conducidos por autócratas.

El caso ha entrado en su fase final. La fase escrita ha concluido. Venezuela presentó su dúplica —“50 tomos con la verdad histórica”, según Delcy Rodríguez— sin reconocer la jurisdicción del tribunal, lo cual equivale a decir: participo, pero no acepto el resultado. Es un acto de prestidigitación jurídica que ni los jueces de La Haya ni los mercados energéticos se toman en serio.

Las audiencias orales se celebrarán en los próximos meses y todo indica que en 2026 se dictará la sentencia definitiva. Pero los dados ya están lanzados. Guyana ha hecho lo que Venezuela no: asumir el proceso, consolidar alianzas, ganar legitimidad. Mientras Caracas nombra gobernadores imaginarios en territorios que no controla y celebra referendos de cartón, Georgetown adjudica licencias petroleras, compra radares franceses y denuncia ante la ONU las “amenazas de anexión” del régimen chavista.

La paradoja es grotesca: mientras Venezuela niega la jurisdicción de la CIJ, es parte activa del proceso; y mientras denuncia la existencia de un laudo colonial de 1899, ha incumplido todas las órdenes cautelares de la Corte, como la prohibición de realizar elecciones en el Esequibo. No hay forma de ganar una partida que se juega en una mesa que se desprecia.

Maduro insiste, en tono mesiánico, en que “el Esequibo volverá”. Pero sus acciones, lejos de consolidar soberanía, la diluyen. El régimen ha transformado un reclamo legítimo en una cruzada de propaganda. Y lo peor: le ha regalado a Guyana todas las pruebas que necesita para argumentar ante la CIJ que Venezuela no solo abandonó el terreno diplomático, sino que ha violado el principio de buena fe reiteradamente.

Mientras tanto, Guyana continúa fortaleciendo su posición, apelando al derecho internacional y —sobre todo— a la geopolítica. Porque no nos engañemos: esta no será una decisión estrictamente jurídica. Será una sentencia dictada bajo la lógica del orden global. Y Venezuela, gobernada por una dictadura que hace negocios con Rusia, expulsa a la ONU y secuestra opositores en el extranjero, no tiene aliados que salgan a defenderla.

¿Quién respaldará a un país que desprecia las instituciones internacionales, pero luego llora en sus puertas?

Es posible que Venezuela esté a punto de perder el Esequibo. Pero no será por la traición de ExxonMobil ni por las maquinaciones de la Commonwealth. Será por la traición originaria de Hugo Chávez, quien regaló soberanía a cambio de aplausos. Y por la continuidad de un régimen que ha confundido la propaganda con la diplomacia y la arrogancia con estrategia.

Quizás el Esequibo no se pierda en La Haya. Quizás, simplemente, ya lo hayamos perdido hace años, cuando decidimos que la patria era un show de variedades transmitido por cadena nacional.- @humbertotweets

La Guardia Urbana de Lérida ha vuelto a detener al inmigrante colombiano de 40 años acusado de violar a su hija de 21 años en plena vía pública, un suceso ocurrido durante la madrugada del domingo en el barrio de Pardinyes.

La Gaceta de la Iberosfera

El lunes por la mañana, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lérida tomó declaración al acusado y a la víctima. Tras la comparecencia, la juez decretó su libertad con cargos, imponiéndole una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con su hija por cualquier medio. El agresor se ha saltado el alejamiento y ha vuelto a ser detenido.

El ataque, que presenció el hijo pequeño del agresor —de tan sólo ocho años—, tuvo lugar en la plaza de la Lonja y ha conmocionado a los vecinos de la zona.

Los agentes municipales se toparon con la escena alrededor de las tres de la mañana, al observar a dos personas manteniendo relaciones sexuales en medio de la calle. Al acercarse para identificarles, descubrieron que eran padre e hija. La joven, entre lágrimas, explicó que estaba siendo obligada y que su padre la había forzado. De inmediato, los agentes detuvieron al hombre como autor de un delito de agresión sexual con penetración.

Tras su arresto, la policía local dio aviso a los Mossos para que se hicieran cargo de la investigación. La víctima fue trasladada al Hospital Arnau de Vilanova, donde se le practicó un reconocimiento médico, mientras que el niño fue puesto bajo el cuidado de su madre. Según confirmaron fuentes policiales, tanto el detenido como la joven presentaban síntomas evidentes de haber consumido alcohol antes de los hechos.

La investigación judicial reveló además que no era la primera vez que el hombre había abusado de su hija. Según su testimonio, estos episodios se habrían repetido anteriormente, algo que confirmó el alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa, al informar de que «la situación ha hecho saltar todas las alarmas». El regidor aseguró que la familia contaba con un entorno social» normalizado».

Como si se tratase de fosas comunes, llenas de cadáveres, así mismo están desenterrando todos los casos de corrupción del socialismo venezolano. 

Casos que trascienden las fronteras nacionales.

El pasado jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao concretó una denuncia penal por supuesta “quiebra fraudulenta” de la entidad, vinculada al Grupo Financiero BOD.

De acuerdo con la información suministrada por Michiel Gorsira, responsable del proceso, la denuncia apunta no solo contra los accionistas, sino también contra los miembros del directorio y los beneficiarios finales, por presuntas irregularidades en la gestión de activos por aproximadamente USD 1.500 millones, así como falsificación de documentos.

Los representantes legales de los clientes perjudicados arguyen que la iniciativa legal fue presentada ante el Ministerio Público de Curazao, e incluye cargos contra nombres como Víctor Vargas Irausquín, su yerno Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú, y los directores Joel Santos Tobio y Santos Alonso Ramos, entre otros.

Podríamos recordar que Víctor Vargas -el banquero de Hugo Chávez- ha enfrentado dificultades parecidas en otras entidades del Caribe, como el BOI Bank en Antigua y Bancamérica en República Dominicana. Sin olvidarnos de que en Panamá la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada emitió una orden de arresto en agosto de 2021 contra él, por un presunto fraude con AllBank, banco de su propiedad. 

Los estafadores de cuello rojo hacían rotar el mismo dinero entre diferentes bancos para respaldar las reservas y depósitos, logrando evadir así lo sistemas de supervisión de no menos de 5 países. En un claro esquema “Ponzi”.

En medio de este plan financiero y delincuencial, fueron pillados en varios errores. En uno de ellos fue que el Banco Central de Curazao habría señalado que la documentación presentada por la entidad financiera de Vargas y sus socios, respecto a sus activos —en particular bonos de deuda venezolana— , no tiene respaldo legítimo, lo que fundamenta la calificación de “quiebra fraudulenta”.

Ahora bien, la filial offshore del BOD afecta, según registros, a 2.441 clientes naturales y jurídicos. Y, desde la intervención del BOD en Venezuela en 2019, el proceso de liquidación y venta de activos ha generado múltiples controversias judiciales bajo supervisión de las autoridades venezolanas.

El juicio penal contra Víctor Vargas, Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y demás directivos tendría repercusiones no solo en Curazao, sino también en el Reino de los Países Bajos, Estado miembro de la Unión Europea. 

Pero, ¿todo este cuento de unos estafadores bancarios qué tiene que ver con Venezuela?; además de que los implicados son los mismos propietarios del Banco Occidental de Descuento (BOD), que este señor Víctor Vargas, el llamado “banquero de Chávez”, usó su poder y relaciones con el Estado venezolano y Pdvsa para construir un gigante de papel que estafó a miles de personas en el Caribe. 

Y es que la base del juego piramidal de Vargas eran las operaciones cambiarias en Venezuela. 

A través del BOD adquiría papeles de deuda soberana y Pdvsa y buena parte de la fuga de capitales en el país se realizó a través de las emisiones en dólares, compradas en bolívares, que permitieron el trasvase del control cambiario.

El grupo de Vargas  –con operaciones en Curazao, Antigua, Panamá y República Dominicana– se convirtió en una especie de mecanismo de centrífuga para las operaciones alrededor del control de cambio en Venezuela.

Todo un mecanismo que se tragó miles de millones de dólares y que hoy afecta a varias islas del Caribe, perjudica a Venezuela y, además, a la mismísima descendencia  borbónica española.

Vosotros sois muy jóvenes y no habéis visto La caza del Octubre Rojo, ni habéis escuchado la frase: “Una vez más jugamos un juego peligroso contra nuestra vieja adversaria: la marina de los Estados Unidos.” ¿Por qué “adversaria”, en vez de “enemiga”?

Por: Pedro Fernández Barbadillo – Ideas de la Gaceta

Sean Connery pasaba de ser un espía con licencia para matar por Inglaterra a interpretar a Marko Ramius, el mejor comandante de submarinos de la Armada soviética. Como tal, dirigía una nueva nave indetectable por el sónar y con armamento nuclear contra la costa oriental de Estados Unidos, pero no para atacar a éstos, sino para desertar y entregarla a los guardianes del mundo libre. Semejante poder de destrucción no podía estar en las manos poco fiables de comunistas en el Kremlin o, simplemente, de rusos.

La Guerra Fría se deshacía incluso en el cine y el Nuevo Orden Mundial comenzaba. ¡Habíamos ganado y ahora tocaba llevar la libertad a tantos dólares la ponencia del seminario! Y pardiez que algunos se llenaron los bolsillos predicando libre mercado y democracia.

El Octubre Rojo zarpaba de la base de Murmansk y penetraba en el Atlántico norte a través de la que la Brecha GIUK (una línea imaginaria que une Groenlandia, Islandia y el Reino Unido). El acrónimo lo elaboraron los británicos en la Segunda Guerra Mundial y lo adoptó la OTAN. Ese vacío lo aprovecharon los alemanes y luego los soviéticos para acceder al Atlántico sin tener que atravesar el canal de La Mancha o el mar del Norte.

Siguiendo con las referencias cinematográficas para búmers, desempolvamos la británica ¡Hundid el Bismarck!, emitida por la televisión en blanco y negro. En mayo de 1941, los alemanes enviaron su mejor acorazado, el Bismarck, y el crucero pesado Prinz Eugen al Atlántico para cortar el tráfico naval de Gran Bretaña con su imperio. Ambos buques zarparon del puerto de Gdynia, en el Báltico, y penetraron en el océano a través del estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. La misma derrota de tantos submarinos soviéticos más tarde. Winston Churchill, el héroe de esta generación, ordenó a la Royal Navy hacer lo necesario para destruirlos. Y así se logró con el Bismarck.

Un lugar estratégico para vigilar este vacío es la pequeña isla volcánica de Jan Mayen (377 km2), de soberanía noruega, aunque está más cerca de Islandia y de Groenlandia que de Oslo. En la isla, hay una pequeña pista de aterrizaje y otras instalaciones para acoger el personal de una estación meteorológica y una unidad de ciberdefensa, así como pequeños barcos. Desde 2017, varios aviones militares de países de la OTAN han aterrizado; y en noviembre de 2019 llegó un equipo de la USAF para adaptar la pista para recibir Hércules C-130. Estos movimientos provocaron protestas por parte de Rusia a Noruega.

Foto panorámica de la costa de Jan Mayen

La invasión de Ucrania ha elevado la importancia de la inhóspita isla. A finales de septiembre, se realizó un ejercicio conjunto entre unidades de Estados Unidos, Noruega y Gran Bretaña. Un avión de transporte A400 de la RAF aterrizó para entregar un Vehículo Táctico Ligero Conjunto del cuerpo de Marines. También hubo soldados especialistas de las tres naciones. 

Otra isla que ha recobrado la importancia que tuvo en la Guerra Fría es la de Gotland, en el mar Báltico, patria de los godos que en el siglo IV alcanzaron Hispania. De soberanía sueca, con casi 3.000 km2 de extensión y 60.000 habitantes, está situada entre el puerto de Kaliningrado, a su vez encajado entre Polonia y Lituania, y la salida del golfo de Finlandia, en cuyo extremo interior está San Petersburgo.

A pesar de la neutralidad del país escandinavo, los submarinos soviéticos penetraban en sus aguas territoriales para esquivar los mecanismos de detección de la OTAN. Uno de los mayores intereses para la OTAN del ingreso de Suecia residía en Gotland. Desde la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, el Gobierno sueco volvió a trasladar tropas y aparatos militares (radares de aviones y submarinos, baterías de misiles) a la isla. A partir de su unión a la alianza militar, en marzo de 2024, el despliegue ha aumentado.

Igualmente a finales de septiembre, las Fuerzas Armadas suecas y polacas desarrollaron una maniobra, Gotland Sentry,para comprobar la capacidad de desplegar unidades en plazos muy breves. Polonia, cuyo gobierno planea disponer en 2030 de más tanques que Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntos, y Suecia firmaron en noviembre de 2024 un acuerdo para cooperar en la defensa del Báltico contra Rusia.

¿Cuál es la finalidad de estas maniobras en dos islas tan distintas, una pequeña y deshabitada en un mar abierto y unas latitudes gélidas, y otra grande en un mar interior y que permite el establecimiento de nutridas unidades militares y de defensas estáticas? Ni más ni menos que impedir a Rusia el acceso al Atlántico norte y la diseminación de sus fuerzas navales entre las rutas marítimas y aéreas que unen Norteamérica y Europa.

El enfrentamiento entre la potencia naval anglosajona y la potencia terrestre rusa, con sus aliados respectivos, como Polonia, Alemania, Israel y España en el primer caso, y Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte en el segundo, repite episodios de guerras anteriores. Porque la geografía no cambia, al contrario que la política. Y el Leviatán pretende encerrar al oso en su madriguera.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en Gotland en 2023

Una similitud con la Gran Guerra y la Guerra Fría que debe de preocuparnos a todos es el riesgo de que un error humano inicie una cadena de reacciones que arrastre a la humanidad a una guerra mundial. Los búmers también vieron con desazón The Bedford Incident, sobre un combate entre un destructor norteamericano y un submarino soviético precisamente en el estrecho de Dinamarca, que concluye en unas sangrientas tablas. Aunque ya no hay archiduques austriacos (¡cómo lo lamento!), pueden ocurrir otros acontecimientos. En noviembre de 1983, la URSS, gobernada por una gerontocracia psicopática, interpretó equivocadamente unas maniobras de la OTAN, Able Archer, como un inminente ataque nuclear al Pacto de Varsovia.

A diferencia de lo que decía Kennedy, bien sabemos que quienes nos gobiernan no suelen ser ni los mejores ni los más brillantes.

El despliegue de una poderosa flota de barcos de guerra de EE.UU. frente a las costas de Venezuela, incluyendo submarino atómico, portahelicópteros, marines y apoyo aéreo (F-35), ha provocado como respuesta del régimen fascista las fanfarronadas de rigor. Padrino López, sempiterno ministro de “Defensa”, le advierte a los “imperialistas” que “midan bien sus acciones” y “piensen bien sus decisiones” si la idea es invadir a Venezuela. Maduro anuncia que Venezuela “se defenderá con las armas” ante cualquier intento de invasión. Días antes y vestido de militar –¡qué vergüenza para la FAN!– anunciaba el envío de tropas a los barrios para entrenar a sus habitantes en el manejo de las armas. Pero en vez de transmitir la imagen de un liderazgo imbuido de una voluntad firme y decidida a defender la soberanía nacional ante el agresor, estas declaraciones proyectan todo lo contrario: la enorme vulnerabilidad que envuelve al régimen. No en balde fueron pronunciamientos notoriamente vacíos, sin las acostumbradas movilizaciones de partidarios vociferando consignas de lucha.

Pero no se trata solo de la precariedad militar venezolana frente a cualquier agresión. Difícil imaginar una capacidad efectiva de respuesta en defensa del “sagrado suelo de la Patria” ante una hipotética invasión. Sobre todo, luego de años de descomposición de la FAN, del deterioro e inoperatividad de su armamento, de la insuficiencia de aprestos, como de la desmoralización de oficiales y tropa por sus deplorables condiciones de vida y por verse ordenados a reprimir por una jerarquía corrupta. Tampoco la humillante exhibición de civiles, muchos mayores de edad y/o con sobrepeso u otras limitaciones físicas, haciendo ejercicios como milicianos “revolucionarios” que defenderán a Maduro.

Lo que realmente tiene significación es que estos llamamientos y alardes en “defensa de la patria” son realizadas por los que la han traicionado abiertamente: Maduro, Padrino y su claque. Son los que se han burlado con inquina y desprecio de la soberanía popular expresada el 28J 2024, reprimido de forma salvaje –lamentablemente, con muertos de por medio—a sus compatriotas por salir a protestar para que fuese respetada la verdad, los que han reducido la actividad económica y, con ello, los medios de sustento de los venezolanos, a la cuarta parte desde que ocuparon el poder, los que mantienen a casi mil prisioneros políticos y han aventado a más de ocho millones a buscar afuera condiciones dignas de vida –porque les fueron erradicadas en el país—y colocado a valiosos activos nacionales ante la posibilidad de ser embargados por incumplir sus compromisos con acreedores internacionales. Con el mayor cinismo, pensando que balbuceando las consignas de siempre galvanizarían al “pueblo” en torno suyo, pretenden erigirse ahora en paladines de la defensa patria. Los que la han destruido tan fehacientemente, buscan cobijarse en retóricas patrioteras como escudo. Para mayor insulto, Maduro se arroga la potestad de darle una “lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir” (¡!)

Hay que hacer dos importantes precisiones. La primera es que el pueblo venezolano no es pendejo. Se le atribuye a Abraham Lincoln haber exclamado en un debate: “puedes engañar a todos, algunas veces; a algunos, todas las veces; pero no puedes engañar a todos, todas las veces”. Resume el agónico aprendizaje por el que hemos atravesado en Venezuela. Felizmente, ya nadie cree en Maduro ni en sus cómplices. Su discurso patriotero lo único que consigue es magnificar su impostura: ¡es que se han burlado tantas veces de sus compatriotas! De ahí su llamamiento frío, sin “calor de masas”, lanzado al vacío. De ahí su amenaza de un Decreto de Conmoción Externa, que tampoco llegará a ninguna parte. Porque, con Maduro, los venezolanos vivimos en un estado perpetuo de conmoción, de atropellos y arbitrariedades de parte de quienes se sienten los exclusivos dueños del país, sin apego alguno al ordenamiento constitucional.

La segunda precisión tiene que ver con el hecho de que lo de Trump contra Maduro salta por encima de las relaciones entre países. Se ubica en el plano eminentemente criminal. Independientemente de lo que pensemos de ello o de la forma en que lo califiquemos, la retórica estadounidense habla de combatir una organización delincuencial, el cartel de los soles, de la cual Maduro es uno de sus cabezas. Alega graves daños a la seguridad y a la salud de sus compatriotas, por lo que justifica el uso de la presión militar. Y no es una simple puntada política. Cuenta, para ello, con dictámenes de una corte del distrito sur de Nueva York. De acuerdo con esta proyección, no sería el país, Venezuela, el que estaría en la mira, sino los capos de una organización de narcotraficantes identificada, además, como terrorista. Así, lo que pueda suceder se sustrae de las normas y garantías aceptadas del derecho internacional para enmarcarse en operaciones para eliminar criminales. Las muertes sumarias de tripulantes de lanchas rápidas supuestamente cargadas de droga, sin intento de aprehensión ni observando garantía procesal alguna, muestra hasta dónde es capaz de llegar Trump.

Esperemos que el montaje naval gringo no sea para invadir al país. No obstante, dada la imprevisibilidad de quien reside en la Casa Blanca, no es del todo descartable. Lo que sí luce más probable serían operaciones “quirúrgicas” para destruir eslabones logísticos del tráfico de drogas –más allá de destruir lanchas– y/o para capturar a algunos de sus cabecillas. Uno no tiene idea de cuál es la capacidad efectiva de las fuerzas en despliegue para realizar, “en limpio”, una operación de este tipo, sin derramamientos lamentables. Sin embargo, todo parece indicar que ésta no sería la preocupación central de Trump. El fiel de la balanza tiene que ver con el impacto político de una operación de este tipo ante las elecciones de mitad de período el próximo año en USA.  Si su comportamiento inestable e errático se traduce en un costo político perceptible para entonces –como sugieren muchos–, apelar a un impacto mediático como sería la captura de algún jefe del “cartel de los soles” podría ser su tabla de salvación. En todo caso, la retórica coordinada entre distintos voceros del gobierno estadounidense, al referirse a Maduro en esos términos, preparan el terreno.

La eventualidad de una acción de esta naturaleza hace pensar que más de uno de los cómplices de Maduro estarían sacando cálculos. Y entre cobardes, no es un asunto de sacar probabilidades en frío. Porque, independientemente de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, al fascismo se le acabó el cuento. Apoyo popular no tienen en absoluto. La inflación se aproxima a un 300%, la más alta del mundo, garantizando niveles aún mayores de miseria ¿Por qué seguir sosteniendo a Maduro, con su historial de fracasos sucesivos y quien ha destruido toda posibilidad de asegurarle salvación a los suyos? ¿Se puede confiar en Maduro, en Diosdado, en el Padrino, en los hermanos Rodríguez?

La salida, como es cada vez más evidente, es negociar el traspaso del poder a quien legítimamente le pertenece, Edmundo González Urrutia, elegido presidente por la inmensa mayoría. Es la forma más segura de conjurar posibles conflictos que sólo traerán mayores desgracias al pueblo venezolano.

Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com

Estas medidas no tienen un precedente en Latinoamérica. Nadie había diseñado una plataforma de diplomacia coercitiva que contrasta con los principios de no intervención y soberanía

ORLANDO VIERA-BLANCO
07/10/2025

La experiencia venezolana se ha convertido en un laboratorio crítico para el derecho y la diplomacia contemporánea. Frente a un cuadro de violaciones de DDHH, colapso institucional y disrupción regional, el debate sobre cómo responder no puede quedar atrapado en la dicotomía entre intervención o indiferencia. La pregunta central es: ¿Qué criterios permiten avanzar en un nuevo orden público internacional positivo, efectivo y preventivo?

Sin duda la ecuación aplicada en los últimos tres lustros en Venezuela ha sido más efectista que eficiente, lo cual le ha dado pulmón y permanencia al régimen de Caracas. Sanciones, denuncias antes organismos multilaterales, aislamiento y negociaciones, no han conseguido un objetivo restaurador. Existe una suerte de eslabón perdido entre el orden y la impunidad. La retórica no logra contener a los dictadores, quienes por cierto, vienen asistido de un antivalor adicional: el crimen organizado.

Mientras tanto las consecuencias siguen anotando retrocesos sensibles a la democracia. Se atornilla la dictadura y sufre más el pueblo, siendo su depauperación, un facilitador de control, terror, dependencia y allanamiento. La reciente renuncia de funcionarios de la Comisión Independiente de Determinación de Hechos [Naciones Unidas/Venezuela] demuestra que la diplomacia de escritorio y zoom, no es útil.

Nadie duda que la Administración Biden fue burlada por el gobierno de Maduro. El costo de canje de rehenes lo que hizo fue afianzar la metodología de extorsión y concesión, otorgándole músculo al régimen, para obtener prebendas y poner condiciones. Entretanto un desplazamiento migratorio atizado de tráfico y exportación de grupos criminales de Venezuela a EEUU, hizo de la política exterior del Presidente Biden, un fracaso.

La llegada del Presidente Trump vino a darle al orden público internacional, otro rostro. Teniendo en la mira [y en la agenda] a Venezuela como epicentro del Teatro de operaciones en el Caribe, la administración Trump recurre a otra fórmula: medidas de interdicción, actos de tipificación criminal, categorización de objetivos militares, medidas disciplinarias, órdenes de seguridad territorial y ejecución de planes de fuerza y control.

Estas medidas no tienen un precedente en Latinoamérica. Nadie había diseñado una plataforma de diplomacia coercitiva que contrasta con los principios de no intervención y soberanía, cuando estas acciones se realizan contra regímenes políticos tachados de narco-estado y usurpadores de poder. La flota norteamericana en el Caribe no vino para conformarse con un simple patrullaje. Vino para cumplir objetivos precisos, que no son un cambio de régimen sino un cambio de política exterior.

El propio Presidente Trump y su Secretario del Departamento de Estado han expresado… «mal podemos querer un cambio de gobierno en Venezuela cuando no existe un gobierno legítimo». El objetivo es acabar con un narco estado terrorista y fallido. Y para lograrlo aplica un torniquete diplomático, que aun está por verse como termina.

Evolución diplomática: de la denuncia a la acción coordinada

Muy especialmente en los últimos quince años, la comunidad internacional ha estado anclada en mecanismos de librito: sanciones selectivas, misiones de investigación, acompañamiento electoral y litigios transnacionales. Tres lustros de efectismo diplomático que el régimen ha sabido utilizar para atornillarse, reprimir impunemente, lavar dinero sucio, traficar y lograr canjes.

Esta evolución refleja un aprendizaje: la presión aislada [EEUU, El Reino de Noruega, Canadá, la Unión Europea o Grupos de Control] pierden eficacia, mientras que la coordinación multilateral de eforcement, aísla y sofoca al régimen. El reto consiste en dar coherencia a esas herramientas para que no se perciban como actos desbordados o desproporcionales. Ha emergido toda una narrativa que denuncia los ataques a embarcaciones de droga como agresiones violadoras de DDHH a ingenuos pescadores.

Tanto los informes de la citada Comisión Independiente de las para Determinación de Hechos-Caso Venezuela como los expedientes criminales substanciados por la justicia Norteamericana, Española, Inglesa, Argentina u otras naciones, deben coordinarse y avanzar con el respaldo y velocidad con el cuan se perpetúan los crímenes de lesa humanidad y los delitos internacionales. La impunidad hace estragos y la narrativa que victimiza al verdugo, le da caña.

Aquí entra un nuevo modelo de acción preventiva, extractiva y de disciplina coercitiva internacional. Un proceso de transformación crucial, al menos desde la retina norteamericana, que no descarta el uso de la fuerza sin fronteras, en aguas internacionales ni zonas de producción o servidumbre de mercancías ilícitas.

La obligación de prevenir daños masivos a los pueblos y la subordinación del Estado-agresor de los DDHH a un orden judicial y policial superior, está en plena gestación […] Pueden decretar la navidad anticipadamente o lanzar cohetones desde las mazmorras, pero muy pronto estas demostraciones de crueldad y barbarie serán recordados como prólogos de un derrumbamiento. Vale agregar que esos cohetones, bombos y platillos desde los techos del Helicoide, son una clara alegoría de miedo, locura y chantaje que no evitarán desenlaces.

Ha surgido una nueva disciplina internacional: operaciones selectivas de extracción, destrucción de objetivos y/o captura. Si los objetivos solapan con el poder de facto, no significa que ‘la guerra declarada’ sea contra la nación, sino contra miembros de la[s] organización[es] criminal[es].

Los Derechos humanos y autodeterminación de los pueblos son otro capítulo fatigado de lírica, protocolos, declaraciones oficiales y falsos positivos. El canje-negociación [dixit Juan Gonzalez], el aislamiento, las sanciones, las licencias, no se han traducido en debilidad del narcotráfico ni evitan la puerta rotatoria. Ahora el plan [de Trump] es otro […] No más censos, estadísticas y discursos. La CPI, por cierto, ha degenerado en un organismo colonizado por la agenda global. Muy peligroso y lamentable para la humanidad. Ante la represión desbordada no ha habido reacción ni defensa efectiva de este despacho.

La autodeterminación tampoco es un argumento de inmunidad. La auténtica [autodeterminación] exige elecciones libres, prensa independiente y ausencia de persecución. La paradoja es que, sin apoyo internacional, esas condiciones difícilmente emergerán. Ahora, ¿cuál o qué tipo de apoyo? ¿LA OEA, la ONU, la OTAN, El TIAR? [Tratado Interamericano de Asistencia reciproca]. Es el concepto de la legítima defensa internacional que avanza hacia la legítima ofensiva trasnacional. No más tratados de letra muerta.

Seguridad internacional en clave regional

La seguridad ya no es un asunto exclusivamente militar. Venezuela ha mostrado como la fragilidad estatal puede convertirse en vector de amenazas híbridas. Por eso en Venezuela no tenemos una dictadura convencional. Es un todo más complejo: es un Estado vaciado de fronteras institucionales.

El debate más profundo se centra en la soberanía. Si bien continúa siendo principio cardinal, se ha redefinido como responsabilidad más que como escudo. La soberanía auténtica no protege la impunidad de quienes someten a su población a la miseria o al terror. Avanzar en un orden internacional positivo, exige asumir que el respeto a la soberanía se mide por la capacidad del Estado de garantizar bienestar y seguridad a su gente. Allí donde esa capacidad se niega o se pervierte, la comunidad internacional tiene un espacio legítimo para actuar.

¿Cómo medir si las acciones hacia Venezuela contribuyen al orden público internacional?

i.-Eficacia preventiva: reducción verificable de violaciones de DDHH y de flujos ilícitos; ii.-Legitimidad multilateral: respaldo de organismos internacionales y participación de actores regionales; iii.- Proporcionalidad: medidas que impacten a responsables, no a la población civil; iv.-Autodeterminación fortalecida: creación de condiciones para que los ciudadanos decidan su futuro en libertad; v.- Sostenibilidad institucional: reformas que trasciendan coyunturas y sienten bases de estabilidad.

Dejar la tarea inconclusa significa aceptar un foco permanente de desestabilización en el hemisferio. Terminarla supondría consolidar un precedente de disciplina preventiva: la comunidad internacional no tolera regímenes que vulneren derechos fundamentales y exporten inestabilidad. Ha llegado el momento de aplicar la noción de soberanía responsable y autodeterminación legítima. Un Estado merece reconocimiento sí asegura derechos y seguridad a su gente y no se convierte en riesgo e inestabilidad para vecinos y el mundo. Esto fue lo que concluyó Trump en su discurso en la ONU: “Cuando un Estado no lo hace, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar”.

Venezuela podría convertirse en la punta de lanza de un nuevo orden público internacional, donde la jurisdicción criminal no tiene como amparo las fronteras y el Estado-nación no seguirá siendo una categoría político-territorial, patente de corso para gobiernos de facto, criminales o ilegítimos.

Son otros tiempos, y no precisamente de cohetones, hallacas y pan de jamón. Al gobierno no le queda nada que celebrar. Apaguen las luces, que no es navidad.

@ovierablanco
vierablanco@gmail.com

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en diez de las 24 provincias del país ante la escalada de protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que rechazan la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas económicas.

La Gaceta de la Iberosfera

La medida, establecida mediante el Decreto Ejecutivo 174, tendrá una duración de 60 días y se aplica en provincias clave como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, además de Imbabura y Carchi, donde ya regía el estado de excepción. Esta decisión busca contener la «grave conmoción interna» provocada por bloqueos de vías, paralización de servicios públicos y actos de violencia ocurridos en los trece días de manifestaciones.

El decreto restringe el derecho a la libertad de reunión las 24 horas, buscando impedir más bloqueos y afectaciones a la actividad económica. Las protestas, que iniciaron el 22 de septiembre, han dejado un manifestante fallecido por impactos de bala, cerca de 150 heridos entre civiles, policías y militares, además de un centenar de detenidos.

La provincia de Imbabura, foco principal de los conflictos, ha sufrido un fuerte impacto económico, calculándose pérdidas diarias superiores a un millón de dólares en el sector florícola.

Hoy, en un contexto de creciente tensión política, la líder opositora venezolana María Corina Machado celebra su cumpleaños número 58, rodeada de mensajes de apoyo y esperanza desde su país y el extranjero.

La publicación de Vente Venezuela en X, acompañada de una imagen festiva, resalta su incansable compromiso con la libertad de Venezuela, a pesar de los riesgos que enfrenta, incluyendo una orden de arresto vigente desde 2024 y el hecho de esconderse de las autoridades. Según el grupo de derechos humanos Foro Penal, que reportó 827 prisioneros políticos al 29 de septiembre de 2025, Machado simboliza la resistencia frente a un régimen que ha intensificado la represión tras las elecciones de 2024.

Vente Venezuela, liderado por Machado, continúa su lucha a pesar de no ser reconocido como partido político por el Consejo Nacional Electoral, un reflejo de las trabas electorales que enfrentan los opositores. Las oficinas del partido fueron allanadas y vandalizadas tras los comicios de julio de 2024, un hecho que subraya la volatilidad política documentada en informes recientes, como el de Congress.gov sobre la crisis venezolana.

A pesar de estas adversidades, su liderazgo ha inspirado a miles, con mensajes de apoyo provenientes de todas partes del mundo de parte de la diáspora venezolana, evidenciando una creciente conciencia internacional sobre la situación en el país.

La figura de Machado, con un pasado como miembro de la Asamblea Nacional entre 2011 y 2014, añade una dimensión histórica a su papel como líder opositora. Su valentía ha sido reconocida globalmente, y su cumpleaños se convierte en un momento para renovar el llamado a la liberación de los prisioneros políticos y al cambio en Venezuela. Mientras el país atraviesa uno de sus momentos más decisivos, el apoyo masivo en redes sociales y la esperanza de una nación libre destacan como el mayor regalo para esta líder, cuya lucha parece más vigente que nunca.

La administración Trump ha elaborado una opinión jurídica clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos narcotraficantes, según varias personas familiarizadas con el asunto.

CNN

El dictamen, elaborado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y no publicado previamente, argumenta que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses. La lista de cárteles va más allá de los que el gobierno ha designado públicamente como organizaciones terroristas, según fuentes familiarizadas con el dictamen.

La opinión es significativa, según expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos, otorgando al presidente la facultad de designar a narcotraficantes como combatientes enemigos y ejecutarlos sumariamente sin revisión legal. Históricamente, quienes participaban en el narcotráfico eran considerados delincuentes con derecho al debido proceso, y la Guardia Costera interceptaba embarcaciones narcotraficantes y arrestaba a contrabandistas.

“Si la opinión de la OLC que autoriza los ataques a los cárteles es tan amplia como parece, significaría que el Departamento de Justicia ha interpretado que el presidente tiene poderes tan extraordinarios que solo él puede decidir llevar a cabo una guerra mucho más amplia que la que el Congreso autorizó después de los ataques del 11 de septiembre”, dijo Sarah Harrison, ex asesora general asociada del Departamento de Defensa que ahora trabaja como analista sénior en Crisis Group.

“Bajo esta lógica, cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas a Estados Unidos, la administración podría afirmar que constituye un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo Harrison, a quien CNN le describió los lineamientos de la opinión legal.

El memorando del Departamento de Defensa a los legisladores la semana pasada, en el que se detalla la base legal para una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe —que argumentaba que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado» con los cárteles y que el presidente ha determinado que los contrabandistas de estos son «combatientes ilegales»— se basó en gran medida en el dictamen de la OLC, según las fuentes. Los legisladores han solicitado repetidamente al Departamento de Justicia y al Departamento de Defensa una copia del dictamen legal, incluso la semana pasada, pero hasta la fecha las agencias no la han proporcionado al Congreso, según las fuentes.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios sobre la opinión de la OLC. La Fiscal General Pam Bondi tiene previsto testificar en el Capitolio el martes, donde probablemente responderá a preguntas de los legisladores sobre la justificación legal de la administración Trump para llevar a cabo ataques letales contra presuntos barcos narcotraficantes y presuntos miembros de cárteles en el Caribe.

Hasta la fecha, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos cuatro ataques contra barcos que operan en el Caribe, matando a personas que, según la administración Trump, están “afiliadas” a cárteles de la droga que han sido designados como organizaciones terroristas en los últimos meses.

El ataque más reciente se llevó a cabo la semana pasada y mató a cuatro personas a bordo del buque, según una publicación en las redes sociales del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa, han expresado su preocupación por la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Varios JAG actuales y anteriores (abogados militares que son miembros del cuerpo de jueces fiscales generales) dijeron a CNN que los ataques no parecen legales.

Los abogados del Pentágono, incluso si tienen inquietudes, no pueden invalidar la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del poder ejecutivo. Muchos abogados del Departamento de Defensa también se muestran reacios a disentir abiertamente, según declararon a CNN tres actuales JAG.

“El camino a seguir es simplemente aceptarlo, agacharse y actuar conforme a las nuevas políticas del [Secretario de Defensa] Hegseth”, dijo uno. “Ningún JAG intenta causar problemas ni hacerse notar”.

La opinión del Departamento de Justicia es clave en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles de la droga latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las facultades de la CIA para realizar ataques letales y operaciones encubiertas en la región, según informaron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto. El presidente Donald Trump actualizó las autoridades de la CIA casi al mismo tiempo que firmó una directiva secreta que ordenaba al ejército comenzar a combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos a principios de este verano, según las fuentes.

CNN informó en abril que la CIA había comenzado a revisar sus facultades para usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países, a medida que la administración Trump priorizaba la lucha contra los cárteles . La CIA también está volando drones de vigilancia con capacidad de armamento sobre México.

Un ex alto funcionario de inteligencia declaró a CNN que existe una directiva presidencial, conocida como «hallazgo», para las acciones encubiertas de la CIA relacionadas con la misión antinarcóticos, que data de la década de 1980. Sin embargo, dicho hallazgo se considera en gran medida «abierto» en cuanto a la definición de las acciones que puede tomar la CIA, añadió el ex funcionario, señalando que ha sido objeto de un importante debate dentro de la administración desde el inicio del segundo mandato de Trump.

La administración había estado trabajando para actualizar ese hallazgo para proporcionar mayor claridad a la CIA sobre las acciones específicas que la agencia debe tomar en la región para promover la campaña anticartel de Trump, dijo el ex funcionario.

Sin embargo, la expansión de las facultades de la CIA para incluir ataques letales contra miembros de cárteles también conlleva riesgos. En América Latina, comparativamente, hay muchos más ciudadanos nacidos en Estados Unidos y titulares de tarjetas de residencia permanente, personas que podrían tener legitimidad para demandar al gobierno estadounidense si sufren algún daño. Y ese es un problema novedoso para la CIA, según informó CNN.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han adoptado las recomendaciones de un nuevo grupo de asesores sobre inmunización y han dejado de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para cualquier persona, dejando la elección en manos de los pacientes.

AP

La agencia gubernamental de salud anunció el lunes que ha adoptado las recomendaciones hechas el mes pasado por asesores seleccionados por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Antes de este año, los funcionarios de salud de Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de expertos en enfermedades infecciosas, aconsejaban refuerzos anuales de COVID-19 para todos los estadounidenses de 6 meses de edad en adelante. La idea era actualizar la protección contra el coronavirus a medida que continúa evolucionando.

A medida que la pandemia de COVID-19 amainaba, los expertos discutían la posibilidad de enfocar los esfuerzos de vacunación en personas de 65 años o más, quienes tienen un alto riesgo de muerte y hospitalización.

Sin embargo, Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, anunció abruptamente en mayo que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendaban para niños sanos y mujeres embarazadas. También despidió al comité asesor sobre prácticas de inmunización de los CDC y los reemplazó con un grupo seleccionado por él.

El nuevo grupo votó el mes pasado en favor de declarar que todos los estadounidenses deberían tomar sus propias decisiones. Pero los CDC también dicen que las decisiones sobre vacunas, especialmente para los ancianos, deben involucrar la consulta con un médico, enfermero o farmacéutico.

La recomendación fue respaldada por el subsecretario de Salud y Servicios Humanos Jim O’Neill, quien funge como director interino de los CDC. O’Neill la aprobó la semana pasada, pero los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos la anunciaron el lunes.

El panel también instó a los CDC a adoptar un lenguaje más fuerte en torno a las afirmaciones sobre los riesgos de las vacunas, a pesar de la resistencia de grupos médicos externos que dijeron que las vacunas tenían un historial de inocuidad comprobado por los miles de millones de dosis administradas en todo el mundo.

En un comunicado del lunes, O’Neill celebró el cambio, diciendo que la orientación pasada “disuadía a los proveedores de atención médica de hablar sobre los riesgos y beneficios de la vacunación”.

“El consentimiento informado ha vuelto”, dijo O’Neill en un comunicado al que algunos médicos se opusieron.

Los médicos discuten rutinariamente las vacunas con los pacientes y los padres, y comparten información impresa sobre los riesgos y beneficios de cada vacuna, señaló el doctor Jesse Hackell, un médico retirado de Nueva York coautor de varias declaraciones de política de la Academia Estadounidense de Pediatría sobre vacunaciones.

“Hacer una declaración de que el consentimiento informado ha vuelto implica que se había ido. De ninguna manera se ha ido”, expresó.

Las principales sociedades médicas continúan recomendando vacunas para niños más pequeños, mujeres embarazadas y otros con mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave. Dicen que la discusión del gobierno de Trump sobre el riesgo hace mucho énfasis en los efectos secundarios raros y no tiene en cuenta los peligros de la infección por coronavirus en sí.

La decisión permite al programa de Vacunas para Niños del gobierno enviar dosis de la vacuna contra el COVID-19. El programa proporciona vacunaciones de rutina sin costo a los niños cuyas familias califican.

O’Neill también aprobó una recomendación del panel de que los niños menores de 4 años reciban su primera dosis de vacuna contra la varicela como una vacuna independiente en lugar de en combinación con sarampión, paperas y rubéola.

Hay una sola vacuna que contiene las cuatro, pero conlleva un mayor riesgo de fiebre y convulsiones relacionadas con la fiebre. Desde 2009, los CDC habían dicho que prefiere vacunas separadas para las dosis iniciales de esas vacunas y el 85% de los niños pequeños ya reciben la vacuna contra la varicela por separado.

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