Soranib Hernández de Deffendini y Simón Deffendini, los abogados venezolanos que impulsaron ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la activación plena de la Directiva (UE) 2024/1260 reclaman que los activos congelados a 69 altos jerarcas del chavismo no sean devueltos al entorno del régimen, sino gestionados por un órgano independiente de la Unión Europea que garantice transparencia, trazabilidad y justicia restaurativa para las víctimas.​

Por: Patrizia Aymerich – El Nacional

En esa línea, Soranib Hernández de Deffendini subrayó, en entrevista con El Nacional, que “la petición para garantizar que estos fondos sean administrados de forma transparente, eficaz y eficiente se basa en que cree un órgano externo a la Unión Europea para que esas oficinas de decomiso de activos, que son obligatorias en los 27 Estados miembros, utilicen este dinero para destinarlo a fines sociales y esto implique que llegue a los más vulnerables”.​

Hernández precisó que, aunque su propuesta menciona expresamente a la Fiscalía Europea, la UE podría designar cualquier órgano supranacional que actúe como administrador de los fondos, por encima de intereses nacionales o de las diferentes facciones políticas venezolanas.​​

“La Unión Europea, aunque nosotros planteamos que sea la Fiscalía Europea, puede designar un órgano supranacional que distribuya estos fondos para que no haya ningún manejo opaco, como en el pasado ha sucedido con otras ayudas que la Unión Europea ha gestionado para la situación de Venezuela”, advirtió.​

Deffendini resumió el corazón de la propuesta en una figura que define como un “administrador impoluto y aséptico” encargado de todos los fondos que se incauten. La idea es que ese administrador supranacional concentre la gestión técnica y la rendición de cuentas, “y no terceros”, de manera que ningún actor político pueda capturar el control del dinero destinado a las víctimas.

Asimismo, Hernández apuntó que la desconfianza ciudadana es un factor central a la hora de diseñar el mecanismo de reparto:​ “Las personas tienen mucha desconfianza después de tantos manejos opacos por todas las toldas políticas, dentro y fuera de Venezuela, que han manejado fondos, recursos y ayudas en nombre de las víctimas venezolanas”.

“Hemos escuchado todas las opiniones y hemos tenido contacto directamente con las víctimas, que nos han dicho que desconfían de iniciativas como esta y piden expresamente que los recursos no caigan en manos indiscriminadas”, dijo.

Fondos para víctimas dentro y fuera de Venezuela

La solicitud admitida por el Comité de Peticiones plantea que los bienes y activos congelados a los sancionados —muchos de ellos investigados por corrupción y blanqueo de capitales vinculados a PDVSA en jurisdicciones como España, Andorra, Suiza y Estados Unidos— se conviertan en la base de un fondo fiduciario para reparar a las víctimas del régimen venezolano.

Según Hernández, el objetivo es que esos recursos lleguen a “víctimas de violaciones graves de derechos humanos, civiles y políticos, pensionados, jubilados, personas que han tenido que trasladarse de manera forzada, víctimas de crímenes de lesa humanidad, expropiados e incluso ciudadanos europeos que también tienen nacionalidad venezolana”.​

La abogada enfatizó que si en Venezuela se produjera una “transición correcta a la democracia y una reestructuración en general”, los bienes congelados a los jerarcas sancionados no deberían ser devueltos, porque “muchos de ellos están relacionados con delitos de blanqueo de capitales, terrorismo y criminalidad organizada transnacional”. Recordó que la Unión Europea incluyó a Venezuela en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y crimen organizado, y que la directiva permite confiscar también aquellos activos cuya procedencia lícita no pueda ser explicada por sus titulares.

Por su parte, Simón Pedro Deffendini ha destacado que el avance en el Parlamento Europeo supone un hito jurídico y político, al confirmar que la Directiva 2024/1260 es de obligatoria aplicación en los 27 Estados miembros.​​

“El principal logro jurídico de este primer paso es que la directiva es aplicable y obligatoria por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, principalmente hacemos énfasis en el caso de España”, explicó, al recordar que en la Audiencia Nacional de España ya existen causas por corrupción y lavado de dinero vinculadas a Pdvsa con bienes identificados e incautados.​​

Los juristas detallaron que la directiva europea permite el decomiso de activos incluso cuando no exista todavía una condena penal firme, siempre que se acredite su vinculación con delitos graves como corrupción, blanqueo de capitales, terrorismo u organización criminal.

En palabras de Hernández, “la directiva establece que los bienes y activos de los sancionados por parte de la Unión Europea pueden ser decomisados cuando están relacionados con blanqueo de capitales y terrorismo”, lo que abre una vía para consolidar en un solo fondo los recursos hoy congelados a los 69 altos cargos del chavismo sancionados desde 2017.​​

Un impulso a la justicia restaurativa

Los juristas enmarcaron su propuesta en la noción de justicia restaurativa prevista en el Derecho de la Unión Europea, con especial atención a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2014 y 2017, así como a los millones de venezolanos que se han visto forzados a emigrar.​

Además de los casos emblemáticos documentados por organizaciones de derechos humanos, Deffendini recordó que “hay también 8 millones de venezolanos que están en el exterior que han tenido que emigrar por todas estas situaciones tanto de derechos humanos como económicas”, quienes también deberían ser considerados dentro del universo de potenciales beneficiarios.​​

En paralelo, los abogados subrayaron la importancia de que todos los Estados miembros transpongan plenamente la Directiva 2024/1260 a su ordenamiento interno antes del plazo previsto, para que el decomiso y la posterior reutilización social de los activos pueda ejecutarse sin vacíos legales.​

Deffendini citó, en particular, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en España, que incorpora formalmente la norma comunitaria: “Mediante esta Ley Orgánica se incorpora al Derecho español la Directiva 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024 sobre recuperación y decomiso de activos, que es la herramienta fundamental para lograr los fondos y que puedan resarcir”.​

En opinión de Deffendini, el expediente abierto en la Eurocámara ya no es una denuncia aislada, sino un proceso en marcha que puede traducirse en reparaciones concretas si se consolida el diseño de un administrador independiente europeo.​

Si ese órgano supranacional se concreta bajo el paraguas de la Fiscalía Europea o de otra instancia de la UE, los bienes ilícitos acumulados por los jerarcas sancionados podrían transformarse, por primera vez, en recursos trazables para víctimas que llevan más de dos décadas reclamando justicia.

Las autoridades venezolanas analizan la posibilidad de anular la ciudadanía otorgada al empresario colombiano Alex Saab, una decisión podría abrir la puerta a su eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrenta investigaciones judiciales. Además, podría convertirse en un testigo clave en procesos relacionados con el entorno del gobierno de Nicolás Maduro, según reportó la agencia Bloomberg.

El Nacional

De acuerdo con ese medio, el gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez evalúa mecanismos legales que permitirían revocar la nacionalidad venezolana concedida a Saab en años anteriores. Por lo tanto, la medida sería considerada un paso determinante para eliminar obstáculos jurídicos que dificultan una posible entrega del empresario a las autoridades estadounidenses.

Saab, considerado durante años un aliado cercano de Maduro y quien llegó a ocupar el cargo de ministro de Industria, quedó detenido a comienzos de febrero en Caracas. Esto ocurrió poco después de quedar destituido de su puesto.

Desde entonces permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas. Además, versiones citadas por Bloomberg señalan que se encontraría recluido al menos parcialmente en el centro de detención de El Helicoide.

¿Qué se sabe de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos?

El caso cobra especial relevancia para Washington porque Saab es visto por fiscales estadounidenses como una figura clave dentro de las redes financieras vinculadas al chavismo. Asimismo, su eventual testimonio podría aportar información relevante en el proceso judicial que enfrenta Maduro en Estados Unidos.

Maduro quedó detenido a inicios de enero junto con su esposa, Cilia Flores, en el complejo militar Fuerte Tiuna. Posteriormente lo trasladaron a un centro de reclusión en Brooklyn, Nueva York. Ambos enfrentan cargos federales en territorio estadounidense, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Unas acusaciones que sus defensores han rechazado.

Paralelamente, fiscales federales en Miami habrían obtenido recientemente una nueva acusación formal de un gran jurado contra Saab. Esto indicaría que las autoridades estadounidenses preparan el terreno para una eventual transferencia del empresario a ese país.

Aunque los detalles de esa acusación no se han divulgado públicamente, fuentes citadas por Bloomberg señalan que a Saab ya lo estarían investigando previamente por su presunto papel en la gestión de recursos derivados de un programa gubernamental de intercambio de alimentos por petróleo. Ese programa fue impulsado por el gobierno venezolano.

Hasta ahora, la administración de Rodríguez no ha ofrecido información oficial sobre los cargos específicos que enfrenta Saab dentro de Venezuela. Tampoco ha informado sobre el avance de las evaluaciones legales relacionadas con su ciudadanía.

El régimen de Irán amenazó este sábado con posibles ataques contra Ucrania por su respaldo a Israel en medio del conflicto en Medio Oriente.

EFE

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Kiev, al proporcionar asistencia con drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y se ha convertido su territorio en un “objetivo legítimo” para Irán.

“Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán”, dijo el funcionario persa en X.

Asimismo, el encargado de negocios iraní enUcrania, Shahriar Amouzegar, calificó este sábado como una “broma” el apoyo antidrones prometido por Kiev a los aliados de Estados Unidos en el Golfo. “En lo que respecta a las medidas adoptadas por Ucrania en Oriente Medio contra los drones, las consideramos meramente una broma y un gesto puramente simbólico», declaró Amouzegar en una entrevista concedida el viernes a la AFP en la embajada de Irán.

Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se reunió en París con Reza Pahlavi (opositor y residente en exilio), hijo del Sha, con el que abordó la situación en Irán y lo que calificó de “operación de EEUU contra el régimen terrorista”.

En su comparecencia conjunta, el presidente ucraniano recordó que Kiev ha enviado equipos de expertos a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los ‘Shahed’.

Zelensky afirmó que la cúpula del Estado iraní ha sufrido “bajas significativas” y urgió mayor protección para el pueblo de Irán para que pueda decidir su destino sin beneficiarse Teherán de la situación actual.

Además, abogó por más presión internacional y esfuerzos conjuntos para lograr estos fines, y manifestó su deseo de ver “un Irán libre” que no colabore con Rusia ni desestabilice Oriente Medio, Europa y el mundo, y agradeció el apoyo del príncipe heredero a la soberanía ucraniana.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Khamenei, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario presumió de la actuación de Estados Unidos -“ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, afirmó-, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

Este viernes anunció, también vía Truth Social, uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, contra los objetivos militares en la isla iraní de Jarg, centro de la industria petrolera de la República Islámica y donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

La reacción iraní no se hizo esperar y este sábado amenazó con destruir “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio.

Estos movimientos han elevado la tensión en el paso estratégico de Ormuz, después de que el pasado jueves en su primer mensaje público el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, asegurara que el estrecho permanecería cerrado como palanca de presión mientras continuaran los ataques estadounidenses e israelíes.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial.

Trump ha declarado que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos por el paso.

Las más recientes protestas en Cuba, impulsadas por cortes eléctricos prolongados y escasez de alimentos, llevaron al dictador Miguel Díaz-Canel a reconocer el “malestar social”, pero al mismo tiempo advirtió que “para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”. En Morón, se registraron los incidentes más graves, con acciones policiales y detenciones, lo que refleja el aumento de la conflictividad en la isla.

Infobae

Miguel Díaz-Canel respondió a estas protestas admitiendo que la población enfrenta una crisis profunda y tiene motivos legítimos para manifestarse, pero enfatizó que no permitirá actos violentos ni vandálicos. El dictador, quien volvió a justificar la dramática crisis humanitaria que atraviesa la isla al “bloque energético de Estados Unidos”, diferenció entre el descontento social y los hechos que atentan contra la tranquilidad pública, subrayando que la violencia será perseguida por las autoridades castristas.

En Morón, Ciego de Ávila, cientos de personas salieron a exigir “corriente y comida” después de un apagón de más de 24 horas. Las protestas iniciaron de manera pacífica, con cacerolazos y consignas, pero derivaron en disturbios cuando un grupo minoritario lanzó piedras contra la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), entró en el edificio y organizó una hoguera con mobiliario extraído del lugar.

Las fuerzas de seguridad del régimen reprimieron una vez más a los manifestantes. En el operativo, al menos cinco personas resultaron detenidas, y se reportaron disparos durante la represión.

En redes sociales circularon imágenes que muestran cómo, según residentes, un policía disparó a la pierna de un joven cerca de la fogata. El herido fue auxiliado por vecinos presentes. La activista Rosa María Payá denunció estos hechos, mencionando disparos policiales contra manifestantes desarmados y pacíficos.

Las interrupciones del servicio de internet en la zona limitaron la difusión de información en tiempo real, situación denunciada por periodistas independientes y organizaciones sociales.

El aumento de los apagones en las últimas semanas ha generado una ola de protestas en Cuba en ciudades como La Habana, donde se han observado cacerolazos, quemas de basura y gritos de “¡Libertad!”. Esta situación es el resultado de una crisis económica que suma siete años.

Ante la tensión social, el régimen cubano admitió el inicio de un diálogo con Estados Unidos. Díaz-Canel declaró el viernes que las conversaciones se encuentran en fase inicial y buscan una posible solución a las diferencias bilaterales.

El dictador subrayó que su gabinete pretende “avanzar en soluciones” y construir espacios de entendimiento, aunque las posiciones de ambos países siguen siendo distantes respecto a un acuerdo.

El régimen también anunció la excarcelación de 51 reclusos tras contactos con El Vaticano. Según la organización Prisoners Defenders, ocho de los liberados son presos por motivos políticos, aunque ninguno es opositor de alto perfil. Estos liberados participaron en las protestas de 2021.

En el ámbito interno, organizaciones independientes y activistas denunciaron cortes de internet en las zonas de protesta, lo que dificultó la comunicación y el seguimiento de los acontecimientos. La represión policial, con detenciones y denuncias sobre el uso de armas de fuego, ha sido documentada por medios y varios usuarios en redes sociales.

El juez José Antonio García Morán, a cargo del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, negó este viernes 13 de marzo la solicitud de amnistía presentada por la defensa de Perkins Rocha.

La Patilla

La medida judicial desestimó el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal que el abogado Omar Mora solicitó el pasado 24 de febrero, basándose en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La notificación oficial especificó que Rocha se encuentra bajo los supuestos de exclusión contemplados en el artículo 9 de la citada ley, vigente desde el 19 de febrero. Según el dictamen, la naturaleza de los delitos imputados impide que el procesado reciba el beneficio constitucional.

Rocha cuestionó el criterio del juzgador al afirmar que el tribunal incurrió en un «grave error de interpretación» respecto al contenido de la norma. “En consecuencia, dicho Juez, Jose Antonio García Moran, me niega el beneficio constitucional de la Amnistía porque considera que me encuentro dentro de los supuestos legales de exclusión de este beneficio, previstos en el art 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, dijo en su cuenta de X.

El equipo legal del dirigente anunció que ejercerá el recurso de apelación en la primera oportunidad procesal que el calendario judicial permita. Esta acción se fundamentará en el artículo 12 del instrumento legal, con el objetivo de que una instancia superior revise el fallo y determine si hubo una aplicación indebida de las exclusiones previstas en la ley. Rocha insistió en que mantendrá su postura frente a las instancias correspondientes a pesar de las dificultades del caso.

“La lucha ciudadana por recuperar nuestros derechos nunca ha sido fácil, ni en el pasado ni el presente; y nuestro empeño por recuperarlos para todos, seguirá hasta el final”, declaró Rocha.

La crisis humanitaria prolongada que atraviesa Venezuela y ha colapsado su sistema sanitario está generando las condiciones para la explosión de distintas infecciones «invisibles» para los sistemas de vigilancia convencionales, las cuales pueden extenderse más allá de sus fronteras, advirtió en The Lancet Global Health un equipo de investigación del país.^[1]

Por: Matías A. Loewy – MedScape

El equipo autoral, dirigido por el Dr. David Forero Peña, fundador y presidente del Instituto de Investigación Biomédica y Vacunas Terapéuticas (VACTER), con sede en Ciudad Bolivar, y profesor de la Escuela de Medicina «Luis Razetti» de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, ambas en Venezuela, llamó a la comunidad de salud global a adoptar con urgencia un enfoque de «epidemiología de crisis» para dimensionar la magnitud del problema y anticiparse a sus consecuencias. 

«Las amenazas derivadas de las crisis humanitarias actuales son las emergencias sanitarias mundiales del futuro. No ver, comprender y anticipar estas amenazas es un riesgo que el mundo no puede permitirse», exhortaron el Dr. Forero y dos coautores que actúan respectivamente como subdirector y coordinadora de proyectos del Instituto de Investigación Biomédica y Vacunas Terapéuticas, Dr. Fhabián Stevens Carrión Nessi, máster en inmunología, y Oriana Regalado Gutiérrez, estudiante de quinto año de Medicina en la Universidad Central de Venezuela. 

«Aceleradores evolutivos»

El Dr. Forero, médico colombiano graduado en Bogotá que migró a Venezuela en 2016 para formarse en enfermedades infecciosas, descubrió muy pronto que los radares epidemiológicos en su país adoptivo estaban «un poco bloqueados o inservibles», por lo que veía cuadros que no eran notificados ni se publicaban en registros oficiales. 

Un ejemplo detallado en el nuevo artículo fue la malaria, cuyo epicentro o punto caliente en Venezuela es el estado de Ciudad Bolívar, en el oriente del país, con cerca de 70 % del total de casos. «Empecé a ver decenas y podría decir con confianza, centenas de casos en una semana, de tal manera que toda la sala de hospitalización estaba llena de casos de malaria y empezamos a notar presentaciones no inusuales, pero sí escenarios clínicos infrecuentes, como malaria cerebral, que muestran apenas la punta del iceberg», destacó el Dr. Forero a Medscape en español. 

Venezuela llegó a ser en 2018 el país que reunía más de la mitad de los casos de malaria en la región, aumento proporcional sin precedentes de 25 veces respecto del periodo 2000-2017, aunque había faltante del fármaco de primera elección para casos graves, artesunato inyectable, por lo que las y los pacientes debían recibir antimicrobianos de segunda línea. Cuando llegó la ayuda internacional, «la situación se estabilizó un poco, pero mucha gente desafortunadamente falleció sin la oportunidad de poder tener acceso al tratamiento», recordó el Dr. Forero. 

En colaboración con colegas del país y del exterior, incluyendo al investigador venezolano Ananias Escalante, Ph. D., del Instituto de Genómica y Medicina Evolutiva (IGEM) de Temple University, en Filadelfia, Estados Unidos, el Dr. Forero pudo determinar la existencia de cambios moleculares en los parásitos Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax respecto de los que causaron brotes en 2003/2004 y mayor proporción de pacientes individuales con multiplicidad de infección con distintos clones, lo que refleja la intensidad de la transmisión.^[2]

Las zonas de crisis con sistemas de salud colapsados son «aceleradores evolutivos» que impulsan la adaptación microbiana de manera impredecible, argumentaron en su artículo el Dr. Forero y equipo: «Aunque los patógenos están en constante evolución, las condiciones dentro de un estado fallido, como la migración descontrolada y la presión farmacológica errática de fármacos de calidad subestándar obtenidos a través de mercados no regulados pueden acelerar este proceso, seleccionando características como mayor transmisibilidad y resistencia a los antimicrobianos». 

Entre los principales factores que agravan el panorama se encuentra malnutrición crónica, falta de recursos para diagnóstico y tratamiento, bajas coberturas de vacunación, desmantelamiento de sistemas confiables de vigilancia epidemiológica y hasta amenazas de represalias para profesionales que reportan o denuncian casos.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esas falencias. El Dr. Forero recordó que cuando hacía su residencia en infectología en un hospital de Caracas en 2020, advirtió una discrepancia marcada entre los nuevos casos diarios que atendían en la institución y la cantidad que informaba el gobierno «en tiempo real» por cadena nacional a nivel país. «Había un recorte de información intencional, era muy difícil», evocó, añadiendo que frente a centros de salud desbordados muchos pacientes fallecían en la casa o buscando diferentes hospitales sin que sus decesos quedaran vinculados en los registros oficiales a COVID-19. 

Especialistas deslizan que otras amenazas ignoradas, subestimadas, infradiagnosticadas o silenciadas incluyen la reemergencia o aumento de casos de sarampión, difteria, influenza, tuberculosis y virus de inmunodeficiencia humana, así como de enfermedades virales de transmisión vectorial (p. ej., dengue y chikungunya). También preocupa la resistencia antimicrobiana: «Hay muy pocas publicaciones sobre bacterias productoras de carbapenemasas [resistentes a carbapenémicos] en Venezuela, que son nuestro monstruo más temido, pero en la práctica aparecen», subrayó. 

En Venezuela muchos médicos e investigadores han sido reacios a revelar brotes y otras amenazas sanitarias por temores a ir preso u otras represalias. El Dr. Carrión, quien a mediados de 2025 migró a España para ser investigador colaborador en la Universidad de Navarra (UNAV), en Pamplona, recordó haber sido intimidado cuando quiso estudiar malaria, leishmaniasis y COVID-19 en Ciudad Bolívar. Y también tuvo temor a sanciones cuando publicó un caso de fiebre amarilla en una revista internacional. «El sistema no capta enfermedades, pero cuando lo hace, a menudo tampoco las quiere difundir», comentó a Medscape en español. «Son momentos que uno no quiere revivir».

Regalado, quien realiza su internado rotatorio de pregrado en un hospital de Caracas, precisó que esos puntos ciegos epidemiológicos permean en la práctica diaria. «Nosotros como clínicos sabemos que determinada infección es X: dengue, COVID-19 o malaria, pero muchas veces no tenemos las herramientas para confirmarlo. Realmente se necesita una distribución más amplia de métodos diagnósticos que estén accesibles para la población», manifestó a Medscape en español. «¿Cómo tomas medidas o acciones si no tienes información que la respalde?».

La futura médica señaló que también lidia a diario con la frustración de querer hacer las cosas bien sin que pueda brindarse a las y los pacientes la mejor atención basada en la evidencia, además de que la educación médica «a veces se ha visto comprometida por el contexto». 

En su artículo el Dr. Forero y sus colaboradores llaman a fortalecer redes científicas para la primera línea de vigilancia financiando y apoyando de forma directa a científicos locales y a sus colaboradores internacionales, «quienes a menudo constituyen el único sistema de vigilancia funcional». También proponen implementar un análisis contextual para detectar amenazas que la vigilancia tradicional no detecta, incluyendo el uso de métodos cualitativos y priorizar la implementación generalizada de pruebas diagnósticas rápidas, de bajo costo y en el punto de atención. 

«Si quitas el componente humano, sería el fin del sistema de salud»

El gobierno liderado por Delcy Rodríguez luego de la «extracción» de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos dio señales de reconocer aspectos de la crisis de salud en el país. Durante un discurso el martes 13 de enero, la presidenta encargada prometió que cada dólar que ingrese a Venezuela de la industria petrolera y gasífera se destinaría a recuperar y reestructurar el sistema sanitario, consignó SWI swissinfo.ch. El martes 20 de enero anunció la designación como ministra de salud de la Dra. Nuramy Gutiérrez González para «profundizar las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo», después de cuatro años de gestión de su predecesora, la abogada Magaly Gutiérrez Viña. Y en las últimas semanas aceptó donaciones de fármacos y otros insumos médicos desde países como Estados Unidos y Brasil.^[3]

En redes sociales una usuaria reaccionó con enojo: «¿Eso significa que ahora los hospitales estarán bien dotados? ¿Sus instalaciones reparadas? ¿Los enfermos renales tendrán disponibles salas para diálisis? ¿Habrá incubadoras para los recién nacidos? ¿Habrá quirófanos equipados y en perfectas condiciones? ¿Sueldos dignos?». Otra persona compartió el enlace al listado de precios de una cadena de farmacias en Venezuela y preguntó a la mandataria «si con 130 bolívares de salario mínimo y de pensión [equivalente a 40 centavos de dólar] se puede comprar algún tipo de fármaco». [Respuesta: ese monto no alcanza ni para adquirir diez tabletas de diclofenaco potásico 50 mg]. 

El sistema de salud de Venezuela está colapsado bajo cualquier criterio de análisis y va a tardar mucho tiempo para transitar el sendero de la normalización. El último informe cualitativo del respetado Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), publicado en febrero de 2025, describe una crisis del sector «compleja y multidimensional», con trabajadores sanitarios que sufren para sobrevivir mes a mes y se ven obligados a emigrar, escasez de suministros, quirófanos que sufren apagones, equipos diagnósticos que no funcionan, pacientes hospitalizados que deben salir a comprar el tratamiento farmacológico si quieren ser tratados y al menos 13 millones de personas bajo inseguridad alimentaria moderada a grave.^[4] 

La semana pasada un equipo autoral procedente de tres universidades de Estados Unidos y un cofirmante anónimo de Venezuela publicaron un comentario en The Lancet reclamando «acciones inmediatas en múltiples ámbitos» para abordar la crisis sanitaria en el país sudamericano: un financiamiento mínimo protegido de varios miles de millones de dólares estadounidenses al año para estabilizar los servicios de salud y prevenir un mayor colapso; la recuperación del personal sanitario; la restauración de la infraestructura de agua y energía en los hospitales; el restablecimiento de vigilancia epidemiológica transparente para permitir la detección temprana de brotes de enfermedades infecciosas y garantías para el acceso de la ayuda de organizaciones humanitarias.^[5]

«Imagino que la situación mejorará a mediano plazo, no a corto plazo y que esto podría ofrecer un nuevo escenario de mayor vigilancia epidemiológica», se esperanzó el Dr. Forero, quien dijo que se siente «un venezolano más», aunque contempla seguir sus investigaciones desde Colombia. «¿Cómo puede haber médicas y médicos que reciban cinco dólares por mes y estén todo el día en los hospitales? ¿Cómo puedes explicarlo? Empiezas a ver que la medicina tiene algo más atrás. El médico venezolano entrega todo para que los hospitales, con todas sus carencias, funcionen. Si quitas el componente humano esto no sería un colapso o una crisis, sino el fin del sistema de salud. No sé qué tienen en su cabeza las médicas y los médicos de Venezuela, ¡pero así son!».

La Dra. Adriana Tami, Ph. D., médica epidemióloga venezolana del Departamento de Microbiología Médica y Prevención de Infecciones del Universitair Medisch Centrum Groningen, en Groningen, Países Bajos, y profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, afirmó que la situación en Venezuela es «desesperante». 

«Hay niveles de pobreza superiores a 95 % y de pobreza extrema de alrededor de 80 %;el que no tiene dinero no puede acceder a Servicios de Salud ni a una nutrición adecuada, lo que incrementa el riesgo de enfermedades transmisibles y no transmisibles y cuando estas personas vulnerables enferman tienen más dificultades para acceder a salud o comida. Es un círculo vicioso», destacó a Medscape en español.

Además de diferentes enfermedades infecciosas, cuya existencia se palpa a diario en los centros médicos y que también se «exportan» con las migraciones masivas, pero no figuran en registros oficiales [«el Boletín Epidemiológico dejó de publicarse en 2016 y el personal capacitado en vigilancia epidemiológica ha migrado», lamentó la Dra. Tami], los efectos de la malnutrición crónica sobre el desarrollo cognitivo en la infancia pueden dejar secuelas perennes. «Es lo que más me preocupa», agregó. «¿Qué será del venezolano cuando esos niños sean adultos?». 

Mientras las personas que siguen en Venezuela «están con desazón esperando un cambio de régimen», muchos de los más de 40.000 trabajadores sanitarios calificados que dejaron el país (sobre un total estimado de ocho millones de emigrantes) esperan el momento en que haya un «real cambio» para regresar, aseguró la especialista. 

«No es fácil dejar tu país, que es tu hogar…pero el sentimiento de muchos es volver para contribuir a recuperarlo, formando redes y aplicando lo que hemos aprendido afuera. Eso es lo que siento que quiero hacer», concluyó. 

El Dr. Forero, el Dr. Carrión, la Dra. Tami y Regalado han declarado no tener ningún conflicto de interés económico pertinente.