El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, afirmó este martes que el ex presidente brasileño lideró una “organización criminal” que realizó diversos actos para consumar un golpe y “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022.

EFE

El magistrado sostuvo, en la Primera Sala de la Corte Suprema, durante la apertura de su voto, que la trama tuvo una “finalidad muy clara”: evitar los frenos y contrapesos del Poder Judicial y “perpetuarse en el poder”, sin respetar las reglas de la democracia e independientemente del resultado de las elecciones de 2022, en las que venció el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

De Moraes dijo que la supuesta trama, “bajo el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”, operó entre mediados de 2021 y el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder ultraderechista invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, para incentivar una intervención militar contra el Gobierno de Lula, quien había asumido una semana antes.

Según el magistrado, la supuesta organización actuó mediante “la división de tareas” y de “forma permanente y jerarquizada” para poner en práctica “varios actos” con la finalidad de “consumar” un golpe.

De Moraes -objeto de sanciones por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que promueve una “caza de brujas” contra Bolsonaro- enumeró “13 actos” en los que la trama golpista fue subiendo el tono de sus “graves amenazas” y poniendo en práctica un presunto plan para revertir la derrota electoral de Bolsonaro.

El relator comenzó su exposición de cinco horas con un detallado relato de las investigaciones y las acusaciones formuladas por la Fiscalía, que ha pedido condenar a Bolsonaro y a los otros siete reos, entre ellos ex ministros y mandos militares, por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.

Sobre algunas alegaciones de las defensas, según las cuales el delito de golpe de Estado se confunde con la acusación de intento de abolir la democracia, el relator puntualizó las diferencias que existen a su juicio.

De Moraes sostuvo que una acusación se refiere a impedir la actuación de los poderes establecidos, que en el caso que se juzga fue plasmada en el borrador de un decreto obtenido en la investigación, que ordenaba la anulación de las elecciones y una intervención en el Poder Judicial.

El segundo caso, según De Moraes, trata sobre la conspiración supuestamente urdida para impedir la asunción del Gobierno surgido de las urnas o llegar al extremo de intentar promover un golpe una vez que asumió, como sostiene que ocurrió el 8 de enero de 2023.

Este punto es clave para algunas defensas, que intentan disminuir las posibles penas, con el argumento de que esas dos acusaciones se refieren al mismo supuesto delito.

El togado también rechazó unas supuestas “manipulaciones” de pruebas denunciadas por las defensas de algunos de los reos, así como que se hubiera restringido el derecho a la defensa o el acceso al material probatorio.

Según el relator, todos los abogados han tenido un pleno acceso a la documentación producida por la investigación de la Policía Federal y el tribunal ha respetado en toda su plenitud el debido proceso, con amplias garantías para las defensas.

“Durante casi cuarenta años, he considerado un honor ser médico. Creo en nuestro papel como sanadores y creo en nuestro papel como narradores de la verdad. La verdad que debemos enfrentar en este momento es que la medicina y la ciencia se están pervirtiendo políticamente en todo el país de formas que destruyen vidas humanas”.

Estas son las palabras del subsecretario de Salud de los Estados Unidos, almirante Levine, la «mujer del año» de USA Today y el burócrata transgénero más prominente de la Administración Biden.

Hablando en la Texas Christian University, Levine declaró:

“La atención de afirmación de género es atención médica. Es cuidado de la salud mental. Es el cuidado de la prevención del suicidio. Mejora la calidad de vida y salva vidas. Se basa en décadas de estudio. Es una práctica médica bien establecida”.

La atención a las personas transgénero está lejos de estar “bien establecida”, como seguramente sabrá el almirante Levine. Podría ser útil; podría ser transformador; podría salvar vidas. Puede que no.

Pero sea lo que sea, no está bien establecido. En los últimos meses, las autoridades sanitarias de un país tras otro de Europa han expresado su alarma, citando graves problemas médicos y psicológicos entre las personas que han recibido “atención de afirmación de género”.

En Francia, la Academia Nacional de Medicina declaró el 25 de febrero: “se debe tener mucha precaución médica en niños y adolescentes, dada la vulnerabilidad, particularmente psicológica, de esta población y los múltiples efectos indeseables e incluso complicaciones graves que pueden causar algunos de las terapias disponibles”.

En Suecia, la Junta Nacional de Salud y Bienestar emitió nuevas pautas para la atención de afirmación de género en febrero. Dijo, con base en el conocimiento actual: “los riesgos del tratamiento supresor de la pubertad con análogos de GnRH y el tratamiento hormonal de afirmación de género actualmente superan los posibles beneficios, y que los tratamientos deben ofrecerse solo en casos excepcionales”.

En el Reino Unido, el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE, por sus siglas en inglés) publicó dos revisiones sistemáticas de bloqueadores de la pubertad en marzo de 2021. Descubrió que “conducen a cambios escasos o nulos en la disforia de género, la salud mental, la imagen corporal y el funcionamiento psicosocial . En los pocos estudios que informaron cambios, los resultados podrían atribuirse al sesgo o al azar, o se consideraron poco confiables».

En Finlandia, la Autoridad de Salud de Finlandia (PALKO/COHERE) cambió de rumbo en 2020. Su nueva guía establecía que “la psicoterapia, en lugar de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas del sexo opuesto, debería ser el tratamiento de primera línea para los jóvenes con disforia de género”.

«Leo», la niña con osteoporosis

El almirante Levine se beneficiaría al ver el último de los cuatro programas producidos por la emisora ​​nacional sueca SVT sobre medicina transgénero. Transbarnen ( Los niños trans ) examina el caso de “Leo”, una niña de diez años que decidió que en realidad era un niño.

Es una historia espantosa de atención médica pésima en uno de los mejores hospitales del mundo, el Karolinska. Las revelaciones mordaces de los reporteros de investigación de SVT fueron un factor en las nuevas pautas en Suecia.

A la edad de 11 años, Leo se embarcó en los bloqueadores de la pubertad. A la niña y a su madre se les dijo que se trataba de un tratamiento estándar y reversible.

“Leo era pequeño cuando ella quería convertirse en él”, dijo su madre Natalie a la reportera Carolina Jemsby. “Pensé que si este era su deseo, debería estar de acuerdo. Todos dijeron que Leo fue valiente al salir y que debería estar orgullosa”.

Los bloqueadores de la pubertad estaban destinados a evitar que Leo desarrollara senos, caderas más anchas y menstruación. Su uso se basa en el llamado Protocolo Holandés, desarrollado en los Países Bajos en 2011. Pero, como señala Jemsby, algunos expertos tienen serias dudas sobre esta investigación citada repetidamente.

“La preocupación proviene de la falta de estudios a largo plazo y de que el estudio holandés por sí solo no es evidencia suficiente. Tiene muy pocos sujetos, no tiene un grupo de control y se realizó en una sola clínica”.

Dado que un efecto secundario bien conocido de los bloqueadores de la pubertad es una grave disminución de la densidad ósea, se supone que los pacientes deben ser revisados ​​regularmente. Deben recibir las poderosas drogas por no más de dos años.

Leo tomó la medicación durante cuatro años y nunca se controló su densidad ósea.

Los efectos fueron poco menos que catastróficos. Leo ahora sufre de osteoporosis severa, un debilitamiento de los huesos que normalmente se observa en personas de 60 y 70 años. Es casi irreversible. Su madre dice que le dolía el esqueleto; estaba constantemente deprimido; e intentó suicidarse varias veces.

“Pero la información sobre los riesgos potenciales y la falta de evidencia nunca llega a Leo y su familia”, dice Jemsby.

De hecho, una de las características más desalentadoras del informe de los periodistas suecos es la mala gestión de la burocracia médica. Un grupo diagnosticó disforia de género infantil; otro administró los medicamentos. No parecían comunicarse entre sí. Los pacientes caían por las grietas. Si esto sucede en uno de los mejores hospitales del mundo, ¿qué sucede en otros lugares?

Jemsby mostró a los médicos informes de incidentes no solo sobre Leo, sino también sobre » al menos otros 12 niños » que tuvieron complicaciones graves después de embarcarse en bloqueadores de la pubertad. ¿La respuesta? Cejas arrugadas y labios fruncidos y señalamientos con el dedo y ninguna respuesta. Nadie, al parecer, fue responsable.

“Creo que todos los involucrados en este caso tenían buenas intenciones” , le dice a Jemsby la Dra. Ola Nilsson , endocrinóloga pediátrica. “Pero ahora es el momento de dar un paso atrás y tratar de obtener datos realmente buenos sobre lo que es mejor: cómo diagnosticar y tratar mejor a este grupo para que podamos hacer más bien que mal. Mucho más bien que mal. Mínimo daño y mucho beneficio es el objetivo de toda la atención médica”.

Desafortunadamente, la imagen que pintan los periodistas suecos es de un beneficio mínimo para los niños y una gran cantidad de dinero para los médicos.

La espalda, los hombros y las caderas de Leo le duelen constantemente. Su angustiada madre dice: “Un chico de 15 años no debería tener que lidiar con eso. Sus huesos no deberían verse así. Un esqueleto sano que ha sido destruido por esta medicina”.

La atención de afirmación de género “mejora la calidad de vida y salva vidas”, dice el almirante Levine. Pero no fue así para Leo y para muchos otros niños. Tantos, que los reguladores europeos de la atención médica están pisando el freno para la atención de personas transgénero, mientras que los estadounidenses van a toda velocidad.

Para citar las palabras mal elegidas de Rachel Levine, la medicina y la ciencia están siendo “políticamente pervertidas”, no por los transescépticos… sino por la Administración Biden.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y alertó que su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

EFE

«Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?», dijo el mandatario al participar en la ciudad brasileña de Manaos de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.

Petro insistió en que el ataque de navíos militares estadounidenses a una embarcación civil venezolana en el Caribe que supuestamente portaba drogas y que dejó 11 muertos tiene que ser tratada como un asesinato, y dijo que si los países de Suramérica no protestan por tal acto podrán sufrir las consecuencias en el futuro.

«América Latina, que es dueña del Caribe, no puede soportar eso y quedarse callada porque si no después las bombas caerán es en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región», opinó.

Agregó que nadie puede defender gobiernos que se ponen al lado de los genocidas porque «después las bombas caerán sobre nosotros».

Petro insiste en el diálogo para resolver el conflicto en Venezuela

El jefe de Estado colombiano admitió que en Venezuela hay un problema político interno y que ni siquiera él ha reconocido al gobierno de Nicolás Maduro, pero agregó que ese conflicto hay que resolverlo con el diálogo y no con bombas.

«Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina», aseguró.

Dirigiéndose al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, con los que coincidió en Manaos, Petro dijo que los países de América Latina pueden estar distanciados y divergir políticamente, pero que tienen que unirse para ayudar a Venezuela a resolver su crisis.

«Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países suramericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela. Porque el pueblo venezolano tiene que unirse para resolver sus problemas ante una amenaza de invasión», afirmó.

EE UU justifica el despliegue militar en el Caribe

Dijo igualmente que un problema político interno no justifica amenazas a la soberanía de ningún país de Suramérica y que la región tiene que unirse ante una posible invasión al área.

El gobernante colombiano se refirió a la actual irracionalidad en un mundo que prefiere las bombas antes que las palabras, y afirmó que «mientras los humanos hablamos del amor, los inhumanos lanzan bombas y practican genocidios».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el despliegue naval militar de Estados Unidos en el Caribe como medida para frenar el tráfico de drogas.

La operación estadounidense incluye el envío al Caribe de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, lo que ha generado tensiones en la región. 

La ONG Foro Penal informó este martes que en Venezuela hay 823 personas detenidas “con fines políticos”.

El Nacional

El reporte publicado en su red social de X, con fecha de corte de 8 de septiembre, indicó que siete casos se han sumado al balance de finales de agosto, cuando la cifra era de 816 personas.

Esta organización detalla que entre los detenidos están 723 hombres, 100 mujeres y 170 militares. A su vez, incluyen a cuatro adolescentes.

Foro Penal también señaló que 91 de los arrestados tienen nacionalidad extranjera, aunque no ofreció más información sobre ellos.

La mayoría de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador, a pesar de las denuncias de “fraude” por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde el 2014, el Foro Penal ha contabilizado 18.486 detenciones que clasifica como políticas.

Ante esto, el gobierno insiste en que no hay presos políticos en el país. Nicolás Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, afirman que todos los privados de libertad enfrentan procesos por delitos comunes, una versión que diversas ONG y dirigentes opositores rechazan.