Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela realizó este sábado una amplia caravana militar en Caracas como parte de un operativo nacional para llegar a diversas comunidades y desplegar un plan de adiestramiento en el manejo de armas. Esta iniciativa, impulsada por la dictadura de Nicolás Maduro, busca instruir a la población en tácticas de defensa ante la percepción de una “amenaza” por parte de Estados Unidos, que mantiene una fuerte presencia naval en el mar Caribe.

EFE

Unos 25 vehículos blindados partieron desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar venezolano, escoltados por cientos de motorizados, y recorrieron varios kilómetros a través de dos autopistas de la capital hasta su destino: la zona de El Valle, al suroeste de Caracas. El recorrido fue transmitido y documentado ampliamente por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que mostró la movilización como el inicio de una fase intensiva en la doctrina defensiva nacional.

Desde una plaza en El Valle, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el despliegue como un “hito” dentro de la llamada “revolución militar” venezolana. “Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria”, afirmó el funcionario durante un discurso televisado por VTV. Además, Padrino López detalló que la FANB está presente en los “5.336 circuitos comunales” del país para fortalecer las “unidades comunales de milicias”.

El operativo se inscribe dentro del plan anunciado días antes por el dictador Nicolás Maduro, quien dispuso el despliegue de efectivos de la FANB en comunidades de todo el territorio nacional con el objetivo de brindar capacitación en manejo de armas, en el contexto de amenazas externas. Maduro sostiene que la presencia de fuerzas navales estadounidenses en la región responde a una estrategia para propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó esta semana haber discutido tal escenario con su gabinete.

La campaña de instrucción no solo tiene alcance en Caracas. De acuerdo con información difundida por VTV, funcionarios de las fuerzas armadas se encuentran desplegados en comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta y Amazonas, desarrollando sesiones orientadas a la enseñanza del uso de armamento militar.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y número dos del régimen chavista, invitó públicamente a la totalidad de la población venezolana, sin distinción de “color político”, a sumarse a estas jornadas de adiestramiento. “Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea, lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, afirmó Cabello, al ser entrevistado por VTV desde la entrada de la barriada Petare, en el este de la ciudad. El ministro también aseguró que ciudadanos de diversas regiones del país han manifestado de forma espontánea su voluntad de defender a Venezuela frente a las presuntas “agresiones” de Estados Unidos.

Durante su intervención, Cabello mostró un folleto titulado ‘Método táctico revolucionario’, donde se explican instrucciones de manejo de armamento y estrategias militares para el personal de la FANB ante un posible enfrentamiento con fuerzas consideradas enemigas. “El que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos y nos vamos a aparecer por todos lados, en cualquier esquina, ahí estará el pueblo de Venezuela preparado, en cualquier barrio, cualquier comunidad, en cualquier cuartel de la policía, en toda Venezuela”, remarcó Cabello.

El líder chavista insistió en que ningún tipo de amenaza internacional logrará paralizar al pueblo venezolano y sostuvo que Estados Unidos utiliza campañas de desinformación y “fake news” para atacar la imagen de Venezuela. “Bajo la figura de mentiras, bajo la figura de lo que ahora llaman ‘fake news’, atacan a todo un pueblo, nadie les cree en el mundo, porque llevan la mentira en su sangre, así es el imperialismo, siempre miente, siempre manipula”, declaró Cabello en cadena nacional.

La preocupación del gobierno venezolano se extiende a la situación del Caribe en general. Cabello advirtió que la presión militar estadounidense no solo afecta a Venezuela sino a todas las naciones caribeñas. “Venezuela es solo la entrada, después irían por el resto de los pueblos caribeños. Hoy no hay pescador de cualquier isla del Caribe que salga a pescar que no sienta que tiene una condena de muerte aplicada, sin juicio”, sostuvo.

El sábado culminó con una nueva jornada de despliegue de la FANB en diferentes comunidades del país, enfocada en la capacitación y sensibilización sobre el uso de armamento, dentro del marco del plan nacional de defensa ante la actividad militar estadounidense en el Caribe, justificada por Washington como una operación contra el narcotráfico, y considerada por México como una “amenaza” directa.

La primera, presentada por Foro Penal, buscaba aclarar si los Fiscales Adjuntos podían sustituir al Fiscal Khan. La Sala recordó que el artículo 42(2) del Estatuto de Roma es claro: los Fiscales Adjuntos pueden realizar cualquier acto que corresponda al Fiscal, por lo que no había duda sobre su competencia.

Acceso a la Justicia

La segunda, de Fundación Arcadia y Robert Carmona-Borjas, pedía medidas adicionales por posibles conflictos de interés en otros casos. La Sala la consideró “general y especulativa” y reiteró que el tema del Fiscal Khan ya se resolvió en la situación Venezuela I.

Con esta decisión, la CPI cerró la controversia y confirmó que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela seguirá adelante bajo la dirección de los Fiscales Adjuntos

Para ver la decisión completa de la Sala de Apelaciones, visitar: https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/18-127

María Corina Machado, líder absoluta de Venezuela, publicó un mensaje hoy 20 de septiembre donde llamó a los ciudadanos a prepararse para la celebración de la libertad que ya se acerca. Sus palabras:

Venezuela en Vivo

«Mis queridos venezolanos, queridos equipos, seguimos avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa, que todos añoramos. Ustedes se acuerdan cómo nos preparamos de cara a las elecciones el 28 de julio, durante meses, día a día, hasta que llegó la noche previa y en vigilia, en familia, todos estábamos listos para esa gran gesta ciudadana. Ahora nuevamente lo estamos haciendo de la mano de Dios y de nuestros santos, José Gregorio Hernández y la Madre [Carmen] Rendiles.

Y lo hacemos unidos, en oración y en organización. Y eso es lo que quiero pedirles, porque todos somos necesarios. Tú sabes lo que está pasando, ya está pasando, y sabes lo que va a pasar.

Por eso te quiero pedir hoy algo muy especial. Quiero que visualices, que te imagines todo lo que vamos a hacer estos días y lo que va a ocurrir ese día. Las personas que puedes contactar, que puedes unir a esa gran celebración y unión de Venezuela, porque en las próximas semanas vamos a ver a nuestro país llenando todas las calles de Venezuela y a tantos de nuestros familiares y amigos más queridos, nuestros hijos regresando a casa.

Por eso, en este momento te pido, recuerda que es foco. Foco en la organización, en el objetivo. Desecha todo el ruido y la mentira.

Los hemos ya dejado completamente solos. Nosotros vamos adelante, preparados para el momento que se acerca. Por eso te dejo aquí la oración de esta semana, preparándonos para el 19 de octubre, día de la canonización de José Gregorio y la Madre Rendiles.

Venezuela será libre. Esto está pasando. Y vamos juntos, de la mano de Dios, hasta el final».

El gobierno de Donald Trump desaprobó el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico anunció una descertificación que no se traduce en la suspensión de la ayuda económica o en el quiebre de la relación bilateral. Pero envía una señal política: Washington expresa su inconformidad con los resultados de la estrategia antidrogas de Gustavo Petro, cuestiona su liderazgo y apuesta por un nuevo ciclo a comenzar en diez meses, cuando los colombianos elijan a su próximo presidente.

El Observador

El gesto remite al precedente de 1997, cuando Bill Clinton descertificó al gobierno de Ernesto Samper, pero mantuvo la cooperación con el Ejército y la Policía colombiana, en espera del desenlace electoral. En agosto de 1998, con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia, las relaciones bilaterales se normalizaron y tomó forma el Plan Colombia, que amplió significativamente la asistencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.

“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis”, dice el memorando firmado por Trump en el que le retira la certificación a Colombia, pero mantiene la ayuda por el “interés nacional” de Estados Unidos.

Washington destina cada año cerca de 450 millones de dólares a los programas de cooperación con Colombia, enfocados principalmente en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de inteligencia que enfrentan a grupos narcoguerrilleros como las disidencias de las FARC y el ELN.

Aunque el gobierno de Petro destaca el aumento en la incautación de drogas y la extradición de 336 narcotraficantes como prueba de su compromiso en la lucha antinarcóticos, las cifras del último informe de la ONU empañan ese balance. En 2023, último dato disponible, Colombia concentraba 253.000 hectáreas de coca, de las 376.000 sembradas en todo el mundo, y la producción potencial de cocaína había aumentado un 50% respecto a 2022, el año en que Petro asumió la presidencia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó claro que la descertificación apunta directamente a Petro. “Colombia ha sido un socio histórico y muy importante, pero ahora tiene un presidente que, además de actuar de manera errática, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentar a los carteles de la droga”, afirmó Rubio.

El memorando de Trump subraya que “el incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año es responsabilidad exclusiva de sus líderes políticos”, al mismo tiempo que reconoce que “las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando su habilidad y valentía a la hora de enfrentarse a los grupos terroristas y criminales”.

Freno a la compra de armas

La respuesta del presidente colombiano dejó en evidencia las diferencias con la administración Trump y la intención de reformular el vínculo bilateral. Tras la descertificación, Petro anunció el fin de la compra de armas a Estados Unidos y llamó a una mayor separación entre las Fuerzas Armadas colombianas y Washington.

“Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos”, el mandatario y añadió que “al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, según lo conversado con el presidente, “a futuro no se le comprarán armas a Estados Unidos. No es que se vayan a desechar las armas recibidas ni la cooperación militar; es solamente a futuro”.

En ese sentido, añadió que Colombia buscará nuevos proveedores y destacó que recientemente se adquirió una flota de aviones de combate a Suecia. Además, subrayó que “Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado”.

Exigencias complicadas

Al anunciar la descertificación, Trump delineó los pasos que, a su juicio, debería tomar el gobierno colombiano para restablecer plenamente la relación bilateral. “Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína”, señaló el memorando, que también exige una mejor cooperación “para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones delictivas colombianas”.

Para el presidente colombiano, ceder en estos puntos implicaría renunciar a uno de los pilares de su política antinarcóticos: privilegiar la sustitución voluntaria de cultivos de coca por encima de la erradicación forzada. La idea que ha impulsado el presidente es reemplazar 50.000 hectáreas de planta de coca por plantaciones de café o cacao a fin de no perjudicar a los campesinos y evitar que abandonen sus comunidades.

Tras el anuncio de la descertificación y en respuesta a las declaraciones de Marco Rubio, Petro dijo a través de su cuenta de X: “No voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos, no súbditos. EEUU está descertificado por no disminuir el consumo de cocaína y fentanilo en su sociedad. Esa es la principal causa del narcotráfico, la otra es la prohibición misma”.

Señala que no he sido un bien socio en la lucha, cuando arriesgue mi vida personal y familiar en la lucha contra las relaciones del paramilitarismo narcotraficante y el poder político

No calculé que el poder político en EEUU quedára en manos de amigos de los políticos aliados… https://t.co/anNHzgueiU— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

La mención a las extradiciones en el memorando de Trump deja en evidencia que, si bien el gobierno de Petro ha enviado narcotraficantes a tribunales estadounidenses, no ha incluido a los jefes de las principales organizaciones criminales. El señalamiento apunta al plan de paz que privilegia la negociación y el diálogo como vía para la desmovilización de los grupos narcoguerrilleros, una estrategia que el presidente ha impulsado con firmeza y de la que necesita mostrar resultados concretos antes de concluir su mandato.

Tema de campaña

La descertificación se ha instalado en el debate electoral de una Colombia que elegirá nuevo presidente en mayo de 2026. Mientras la izquierda la reivindica como un gesto de soberanía y agita las banderas del nacionalismo, la derecha acusa a Petro de haber deteriorado la relación con Estados Unidos y de mantener vínculos con Nicolás Maduro, el mandatario venezolano señalado por fraude electoral y acusado por Washington de liderar el llamado Cartel de los Soles.

María Fernanda Cabal, precandidata del Centro Democrático, el partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, afirmó en un video difundido en su cuenta de X: “En 2026 vamos a recuperar la confianza de nuestros aliados con hechos: menos coca, justicia fuerte, extradición de bandidos, cooperación internacional”. Añadió además que “Colombia no será cómplice del narcotráfico ni de las dictaduras”.

Por su parte, Daniel Quintero, aspirante a la candidatura presidencial por el Pacto Histórico, el movimiento de izquierda que respalda a Petro, calificó la descertificación como “una herramienta política que busca favorecer a los candidatos y politiqueros vendepatrias”. En un mensaje difundido en redes, afirmó que “Colombia no se rinde ante las presiones externas ni ante los enemigos internos del cambio” y llamó a “mirar a otros puertos”.

Un elemento clave es que Washington conserva la facultad de levantar o endurecer la descertificación en cualquier momento, lo que abre la puerta a su uso como herramienta de presión en el convulso escenario electoral. En plena campaña, figuras como Rubio podrían condicionar públicamente la certificación a la victoria de determinados candidatos, instalando el tema como un filtro de gobernabilidad y alineamiento diplomático.

“Es una descertificación contra el presidente Petro, y es claramente un tema político”, afirmó Benedetti, tras conocerse la decisión de Washington.

Estados Unidos está considerando un nuevo marco legal que permitiría al presidente de ese país, Donald Trump, ordenar intervenciones militares contra cárteles de la droga en América Latina sin necesidad de contar con el consentimiento de los gobiernos afectados. 

Caraota Digital

De acuerdo con lo reseñado por el diario colombiano El Tiempola iniciativa, impulsada por el congresista republicano Cory Mills, busca autorizar el uso de “todas las fuerzas necesarias y apropiadas” contra organizaciones, individuos o incluso naciones que sean designadas como narcoterroristas. 

En concreto, el proyecto elabora un marco que permitiría al Ejecutivo estadounidense encabezado por Trump ordenar operaciones militares o cinéticas en aguas internacionales. Y, potencialmente, en el suelo de otros países si el presidente lo determina. 

En el mismo borrador del proyecto de Mills se incluye una nueva definición de «actividad narcoterrorista».  

Ahora se describe como «cualquier involucramiento con sustancias controladas que estén vinculadas a terrorismo, violencia o amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública o la estabilidad internacional». 

Paralelamente a los trabajos legislativos, funcionarios del Departamento de Estado elaboran memorandos y documentos legales. Todos destinados a presentar al Congreso un marco jurídico que justifique operativos de gran envergadura contra organizaciones delictivas calificadas por la administración como “narcoterroristas”. 

Esos documentos son considerados una pieza clave para otorgar legalidad a dichas acciones militares. Unas que, de otro modo, se moverían en una zona gris del Derecho Internacional y la legislación interna de los Estados Unidos. 

ORGANIZACIONES DECLARADAS TERRORISTAS

Además de los carteles de droga en México, que recientemente fueron declarados grupos terroristas por el Departamento de Estado, la medida también abarcaría a otros grupos. Entre ellos, se incluye al Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que, según Washington, está controlado por Nicolás Maduro. 

En la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos también figuran tres grupos colombianos. Las FARC-EP, el ELN y la Segunda Marquetalia, cuyo involucramiento en el narcotráfico ha sido documentado en ese país y por Estados Unidos.  

Estos esfuerzo en el marco legal internacional e interno de EEUU se dan en un escenario marcado por el aumento de tensiones en el Caribe. El martes, Trump afirmó que fuerzas militares de Estados Unidos habían hundido tres embarcaciones provenientes de Venezuela. Las mismas supuestamente estaban relacionadas con el narcotráfico, en aguas del mar Caribe.  

En tanto, Nicolás Maduro, advirtió que Caracas atraviesa actualmente una etapa de “lucha no armada”. No obstante, recalcó que, de producirse una agresión por parte de Estados Unidos, el país pasaría “de inmediato” a una “lucha armada” para enfrentar al “grupo yanqui invasor”.   

Familiares de presos políticos en Venezuela dirigieron una carta pública al papa León XIV este viernes, solicitando su intervención para que el gobierno de Nicolás Maduro libere de manera «inmediata e incondicional» a todos los detenidos. Según la ONG Foro Penal, el número de privados de libertad por razones políticas asciende a 823.

El Nacional

La carta, leída durante una concentración frente a la Embajada de Italia en Caracas, pide al pontífice que «eleve su voz» y use los medios que considere apropiados para solicitar la liberación.

Canonización sin presos políticos

El texto destaca que la canonización de los dos primeros santos de Venezuela -el médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles- que se celebrará el 19 de octubre, representa «una oportunidad única para sanar las heridas que simbolizan los presos políticos».

«Celebrar el jubileo de la esperanza y la canonización sin presos políticos sería un gesto de inmensa voluntad y un paso histórico hacia la paz», aseguran en la carta.

Los allegados de los detenidos señalan que la crisis de derechos humanos en el país «ha escalado dramáticamente» y que las detenciones arbitrarias ya no se limitan a dirigentes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales.

«Simplemente por disentir, nuestros familiares y amigos son sometidos a un sistema de injusticia que ha instaurado patrones de vulneración como el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y los malos tratos, crueles e inhumanos», señalan.

Los familiares y activistas también han solicitado el apoyo del gobierno de Italia para la campaña Canonización sin presos políticos. Según organizaciones no gubernamentales, siete de los detenidos tienen nacionalidad italiana.

Un informe presentado este viernes 19 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU advierte que jueces, fiscales y defensores públicos han avalado detenciones arbitrarias, negado recursos legales y actuado bajo presión política. Es decir, el sistema judicial venezolano no solo ignora las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, sino que participa activamente en la represión.

El Nacional

Falta de independencia del sistema judicial venezolano

El documento presentado por la Misión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone en evidencia el colapso de la independencia judicial en el país.

Jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas directas del Ejecutivo, lo que convierte a los tribunales en “una herramienta al servicio de la represión”. Esta subordinación, de acuerdo con la Misión de la ONU, impide procesar denuncias de abusos y garantiza impunidad a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Estas prácticas forman parte de un patrón de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad, al sostenerse en un aparato judicial que legitima detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, determinó el informe.

Ineficiencia del habeas corpus en Venezuela

Uno de los puntos centrales del informe es la ineficacia del habeas corpus en Venezuela. La Misión documentó casos en los que los tribunales rechazaron o demoraron arbitrariamente estos recursos, despojando a los detenidos de su derecho a cuestionar la legalidad de su privación de libertad.

Un ejemplo citado es el del abogado y activista Eduardo Torres, cuyo recurso fue inicialmente rechazado por una jueza de Caracas en mayo de 2025. Aunque posteriormente fue admitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nunca se emitió resolución alguna, prolongando su detención sin fundamento legal.

Otros casos, como los de Lucas Hunter y Juan Pablo Guanipa, confirman que los tribunales venezolanos niegan sistemáticamente el acceso a un recurso efectivo. Para la Misión ONU, esto demuestra que el habeas corpus “no constituye una protección real” en el país.

Audiencias secretas y abogados impuestos

La Misión de la ONU también denunció la práctica de celebrar audiencias nocturnas, telemáticas y sin notificación a la defensa o familiares, muchas veces en los mismos centros de detención y no en estrados judiciales.

En los casos documentados por los expertos, los acusados no tuvieron oportunidad de comunicarse con sus defensores. En numerosos ocasiones, se les impuso representación de defensores públicos, a quienes además se les instruyó no actuar en favor de sus defendidos. Esto dejó a las víctimas en un grave estado de indefensión frente a fiscales y jueces.

Un caso reseñado en el informe fue el de Nélida Sánchez, detenida en El Helicoide, a quien se le negó la posibilidad de designar abogados privados porque “no estaba permitido el ingreso ni la salida de documentos” del centro de reclusión.

Complicidad del sistema judicial venezolano en desapariciones y muertes

El informe destaca que la complicidad del sistema judicial venezolano no se limita a las detenciones. La ONU documentó casos de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado en los que las autoridades judiciales se negaron a investigar.

La Misión señala que familiares de desaparecidos vieron rechazadas sus denuncias por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que omitieron actuar incluso cuando existían pruebas de la participación de cuerpos de seguridad.

En Carora, estado Lara, la muerte de Walter Páez durante una protesta fue atribuida inicialmente a opositores. Sin embargo, investigaciones internas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas apuntaban al disparo de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela desde su sede local. La Misión denunció que las autoridades judiciales recibieron presiones para fabricar versiones que inculparan a disidentes políticos.

El informe identifica a jueces que de manera sistemática han avalado violaciones de derechos humanos en procesos vinculados a delitos de terrorismo. Entre ellos menciona a Carlos Enrique Liendo Acosta, Keidimar Ramos Castillo, Joel Abraham Monjes, Franklin Mejías Caldera, Ángel Betancourt y Edward Miguel Briceño Cisneros.

Estos magistrados han decretado juicios colectivos sin individualizar responsabilidades, han autorizado audiencias sin publicidad y han confirmado detenciones sin garantías procesales, según la ONU.

Poder Judicial como brazo represor del Estado

La Misión de la ONU concluyó en su informe que el sistema judicial venezolano no actúa con independencia, sino como pieza clave en la política de persecución contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos del gobierno.

“La actuación arbitraria del Estado no se limita al arresto por parte de cuerpos de seguridad, sino que es ordenada, avalada y perpetuada por el aparato judicial”, señaló.

El documento reiteró que este engranaje represivo, en el que participan jueces, fiscales y defensores públicos, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, al negar justicia y protección a las víctimas.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes 19 de septiembre que Venezuela avanza en la conformación de “redes internacionales por la paz”, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos tras los recientes movimientos militares en el Caribe.

La Patilla

Rodríguez afirmó que el chavismo busca alianzas en distintos continentes, incluyendo Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia, para enfrentar lo que calificó como “ánimos guerreristas”.

“Ya estamos en la conformación de verdaderas redes en todo el mundo, en los Estados Unidos de América, en todo nuestro continente, en Europa, en el Medio Oriente, en el Lejano Oriente (…) Vamos a buscar contactarlos, hablar con ellos, para que se sumen a este esfuerzo de toda la población venezolana por la paz, por la soberanía y por el derecho de nuestras niñas y niños de vivir en paz”, declaró Rodríguez durante una rueda de prensa en Caracas.

Las declaraciones surgen luego de que el chavismo ordenara el despliegue de tropas en la isla La Orchila, un movimiento interpretado como una señal frente a la operación naval y aérea de Estados Unidos en el Caribe, con presencia en Puerto Rico y cerca de las costas venezolanas.

Washington mantiene activos ejercicios militares en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico vinculado al llamado “Cartel de los Soles”, red criminal que organismos estadounidenses asocian con altos mandos del chavismo.

Mientras el chavismo insiste en un discurso de “defensa de la soberanía”, el gobierno de Donald Trump ha reiterado que sus operaciones buscan frenar el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa.

Con este nuevo pronunciamiento, Jorge Rodríguez intenta posicionar al chavismo como un actor de paz, aunque en paralelo mantiene un tono desafiante ante la presión militar estadounidense.

El flujo de pasajeros que realiza la travesía en ferri entre Trinidad y Tobago y Venezuela ha disminuido drásticamente desde el inicio del despliegue militar estadounidense en la zona, afectando financieramente a las empresas del sector y al comercio.

EFE

De cientos de pasajeros que usaban este medio de transporte entre los dos países cada mes, el número se ha reducido a unas pocas docenas, según cuentan los operadores de los ferris.

La empresaria venezolana Alana Medina, operadora del ferri Ángel del Orinoco, entre el puerto de Tucupita en Venezuela y el de Cedros en el suroeste de Trinidad, afirma que la compañía enfrenta serios desafíos.

«De transportar 70 pasajeros mensuales en junio, hemos visto una fuerte disminución a solo 45 pasajeros en agosto», lamenta Medina, que reside en Venezuela pero visita Trinidad dos veces al mes por negocios.

El tráfico de septiembre no ha mejorado. La empresaria detalla que el ferri que salió el pasado día 11 de Tucupita atracó en Cedros con solo 15 pasajeros.

El peor declive en años

Según Medina, desde la fundación de la empresa hace nueve años, este es el peor declive que han experimentado: «La situación financiera de la empresa es muy difícil en este momento», subraya.

Al preguntarle por qué viaja menos gente, Medina especula que puede que la gente tema el cierre de las fronteras entre ambos países, cuya actual relación es de gran tensión.

Nicolás Maduro aseguró este mes que la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, «se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra».

Persad-Bissessar ha negado que haya habido conversaciones con Estados Unidos para invadir Venezuela, pero ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe y a los ataques contra supuestos barcos de narcotraficantes.

Sin embargo, el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Enrique Sánchez Cordero, negó en declaraciones escritas que se pueda dar ese cierre de fronteras, asegurando que «todo está bien con las conexiones marítimas entre Tucupita y Cedros».

El comercio bilateral en la cuerda floja

No solo ha disminuido el flujo de viajeros, sino también el comercio en los puertos de San Fernando y Cedros. Venezuela exporta a Trinidad y Tobago productos como madera, ropa y calzado.

Una fuente de la División de Aduanas e Impuestos Especiales de Trinidad y Tobago, con sede en King’s Wharf en San Fernando, informó que actualmente solo dos barcos de carga venezolanos traen madera y ropa dos veces al mes. Hasta 2024, esos mismos barcos llegaban tres veces por semana.

Según la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Productos Básicos de las Naciones Unidas, el comercio bilateral entre Trinidad y Venezuela cayó un 56 % entre 2017 y 2024.

Esta caída no se debe solo a las actuales tensiones en el Caribe. El empresario trinitense Cassian Valdez explica que «la extorsión y la corrupción» en Venezuela lo obligaron a reducir sus importaciones de 800 pies cúbicos de madera de pino al mes a solo 80 pies cúbicos.

«Pagas por la madera y no la recibes. Perdí 30 mil dólares en madera por esto. La Guardia Nacional venezolana confisca los materiales incluso con la documentación», denuncia Valdez.

El empresario cuenta que ahora está trayendo «el 10 % de lo que solía importar de Venezuela» y que ha establecido vínculos en Brasil, donde compra el 90 % restante.

«Antes de que termine este año, dejaré de importar por completo (de Venezuela)», adelanta Valdez, pese a que la cercanía permite que los envíos lleguen mucho más rápido que desde otros países.

Marshall S. Billingslea, ex secretario contra el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— envió saludos y felicitaciones de cumpleaños al General de Brigada Bitner Javier Villegas Ramos, identificado por la misma fuente como el piloto personal del presidente Nicolás Maduro.

La Patilla

La fuente consultada afirma además que Villegas Ramos fue interceptado y entrevistado meses atrás en la República Dominicana por funcionarios de ese país y por representantes del gobierno americano donde sostuvieron una larga reunión.

Bitner Javier Villegas Ramo ha tenido una trayectoria vinculada a operaciones aéreas de alta sensibilidad política y estratégica dentro de la Fuerza Aérea Venezolana, incluyendo el pilotaje de aeronaves presidenciales y, según la fuente, de aviones que han sido objeto de sanciones internacionales o de escrutinio administrativo.

«Bitner se reunió hace poco con funcionarios de EEUU en un aeropuerto en la zona. La foto, que publica Marshall, fue tomada durante el encuentro con funcionarios de EEUU», informa el periodista Orlando Avendaño.

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