Donald Trump anunció que planea designar al movimiento Antifa en Estados Unidos como una «organización terrorista».

BBC

El presidente estadounidense hizo el anuncio en su plataforma Truth Social el jueves describiendo a Antifa como un «DESASTRE ENFERMO Y PELIGROSO DE LA IZQUIERDA RADICAL».

También afirmó que «recomendará enfáticamente» que se investigue a quienes financian al movimiento.

Antifa, que es una abreviatura de «antifascistas», es un término general para grupos activistas de extrema izquierda y no constituye una entidad única. Generalmente se le identifica más como un movimiento poco definido, sin líderes, formado por manifestantes y activistas

El anuncio de Trump surge después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Y aunque no se ha presentado evidencia que vincule con algún grupo al sospechoso del asesinato, Tyler Robinson, tanto Trump como altos funcionarios de su gobierno han culpado repetidamente a grupos de izquierda de crear un clima de hostilidad hacia los conservadores antes del asesinato de Kirk.

Los críticos afirman que Trump está utilizando el asesinato de Kirk como pretexto para reprimir a sus opositores políticos.

Y algunos académicos y expertos argumentan que la medida anunciada por Trump de designar a un grupo o movimiento doméstico como organización terrorista carece de fundamento legal y violaría la Primera Enmieda de la Constitución que protege la libertad de expresión.

Pero ¿qué es Antifa y a quién representan?

¿A qué se oponen?

El objetivo de Antifa es impedir que grupos conservadores tengan una plataforma para promover sus ideas, argumentando que la manifestación pública de esas ideas conduce a ataques contra personas marginadas, incluyendo minorías raciales, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+.

«El argumento es que el antifascismo militante es inherentemente autodefensa debido a la violencia históricamente documentada que ejercen los fascistas, especialmente contra las personas marginadas», dice Mark Bray, autor de «Antifa: El Manual Antifascista» y profesor de historia en la Universidad de Rutgers.

Aunque el grupo en ocasiones se cataloga como una organización de izquierda o de extrema izquierda, sus miembros se han focalizado en luchar contra la ideología de extrema derecha, más que en promover iniciativas que representen a un sector determinado del sistema político.

A diferencia de los movimientos o los partidos de izquierda convencionales, el grupo no busca conseguir cuotas de poder ganando elecciones o influyendo en la aprobación de leyes en el Congreso.

Con un fuerte discurso anticapitalista, sus tácticas han sido relacionadas con las de grupos anarquistas, más que con la izquierda tradicional.

¿Cómo se originaron?

Algunos grupos Antifa datan los orígenes de su movimiento en las luchas contra los fascistas europeos en las décadas de 1920 y 1930.

Mark Bray afirma que el Antifa estadounidense moderno comenzó en la década de 1980 con un grupo llamado Acción Antirracista. Sus miembros se enfrentaron a skinheads neonazis en conciertos punk en el Medio Oeste estadounidense y otros lugares.

Pero a principios de la década de 2000 el movimiento casi desapareció por completo en Estados Unidos. Sólo experimentó un auge de interés con el ascenso de Donald Trump y su primera elección en 2016.

Desde entonces, los activistas de Antifa se han enfrentado habitualmente con manifestantes de extrema derecha y la policía, tanto en acaloradas discusiones en línea como en violentas protestas por todo Estados Unidos, como el violento enfrentamiento con nacionalistas blancos en Charlottesville en 2017 y las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis en 2020.

Sus tácticas

Antifa no reniega sobre el uso de la violencia como un método válido para protestar en las calles, incluyendo la destrucción de propiedad privada y, en ocasiones, la violencia física contra sus opositores.

Como el movimiento busca interrumpir eventos de la extrema derecha y a sus oradores, emplean diversas tácticas, como gritar, corear y formar cadenas humanas para bloquear a los manifestantes de derecha.

En internet sus tácticas incluyen monitorear a la extrema derecha en redes sociales y también divulgar información personal sobre sus opositores.

Los grupos Antifa también utilizan formas más tradicionales de organización comunitaria, como manifestaciones y marchas de protesta. Las facciones más extremistas portan armas como gas pimienta, cuchillos, ladrillos y cadenas, y no descartan la violencia.

Los críticos del movimiento afirman que lo que distingue a Antifa de la izquierda convencional es la disposición de algunos activistas a usar la violencia para promover su causa.

Los simpatizantes de Antifa, a su vez, afirman que el uso de la fuerza es en defensa propia o para defender a sus comunidades.

Organización terrorista

No está claro cómo la administración etiquetaría como organización terrorista lo que, en efecto, es un movimiento descentralizado y sin una estructura de liderazgo o jerarquía clara, y la Casa Blanca no ha ofrecido más detalles.

Además, el movimiento es una entidad nacional y, como tal, no es candidata a ser incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.

En esta lista están incluidas organizaciones extremistas como Estado Islámico y Al Qaeda y este año se incluyó también a varias bandas, pandillas y carteles de drogas latinoamericanos.

La designación de «organización terrorista» es importante porque, en parte, permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades incluidas en ella, incluso si dicho apoyo no resulta en violencia.

Trump inicialmente planteó la idea de designar a Antifa organización terrorista en 2020, en medio de las violentas protestas a nivel nacional tras la muerte de George Floyd.

En aquel momento, expertos legales afirmaron que tal medida carecía de fundamento legal, sería difícil de implementar y planteaba inquietudes sobre la libertad de expresión (protegida en la Primera Enmienda de la Constitución), dado que adherirse a una ideología generalmente no se considera un delito.

«No existe ninguna autoridad legal para hacerlo, y si se aprobara (una ley de terrorismo doméstico), se enfrentaría a serias impugnaciones de la Primera Enmienda», le dijo al New York Times Mary B. McCord, exdirectora de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

«Pero, actualmente, la única autoridad antiterrorista (en EE.UU) es para las organizaciones terroristas extranjeras», agregó.

También en 2020 el entonces director del FBI durante la administración de Trump, Christopher Wray, dijo en su testimonio que Antifa era «una ideología o un movimiento, no una organización» y como tal carecía de la estructura jerárquica que normalmente le permitiría ser designada como grupo terrorista por el gobierno federal.

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el jueves que ha incautado más de 75.000 libras de cocaína en el Océano Pacífico Oriental desde que lanzó la Operación Víbora del Pacífico a principios de agosto, con un promedio de más de 1.800 libras interceptadas diariamente.

Por: Guardia Costera de EEUU

Estas incautaciones de drogas y la aprehensión de 59 personas sospechosas de narcotráfico fueron el resultado de más de 20 interdicciones desde el 8 de agosto.

A través de la Operación Víbora del Pacífico, la Guardia Costera está intensificando las operaciones antidrogas en el Océano Pacífico Oriental, donde continúa un importante transporte de narcóticos ilícitos desde Sudamérica. En coordinación con socios internacionales e interinstitucionales, la Guardia Costera está aumentando sus recursos —buques, aeronaves y equipos tácticos— para interceptar, incautar e interrumpir el transbordo de cocaína y otras drogas ilícitas a granel. La Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger el territorio nacional, combatir el narcotráfico y desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras, las Organizaciones Criminales Transnacionales y los cárteles que buscan producir y traficar drogas ilícitas a Estados Unidos.

“La fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera es incansable en nuestras operaciones continuas para combatir el narcotráfico”, declaró el Contralmirante Jeffrey Novak, subcomandante del Área del Pacífico. “Nuestro último hito en la Operación Víbora del Pacífico —más de 34.900 kilos de cocaína incautados— subraya nuestro compromiso con el desmantelamiento de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Organizaciones Criminales Transnacionales dedicadas al narcotráfico. La Guardia Costera está desplegando toda la autoridad y capacidad a nuestra disposición para desmantelar cárteles y organizaciones criminales, detener el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos y asegurar las fronteras y los accesos marítimos estadounidenses. Mientras continuamos nuestra labor crucial para defender a Estados Unidos, estoy sumamente orgulloso de los hombres y mujeres de la Guardia Costera que celebran este hito”.

Detectar e interceptar el narcotráfico en alta mar requiere una importante coordinación interinstitucional e internacional. La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur del Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Cayo Hueso, Florida, detecta y monitorea el tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales. Una vez que la interceptación es inminente, comienza la fase policial de la operación, y el control de la misma recae en la Guardia Costera de los Estados Unidos durante todo el proceso de interceptación y aprehensión. Las interceptaciones en el Océano Pacífico Oriental son realizadas por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos bajo la autoridad y el control del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, con sede en Alameda, California.

La Guardia Costera es la principal agencia federal de Estados Unidos para la interdicción marítima de drogas. Formamos parte del equipo del Departamento de Seguridad Nacional que protege a nuestra nación y somos en todo momento un servicio militar y parte de la fuerza conjunta que la defiende.

En medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, en cuyo centro se encuentra el despliegue de al menos ocho buques de guerra estadounidenses en el Caribe, la Aviación Militar Bolivariana (AMB) difundió el lunes imágenes de aviones de caza de fabricación rusa Sukhoi Su-30 equipados con misiles antibuque.

CNN

La AMB publicó en su cuenta de Instagram un video de las aeronaves, primero en tierra, donde pueden verse los misiles colgando de las alas, y luego volando.

Al menos una parte del video había sido compartida en redes sociales ya en 2024, según pudo constatar CNN. No está aclarado cuándo se tomaron las restantes imágenes. CNN contactó al Ministerio de Defensa de Venezuela para pedir más información y espera respuesta.

Según la publicación, se trata de cazas rusos Sukhoi Su-30 MK2 del Grupo Aéreo de Caza 13 “Leones”, armados con misiles aire-superficie antibuque Kh-31 “Krypton”, también de fabricación rusa.

De acuerdo con un informe del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías (CAST, por sus siglas en inglés), Venezuela compró a Rusia un número desconocido de ese tipo de misiles, que llegaron al país entre 2007 y 2008.

En tanto, según el Balance Militar 2024 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Venezuela cuenta con misiles Kh-31 en sus versiones antibuque y antiradar.

Venezuela opera en total con 21 cazas Su-30MK2, aunque no está claro cuántos están en servicio dados los problemas económicos que ha enfrentado el país en la última década, que han afectado al arsenal venezolano. En un informe de la ONG venezolana Control Ciudadano sobre accidentes aéreos militares en Venezuela en las últimas dos décadas, se destaca tanto la “opacidad” del Gobierno en sus informes como los posibles “problemas de obsolescencia de sistemas y de mantenimiento y falta de repuestos”.

CNN contactó a los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios y espera respuesta.

La difusión de este video por parte de Venezuela se produce en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por el despliegue naval que Washington ha hecho en aguas del Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico, y poco antes del anuncio por parte de Venezuela de una serie de maniobras militares en la isla venezolana de La Orchila, en el Caribe.

Al menos ocho buques de guerra de EE.UU., incluyendo tres destructores clase Arleigh Burke, el crucero Lake Erie, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y un submarino de propulsión nuclear, participan del despliegue iniciado a mediados de agosto.

Venezuela alega que estas maniobras buscan amedrentar y amenazar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que ha dicho que responderá si es blanco de alguna agresión. Caracas ha desplegado tropas y llamó a ciudadanos a alistarse como reservistas para que actúen si es necesario.

El miércoles el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció el inicio de un ejercicio militar que incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 soldados durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, ante la que considera una “amenaza” de Estados Unidos.

El operativo “Caribe Soberano 200” incluye 12 buques de la Armada Bolivariana “en sus diferentes clases y tipos”, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones, según dijo Padrino en la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Un día antes el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales, Richard Grenell, dijo que aún cree posible que Estados Unidos alcance un acuerdo con Venezuela y en “evitar la guerra”, durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Paraguay.

La escalada entre Estados Unidos y Venezuela también está afectando a Brasil. A principios de agosto, Washington desplegó en el mar Caribe ocho buques de guerra equipados con misiles y un submarino nuclear, oficialmente como parte de una estrategia antidroga. Las tensiones se han agravado aún más en las últimas semanas con la destrucción de tres embarcaciones. El presidente Lula comentó las tensiones actuales en una entrevista con el canal de televisión SBT, diciendo que Brasil no tiene “controversias internacionales” y que permanecerá “del lado en el que siempre ha estado, es decir, del lado de la paz”. El ministro de Defensa, José Múcio, también declaró que el Gobierno brasileño sigue de cerca la escalada, pero reiteró que su país no tomará partido en el conflicto. Múcio subrayó que “el compromiso de las Fuerzas Armadas brasileñas a lo largo de la frontera con Venezuela es constante”. Comparó la situación con una disputa entre vecinos y afirmó que Brasil no quiere que se toque su territorio ni que la región fronteriza se convierta en una “trinchera”. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, ha defendido en los últimos días la idea de que Brasil desarrolle armas nucleares para su defensa nacional.

Por: Maria Zuppello – Infobae

En una entrevista concedida el lunes a CNN en Español, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, también se refirió a Venezuela, con la que el Gobierno brasileño “espera poder continuar el diálogo”, manteniendo incluso a su embajadora. Refiriéndose a las elecciones presidenciales del año pasado, dijo que “Brasil no reconoce gobiernos, sino solo Estados” y que, por esta razón, no ha habido un reconocimiento oficial del ejecutivo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, en la COP30, la delegación venezolana, junto con Cuba y otros 11 países, todos sancionados por Washington, no podrá alojarse en el barco de Costa Cruceros contratado por el Gobierno brasileño, ya que es propiedad del grupo estadounidense Carnival Corporation. En un comunicado, el Comité Nacional de la COP30 reiteró que las restricciones se deben a “una necesidad internacional, que no deriva de la decisión de la empresa encargada de la operación, del Gobierno brasileño, de Embratur (la entidad brasileña de turismo) ni del Comité Nacional de la COP30”.

Sobre el tema del narcotráfico con el que Trump está justificando su estrategia hacia Venezuela, intervino ayer también el asesor de Lula para la política exterior, Celso Amorim. “La lucha contra las drogas debe llevarse a cabo, pero sobre la base de la cooperación y la acción soberana de los Estados. Se puede aceptar la cooperación, pero no a través de amenazas militares”, dijo Amorim, quien también se refirió a la presión de Washington para que se designe a grupos criminales como el brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas. “Creo también que, por grave que sea, la lucha contra las drogas no puede confundirse con el terrorismo, que es algo completamente diferente, destinado a destruir los Estados. Es una cuestión diferente y debe ser un concepto diferente”, concluyó Amorim. Sus declaraciones se producen menos de 48 horas después de una de las peores ejecuciones contra funcionarios del Estado que ha vivido Brasil en los últimos años, la del exjefe de la Policía Civil de San Pablo, Ruy Ferraz Fontes, de 63 años, asesinado con 69 disparos mientras se encontraba en su coche en la costa de São Paulo, en Praia Grande. Fontes, que estaba jubilado y trabajaba como secretario de Administración del Ayuntamiento de Praia Grande, fue uno de los primeros en investigar y procesar hace 25 años a los líderes del PCC.

Según han revelado fuentes investigativas a Infobae, el PCC colabora desde hace tiempo con su homólogo venezolano, el Tren de Aragua, nacido en 2014 dentro de la cárcel de Tocorón. Surgido como una banda carcelaria dedicada a la extorsión y la corrupción, el Tren de Aragua se ha convertido en una estructura transnacional con ramificaciones en varios países del continente, entre ellos Brasil. Sus actividades incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución y el contrabando de migrantes, así como el control de la minería ilegal en la frontera con Brasil. La administración Trump lo ha clasificado como grupo “narcoterrorista”.

Entre los buscados por Estados Unidos se encuentra el líder máximo del grupo que, aprovechando la porosidad de la frontera con el estado brasileño de Roraima, podría encontrarse en Brasil o viajar allí con frecuencia, según las investigaciones. Se trata de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, de 41 años, condenado por asesinato, tráfico y contrabando. Se le considera el responsable de haber convertido la banda en una organización con influencia en todo el hemisferio. Washington ofrece 5 millones de dólares por su captura. Tras la operación de 2023 en la prisión de Tocorón, de la que escapó a través de un túnel con la ayuda de agentes corruptos, es un fugitivo. Otros dos buscados también podrían moverse por la frontera brasileña. Se trata del brazo derecho de Guerrero, Yohan José Romero, alias Johan Petrica, de 47 años. Gestiona las minas de oro ilegales del grupo en Venezuela, especialmente en la zona de Las Claritas, en el estado Bolívar, una de las zonas auríferas más ricas del mundo, en la frontera con Brasil y Guyana. Petrica también suministra armas militares a la banda para reforzar el control territorial y hacer frente a la guerrilla colombiana. Estados Unidos ofrece 4 millones de dólares por información sobre él. Giovanni Vicente Mosquera Serrano, de 37 años, también entró en la lista de los 10 más buscados por el FBI en julio de 2025 y podría haber pasado por Brasil. Según las acusaciones, coordina operaciones del grupo que van desde el tráfico de drogas y personas hasta el contrabando de armas y delitos violentos en Estados Unidos. Washington ofrece 3 millones de dólares por su captura. En territorio brasileño, el Tren de Aragua opera en los estados de Roraima, Amazonas, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, especialmente en zonas cercanas a la frontera. Según la policía de Roraima, la ausencia de controles sistemáticos en la frontera permite la entrada de personas sin documentos ni registro, lo que abre la puerta a la presencia de los líderes de la banda en territorio brasileño.

Otros grupos criminales venezolanos también están entrando en territorio brasileño, como lo demuestra el caso de Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, de 43 años, líder de la Banda de Juancho, una de las principales organizaciones criminales del estado de Bolívar, en Venezuela, activa sobre todo en el contrabando de oro y el control de las minas en la zona de Las Claritas. También está acusado de asesinato, tráfico de armas, extorsión y violencia contra comunidades indígenas, en particular los arahuacos. Detenido en Brasil en noviembre de 2023, estaba recluido en Boa Vista, la capital de Roraima. Venezuela había solicitado su extradición, que fue concedida en abril de 2025 por el Tribunal Supremo Federal, con la condición de que no se le aplicaran penas contrarias a la legislación brasileña. A la espera de las garantías formales de Caracas, su prisión preventiva se transformó en arresto domiciliario con tobillera electrónica en enero de 2025. Pero el 10 de mayo de 2025, Juancho logró escapar de forma espectacular haciendo que un doble con rasgos físicos similares llevara su tobillera electrónica y eludiendo así los controles. A día de hoy, sigue en paradero desconocido.

Mientras tanto, el narcotráfico continúa sin cesar entre los dos países. En los últimos días, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó un avión Beechcraft 58 Baron procedente de Venezuela que transportaba 380 kg de skunk tras entrar ilegalmente en el espacio aéreo brasileño cerca de Presidente Figueiredo, ciudad del estado de Amazonas. El skunk es una variedad de marihuana muy potente, obtenida mediante selecciones genéticas y cultivos específicos, a menudo en invernaderos cerrados. No está claro si se había producido en Venezuela o en el vecino Caribe. El avión fue perseguido por cazas, pero el piloto desobedeció las órdenes militares y estrelló el avión en el embalse de Balbina, cerca de Presidente Figueiredo. No se trata de un episodio aislado. El pasado mes de febrero, otro avión se estrelló en la Amazonia, también procedente clandestinamente de Venezuela y con cocaína a bordo.

La frontera entre los dos países, que se extiende a lo largo de 2199 km a través de los estados de Amazonas y Roraima, representa cada vez más un problema para Brasil. Es una frontera compleja por sus características naturales, ya que se encuentra en el corazón de la Amazonia, y porosa por la dificultad de controlarla, también debido al importante flujo de migrantes venezolanos que ha vuelto a dispararse tras las elecciones legislativas y administrativas de este año. Por ella pasa de todo: drogas, oro y dinero.

También la vecina Guyana, objeto de conflicto con el gobierno de Maduro, que reclama la soberanía sobre la región de Essequibo, está interviniendo para reforzar la protección de la frontera junto con Brasil. La construcción en curso de su nueva superautopista de 500 km para conectar la capital, Georgetown, con la frontera del estado de Roraima, y completada por una red de puentes y puertos, reducirá drásticamente no solo los tiempos de transporte hacia el gigante latinoamericano, sino que garantizará una mayor seguridad. De hecho, la carretera atravesará zonas remotas y sensibles, en particular la región del Essequibo, en cuyas proximidades Maduro está intensificando no solo la retórica, sino también las presiones militares.

Además de haber ratificado la movilización de 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia y en la costa que da al mar del Caribe desde hace semanas, el régimen venezolano también está provocando a Guyana, enviando a la frontera con Essequibo militares que realizan maniobras y construyen pequeños campamentos. Por lo tanto, la Operación Atlas 2025 de las Fuerzas Armadas brasileñas, iniciada en agosto en Manaos y que se prolongará hasta el 9 de octubre en Roraima, es muy importante para Brasil. Se trata del mayor ejercicio militar de la historia del país, en el que participan unos 10.000 militares de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. La operación se lleva a cabo en un momento delicado, no solo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, sino también entre Washington y Brasil. En un contexto ya tenso en el plano diplomático debido a las fricciones entre los gobiernos de Lula y Trump, los militares estadounidenses cancelaron un evento conjunto con la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y no respondieron a la invitación para participar en otra operación de ejercicios militares conjuntos, la Formosa 2025. Poco después, el Gobierno brasileño canceló, oficialmente por motivos económicos, la segunda fase de la misma operación y la Operación Core 2025 prevista en el noroeste del país. A pesar de la reciente colaboración en el ejercicio militar Tápio 2025, crece la preocupación en Brasilia de que este deterioro pueda comprometer la participación en el programa FPS de Estados Unidos, que permite a los países socios adquirir a precios reducidos equipos estratégicos como aviones y misiles.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, pidió el miércoles a las Naciones Unidas (ONU) que impida que Estados Unidos inicie una guerra en la región, en medio de crecientes tensiones debido a una acumulación militar en el Caribe para contrarrestar a los cárteles de la droga.

Por: Marc Frank y Nelson Acosta – Reuters

«Hago un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad para que cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus prerrogativas bajo el mandato de la Carta para preservar la paz en nuestra región», dijo Rodríguez en una conferencia de prensa en La Habana para lanzar su campaña anual por una resolución de las Naciones Unidas que condene el embargo comercial.

El canciller dijo que combatir el narcotráfico en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos era un «pretexto crudo y ridículo» para la agresión.

«Estados Unidos es hoy el principal centro financiero y el principal centro de lavado de activos extranjeros que se originan en el crimen organizado transnacional, fundamentalmente el narcotráfico», acusó.

Las tensiones han ido en aumento entre Washington y Venezuela, el aliado político y económico más importante de Cuba, después de los ataques militares estadounidenses en el Caribe contra tres lanchas que salían de Venezuela que, según afirmaba, transportaban drogas.

«La interceptación y destrucción de barcos, la ejecución extrajudicial de civiles, la interceptación de buques pesqueros… crear una situación peligrosa que amenace la paz y la seguridad», dijo Rodríguez.