Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La política, como ciencia y arte de la conducción pacífica de la sociedad, ha desaparecido en nuestra Venezuela. Es el resultado de veintiséis años de hegemonía y control del Estado y de la sociedad por parte del socialismo del siglo XXI. Aquella alianza de sectores diversos de la izquierda radical, de la izquierda democrática y de las reservas del militarismo decimonónico ha terminado convertida en una banda criminal que se apoderó del Estado venezolano para sostener una corporación internacional dedicada al saqueo de nuestros recursos naturales, a la producción y comercialización de drogas y al uso del poder para su concupiscencia.

Eso explica la deriva autoritaria. Solo destruyendo el Estado de derecho y estableciendo una cruel dictadura se podía sostener un régimen supercorrupto como el que padecemos los venezolanos. Al llegar a un nivel de degradación de esta naturaleza es imposible pensar en una solución dentro del campo de la democracia, que supone la negociación y el entendimiento entre factores disímiles. Lamentablemente, cuando eso ocurre se abre el terreno a la violencia, porque quienes ejercen el poder la representan y la aplican, haciéndolo en nombre de la política. Es decir: manifiestan hacer política, hablan como políticos, pero en la realidad su comportamiento no es político; es delictivo, es violento, vale decir, es terrorista.

Por eso, el planteamiento formulado en estos días —luego de la decisión de Estados Unidos de declarar al gobierno de Maduro como un “cártel terrorista”— por sectores y actores políticos que abogan por una “solución política”, es decir, una solución acordada en una mesa de diálogo, resulta o una ingenuidad o, lo más probable, una complicidad con los agentes del crimen.

Los hechos son suficientemente elocuentes para descartar la viabilidad de una solución pacífica a la situación planteada tras el largo prontuario de los usurpadores, salvo que se produzca su rendición y retiro del poder. La sociedad democrática venezolana ha intentado todas las vías y opciones posibles para lograr una convivencia civilizada con quienes se instalaron en el poder desde 1999.

Un poder legislativo desconocido: la Asamblea Nacional de 2015; una asamblea constituyente fraudulenta en todos los órdenes: la de 2017; y una elección presidencial robada: la del 28 de julio de 2024, constituyen un récord en materia de desconocimiento absoluto de la soberanía popular. La ruina de nuestra nación, centenares de muertos por razones políticas, miles de presos por idénticas razones, decenas de miles de exiliados, entre otros elementos, revelan la perversidad de la camarilla usurpadora.

Por lo menos doce mesas de diálogo o gestiones de buenos oficios se han desarrollado para recomponer la vida democrática. Los hechos evidencian que la camarilla roja acude a este instrumento cuando se ve en dificultades, con el objetivo de ganar tiempo, desarticular y desmoralizar a sus oponentes y avanzar en su plan de control absoluto de la sociedad.

En estos días circulan nuevamente documentos y propuestas para justificar la urgencia de esa negociación, la conveniencia de una nueva mesa de diálogo. Algunos tienen, además, el cinismo de poner por delante el nombre de Edmundo González y de María Corina Machado, no porque piensen que ello sea viable, sino para tratar de escudarse detrás de sus nombres en el verdadero objetivo que los mueve: darle más tiempo a Maduro en Miraflores.

Otros han asomado, luego del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, la posibilidad de efectuar una nueva elección presidencial. Olvidan la del 28 de julio de 2024, pero, sobre todo, se hacen los inocentes al pasar por alto un hecho público y notorio: la propuesta formulada el 14 de marzo de este año 2025 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien planteó precisamente resolver la crisis con una nueva elección bajo la organización y observación de la comunidad internacional.

Entonces Rubio expresó en una entrevista en el canal norteamericano Fox News: “Creo que el futuro de Venezuela le corresponde al pueblo venezolano, y la solución es una elección legítima, democrática y observada, lo que no ha ocurrido. Maduro jamás puede ganar una elección legítima en Venezuela, y él lo sabe. Por eso se robaron las últimas elecciones.”

Esa propuesta fue rechazada por Maduro y su camarilla. Por eso resulta patético que, en este momento, cuando enfrentan una amenaza real, salgan estos iluminados a sentar cátedra cuando hace apenas unos meses callaron.

Los ciudadanos hicimos nuestro trabajo, cumplimos con nuestro deber. Nos organizamos, superando un plan de hostigamiento violento y de arbitrariedades, y derrotamos a la dictadura. El robo de la elección presidencial solo se explica por el interés en mantener los negocios sucios al amparo del poder, y por el temor de la cúpula roja a enfrentar la justicia por los crímenes cometidos. 

La semana pasada vi y escuché a una dama de este sector de la política expresar, en un programa de televisión afín a la dictadura, la siguiente afirmación: “El tema de los cárteles de la droga es un pretexto para unas operaciones militares”. Subestiman o ignoran la gravedad del narcotráfico en nuestro país. Se aprecia una evasiva a examinar esta variable. El chavomadurismo se involucró en el negocio del narcotráfico desde su inicio en el poder. Sus nexos con la guerrilla de Colombia no se limitan al discurso ideológico: van más allá, tienen en el negocio de la droga su más sólido sostén. El fenómeno tomó todo el país y siempre ha contado con el respaldo de las instancias del poder político establecido.

En estos días, con ocasión del hundimiento de una lancha venezolana en el Caribe, recordé una visita mía a la península de Paria, en el extremo oriental de nuestro país. En ese recorrido, realizado en agosto de 2013, hablé con líderes sociales, políticos, económicos y religiosos de esa región. Tengo aún presente un diálogo sostenido con un importante sacerdote católico de esas comunidades. El religioso me confesó la presencia alarmante del narcotráfico en toda la costa de la península. Expresaba su preocupación por la forma como los pescadores estaban siendo captados y comprometidos en el tráfico de drogas, razón por la cual la actividad pesquera había reducido su rendimiento.

Más recientemente, el año pasado, con ocasión de la proximidad de la elección presidencial, conversé en una pescadería de Caracas con el propietario del establecimiento y con un joven conductor de una unidad de transporte de pescado que traía desde Güiria, Yaguaraparo y Carúpano productos del mar hasta los comercios de la capital. El diálogo se estableció a propósito de mi invitación a votar por Edmundo González Urrutia en la elección que se celebraría en los próximos días. El joven nos expresó —al comerciante y a mí— su deseo de votar por Edmundo y su aspiración a que se produjera un cambio. Pero nos confesó claramente que no lo iba a poder hacer porque “los dueños del pueblo” los estaban obligando a votar por Maduro.

Cuando le preguntamos por esos “dueños del pueblo” nos explicó que eran los responsables de comercializar la droga. Nos contó la doble fachada de algunos de ellos: en apariencia pescadores, en realidad transportistas de droga. La gravedad se hacía más patética porque todo se imponía con dinero o a sangre y fuego. Esos personajes, comentaba el joven, tenían total conexión con los funcionarios militares y policiales de la zona y con los jefes políticos del PSUV. Ciertamente allí se había consolidado lo que Maduro, Diosdado y Padrino han llamado “la perfecta fusión cívico-militar-policial”. Están todos fusionados.

De modo que los cuestionadores de esta operación de Estados Unidos en el Caribe, y los proponentes de un nuevo diálogo o una nueva elección, no han entendido la magnitud del problema, o disimulan, o simplemente son agentes de ese mismo ecosistema criminal.

No es lo mismo combatir a unos cárteles de la droga “normales” que combatir a un Estado devenido en cártel. Por eso se cierran las soluciones políticas y por eso es menester apelar a la fuerza para desalojarlos del poder usurpado y limpiar a la sociedad de esos personajes que, presumiendo de políticos, son simples agentes de una banda criminal que hace estragos en estos tiempos.

A esta situación hemos llegado producto de la naturaleza criminal de la usurpación. Su desplazamiento del poder y su eliminación como camarilla traerán, sin lugar a dudas, daños colaterales. Jamás hemos querido ver a nuestra Venezuela sumida en una situación de violencia. Ella existe porque la instauró el socialismo chavista. Esa violencia, esa perversión y destrucción constituyen hoy el gran mal de nuestra patria. El mal menor será su expulsión del poder. No asumirlo significaría continuar con el mal mayor, cuyos efectos corrosivos son tan elevados y catastróficos que terminarían por liquidar la República. Ha llegado, entonces, la hora de impulsar el mal menor para evitar males mayores.

César Pérez Vivas

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, evitó responder a las preguntas sobre la legalidad de los ataques liderados por Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe. En su lugar, afirmó que su principal preocupación es el uso de la región por parte de estas organizaciones criminales.

El Nacional

«Nos preocupa que los delincuentes utilicen aguas internacionales o la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, destruyendo economías, destruyendo países, destruyendo personas», declaró Ali en rueda de prensa.

El mandatario guyanés insistió en que su país «colaborará» con sus socios internacionales para «proteger esta región». Detalló que Guyana ha estado en contacto con sus aliados para solicitar apoyo en vigilancia aérea y sistemas de rastreo, con el objetivo de evitar que su territorio sea usado por «ninguna red criminal», reseñó Efe.

Indicó que se ha emitido una «alerta acerca de los vuelos sobre Guyana de presuntos narcotraficantes y aviones con drogas».

Tensión en la región

Guyana y Venezuela mantienen una disputa por la región del Esequibo, territorio administrado por Georgetown y reclamado por Caracas, y que se dirime en la Corte Internacional de Justicia.

Guyana y Trinidad y Tobago han manifestado su apoyo a la operación antidrogas liderada por EE UU, que ha desplegado militares en el Caribe, cerca de Venezuela.

Hace dos días, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, advirtió a Guyana y Trinidad y Tobago que si sus territorios son utilizados para atacar a Venezuela, «recibirán una respuesta» en «legítima defensa».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas de su país han atacado a tres, y no a dos, embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.

En la primavera de 1975, la Fracción del Ejército Rojo, más conocida como la banda Baader-Meinhof, asaltó la Embajada de Alemania Occidental en Estocolmo y asesinó a dos de sus empleados antes de incendiar el edificio. Tras el ataque, un tabloide británico publicó un titular cuya crudeza ocultaba su profundidad: « Entonces, ¿quién está enfermo? ».

Zero Hedge

Era menos un titular que un diagnóstico retórico, que reflejaba la perplejidad ante estos actos de terror aparentemente insensatos. ¿Era el mundo burgués condenado como corrupto por estos supuestos revolucionarios, o eran los propios revolucionarios, quienes en su fervor moral parecían poseídos por demonios?

La pregunta nunca tuvo una respuesta fácil en aquel momento, y sigue siendo igual de punzante en el nuestro. Porque cuando, medio siglo después, Charlie Kirk fue asesinado en pleno debate cívico, y cuando las voces de la izquierda «progresista» responden no con horror sino con una alegría infernal, nos vemos obligados una vez más a afrontar la misma ambigüedad.

¿Quién está enfermo? ¿Quién está realmente enfermo? La pregunta aún flota en el aire, acusando tanto a su público como a sus protagonistas.

El eclipse de la compasión

El asesinato de Charlie Kirk fue bastante bárbaro, pero lo que siguió fue aún más escalofriante. Las redes sociales, ese gran teatro del sentimiento contemporáneo, resonaron con júbilo en lugar de dolor. Donde la respuesta natural debería haber sido el duelo y la reflexión sobria, hubo en cambio celebración, aplausos e incluso júbilo. Las antiguas devociones de compasión y dignidad humana fueron pisoteadas bajo un coro de malevolencia.

Si nos remontamos a 1975, podemos discernir que el espectáculo no carece de precedentes. El cronista del ascenso y caída de la Fracción del Ejército Rojo, Stefan Aust, describió la psicosis que impulsó su violencia como el  Complejo Baader-Meinhof : una mezcla tóxica de ideología revolucionaria, angustia de clase media y culto a la personalidad, en la que la política se fusionaba con la patología. El terror y el derramamiento de sangre eran la expresión lógica de esta cosmovisión.

Jillian Becker, en su estudio del mismo fenómeno publicado en 1977, situó el surgimiento de la banda Baader-Meinhof dentro de un marco histórico extendido, rastreando cómo los radicales de posguerra de Alemania Occidental eran hijos de quienes habían vivido durante el Tercer Reich: padres cuya relación con el nazismo fue a menudo ambivalente, a veces impenitente. Sus hijos los juzgaron culpables de complicidad o cobardía. A su vez, sentían que no tenían ninguna tradición que recibir, y mucho menos defender, ninguna autoridad cultural que abrazar como propia. Becker los describió memorablemente como  los Hijos de Hitler , que expresaban su alienación en la violencia contra la misma sociedad que les había dado vida y, a menudo, prosperidad.

Los paralelismos con la actualidad son evidentes. Las turbas odiosas, burlonas y maleducadas en redes sociales y su conversión del rencor en virtud: estas tampoco son simples posturas políticas, sino síntomas de una ruptura generacional. Los «niños perdidos» de Becker en la Alemania de la posguerra quedaron huérfanos por el silencio y las ambigüedades del pasado nazi de sus padres. La juventud actual, aunque moldeada por condiciones diferentes, se siente extrañada de forma análoga: heredera de un orden liberal que predicaba la emancipación, pero solo proponía el desarraigo.

Niños del vacío

El relato de Becker sobre los radicales alemanes de la posguerra trataba sobre una generación olvidada por la historia: hijos que, ante la falta de una herencia que pudieran aceptar sin vergüenza, dirigieron su furia contra la civilización que los había engendrado. Esa rebelión encuentra eco 50 años después.

El canal de YouTube  Richard The Fourth , una de las pocas voces que ofrece reflexiones mesuradas y serenas sobre nuestros tiempos convulsos, se expresó en términos similares sobre aquellos TikTokeros, usuarios de X y BlueSkyers que celebraron el asesinato de Charlie Kirk. «¿Quiénes son estas almas perdidas? ¿De dónde salieron?», preguntó. Eran, sugirió, «los niños perdidos de la generación del baby boom», alienados por los fracasos de un progresismo secular que prometía trascendencia mediante la empatía y la emancipación de la tradición, pero que al final solo les regaló un vacío espiritual.

Estas personas no son monstruos por naturaleza; son descendientes de una cultura que ensalzó la compasión al mismo tiempo que la distanció de la justicia, que proclamó la liberación aun cuando borró las fuentes de significado. La progenie del flower power se ha convertido en hija de un vacío, y en ese vacío, el salvajismo echa raíces.

Los paralelismos históricos, tanto entonces como ahora, son evidentes: la juventud, desconectada de sus raíces culturales, se siente menos atraída por la renovación que por la destrucción. Tanto entonces como ahora, la dislocación genera violencia y desprecio en lugar de reflexión.  Los Hijos de Hitler de Becker  y las «almas perdidas» de Richard están separados por el tiempo y las circunstancias, pero unidos por el mismo patrón: una sociedad que no puede transmitir sus tradiciones a sus sucesores corre el riesgo de ser repudiada por ellos.

Si Aust diagnosticó el  Complejo Baader-Meinhof  y Becker reveló el profundo abandono  que lo sustentaba, las reflexiones de Ricardo IV iluminan la patología de nuestra época. La aclamación ante el asesinato y la inversión de la empatía en su opuesto son síntomas de un  Complejo de Nihilismo Liberal : un síndrome en el que las promesas de la modernidad se desmoronan en petulancia y hostilidad, dejando solo una cohorte de «duendes salvajes», burlándose y aullando hacia el abismo.

Creando la tierra del odio

Los académicos contemporáneos, especialmente en las ciencias sociales, tienen poco que ofrecerle a la humanidad de valor real, pero los pocos decentes —aquellos que escriben para este medio, por supuesto— aún tienen la capacidad de aportar profundidad y perspectiva a algunos de nuestros problemas actuales.

No somos ni espiritualistas ni psicólogos, y no podemos afirmar tener una mayor perspectiva de las mentes de estas almas perdidas que nadie. Lo que sí podemos ofrecer son décadas de dedicación al estudio de la conducta estratégica: los motivos y los medios de quienes recurren a la violencia para alcanzar fines políticos. Y es aquí donde deseamos proponer una tesis que va más allá de considerar el colapso de la empatía como una desafortunada consecuencia de la confusión social.

Lo que presenciamos no es un accidente. Sea cual sea la degradación espiritual y el despojo cultural de estas mentes jóvenes, son, sin embargo, instrumentos de la historia. La forma en que han sido programados psicológicamente no es un capricho del destino; se ha hecho con intención. Han sido condicionados con un propósito.

Explicar esto implica retroceder en la historia. Podríamos empezar con la Revolución Francesa, pero para simplificar, empecemos una década antes de 1975; en 1966, cuando Mao Zedong desató la Revolución Cultural en China, movilizando a la juventud contra sus mayores, a los estudiantes contra los maestros, a los niños contra los padres. No se topó con el caos; lo conjuró, porque el caos era útil.

En  Cisnes Salvajes , las memorias de Jung Chang sobre la turbulencia de su familia durante la Revolución Cultural, relata que Mao gobernó fomentando el desprecio entre las personas. Comprendía los instintos humanos más perversos —la envidia y el resentimiento— y sabía cómo utilizarlos como arma. «Al alimentar lo peor de la gente, Mao creó un páramo moral, una tierra de odio».

Lo que Jung Chang describió no fue una consecuencia incidental del exceso revolucionario, sino el corazón mismo de su método: odio sembrado deliberadamente, división sistemáticamente diseñada, crueldad desatada como instrumento político.

La lección se extendió a Occidente.  Los intelectuales franceses , hastiados por el letargo anquilosado del comunismo soviético, visitaron China y encontraron en el carnaval de destrucción de Mao una vitalidad perversa. Importaron sus ideas, transformándolas en la moneda corriente del pensamiento posestructuralista, que a su vez moldeó las prácticas de la banda Baader-Meinhof y otras similares. De ahí a su afianzamiento en los campus angloamericanos, solo había un paso.

En Estados Unidos, grupos surgidos del radicalismo estudiantil de la década de 1960, como el Weather Underground, adoptaron tácticas similares. Su manifiesto,  Prairie Fire  (1974), llamado así por la máxima de Mao de que una sola chispa puede provocar una conflagración, instaba a los radicales a explotar las divisiones raciales y de clase precisamente porque estas podían volverse insalvables.

Prairie Fire , que sigue siendo un texto influyente en la izquierda radical estadounidense, es un manual para la confrontación permanente. Sus páginas rebosan de la convicción de que la prosperidad de Estados Unidos, sus instituciones y sus libertades constitucionales son obstáculos que deben ser derribados. Exigía una escalada en lugar de la reconciliación: más división, fracturas más profundas, antagonismos más agudos. Para sus autores, la armonía era estancamiento, y el estancamiento era derrota. El odio no era un síntoma pasajero; era el arma misma.

Esta no era una política de justicia, sino de inmolación. La armonía era el enemigo; el odio, el acelerador.

La larga marcha hacia la Academia

Las campañas de violencia libradas por grupos como Weather Underground y la banda Baader-Meinhof finalmente fueron desmanteladas. En el caso de esta última, su caída se vio señalada por el exitoso asalto a un  avión secuestrado de Lufthansa  en Mogadiscio en octubre de 1977 por las Fuerzas Especiales alemanas GSG9, con la asistencia del  SAS , lo que provocó el suicidio de la primera generación de líderes en la prisión de Stammheim. Tras estos reveses, muchos radicales se refugiaron en un terreno más seguro: las universidades. Allí, protegidos por la titularidad y empapados de jerga, redefinieron su lucha como algo menos visible pero más duradero.

Lo que ya no podía perseguirse con bombas y balas se llevó adelante en el lenguaje de la teoría. La teoría crítica, el poscolonialismo, los estudios de género: todos sirvieron al mismo fin. Los sistemas establecidos de conocimiento y razonamiento fueron desmantelados metódicamente, y en su lugar surgió la nueva ortodoxia de la «justicia social». En esta época, la justicia social significaba rencor sin límites. El esfuerzo del intelecto ya no era la búsqueda de la verdad. En cambio, debía redirigirse hacia la fabricación calculada de animosidad.

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe expusieron este programa con sorprendente claridad en  Hegemonía y estrategia socialista  (1985). Su proyecto nunca fue la reconciliación de las diferencias. Se trataba, más bien, en sus palabras, de «extender la conflictividad social a una amplia gama de ámbitos» para generar «nuevos antagonismos», surgidos de «luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, étnicas, regionales o de minorías sexuales». El objetivo era menos cerrar fisuras en el cuerpo político que asegurar que permanecieran como heridas abiertas. La mentalidad académica se reformuló: ya no para pensar y analizar, y mucho menos para buscar la concordia, sino para irritar y exacerbar.

Lo que ofrecieron fue más que teoría; fue una estrategia revolucionaria revestida de ropaje académico. Laclau y Mouffe dejaron claro que la tarea de la política progresista era crear nuevos frentes de enemistad, nuevas identidades definidas no por su esencia, sino por su oposición: un credo de víctimas y opresores, en constante proliferación, eternamente irreconciliados. En su esquema, la intención nunca fue articular la sociedad hasta alcanzar un equilibrio, sino conducirla a una disonancia perpetua.

Este movimiento no fue oculto ni careció de críticos tempranos. Allan Bloom, en  El cierre de la mente americana  (1987), previó adónde conducía todo esto. Advirtió que la universidad estaba dejando de ser la guardiana de la verdad y la cultura. En cambio, se permitía que el relativismo erosionara la tradición, mientras que el agravio desplazaba el aprendizaje. Previó la formación de las líneas de batalla mucho antes de que estallaran las guerras culturales más amplias.

En las décadas siguientes, la academia se desintegró: de bastiones del saber se convirtió en fábricas de desafección. El aula, antes dedicada a la indagación desapasionada, se convirtió en un lugar donde se fomentaban intencionadamente el conflicto y la división.

Discordia de ingeniería

El fin de la Guerra Fría impulsó aún más la iniciativa. Con el supuesto «fin de la historia», el triunfalismo liberal autorizó a las universidades e instituciones a reinventarse como tribunales morales. La política se transformó en ética, y la ética en acusación.

La «diversidad», la «equidad» y la «inclusión» se convirtieron menos en principios de fe que en un conjunto de tácticas: ya no eran instrumentos de compromiso sino de humillación, herramientas mediante las cuales se alimentaba y mantenía el resentimiento. Desde entonces, generaciones de estudiantes han sido entrenadas para denunciar en lugar de razonar, para perseguir en lugar de persuadir. Estas son las Guardias Rojas de Mao reconstituidas para la era digital: ejércitos de la acusación, armados menos con AK-47 que con hashtags y manuales de recursos humanos.

Quienes descartan las «guerras culturales» como una distracción no comprenden la naturaleza del conflicto en nuestra época. El sociólogo  James Davison Hunter , quien acuñó la frase hace tres décadas, advirtió que cuando las disputas dejan de ser argumentos dentro de una realidad compartida y se convierten en enfrentamientos sobre la realidad misma, el acercamiento ya no es posible. En ese punto, la lógica del debate cívico y la política constitucional dan paso a la lógica de la fuerza.

Considerar todo esto como una trágica desgracia es un profundo error. Lo que ha surgido no es un desorden espontáneo, sino una cultura de antipatía cuidadosamente cultivada, nutrida por la teoría, irrigada por pasiones resentidas y sostenida por burocracias cuya supervivencia depende del conflicto perpetuo.

Los frutos de la guerra permanente

La cosecha es evidente: en el caos y los asesinatos en un campus de Utah, en las turbas digitales que se desatan y se enfurecen en las redes sociales, y en un discurso público contaminado por la denuncia, donde los oponentes son presentados como amenazas existenciales —nazis, fascistas y cualquier otra herejía de la época— únicamente por el delito de discrepar. En semejante clima, la posibilidad misma del discurso civil se disuelve, dejando solo la gramática del odio.

Es la misma condición que describió Jung Chang: un sistema político cada vez más caracterizado por la malicia, que alimenta lo peor de sus ciudadanos y que es sostenido por líderes que se benefician de la fractura.

Para reiterar, esto no es un daño colateral.  Es  el diseño. Una sociedad fracturada es una sociedad maleable. Cuanto más se desprecien sus miembros, más fácil será para las élites consolidar el poder con el pretexto de resolver reclamos de derechos contrapuestos. Una sociedad pacífica no puede radicalizarse. Una sociedad en guerra consigo misma puede ser subvertida desde dentro.

Aquí nos enfrentamos a la imagen de nuestros tiempos: jóvenes aplaudiendo el derramamiento de sangre, instituciones que tiemblan ante las turbas, élites que avivan el fuego para obtener ventajas. Esta no es una visión de reforma. No se trata de conciliar las diferencias políticas. Es la sombra de un conflicto perpetuo: el cultivo deliberado de un territorio de odio.

La condición terminal

Así, la pregunta de 1975 —«¿Quién está enfermo?»— ha encontrado respuesta. Ya no son solo los jóvenes quienes se burlan del asesinato, aunque siguen siendo responsables de sus decisiones. Sin embargo, su conducta refleja algo más que un fracaso personal. Es el resultado de una sociedad que abandonó sus tradiciones, vació su propia autoridad y dejó a su juventud expuesta a la manipulación de quienes se benefician de la discordia. Los individuos pueden cargar con la culpa, pero la cultura que los formó también debe ser condenada.

Los signos de decadencia ya no son ocultos. Es la parábola del traje nuevo del Emperador: la farsa se mantiene solo mientras nadie se atreva a decir lo que todos ven. Lo que vivimos es una epidemia de atención : un reconocimiento lento y reticente de que el tejido social está desgastado y de que las fracturas son premeditadas, no fortuitas.

David Horowitz , quien como editor de  Ramparts, la revista radical de la década de 1960  , formó parte de la izquierda radical antes de renunciar a ella, comprendió estas dinámicas mejor que la mayoría. Argumentó que las convulsiones de la época no estaban motivadas por el anhelo de justicia. No se trataba de una búsqueda de paz, sino de un llamado a las armas. Es la guerra la que alimenta las verdaderas pasiones radicales, que no son el altruismo ni el amor, sino el nihilismo y el odio. La realidad de su programa político, lamentó, «implica únicamente una guerra permanente, que no observa la verdad ni respeta la ley, y cuyo objetivo es destruir el único mundo que conocemos».

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David Betz es profesor de Guerra en el Mundo Moderno en el King’s College de Londres. Michael Rainsborough fue director del Departamento de Estudios Bélicos del King’s College de Londres.

La estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) de Venezuela denunció este martes un «nuevo ataque terrorista» contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kV (kilovoltio), el segundo de este tipo en menos de una semana.

El Nacional

En un comunicado, la empresa dijo que se trata de una «agresión extremista» contra una «infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país».

Este ataque, prosiguió, forma parte de «una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional que prevalecerá ante las amenazas externas».

«Estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica, promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras. Su objetivo es claro: quebrantar la armonía nacional, en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica», expresó la entidad, sin dar más detalles.

Protección a la infraestructura eléctrica

La estatal informó de la activación inmediata de «mecanismos de protección y respuesta» para garantizar «tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica», aunque no precisó en el texto qué zonas del país se vieron afectadas.

«Frente a estos hechos, la respuesta de los trabajadores y las trabajadoras de Corpoelec y el pueblo venezolano será firme y cohesionada, demostrando una vez más su determinación ante cualquier amenaza», agregó.

El pasado miércoles, la empresa denunció un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, lo que calificó también como un «sabotaje» que, dijo, se produjo en medio de una «sistemática agresión» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de Venezuela.

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

Por su parte, opositores y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción.

En mayo, el gobierno denunció un «ataque terrorista» contra el sistema eléctrico en el estado Aragua (centro), del que responsabilizó a la «derecha extremista», como suele llamar al sector mayoritario de la oposición.

“No vamos a permitir que un cártel se haga
pasar por gobierno dentro de nuestro hemisferio”.
Marco Rubio

Hace unas semanas, una flota de buques de guerra estadounidenses se desplegó en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Era una escena que parecía salida de una novela de aventuras o de una crónica de los años más tensos de la Guerra Fría: ocho barcos, drones de vigilancia, incluso un submarino de ataque y diez aviones caza furtivos de quinta generación. Oficialmente, se trata de una cruzada antidrogas. Pero en el aire flota la sensación de que aquello es algo más que una cacería de lanchas rápidas cargadas de cocaína.

El 2 de septiembre se produjo la primera acción cinética: una embarcación fue destruida con sus once tripulantes. Donald Trump lo anunció con el desparpajo de quien sabe que el gesto es tan importante como el hecho: “Acabamos de volar una lancha cargada de droga; hay más de donde salió esa”. Sus seguidores celebraron la frase como prueba de fuerza y determinación. Sus críticos vieron en ella el preludio de una escalada que puede transformar el Caribe en un tablero de poder.

La acción se repitió este lunes 15 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos informó sobre la destrucción de una segunda lancha con sus tres ocupantes. Y al parecer hay una tercera embarcación, a la que se refirió ayer sin dar mayores detalles. Ya lo había advertido: es una guerra contra el narcotráfico.

De dictador a capo: el cambio de marco

Durante décadas, la política antidrogas de Washington en América Latina fue esencialmente reactiva: interdicción de cargamentos, arrestos de contrabandistas, campañas de cooperación internacional. Marco Rubio ha roto con esa tradición. “Lo que los detendrá es que se los haga volar por los aires”, declaró en Ciudad de México el secretario de Estado, tras un ataque que destruyó una embarcación sospechosa en aguas cercanas a Venezuela y dejó once fallecidos.

Este giro estratégico tiene un doble objetivo: disuadir a las organizaciones criminales trasnacionales que controlan el tráfico de drogas y enviar una señal inequívoca a los gobiernos que, según Washington, las protegen. En el centro de esta narrativa está Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y señalado por Rubio como “prófugo de la justicia” y líder de “una organización terrorista global que se ha apoderado de un país para enriquecerse».

Ya no es un autócrata. Ahora es considerado el jefe de un cártel narcoterrorista global. Esa mutación semántica no es un capricho: es un punto de inflexión. A un dictador se le sanciona, se le aísla, se le somete a presión diplomática. A un capo se le persigue, se le acorrala, se le neutraliza.

Las fuerzas democráticas venezolanas llevan años pidiendo precisamente eso: que el régimen cabellomadurista sea tratado no como un gobierno ilegítimo, sino como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). 

El cambio de marco jurídico es clave: la Casa Blanca ha utilizado dos designaciones que rara vez se aplican de forma combinada.

  • FTO (Organización Terrorista Extranjera), prevista en la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, convierte en delito federal proveer apoyo material, habilita procesos penales y bloquea el ingreso de miembros o colaboradores a Estados Unidos.
  • SDGT (Terrorista Global Especialmente Designado), amparada en la Orden Ejecutiva 13224 y en la Ley IEEPA, congela activos, prohíbe cualquier transacción financiera y autoriza sanciones contra terceros que representen una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.

Cuando se aplican ambas designaciones, se forma un cerco completo: jurídico, financiero e incluso operativo militar, al habilitar el uso del Título 50 para operaciones de inteligencia y acciones encubiertas. La situación deja de ser política-diplomática y se convierte en militar-judicial.

Una jugada de alto riesgo

Pero esta decisión no está exenta de riesgos. América Latina carga con un trauma histórico: desde la caída de Jacobo Árbenz en 1954 hasta la invasión de Panamá en 1989, cada movimiento de tropas estadounidenses reabre viejas heridas y sospechas de intervencionismo.

El desafío para la administración Trump es mantener la legitimidad de estas acciones en un entorno internacional cada vez más escéptico frente al uso unilateral de la fuerza. Aunque Rubio ha insistido en la cooperación histórica alcanzada con México y otros socios, la narrativa de “guerra contra el narcoterrorismo” recuerda la época de la Doctrina Monroe y puede generar resistencia en gobiernos que temen una reedición de las intervenciones del siglo XX.

La Venezuela de 2025 es un país exhausto, que en julio de 2024 votó de forma abrumadora por un cambio. La Fuerza Armada Nacional vive entre el miedo, la lealtad al statu quo y el instinto de supervivencia. La demostración de fuerza estadounidense en el Caribe puede convertirse en el detonante que fracture el alto mando y haga colapsar el edificio del poder, pero también puede reforzar la cohesión de quienes temen ser los próximos en la lista de extraditables.

El dilema moral

En el fondo, esta es una cuestión moral, no sólo estratégica. ¿Debe la comunidad internacional contemplar pasivamente cómo un país se hunde en la ruina y el narcoterrorismo? ¿O debe actuar para restaurar la democracia, aun a riesgo de equivocarse?

Mario Vargas Llosa lo dijo hasta el cansancio: la libertad es frágil y necesita defensores, aunque esa defensa incomode, incluso cuando asuste. Hoy los venezolanos esperan que esta vez la historia no se repita como farsa. Que el despliegue en el Caribe no sea un espectáculo efímero ni un nuevo desencanto, sino el primer acto de una estrategia coherente que libere a un país secuestrado por una cúpula que convirtió el Estado en negocio y el poder en botín. Esta vez, el Caribe debe dejar de ser el escenario de las promesas incumplidas y convertirse en el prólogo de una transición real a la democracia. No sería la primera vez que el coraje de un pueblo y la presión del exterior confluyen para poner fin a una tiranía que ha mantenido secuestrado a un país durante más de veinte años. Una vez que ocurra, esta operación no será recordada como un acto de fuerza, sino como un acto de justicia.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó este martes que ese organismo cuenta con pruebas que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con operaciones de narcotráfico en Venezuela.

El Nacional

“Creo que, según la inteligencia, los procesos judiciales y las investigaciones, actualmente estamos luchando contra gran parte de la cocaína que sale de Suramérica. Su punto de origen está en Venezuela» y utiliza puntos de transbordo a través de Haití», afirmó Patel ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, al ser consultado por el senador Lindsey Graham.

Agregó que los traficantes utilizan “puntos de navegación hasta Haití; usan vías navegables por el Caribe hasta su punto de destino, que es Estados Unidos».

«Cazaremos a cada uno de esos narcotraficantes”, advirtió.

Cuando Graham le consultó si Venezuela podría ser designada como “Estado patrocinador del terrorismo bajo la ley de Estados Unidos”, Patel manifestó: “Desde mi perspectiva, entregaremos la inteligencia necesaria para cada uno que quiera operar contra estos Estados”.

Trump intensifica presión militar sobre Venezuela

El director del FBI formuló sus declaraciones un día después de que Washington actualizó su lista de las “redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo”, documento en el que Venezuela sigue apareciendo como país clave en el negocio de la droga en la región.

Más temprano, el presidente Donald Trump respondió a las palabras de Maduro, quien asegura que EE UU prepara una invasión contra Venezuela.

“Deje de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos, deje de enviar droga a Estados Unidos”, expresó el mandatario republicano, que confirmó: “Realmente hemos interceptado tres barcos, no dos, pero ustedes solo han visto dos”.

“Le diría con mucha firmeza que deje de enviar gente de sus prisiones a nuestro país”, añadió.

Hasta ahora, el Ejército de Israel venía instando a los residentes a abandonar Ciudad de Gaza por una carretera costera hacia lo que llama una «zona humanitaria» más al sur.

DW

El miércoles 17 de septiembre, los militares israelíes anunciaron la apertura de «una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din», que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.

El portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, anunció que este corredor permanecerá abierto solo 48 horas a partir del mediodía.

Ofensiva terrestre contra Ciudad de Gaza

Un día antes, el Ejército israelí lanzó antes del amanecer un bombardeo masivo sobre Ciudad de Gaza, mientras sus tropas avanzaban hacia el centro de la principal urbe del enclave palestino.

Horas después, las propias fuerzas armadas confirmaron el inicio de una gran ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza, con el fin de expulsar a Hamás de lo que califica como uno de sus últimos bastiones. Un comunicado posterior informó de que, desde entonces, «más de 150 objetivos» han sido atacados en la urbe.

En la sesión plenaria del Senador de la República que se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025, se aprobó una proposición por medio de la cual se “declara al denominado cartel de los Soles como una organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional”.

Infobae

La proposición fue avalada por 33 congresistas y no contó con el respaldo de otros 20, entre ellos, algunos legisladores del Pacto Histórico. De esta manera, se reconoce que el grupo criminal vinculado al narcotráfico, al lavado de activos y a la financiación de grupos terroristas, por lo cual se le reconoce como una amenaza grave para los derechos humanos de los habitantes de Colombia, así como para la estabilidad institucional y la seguridad nacional.

“El Senado de la República exhorta al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que honre los compromisos internacionales, asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”, detalla la proposición, leída por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González.

El senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, como coautor de la proposición, aseguró que la iniciativa debía ser respaldada por sus colegas en el Senado “en voz de protesta y en congruencia” con la decisión que tomó Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Además, recalcó que la problemática en el país se ha ido intensificando debido al incremento de cultivos de hoja de coca en el territorio.

Por otro lado, la congresista Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, afirmó estar en desacuerdo con la proposición porque, a su juicio, el mencionado cartel no existiría y sería, más bien, una invención del Gobierno de Donald Trump. “No existe ese cartel y es un invento de Estados Unidos para presionar a nuestro Caribe colombiano”, dijo.

Asimismo, criticó el apartado en el que se exhorta al Gobierno a declarar al grupo criminal como una organización terrorista transnacional, como lo hizo el Senado, puesto que el Legislativo no tiene las mismas facultades del Ejecutivo en la materia.

El parlamento o el Congreso de la República no puede suplantar las funciones del presidente de la República, y, en ese sentido, es muy importante que se respete la independencia de poderes. Quien dirige la política internacional es el presidente”, precisó la congresista.

Tras la intervención de Zuleta y otros congresistas, el senador Jota Pe Hernández informó que se eliminó ese apartado que generó controversia por instar al presidente Gustavo Petro a actuar en concordancia con el Congreso.

Cartel de los Soles: la visión de Estados Unidos del Gobierno Petro

Este grupo criminal ya fue reconocido como una organización terrorista por Estados Unidos y, según el Departamento Estado, el dictador venezolano Nicolás Maduro es uno de sus líderes. De hecho, el país norteamericano cataloga al cartel como “una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos”.

Justamente por eso estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar y/o condenar a Maduro por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro negó en más de una ocasión que el cartel de los Soles exista. Aseguró, por el contrario, que lo que opera a nivel internacional es una Junta del Narcotráfico.

El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio”, señaló el primer mandatario en X.

El partido Vente Venezuela denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro ejecutó nuevos traslados de presos políticos desde el centro de torturas El Helicoide, en Caracas, hacia cárceles comunes como el penal de Yare II, en el estado Miranda.

Monitoreamos

Según la organización, los familiares de los detenidos se encuentran desesperados al desconocer el paradero de sus parientes, lo que constituye nuevamente una situación de desaparición forzada.

Vente Venezuela también advirtió que durante los traslados los presos políticos son despojados de sus pertenencias y sometidos a aislamiento prolongado en los nuevos centros de reclusión, mientras sus familiares permanecen en la incertidumbre sin recibir información oficial.

“Frente a esta injusticia, el sufrimiento y el desespero, el régimen permanece en silencio, ratificando su política de represión y violación de DDHH”, expresó la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

El partido exigió conocer el paradero de los detenidos y reiteró su llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela.

En noviembre de 2024, la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos cerró un expediente contra Telefónica con una sanción de 85,2 millones de dólares, tras una investigación que concluyó que la filial venezolana de la multinacional española utilizó un sistema fraudulento de subastas de divisas y el pago de comisiones ilegales a un sobrino de Nicolás Maduro.

El Nacional

El Departamento de Justicia determinó que en 2014 Telefónica recurrió a Huawei y ZTE para camuflar los sobornos. La empresa adquirió equipos tecnológicos a precios inflados y las compañías chinas canalizaron 28,9 millones de dólares hacia una cuenta en Panamá vinculada al familiar de Maduro.

Con esa maniobra, la operadora logró convertir bolívares devaluados en dólares y repatriar cerca de 110 millones de dólares.

Vínculos de Telefónica con el chavismo se remontan a 2009

El caso no fue un hecho aislado. Fuentes internas citadas por El Confidencial revelaron que en 2009 Telefónica pagó 40 millones de dólares a un socio de Diosdado Cabello, entonces mano derecha de Hugo Chávez y actual ministro de Interior y Justicia.

La operación buscaba liberar parte de los 1.800 millones de euros que la empresa tenía atrapados en Venezuela por el control de divisas. El jefe de seguridad, Florencio San Agapito, posteriormente condenado en el caso Malaya en España, negoció directamente con Cabello con autorización del entonces presidente de la compañía, César Alierta.

Ese acuerdo permitió recuperar 200 millones de dólares y fue considerado un éxito interno, aunque insuficiente para frenar el deterioro contable. Entre 2010 y 2014, Telefónica perdió más de 7.500 millones de euros debido al colapso del bolívar.

La SEC subrayó que Telefónica no colaboró plenamente en las primeras fases de la investigación, retrasando información clave. Posteriormente sí cooperó, lo que le permitió obtener una reducción del 20% de la sanción.

La compañía destituyó a Pedro Cortez, máximo responsable de la filial venezolana y hombre de confianza del actual presidente, José María Álvarez-Pallete, y se comprometió a disminuir su dependencia de proveedores chinos.

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