Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Hace pocos días, en Sídney, un juez dictó una sentencia que convirtió a las mujeres en parias. La sentencia es, no obstante, un buen ejemplo de la forma en la que las luchas simbólicas, cuando son coordinadas, persistentes y bien financiadas, pueden convertirse en leyes y salir del campo metafórico, del terreno de las ideas, y terminar siendo una guerra violenta. De las guerras de verdad.

La Gaceta de la Iberosfera

La trágica historia comenzó en 2020, cuando una emprendedora, Sall Grover, creó una aplicación exclusivamente para mujeres. La idea era que señoras de todo el mundo pudieran conocerse para salir, tener una cita, ir al cine, irse de vacaciones, alquilar una casa, irse de viaje o lo que se les ocurriera. Lo que Sall quería era que ese espacio estuviera libre de varones, según ella porque estaba harta del acoso que había sufrido en sus trabajos. Aunque la razón no viene al caso, Sall hizo una app y puso las reglas, estaba en todo su derecho. La llamó, a la app, Giggle, y le instaló un software biométrico para verificar que quienes se unían fueran mujeres y evitar así que los hombres accedieran.

Ocurrió entonces que un señor, de esos que no entienden que «no es no» y que se autoidentificaba como «mujer trans», llamado Roxanne Tickle, puso a prueba el software que distinguía a mujeres de varones y, obviamente, su acceso fue denegado. Tickle se quejó en todos los espacios y plataformas que encontró, diciendo que, como «mujer trans» debería ser admitido. Incluso intentó llamar al número personal de Sall y exigió hablar con ella, tal era su obsesión. Pero Sall se negó. Entonces Tickle la demandó. En 2022, el caso llegó a la Comisión Australiana de Derechos Humanos, cosa que no es baladí: que una comisión de DDHH sirva para canalizar obsesiones enfermizas. Tickle acusaba a Grover de discriminar su identidad de género y Sall sostenía que la app realizaba una discriminación de sexo totalmente legal y amparada en las leyes que protegían los espacios seguros para mujeres.

Comenzó el trajinar judicial y las presiones sobre Sall se acrecentaron. Pero Sall volvió a decir no. Era una mujer que seguía diciendo no a las intrusiones a su privacidad. También se negó a que la adoctrinaran con cursos y a que moderaran su app, así que no tuvo otra salida que cerrarla. Era una mujer sola, que estaba perdiendo todo y que seguía de pie negándose a la sumisión. Pero Tickle, (y el lobby que lo amparaba y financiaba y el Estado australiano que lo apoyaba), no se conformó y la siguió acosando. En agosto de 2024, el juez Robert Bromwich le dio la razón a Tickle y al poderoso ejército que se enfrentaba a una mujer sola. Bromwich argumentó que «la condición impuesta de tener que parecer una mujer cisgénero en las fotos enviadas a la aplicación Giggle tuvo el efecto de perjudicar a las mujeres transgénero que no cumplían esa condición». El Estado que no había respetado sus derechos y que la había dejado sin su empresa, obligó además a Sall a resarcir a Tickle con una importante suma de dinero. ¿Qué enseñanzas nos deja el caso Tickle vs Giggle? Muchas.

El juez Bromwich, en su veredicto, consideró que la exclusión de Tickle constituía una discriminación indirecta por motivos de identidad de género. No era una discriminación directa porque no era probable que Sall Grover pudiera saber cuál era la «identidad de género» de Tickle mirando su foto. El software no podía encontrar la «diferencia» entre un señor y una mujer transgénero (a veces, tener que poner por escrito estas obviedades nos hace dimensionar la distopía que estamos viviendo). Entonces el juez dijo que la discriminación era indirecta porque era «la imposición, o la propuesta de imposición, de una condición, requisito o práctica que tiene, o es probable que tenga, el efecto de poner en desventaja a una persona en relación con otra persona o personas que tienen una identidad de género diferente». Y aquí se abre una galaxia de arbitrariedades que es muy difícil de abarcar.

La Ley contra la Discriminación Sexual de Australia define la identidad de género como «la identidad, apariencia o gestos relacionados con el género u otras características relacionadas con el género de una persona sin tener en cuenta el sexo designado de la persona al nacer». Los que hicieron esta ley, como cualquiera de las leyes woke a las que el mundo se está sometiendo ovejunamente, no fueron capaces de definir taxativamente a qué se referían, dejando todo a la arbitrariedad de los jueces. La ley no especifica qué son esos rasgos de identidad, cuáles son esas características de una persona y cómo se reconocen esos gestos que son determinantes para reconocer una identidad. Pero evidentemente está hablando de estereotipos, esos contra los que se supone que se está luchando. Curioso, por decir lo menos. El juez Bromwich sostiene que la app discrimina a «personas que tienen las mismas características que la persona agraviada, que en este caso tienen la misma identidad de género que la Sra. Tickle, es decir, la de una mujer transgénero». El juez no sólo omite describir cuáles son esas características sino contra qué las contrasta o con quién las compara, o sea: ¿Tickle tiene «las mismas» características que quién? ¿Tickle es igual a quién y diferente de quién? Difícil esquivar lo evidente.

Los estereotipos suelen tener mala fama. Las interpretaciones basadas sólo en estereotipos mayormente intoxican la convivencia social, pueden generar tensiones familiares, cívicas y, antiguamente contaminaron las leyes y hasta obstaculizaron el desarrollo individual. Son un tipo de descripción que no da cuenta de la complejidad y singularidad personal, ni de la historia, logros o carácter; porque simplemente organizan promedios grupales. Uno de los logros de nuestra cultura occidental es (o era) haber superado esta deficiencia del conocimiento basado en estereotipos gracias al hito civilizatorio que significa que todas las personas son iguales ante la ley. Pero, al mismo tiempo, el ejercicio de estereotipar es en muchos casos necesario: no dejamos que un niño conduzca un camión ni ponemos a una anciana a cargar un mueble, en ambos casos estamos estereotipando. Se trata de una forma parcial pero rápida de obtener información con la que tomamos decisiones cuando la inmediatez es determinante. Puede no ser inteligente quedarse con la información primaria, pero es estúpido suponer que es posible omitirla. Todo el tiempo estamos estereotipando. El software de reconocimiento facial entendía esto y el juez Bromwich de alguna manera también, aunque encontró la manera de eludir lo evidente y salvar su pellejo.

Esa es la razón por la cual el señor juez, en la sentencia, no se metió en camisa de once varas cuando, sobre el sexo biológico, dijo que no era su papel emitir un juicio sobre las definiciones o características evolutivas o biológicas del sexo humano. En cambio, el juez dictaminó que Tickle había sufrido discriminación indirecta porque, según la jurisprudencia australiana, el sexo es «variable y no necesariamente binario». La app de Grover consideraba que el sexo es un concepto biológico y que la negación de acceso a Tickle constituía una discriminación sexual legítima, puesto que la aplicación estaba diseñada para excluir a los hombres. Bromwich, en cambio, sostuvo que Tickle era mujer, no por la biología sino porque así lo decía la ley que le había otorgado una identidad según su autopercepción. Como se verá en los próximos años, la gracia real de los políticos progresistas de otorgar identificaciones personales basadas en deseos y fantasías traerá infinitas (malas) consecuencias.

La sentencia de Bromwich resulta altamente peligrosa para las mujeres en todo el mundo. La razón es que la defensa de Giggle argumentó que la ratificación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) reconoce las necesidades específicas de las mujeres y obliga a los Estados firmantes a proteger los derechos de las mujeres, incluidos los espacios para personas de un solo sexo. La CEDAW es un tratado internacional adoptado por 186 países y los jueces de todo el mundo orientan sus sentencias nacionales en base a ejemplos jurídicos de otros signatarios, tal es el caso «Tickle vs Giggle». En el futuro, otros países que han ratificado la CEDAW, podrían considerar el caso «Tickle vs Giggle» como un fallo consultivo, y utilizarlo como precedente legal según el cual una persona tiene derecho a sentirse de un sexo distinto al que nació y por lo tanto a las cosas que están reservadas para dicho sexo. Vale decir que un tribunal puede no sólo decidir quién es una mujer y quién es un varón, sino que, mediante esa decisión, puede determinar la imposibilidad práctica de los espacios exclusivos para un sólo sexo, anulando la naturaleza de la CEDAW. Y todo esto por no aceptar que «no es no».

Por seguridad, confianza o por pudor, existen espacios o momentos en los que, mayoritariamente, nos sentimos más cómodos, protegidos o libres cuando estamos en espacios exclusivos para nuestro sexo. Tanto hombres como mujeres, por eso existen estos espacios y por eso solían estar garantizados. Una de las razones por las que se requieren espacios exclusivos para un solo sexo son las diferencias biológicas y la natural respuesta rápida que tenemos frente a ciertas circunstancias. Naturalmente preferimos que los lugares íntimos como baños o vestuarios sean exclusivos de un sexo. Pero los ejemplos son infinitos: los espacios de juego infantiles estereotipan por altura y peso para acceder a ciertos juegos. Existen servicios especiales para parejas y para solteros. Para jubilados, para adictos, para estudiantes, para profesionales. Siempre vuelven a aparecer  los estereotipos, porque para constituir estos espacios, naturalmente estereotipamos: en un congreso de cirujanos cardiovasculares sólo se admite a los que se agrupan en torno a esa característica primaria. Imaginemos si, basados en la autopercepción, un tribunal pudiera decir que quien se sienta jubilado puede acceder a una pensión, quien se sienta niño puede ingresar a un jardín de infantes y quien se sienta cirujano puede operar. Y que, en base a esa autopercepción, deben ser admitidos en el espacio exclusivo correspondiente.

No hay que imaginar mucho porque es lo que está pasando. Las mujeres ya no tienen derecho a sus espacios exclusivos: ni baños, ni deportes, ni siquiera se les concede una app. Las mujeres ya no pueden decir no. Y no hablamos de Afganistán o Mauritania, hablamos del corazón de las democracias liberales. Australia ha avalado, apoyado y financiado el acoso, la persecución y la estafa a Sall Grover de parte de un hombre al que se le dijo: NO. Las mujeres se han convertido en parias, en seres abstractos y prohibidos, tabúes que no se pueden nombrar ni describir, y mucho menos respetar.

Cuando Sall Grover dijo que no perdió todo. Todo menos su dignidad, claro, lo que es mucho decir, una enormidad si consideramos la forma en la que cientos de miles de periodistas, políticos, jueces, empresarios y todo tipo de ciudadanos han decidido ceder a los abusos misóginos de un lobby tan abusivo como intenso, capaz de perseguir toda disidencia, de buscar en cada rincón, de infiltrarse en cada intimidad hasta conseguir una validación que no pueden obtener de la realidad. Un lobby que le quitó a una mujer todo por no aceptar sus caprichos y que pretende hacernos creer que son una minoría vulnerable que necesita de cuidado, subsidios y leyes especiales, tan especiales que desafíen a la mismísima biología.

Los espacios exclusivos para mujeres son importantes. Los espacios exclusivos para un sexo son importantes. Los espacios exclusivos son un derecho y cualquier apelación a su exterminio no habla de diversidad sino de uniformidad y de opresión. Tal como están las cosas los espacios exclusivos pasarán a ser otra ofrenda sacrificada en el altar de los mandatos woke, que demandan que las mujeres se callen y acepten. Quedan algunas preguntas más flotando sobre la tragedia del caso «Tickle vs Giggle» ¿Por qué una persona desea habitar en un espacio en el que claramente no la quieren? ¿Hasta dónde puede llegar el intento de validación a la fuerza? ¿Qué mecanismo de aceptación social es la imposición judicial de una arbitrariedad que ni el juez puede describir? ¿Qué sociedad basa su cohesión en la imposición de dogmas y en las obsesiones de un lobby? ¿Realmente creen que ser mujer es una etiqueta, algo que puede ser y no ser, empezar y terminar, poner y sacar?, ¿Por qué tienen supremacía quienes se niegan a aceptar los límites de las mujeres? ¿No es no?

El presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró que Panamá rechaza «de manera enérgica» cualquier intento de «violar la inmunidad diplomática» en la sede argentina en Venezuela, donde se encuentran asilados seis opositores venezolanos, después de que Caracas revocara a Brasil su representación.

EFE

«Panamá rechaza de manera enérgica cualquier intento del régimen venezolano de violar la inmunidad diplomática a sede argentina en Caracas bajo custodia del Gobierno de Brasil en gesto que lo distingue», afirmó Mulino en un mensaje en la red social X.

El presidente panameño advirtió que «el derecho internacional público y su respeto absoluto es la única herramienta para la convivencia pacífica de los pueblos».

Este mensaje de Mulino se produjo poco después de que la líder opositora de Venezuela María Corina Machado solicitara a las «naciones democráticas» hacer «las gestiones pertinentes» para la emisión de salvoconductos de los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que el Gobierno del país revocara la autorización otorgada a Brasil.

Este mensaje se produce solo un día después de que el mandatario centroamericano informara a través de la misma red social que había mantenido una conversación durante 30 minutos con Machado, en la que se comprometió «a seguir levantando la voz con todo el mundo democrático para respaldar esta lucha por la verdad y la libertad» en Venezuela.

«Así lo haré desde la ONU en próximos días», dijo, al tiempo que pidió a Machado y al líder opositor Edmundo González Urrutia que se cuiden «mucho», ya que «Venezuela los necesita».

«Ella nos ha ratificado que Edmundo será presidente de Venezuela a partir del 10 de enero del 2025 y ha denunciado la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen», dijo Mulino.

«Desprecio por las normas internacionales»

En un comunicado posterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el Gobierno insistió en su «enérgica condena a las recientes decisiones unilaterales del Gobierno de Venezuela» de revocar la autorización de Brasil, que supone «una clara violación de la Convención de Viena».

El movimiento de carga en el sistema portuario de Panamá muestra un crecimiento significativo al mes de julio de este año, según cifras emitidas por la Oficina de Planificación Área de Estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

ANPanamá

De enero a julio de 2024, el movimiento de carga en los puertos estatales y privados mostró un alza del 15%, comparando las 70,831,169 toneladas métricas a julio de este año, en comparación a las 61,566,366 toneladas métricas del mismo período del 2023.

La cifra alcanzada en los siete primeros meses de 2024 es la mayor registrada en los cuatro últimos años, donde el mes de mayo fue el que tuvo más movimiento al situarse en 10,858,104 de toneladas métricas. No obstante, el año pasado ese dinamismo en movimiento de carga se dio también en el mes de mayo, con un total de 9,659,543 de toneladas métricas.

El movimiento de carga que tuvo mayor dinamismo de enero a julio del 2024 fue la contenerizada con un total de 37,854,899 toneladas, comparativamente ese segmento supuso un 19.6% mayor a igual periodo de 2023, cuando se movilizaron 31,650,297 de toneladas métricas contenerizada.

En segunda posición se encuentra la de a granel con 32,496,066 de toneladas métricas, es decir un 10.9% más que las 29,313,571 de toneladas métricas. Mientras que en la última tercera posición la ocupa la carga general, donde se registró una caída del -31.4% tras pasar de 700,434 toneladas métricas en 2023 a 480,204 toneladas métricas en 2024.

En cuanto al movimiento de contenedores TEU (capacidad de carga que tiene un contenedor de 20 pies), al cierre de julio de 2024 refleja un incremento del 18.5%, con 5,598,641 en comparación con los 4,722,746 del año anterior.

Factores como la posición geográfica del país y el Canal de Panamá, han sido los elementos de valor para un acercamiento con el Mercado Común del Sur (Mercosur), siendo estos parte de los resultados positivos de la visita de la delegación panameña a Brasil.

ANPanamá

Las mesas de diálogo propiciaron la identificación de oportunidades para ambos países, y en el caso de Brasil, reconocer  la conectividad y la plataforma logística que Panamá le ofrece para el establecimiento de sus empresas y para Panamá, proyectarse como punto estratégico y de acercamiento del Sur con Centroamérica y El Caribe.

La definición de áreas de colaboración bilateral es otro de los grandes aciertos de la visita ministerial, y en el caso del sector agropecuario panameño, representado en la visita por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Robert Linares.

Durante la reunión fueron identificadas varias áreas de cooperación como la capacitación para los trasplantes de embriones de la raza doble propósito girolando, acceso a nuevas variedades de semillas de arroz y caña, así como el apoyo técnico para la producción de una nueva variedad de marañón de pepita, resistente al hongo, que afectó la producción nacional de este rubro.

La exploración de un Acuerdo de Promoción de Inversiones entre ambos países que facilite la atracción de inversiones y el establecimiento de empresas brasileñas en Panamá, fue otro de los puntos abordados en la gira de trabajo.

Edmundo González Urrutia en el exilio, María Corina Machado en la clandestinidad, dirigentes detenidos y la calle paralizada por el miedo: la oposición de Venezuela comienza a quedarse sin aire en su cruzada contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, atrincherado y sin señales de ceder.

AFP

La salida del país de González Urrutia, el rival de Maduro en las elecciones del 28 de julio, ocurrió el domingo luego de que la justicia emitiera una orden de arresto en su contra el 2 de septiembre.

La reelección de Maduro es cuestionada no solo por la oposición, que asegura tener las pruebas de un fraude, y rivales históricos como Estados Unidos, sino también por aliados como Brasil y Colombia, que han chocado contra una pared en sus esfuerzos por una solución pacífica a la crisis poselectoral.

Es el tema en cualquier conversación en Venezuela, aunque siempre en susurro: nadie quiere engrosar la lista de más de 2.400 detenidos desde el 29 de julio, incluidos menores de edad, acusados de “terrorismo”.

La juramentación para el nuevo mandato 2025-2031 es el 10 de enero, una fecha límite para expertos: son cuatro meses en los que cualquier cosa puede pasar, pero que por lo pronto muestra al chavismo cerrando filas, a la oposición replegada para reorganizarse y al mundo evaluando la estrategia de presión.

“Todo por delante”

“Es evidente que el gobierno no está buscando ceder y al contrario busca atrincherarse en el poder”, explica a la AFP Antulio Rosales, politólogo y profesor de la Universidad de York, en Canadá.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, proclamó a Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años, con el 52% de los votos.

La oposición publicó por su parte en un sitio web copias de más del 80% de las actas de votación, que aseguran prueban el fraude y el triunfo arrollador de González Urrutia, candidato accidental tras la inhabilitación de Machado.

El portal -desestimado por el chavismo- es el centro de una investigación en contra del diplomático de 75 años por “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

Maduro, por su parte, defiende su victoria sin espacio, al menos públicamente, para una negociación.

“Es una estrategia de avasallamiento, de llevarse todo por delante”, coincide Giulio Celini, director de la consultora política Log. “Mantener a Maduro al costo que sea porque es más alto el costo de salir del poder”.

“Desolación”

González Urrutia dijo la semana pasada que no estaba planteado el exilio, aunque para muchos no llegó como sorpresa ante una presión desde distintos flancos: no solo por la situación jurídica, sino por la lluvia de insultos que Maduro le propinaba todos los días, desde “Inmundo”, “cobarde” hasta “nazi”.

La decisión era la más esperada por el gobierno pues “el próximo paso era apresarlo y eso significaba un riesgo”, indica Celini. “Pudiera pasarle algo en prisión y eso tendría un alto costo político”.

Al igual que lo estaba González Urrutia desde el 30 de julio, también está en la clandestinidad Machado, jefa de la oposición.

El adversario de Maduro aseveró tras llegar a Madrid que continuaría en la “lucha” por la “libertad” de Venezuela, pero su salida “fue un golpe grande para el movimiento democrático porque puede desmoralizar”, señala la politóloga Ana Milagros Parra.

“Implica un poco de desolación en el ánimo social”, concuerda Celini. “Si la población ve que la dirigencia está en esa situación, menos ánimos hay de participar”.

Justo después de anunciado el cuestionado resultado, estallaron manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas del orden: 27 personas murieron y casi 200 resultaron heridas, además de los detenidos que fueron enviados a cárceles de máxima seguridad, entre ellos cerca de un centenar de dirigentes y activistas opositores.

¿Juego trancado?

Para Washington, González Urrutia “sigue siendo la mejor esperanza para la democracia” en Venezuela, según el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Pese al claro apoyo, expertos coinciden en que Estados Unidos no aplicará una política de máxima presión como hizo el exmandatario republicano Donald Trump en 2019, cuando desconoció la primera reelección de Maduro.

La más reciente acción fue decomisar un avión que usaba Maduro y se esperan sanciones a miembros del gobierno.

“Dentro de su proyección a mediano y a corto plazo está gobernar aislado”, sostiene Pablo Quintero, consultor y también directivo de Log. “Han hecho un entrenamiento de todo este tipo de situaciones y están dispuestos a afrontarlas con tal de mantenerse en el poder”.

Hay aún confianza en las gestiones de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) para llegar a un acuerdo político, que en principio no incluye dejar el poder.

“La oposición tiene un margen de maniobra bastante limitado”, señala Quintero, que destaca el riesgo del “desgaste”. No ve, sin embargo, el juego trancado, en parte por el trabajo de Lula y Petro.

“Viene una reconfiguración del tablero”, dice por su parte Parra. “Los procesos transicionales no son lineales, tienen picos, bajas, e incluso momento en el que hay que retroceder (…) Es un camino que todavía falta” por recorrer. 

Tarek William Saab dijo este domingo que el caso contra el opositor Edmundo González será cerrado, luego de que el excandidato presidencial saliera a España, donde solicitó asilo.

CNN

Saab dijo que la salida de González del país trae un “cambio” al proceso judicial en su contra en Venezuela por presuntos delitos asociados al terrorismo. González ha negado las acusaciones.

“Esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal”, dijo Saab en entrevista con Ana María Mejía de CNN.

“Nosotros, con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar de alguna forma cerrado judicialmente”, afirmó, y agregó que el resultado será en estricto apego a la ley venezolana.

Saab dijo que González solicitó un salvoconducto directamente al fiscal general en una carta, lo que le permitió viajar a España.

Cuando se le preguntó sobre la “coerción y amenazas” que González dijo que llevaron a su decisión de solicitar asilo en España, Saab dijo que la presión y las amenazas vinieron de la líder opositora María Corina Machado.

“González fue víctima de presiones de su partido que lo obligaron a tomar decisiones (…) hay una fractura absoluta en esa oposición extremista”.

CNN se comunicó con María Corina Machado para obtener comentarios. En su declaración anterior, González no dio más detalles sobre de quién provenían las amenazas y la coerción, y en qué forma.

Sin dar más detalles ni proporcionar pruebas, el fiscal general también dijo que González fue presionado por su equipo para que no se presentara a su citación relacionada con la investigación de los presuntos delitos asociados con las disputadas elecciones presidenciales de julio. Las autoridades venezolanas emitieron una orden de arresto contra González después de que no respondiera a tres citaciones relacionadas con la investigación.

Minutos después, el abogado de González dijo que esto no era cierto. “De ninguna manera eso sucedió”, dijo José Vicente Haro a CNN.

“Nuestra decisión había sido no comparecer ni a la citación número uno, ni a la citación número dos, ni a la citación número tres (…) nunca hubo consentimiento para acudir a ese proceso judicial porque, primero, los hechos que se le pretendían atribuir no eran de naturaleza penal. Segundo, él no ha cometido ningún delito”, dijo el abogado.

Haro reiteró que González estaba lidiando con “persecución constante y amenazas” a su vida antes de decidir pedir asilo en España y dijo que la salida de su cliente no significa que reconozca los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales.

El abogado dijo que el proceso de asilo de González en España es muy meticuloso administrativamente y que podría tardar hasta una semana en completarse.

El Gobierno estadounidense consideró este domingo que la salida de Venezuela del abanderado de la mayor coalición opositora de ese país, Edmundo González Urrutia, es consecuencia de las medidas “antidemocráticas” del régimen de Nicolás Maduro.

EFE

Su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado desde las elecciones contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

El líder opositor, que se encuentra en España, sigue siendo en su opinión “una voz indiscutible por la paz y el cambio democrático en Venezuela”, y Estados Unidos le apoya en su llamado a continuar “la lucha por la libertad y la restauración de la democracia”.

El antichavista pidió asilo al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Maduro.

Ese resultado fue validado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que responde al chavismo, pero la oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia y sustenta esa afirmación en el “83,5 % de las actas electorales que asegura haber recabado mediante testigos y miembros de mesa el día de las votaciones”.

Blinken apuntó que los venezolanos expresaron el 28 de julio “de manera abrumadora e inequívoca su deseo de un cambio democrático” y añadió que “los resultados electorales y la voluntad del pueblo no pueden simplemente ser ignorados por Maduro y las autoridades electorales venezolanas”.

Estados Unidos, dijo, “condena enérgicamente la decisión de Maduro de utilizar la represión y la intimidación para aferrarse al poder mediante la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas”.

En las últimas seis semanas, Maduro ha arrestado injustamente a casi 2.000 venezolanos, ha utilizado la censura y amenazas para silenciar a la oposición a su gobierno y ha violado las leyes venezolanas para permanecer en el poder contra la voluntad del pueblo venezolano.”

Blinken reiteró por ello la petición de su país “para que cese la represión y libere de inmediato a todos los detenidos injustamente”, y dijo que su Gobierno seguirá trabajando con sus socios internacionales para defender las libertades democráticas en Venezuela y garantizar que Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones.

Debido a la crisis desatada en Venezuela por el fraude electoral del 28 de julio, numerosas naciones, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, se han negado a reconocer a Maduro como ganador sin que Caracas publique datos detallados de la votación.

El Comando con Venezuela señaló que el dictador “se ha visto obligado a forzar el destierro de Edmundo González Urrutia tras ejercer sobre él y su familia una coacción brutal”. “En los últimos días el régimen ha decidido afrentar además las legaciones diplomáticas de países como Brasil y Argentina, violando la Convención de Viena. En estas inaceptables circunstancias, el presidente electo Edmundo González decidió aceptar la oferta de asilo del gobierno español”, agregó durante este fin de semana .

El Gobierno prepara una ofensiva diplomática para aislar a Venezuela de los organismos de integración y cooperación de la región. Con la venia de Javier MileiDiana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, trabaja junto a su equipo para impulsar una serie de instrumentos y acciones destinados a generar presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Es una postura que Argentina planteó en la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y que llevarán a una cumbre del Consenso de Brasilia que tendrá lugar en los próximos días. La Casa Rosada no quiere perder la iniciativa contra Caracas por el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Por: Robertino Sánchez Flecha – Infobae

El fin de semana estuvo marcado por el asedio del régimen de Nicolás Maduro contra la embajada argentina en Caracas, que desde agosto quedó bajo resguardo de Brasil. Allí residen como asilados seis dirigentes del espacio de la líder de la oposición, María Corina Machado. El chavismo presionó al Planalto para que sus representantes abandonen la sede diplomática que tienen bajo custodia. El operativo no dio resultado y, según pudo conocer Infobae, el hostigamiento menguó cuando se conoció que el ex candidato presidencia Edmundo González Urrutia se exilió en España.

El sábado por la noche, un grupo de patrullas del Sebin, fuerza de seguridad del régimen bolivariano, rodearon la residencia de la sede diplomática de Argentina, en el coqueto barrio Las Mercedes de Caracas. Fue una decisión de Maduro luego de que Balcarce 50 exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que ordene la detención del líder chavista y los cabecillas de su gobierno.

El asedio de Maduro a la embajada argentina comenzó con la decisión de revocar el “beneplácito” otorgado a Brasilia para ejercer la representación de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano. Ese gesto obtuvo un repudio inmediato y generalizado, tanto en la región como en el resto del mundo. Llegaron comunicados desde Chile, Uruguay, Paraguay, España. Incluso, Brasil también hizo lo propio, al exigir que se respete la Convención de Viena. “El gobierno brasileño recibió con sorpresa la comunicación”, respondió el Planalto y advirtió que custodiará los “intereses argentinos “hasta que el gobierno argentino indique”.

Cerca de Milei consideran que es “inédito” lo que hizo Venezuela al expulsar a los diplomáticos de Argentina, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Costa Rica. Se trata de los primeros países que condenaron el fraude en las elecciones del 28 de julio. Por su parte, Brasil, México y Colombia, con un posicionamiento cercano a Maduro, no reconocieron aún los resultados del escrutinio y se plegaron a la presión del sistema internacional para exigir que Caracas exhiba las actas oficiales que certifiquen los resultados.

Pero hay algo más grave aún. Venezuela no sólo expulsó a los diplomáticos argentinos de Caracas, sino que también impidió que los seis asilados en la embajada se retiren junto a la delegación nacional. La Cancillería viene pidiendo desde marzo que el chavismo otorgue un salvoconducto para que esos militantes de Machado puedan retirarse de forma segura a Buenos Aires (u otro destino). Maduro rechaza esa posibilidad. Por eso, Mondino impulsa una especie de aislamiento regional del régimen.

El 22 de agosto, la Cancillería dio un duro discurso contra Venezuela en una reunión reservada de la Celac. La representación argentina citó en ese foro a la Convención de Caracas sobre Asilo Político de 1954 que garantiza la figura del salvoconducto. “Reiteramos nuestro pedido para que el régimen de Venezuela entregue los mismos”, señaló el comunicado del Gobierno, al que accedió este medio, en referencia al instrumento diplomático. En las últimas elecciones, “quedó reducida a cenizas la esperanza de millones de venezolanos que tomaron la decisión de votar por un cambio en paz”, cuestionó luego.

La particularidad de ese posicionamiento de Argentina es que en la Celac se evita, habitualmente, aludir críticamente a Venezuela. Una línea similar ejecuta la Cancillería en el Consenso de Brasilia, un espacio que agrupa a todos los países de América del Sur en reemplazo de la Unasur. La semana pasada, Mondino instruyó a su equipo para que presenten una “cláusula democrática” con el objetivo de expulsar al régimen de Maduro de ese espacio.

Esa propuesta se debatirá en la próxima reunión del Consenso de Brasil, que será el 20 de septiembre (o antes). Infobae accedió al texto que elaboró la Cancillería para forzar la expulsión de Venezuela.

La cláusula democrática completa que impulsa Argentina en el Consenso de Brasil:

Los países que integran el Consenso reafirman su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y los valores republicanos de gobierno. En los casos en los que la democracia esté en riesgo, tanto por una ruptura como por una amenaza grave de ruptura del orden constitucional o del Estado de Derecho, o por cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos, la Presidencia Rotativa establecerá una Comisión de Mediación integrada también por los demás Estados del Consenso de Brasilia que deseen participar, a los efectos de ofrecer sus buenos oficios. Dicha Comisión presentará un informe a los 30 días de su establecimiento y, en caso de que la evolución de los acontecimientos indique que las gestiones efectuadas no están permitiendo salvaguardar la democracia, el Estado será suspendido automáticamente, y no podrá participar en ninguna de las reuniones del Consenso de Brasilia”.

La movida implica una especie de emboscada contra Caracas. Es que si Venezuela se opone a la cláusula democrática, será una forma implícita de aceptar el fraude. “Es como un callejón sin salida la propuesta que hacemos”, explicó a Infobae un diplomático con despacho en el Palacio San Martín. El Gobierno cuenta con el apoyo de Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. En tanto que Brasil agradeció la propuesta y respondió que la “va a estudiar”. No se descarta que luego de los hechos del fin de semana, Itamaraty de un paso para ejercer más presión sobre Maduro. En tanto, hay dudas sobre qué posición tomará Bolivia al respecto.

Al mismo tiempo, Mondino diseña una ofensiva diplomática contra Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se hará a finales de mes en Nueva York, y desde donde está previsto que hable Javier Milei. Buscarán reforzar la condena contra Maduro y exigirán la expulsión del régimen de todos los foros relevantes del sistema internacional.

Cabe recordar que la canciller emprenderá mañana una larga gira por Europa, que incluirá misiones diplomáticas en Suiza y Austria, para luego regresar a Buenos Aires, donde estará apenas un día y volará con destino a Nueva York, para la cumbre de la ONU.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que está analizando de manera “independiente e imparcial” la información sobre las denuncias de crímenes cometidos en Venezuela después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Infobae

“La Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela”, indicó la oficina del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado enviado a la prensa.

La investigación de la CPI sobre Venezuela se reanudó en junio de 2023 tras un litigio con el régimen de Nicolás Maduro, quien intentó hacer valer la competencia de Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma.

“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Oficina defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público. Entendemos que ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento”, señaló la Fiscalía.

Según el comunicado, la Oficina del Fiscal también está siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la oposición. El régimen desató una feroz represión tras los comicios, con decenas de muertos y cientos de personas detenidas arbitrariamente, según denuncias de la oposición y organismos de derechos humanos.

Al respecto, la fiscalía dijo que “ha realizado gestiones diplomáticas para subrayar la importancia de garantizar el estado de derecho” y que todas las personas estén “protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes” de lesa humanidad.

En paralelo a la investigación, la Fiscalía firmó dos memorandos de entendimiento con el Gobierno venezolano para apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional, incluyendo asistencia técnica y transferencia de conocimientos.

“Sin embargo, la Oficina ha sido clara desde el comienzo de esta labor, en que no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela”, enfatizó la Fiscalía.

Polémica por vínculos familiares del Fiscal Jefe de la CPI

El comunicado de la CPI se produce después de la revelación de que la cuñada del Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, está entre los abogados que defienden al régimen de Maduro ante el tribunal ha generado una creciente polémica y preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

Según un artículo publicado por The Washington Post, la abogada Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, se ha unido al equipo legal que representa a Venezuela en los procedimientos de la CPI.

“Algunos críticos ven lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. Incluso mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación”, señala el artículo.

El código de conducta de la Oficina del Fiscal de la CPI establece que los miembros deben abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.

Ante estas revelaciones, una organización de derechos humanos, la Fundación Arcadia, con sede en Washington DC,anunció que ha presentado una solicitud formal de recusación contra Karim Khan ante la CPI.

La petición argumenta que el vínculo familiar entre Khan y la abogada Alagendra “compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial”, con implicaciones para la credibilidad de la CPI.

La organización pide la recusación inmediata de Khan y su apartamiento de todas las actuaciones relacionadas con el caso Venezuela, y solicita el nombramiento de un fiscal independiente para asegurar que la investigación y el enjuiciamiento continúen “sin sesgos o apariencia de conflicto de intereses”.

La policía judicial (PJ) de Guinea-Bisáu anunció la incautación, realizada el sábado, de 2,633 kg de cocaína (2.6 toneladas) en una aeronave procedente de Venezuela en el aeropuerto Osvaldo Vieira de Bisáu, en un comunicado difundido el domingo.

Barrons

Un bimotor de modelo Gulfstream IV, con matrícula XA-SBT, transportaba 78 paquetes de cocaína, precisó la fuente. La aeronave provenía de Venezuela y no de México como indicó ese cuerpo de policía el sábado.

Las cinco personas que estaban en el avión, incluido el piloto, fueron arrestadas, según las autoridades. Se trata de dos mexicanos, un colombiano, un brasileño y un ecuatoriano. Serán presentados el lunes a la fiscalía, agrega la nota.

La incautación tuvo lugar el sábado a las 13H46 (locales y GMT) y la operación se realizó en estrecha cooperación con el Departamento de Estado estadounidense, la marina nacional, la guardia nacional y agentes de inteligencia.

Es la incautación «más grande desde el inicio del año», había declarado el sábado Quitole Correia, miembro de la unidad antidroga del aeropuerto Osvaldo Vieira.

Guinea-Bisáu, una antigua colonia portuguesa, es considerada por los expertos de seguridad como un punto de tránsito en el oeste de África de la cocaína procedente de Sudamérica hacia Europa.

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