Si se echa un vistazo a las casas en venta en el Caribe Oriental, ya no se trata sólo de playas encantadoras y un estilo de vida relajado para atraer a los compradores.
Por: Gemma Handy – BBC
Cada vez son más los anuncios de propiedades que ofrecen un pasaporte, y se dice que la volatilidad política y social en Estados Unidos está alimentando un aumento del interés.
Cinco de las naciones islas de la región – Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía – ofrecen este tipo de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés) con tan sólo US$200.000 dólares.
Compre una casa y obtendrá un pasaporte que le permitirá entrar sin visado en hasta 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen.
Para los ricos, la ausencia en las islas de impuestos sobre plusvalías y sucesiones, y en algunos casos también sobre la renta, es otro gran atractivo. Además, los cinco programas de la región permiten a los compradores conservar su nacionalidad.
En Antigua, las agencias inmobiliarias tienen dificultades para satisfacer la demanda, dice Nadia Dyson, propietaria de Luxury Locations. «Hasta el 70% de los compradores buscan la nacionalidad, y la gran mayoría son estadounidenses», explica a la BBC.
«No hablamos de política con ellos, pero el inestable panorama político [en EE.UU.] es sin duda un factor», señala.
«El año pasado por estas fechas, todos eran compradores de estilo de vida y unos pocos CBI. Ahora todos dicen ‘quiero una casa con ciudadanía’. Nunca habíamos vendido tantas».
A pesar de que el programa de Antigua no exige la residencia, algunos compradores desean mudarse a tiempo completo, afirma Dyson, y añade: «Algunos ya lo han hecho».
Los ciudadanos estadounidenses representaron el grueso de las solicitudes de CBI en el Caribe durante el pasado año,confirman los expertos en migración por inversión Henley & Partners.
Ucrania, Turquía, Nigeria y China son otros de los países de origen con más frecuencia de solicitantes, afirma la empresa británica, que tiene oficinas en todo el mundo.
Añade que las solicitudes globales para los programas de CBI del Caribe han aumentado un 12% desde el cuarto trimestre de 2024.
Todo, desde la violencia armada hasta el antisemitismo tienen en vilo a los estadounidenses, según Dominic Volek, de la consultora.
«Alrededor del 10-15% se muda. Para la mayoría es una póliza de seguro contra lo que les preocupa. Tener una segunda nacionalidad es un buen plan de respaldo», explica.
Volek afirma que las ventajas de viajar que ofrecen los pasaportes caribeños atrae a las personas de negocios, y también pueden suponer un beneficio de seguridad. «Algunos clientes estadounidenses prefieren viajar con un pasaporte políticamente más benigno».
Antes de la pandemia de covid, Estados Unidos ni siquiera estaba en el «radar» de Henley, comenta Volek.
Las restricciones de circulación produjeron un «impacto considerable» en las personas adineradas acostumbradas a viajar libremente en jets privados, lo que provocó el primer aumento de solicitudes de CBI en EE.UU. El interés volvió a aumentar tras las elecciones estadounidenses de 2020 y 2024.
«Hay demócratas a los que no les gusta Trump, pero también republicanos a los que no les gustan los demócratas», afirma Volek.
«En los dos últimos años hemos pasado de tener cero oficinas en Estados Unidos a ocho en las principales ciudades, y en los próximos meses abriremos otras dos o tres», agrega.
Robert Taylor, de Halifax, en Canadá, compró una propiedad en Antigua, donde piensa jubilarse a finales de este año.
Invirtió US$200.000 justo antes de que el umbral inmobiliario se elevara a US$300.000 el verano pasado.
Ser ciudadano no sólo le evita restricciones en cuanto a la duración de la estancia, sino que también le da libertad para aprovechar oportunidades de negocio, explica. «Elegí Antigua porque tiene unas aguas preciosas, la gente me parece muy, muy amable y también significa un tiempo estupendo para la última fase de mi vida».
Sin embargo, estos programas no están exentos de polémica. Cuando el entonces Gobierno de Antigua planteó por primera vez la venta de pasaportes en 2012 como una forma de apuntalar la débil economía, algunos consideraron que era éticamente dudoso.
Manifestantes salieron a la calle en señal de condena, recuerda la ex presidenta de la Cámara Baja Gisele Isaac. «Había un sentimiento de nacionalismo; la gente sentía que estábamos vendiendo nuestra identidad, por así decirlo, a personas que no sabían nada de nosotros», afirma.
Los líderes de otras naciones caribeñas que no ofrecen CBI también se han apresurado a criticar, entre ellos el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien ha declarado que la ciudadanía no debe ser «una mercancía en venta».
La comunidad internacional teme que una supervisión laxa ayude a los delincuentes a burlar sus fronteras.
La Unión Europea ha amenazado con retirar su codiciado acceso sin visado a los países caribeños de CBI, mientras que Estados Unidos ha expresado previamente su preocupación por la posibilidad de que estos programas se utilicen como vehículo para la evasión fiscal y la delincuencia financiera.
Una portavoz de la Comisión Europea le dijo a la BBC que está «monitoreando» los cinco programas caribeños y que mantiene conversaciones con sus respectivas autoridades desde 2022.
Según ella, se realiza una evaluación para determinar si la ciudadanía por inversión constituye «un abuso del régimen de exención de visados de que disfrutan esos países respecto a la UE y si es probable que suponga riesgos para la seguridad de la UE».
La Comisión ha reconocido las reformas llevadas a cabo por las islas, que, según afirma, repercutirán en su evaluación.
Por su parte, las cinco naciones caribeñas han reaccionado airadamente a las afirmaciones de que no están haciendo lo suficiente para escrutar a los solicitantes.
El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, ha calificado el programa CBI de su país de «sólido y transparente», y ha añadido que las autoridades han trabajado arduamente para garantizar su integridad.
El Gobierno afirma que la venta de pasaportes ha permitido recaudar más de US$1.000 millones desde el inicio de la iniciativa en 1993, con los que se han financiado infraestructuras vitales como un hospital de última generación.
En Santa Lucía, el primer ministro, Philip J Pierre, afirma que la isla se adhiere a las normas de seguridad más estrictas para garantizar que su CBI no contribuya inadvertidamente a actividades ilícitas.
La necesidad de apaciguar a las superpotencias mundiales frente al aumento de los ingresos es un delicado acto de malabarismo para las pequeñas naciones caribeñas, con escasos recursos y dependientes de los vaivenes del turismo.
Los programas del CBI fueron calificados de salvavidas en una cumbre regional de la industria celebrada en abril, y los fondos se utilizan para todo, desde la recuperación tras catástrofes naturales hasta el refuerzo de los planes nacionales de pensiones.
El Primer Ministro de Antigua, Gaston Browne, afirmó que el dinero recaudado había sacado a su país del borde de la bancarrota en la última década.
Aparte de la compra de propiedades, otras vías para obtener la ciudadanía caribeña a través de inversiones suelen incluir una donación única a un fondo nacional de desarrollo o similar.
Las donaciones oscilan entre US$200.000 en Dominica para un único solicitante y US$250.000 para un solicitante principal y hasta tres familiares a su cargo en Dominica y San Cristóbal. En Antigua, los inversores también tienen la opción de donar US$260.000 a la Universidad de las Antillas.
Ante la presión internacional, las islas se han comprometido a adoptar nuevas medidas para reforzar la supervisión, incluida la creación de un regulador regional que establezca normas, monitoreé las operaciones y garantice el cumplimiento.
Además, seis principios acordados con EE.UU. incluyen una mayor diligencia debida, auditorías periódicas, entrevistas obligatorias con todos los solicitantes y la eliminación de una laguna jurídica que anteriormente permitía a un solicitante denegado por un país presentar su solicitud en otro.
Hoy por hoy, la venta de pasaportes representa entre el 10% y el 30% del PIB de las islas.
Andre Huie, periodista de San Cristóbal, afirma que el plan CBI de su país cuenta con un «apoyo generalizado» como resultado. «El público entiende su valor para la economía y aprecia lo que el Gobierno ha podido hacer con el dinero».
