Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del dirigente opositor Noel Vidal Álvarez Camargo, al considerar que enfrenta un riesgo grave y urgente que pone en peligro sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

Monitoreamos

En la Resolución 47/2025, emitida el pasado 10 de julio, la CIDH alertó sobre el deterioro progresivo de la salud de Álvarez Camargo, detenido desde el 10 de enero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El dirigente político —persona mayor, excoordinador nacional del partido Gente y líder del Comando Con Venezuela durante la campaña presidencial de 2024— fue víctima de desaparición forzada por varios días y se encuentra incomunicado desde el 11 de marzo, según denuncias recibidas por la Comisión.

La CIDH explicó que, pese a solicitudes formales, el Estado venezolano no ha proporcionado información sobre su condición actual ni ha garantizado acceso a atención médica, aumentando la preocupación por su integridad.

En virtud del Artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado venezolano:

  • Adoptar medidas urgentes para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de Álvarez Camargo.
  • Garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con estándares internacionales, incluyendo una evaluación médica inmediata y atención especializada.
  • Asegurar contacto regular con sus familiares y abogados de confianza.
  • Informar sobre los cargos en su contra y explicar por qué no ha sido liberado bajo medidas alternativas mientras espera juicio.
  • Concertar las medidas a adoptar con los representantes del beneficiario.
  • Investigar los hechos que motivaron esta resolución y evitar su repetición.

La Comisión recordó que estas medidas no implican un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos que puedan ser eventualmente presentadas ante el sistema interamericano.

La situación de Noel Vidal se suma a una serie de denuncias recientes sobre incomunicación, tratos crueles y detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos en Venezuela, en el contexto posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La importancia estratégica de CITGO, factor fundamental de la internacionalización petrolera y petroleoquímica de Venezuela exige grandeza y unidad de los sectores democráticos del país, encabezados por EDMUNDO GONZALEZ Y MARIA CORIN MACHADO, el infortunio de CITGO ha pasado por un doble problema; la errática política de confiscación del régimen Chávez-Maduro, que se constituyen en el origen de los reclamos de los acreedores contra la República por rescindir contratos de forma unilateral y los errores, omisiones y conductas sospechosas de venezolanos en la conducción legal del caso, así lo expreso JOSE LUIS PIRELA Diputado A.N (2015), miembro de la Fracción 16 de Julio y Director General Nacional de VENEZUELA INDEPENDIENTE.

En lo que respecta al juicio de arbitraje en la instancia CIADI, en el que CITGO no fue parte, este se encuentra plagado de vicios de nulidad, por cuanto la representación fue ejercida por funcionarios sin cualidad legitima para representar la República, la pretensión contra CITGO por parte de acreedores de PDVSA es legalmente un funesto precedente para la justicia internacional, es menester llegar a un acuerdo con los acreedores sin exponer a CITGO al remate.

Asevero Pirela, que es imperativo concretar un plan que logre detener el remate de la empresa en sustitución de posturas propagandistas, para esconder lo injustificable y satisfacer algunos egos. En dicho plan es fundamental concertar los criterios de defensa y presentar a los aliados norteamericanos; Marcos Rubio, Senador Rick Scott y la Congresista María Elvira Salazar, quien ya ha emitido pronunciamientos altamente positivos sobre el tema. Solo en una concertación con el presidente Donald Trump y su entorno cercano será posible construir una alianza ganar-ganar, que preserve a CITGO en manos confiables, para la continuación de la prestación del servicio productivo que beneficie a los usuarios estadounidense y la seguridad de su país.

La estabilidad en el rumbo de los intereses estratégicos, energéticos, es garantía democrática y geopolítica en función de la seguridad y defensa del continente, que se encuentra en la actualidad seriamente amenazada por dictaduras sangrientas, democracias chucutas y tiranos asociados con la delincuencia trasnacional organizada, el narcotráfico y el terrorismo.

Por ultimo señalo Pirela, Venezuela ha sido durante muchas décadas proveedor petrolero confiable de Estados Unidos y en la nueva etapa democrática la relación con el presidente Donad Trump y el estado Norteamericano se debe consolidar en función de los intereses
comunes.

Nota de prensa VENEZUELA INDEPENDIENTE, 17 de julio de 2025

El Gobierno de Colombia está tramitando una autorización ante su par de Estados Unidos, para adquirir a la empresa Monómeros Colombo Venezolanos.

Banca y Negocios

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, informó en sus redes sociales que sostuvo reuniones con autoridades de la empresa venezolana Pequiven sobre la «iniciativa de nuestros dos gobiernos de avanzar en la adquisición de esa empresa clave para la soberanía alimentaria del país».

Asimismo, aseveró que las autoridades colombianas explorarán «varios caminos, incluso, tramitando una licencia ante Estados Unidos para facilitar esa transacción».

Recientemente, el ministro colombiano indicó en un evento organizado por ProColombia en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) que «ojalá podamos concretar esa negociación entre los dos gobiernos para que Monómeros pase a ser parte de nuestro país».

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El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves, en una sesión celebrada de madrugada, un paquete de recortes por aproximadamente 9.000 millones de dólares en gasto federal, en respuesta a una solicitud formal del presidente Donald Trump. La legislación, que afecta áreas clave como la ayuda exterior y la radiodifusión pública, deberá ser ratificada nuevamente por la Cámara de Representantes antes de la medianoche del viernes para convertirse en ley.

AP

La propuesta había sido respaldada previamente por la Cámara baja en una votación ajustada de 214 a 212. Sin embargo, al haber sufrido modificaciones en el Senado, requerirá una segunda votación en la Cámara para su aprobación definitiva. De no ser aprobada antes del plazo establecido, los recortes no entrarían en vigor.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), justificó la medida como un esfuerzo para controlar el gasto federal. “Este es un pequeño pero importante paso hacia la sensatez fiscal, que todos deberíamos estar de acuerdo en que se debía haber dado hace tiempo”, expresó Thune durante el debate.

No obstante, la votación evidenció fisuras dentro del propio Partido Republicano. La senadora Susan Collins (republicana por Maine), quien preside el Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó la falta de claridad del texto. “El proyecto de ley tiene un gran problema: nadie sabe realmente qué reducciones de programas incluye”, advirtió.

Una de las áreas más afectadas por los recortes es la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), que perdería cerca de 1.100 millones de dólares correspondientes a los dos próximos años fiscales. La CPB financia más de 1.500 estaciones de radio y televisión públicas locales, y distribuye parte del presupuesto a NPR (Radio Pública Nacional) y al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS) para contenido nacional.

Las senadoras republicanas Lisa Murkowski (Alaska) y Susan Collins expresaron su preocupación por el impacto de los recortes en estaciones rurales, especialmente en estados remotos. Murkowski subrayó que estas estaciones no solo transmiten noticias, sino que cumplen funciones críticas de seguridad pública. “Son su alerta de tsunami, su alerta de deslizamiento de tierra, su alerta de volcán”, explicó en un discurso ante el pleno.

La senadora aludió a un terremoto de magnitud 7,3 que sacudió la península de Alaska un día antes de la votación, generando alertas de tsunami que fueron transmitidas por estaciones de radio públicas locales. El hecho, dijo Murkowski, fue un “recordatorio” de los servicios esenciales que estas emisoras prestan a las comunidades.

Kate Riley, directora ejecutiva de America’s Public Television Stations, calificó el acuerdo alcanzado entre el senador Mike Rounds y la Casa Blanca —que contempla el uso de fondos del Departamento del Interior para estaciones nativas— como “una medida a medias” que dejaría fuera a cientos de emisoras en todo el país.

La legislación también prevé una reducción de casi 8.000 millones de dólares en programas de ayuda exterior. Entre las partidas afectadas se incluyen:

  • 800 millones de dólares para asistencia de emergencia a personas desplazadas
  • 496 millones destinados a proveer alimentos, agua y atención médica en zonas de crisis
  • 4.150 millones para programas de fortalecimiento económico y democrático en países en desarrollo

El senador Brian Schatz (demócrata por Hawái) criticó los recortes y advirtió sobre sus consecuencias internacionales. “La gente está muriendo ahora mismo, no a pesar de nosotros, sino por nuestra culpa. Estamos causando muerte”, afirmó. Schatz también cuestionó el enfoque de la administración Trump, señalando que eliminar estos programas no solo pone vidas en riesgo, sino que también debilita la posición geopolítica de Estados Unidos y abre espacio a la influencia de China.

El paquete también incluye un recorte de 400 millones de dólares al PEPFAR, el programa para combatir el VIH/SIDA creado durante el gobierno de George W. Bush y ampliamente respaldado por ambos partidos. Este ajuste provocó malestar incluso entre senadores republicanos, que temen un impacto negativo sobre la salud pública global.

La aprobación del paquete, impulsada mediante una “solicitud de rescisión” de la Casa Blanca, se concretó por mayoría simple, sin necesidad de alcanzar los 60 votos habituales para superar el bloqueo legislativo. Este uso del mecanismo generó críticas entre senadores de ambos partidos, quienes temen que se debilite el papel del Congreso en la asignación presupuestaria.

No nos acostumbremos a esto”, advirtió el senador Roger Wicker (republicano por Misisipi), quien se mostró inquieto por la falta de transparencia en la aplicación de los recortes. El senador Thom Tillis (Carolina del Norte) anticipó que los republicanos necesitarán negociar con los demócratas para evitar un cierre del gobierno más adelante en el año: “La única manera de financiar al gobierno es conseguir que al menos siete demócratas voten con nosotros a finales de septiembre”.

Collins intentó una enmienda de última hora que habría reducido el impacto en áreas sensibles como salud global y medios públicos, pero no obtuvo respaldo suficiente. A menos que el Congreso actúe antes de la medianoche del viernes, el paquete de recortes quedará automáticamente aprobado.

Seducía a monjes, grababa los encuentros íntimos y los extorsionaba por grandes sumas de dinero a cambio de no difundir el material. Así operaba Wilawan Emsawat, de 35 años, conocida como “Señora Golf”. Su detención desató uno de los mayores escándalos recientes en el seno del budismo tailandés.

Infobae

La magnitud del caso no solo expuso una red de chantajes sexuales, sino que también puso en crisis la imagen de la Sangha, el órgano rector de la vida monástica en Tailandia.

Según informó la BBC, la mujer habría obtenido cerca de 385 millones de baht (unos 11,9 millones de dólares) en los últimos tres años, tras chantajear a al menos nueve monjes con miles de fotos y videos íntimos.

El caso, que salió a la luz en julio, generó un intenso debate en Tailandia, donde más del 90% de la población se identifica como budista y los monjes gozan de un profundo respeto social. Información recogida por ABC, detalla que la policía tailandesa descubrió más de 80.000 archivos digitales en poder de la acusada, lo que revela la magnitud y la sofisticación del esquema de extorsión.

Detalles del arresto y el modus operandi de la “Señora Golf”

La investigación policial comenzó a mediados de junio, cuando un abad de Bangkok abandonó repentinamente el monasterio tras ser víctima de extorsión. De acuerdo con la policía, la “Señora Golf” había mantenido una relación sexual con el monje en mayo de 2024. Posteriormente, afirmó haber quedado embarazada y exigió una manutención infantil superior a 7 millones de baht (unos 216.000 dólares). Este caso fue el detonante que permitió a las autoridades descubrir un patrón de conducta repetido con otros monjes.

La policía tailandesa explicó en rueda de prensa que la mujer contactaba a los monjes, mantenía relaciones sexuales con ellos y grababa los encuentros. Luego, utilizaba las imágenes y videos para exigir grandes sumas de dinero bajo amenaza de hacer público el material. Las transferencias se realizaron durante los últimos tres años. Según la investigación, casi todo el dinero fue retirado en efectivo y parte de él se destinó a apuestas en línea.

La “Señora Golf” enfrenta cargos de extorsión, blanqueo de capitales y receptación de bienes robados. La policía también habilitó una línea directa para que la ciudadanía pueda denunciar comportamientos indebidos de monjes, en un intento de frenar la proliferación de casos similares.

El registro domiciliario realizado a principios de julio permitió a los investigadores incautar los teléfonos de la acusada y acceder a más de 80.000 fotos y videos utilizados para el chantaje. Según la BBC, este hallazgo fue clave para dimensionar el alcance del escándalo y para identificar a otras posibles víctimas.

El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de la Sangha frente a delitos de extorsión y motivó a las autoridades a revisar los mecanismos de control y disciplina dentro de los monasterios.

Reacciones institucionales: reformas, sanciones y respuesta del rey

El impacto del escándalo fue tal que el Consejo Supremo de la Sangha, máximo órgano rector del budismo tailandés, anunció la creación de un comité especial para revisar las normas monásticas. Según la información publicada por la BBC, el gobierno tailandés también impulsó la imposición de sanciones más severas, incluyendo multas y penas de prisión, para los monjes que infrinjan el código monástico.

En una medida sin precedentes, el rey Vajiralongkorn de Tailandia revocó una orden real emitida en junio que otorgaba títulos superiores a 81 monjes. El monarca justificó la decisión citando los recientes casos de mala conducta, que, en sus palabras, «causaron un gran sufrimiento mental entre los budistas“.

Contexto de escándalos previos en la Sangha tailandesa

El caso de la “Señora Golf” no es un hecho aislado. En los últimos años, la Sangha tailandesa enfrentó una serie de escándalos que pusieron en entredicho su integridad. En 2017, el monje Wirapol Sukphol, conocido por su ostentoso estilo de vida, fue acusado de delitos sexuales, fraude y blanqueo de capitales, lo que atrajo la atención internacional.

En 2022, un templo de la provincia norteña de Phetchabun quedó vacío tras la detención de cuatro monjes en una redada antidrogas. Estos incidentes alimentaron las críticas sobre la falta de disciplina y la escasa rendición de cuentas dentro de la institución.

A pesar de las reiteradas denuncias y de la presión social, muchos observadores sostienen que los cambios reales fueron escasos. La Sangha, una organización centenaria, mostró resistencia a las reformas profundas, lo que contribuyó a la persistencia de problemas estructurales.

Opiniones de expertos y sociólogos sobre la crisis y la necesidad de reformas

Expertos en religión y sociedad tailandesa señalaron que gran parte de los problemas de la Sangha radican en su rígida jerarquía. El erudito religioso Suraphot Thaweesak, en declaraciones al Servicio tailandés, describió el sistema como «autoritario, similar a la burocracia tailandesa, donde los monjes superiores son como funcionarios de alto rango y los monjes jóvenes son sus subordinados“. Thaweesak añadió que “cuando ven algo inapropiado, no se atreven a decirlo porque es muy fácil que los expulsen del templo”.

La socióloga Prakirati Satasut, de la Universidad Thammasat de Bangkok, subrayó la importancia de las investigaciones en curso para restaurar la confianza pública. “Lo importante es revelar la verdad para que el público pueda disipar sus dudas sobre la inocencia de la Sangha”, afirmó Satasut. La experta utilizó una metáfora contundente para ilustrar la necesidad de reformas: «Depende de si el Consejo Supremo de la Sangha amputará algunos brazos y piernas para salvar a la organización“.

El adolescente Gabriel Rodríguez, detenido el pasado 9 de enero de este año, tras salir de su trabajo en una panadería artesanal de Cabudare, en el estado Lara, envió una carta al fiscal general, Tarek William Saab, para exponer su caso y solicitarle su libertad para poder asistir a su acto de grado como bachiller.

Tal Cual

«Todavía sueño con estar en mi graduación con mis compañeros, pero no con grilletes en mis manos. Mis amigos y familiares me extrañan. Ya muchos saben de mi caso y saben que no soy ningún terrorista. Solo soy un buen joven que le están negando sus sueños», expone el adolescente, quien tuvo una audiencia el martes de 15 de julio en la que lo mantuvieron privado de libertad.

En esa audiencia, un funcionario de la Guardia Nacional declaró, pero la familia de Gabriel Rodríguez dijo que sus explicaciones fueron «discordantes».

En el escrito, redactado antes de la audiencia, el adolescente contó cómo se produjo su detención y destacó que es «un joven aplicado en mis estudios y trabajo» y reiteró que no se «encontraba bien de salud, ya que llevaba varios días con malestar así que salí del trabajo al mediodía y me dirigí al ambulatorio de Cabudare para recibir asistencia médica. Ese día salí con mi teléfono, audífonos, cartera y 400 Bs que me habían dado ese día en el trabajo. Me bajo del taxi cerca del centro médico y noto la calle tranquila, como cualquier otro día. Así que seguí caminando y voy entrando al ambulatorio cuando me sorprenden varios guardias nacionales y me dicen que me detenga y lo hago».

Gabriel fue llevado por funcionarios de la Guardia Nacional y asegura que nunca participó en manifestaciones ni tenía objetos vinculados a protestas. En la carta, afirma que escuchó a uno de los funcionarios decir que lo detuvieron para «disfrazar las cosas» porque «no hubo guarimbas que controlar». Relata también cómo los guardias buscaron dos cauchos y combustible para inculparlo y presentar evidencia falsa ante la Fiscalía.

Gabriel, quien siguió con sus estudios desde la cárcel, logró cerrar el último lapso escolar con un promedio de 18,91 puntos y ocupar el primer lugar de su salón.

La próxima audiencia del juicio del adolescente Gabriel Rodríguez se fijó para el próximo martes 29 de julio, exactamente el mismo día en que debería celebrar con sus compañeros y familiares su acto de grado de bachillerato. Además de este joven, otros tres adolescentes siguen detenidos en el país.

Hasta la tarde de este miércoles 16 de julio, el fiscal general no se ha pronunciado sobre este caso.

Acá dejamos el texto completo:

«Sr. fiscal, soy un joven adolescente y me llamo Gabriel Rodríguez. Soy de Lara, Barquisimeto. Por los momentos me encuentro privado de libertad, algo injusto. Esta es la historia de mi caso: El día 9 de enero de 2025 yo me encontraba en el trabajo, ya que soy un joven aplicado en mis estudios y trabajo. No me encontraba bien de salud ya que llevaba varios días con malestar, así que salí del trabajo al mediodía y me dirigí al ambulatorio de Cabudare para recibir asistencia médica. Ese día salí con mi teléfono, audífonos, cartera y 400 Bs que me habían dado ese día en el trabajo. Me bajo del taxi cerca del centro médico y noto la calle tranquila, como cualquier otro día. Así que seguí caminando y voy entrando al ambulatorio cuando me sorprenden varios guardias nacionales y me dicen que me detenga y lo hago.

Actué con mucha tranquilidad, ya que solo me venía a chequear con el médico, pero ellos actuaban de manera agresiva y me preguntan muchas cosas. Una de ellas era de dónde venía, para dónde iba y muchas más. Luego me hacen una requisa y me quitan el celular, los audífonos y sacan mi cartera y ven mi plata. Dicen entre ellos por qué con esta plata vine a comprar gasolina para guarimbear. Yo les digo ‘no, oficial’, esta plata me la gané con el sudor de mi frente y es por si me toca comprar un medicamento, pero uno de ellos me agarra por el brazo y me suben en la moto solo por tener un suéter negro y 400 Bs en efectivo.

Luego me llevan al destacamento de la GNB donde me obligan a hacer varios videos diciendo que me habían pagado para guarimbear junto a otro adulto que habían agarrado y yo no lo conocía. Luego escucho a uno de los guardias diciéndole al capitán ‘jefe, tuvimos que agarrar a este para disfrazar las cosas, ya que no hubo guarimbas para controlar. No tenía objetos de guarimbas, ¿cómo hacemos?’. Y el jefe le dice ‘agarren dos cauchos y sáquenle la gasolina al auto y se la sembramos’. Yo me quedo asustado en un rincón con malestar. Luego traen los objetos criminalísticos que ellos sacaron y lo pasaron a Fiscalía y que habían agarrado a un guarimbero.

Luego uno de ellos notó mi malestar y le dije que no me sentía bien. Luego habló con el jefe para que me trasladen al médico. Llegó la noche y me trasladaron, luego que el médico me chequeó y notó que de salud no me encontraba bien, ya que tenía mucha fiebre súper alta y con infección pulmonar no me podían trasladar. Yo soy un chico trabajador con sueños y metas. A pesar de mi detención seguí echándole ganas a mis estudios y terminé el tercer lapso con un promedio alto de 18,91 y fui el primero en mi salón.

Todavía sueño con estar en mi graduación con mis compañeros, pero no con grilletes en mis manos. Mis amigos y familiares me extrañan. Ya muchos saben de mi caso y saben que no soy ningún terrorista. Solo soy un buen joven que le están negando sus sueños. Espero esté al tanto de mi caso y me pueda ayudar. Sin más que decir, gracias por haber atendido esta carta y saber sobre mi injusto caso».

La canciller encargada de Colombia, Yolanda Villavicencio Mapy, pidió al régimen de Nicolás Maduro garantizar los derechos procesales de los colombianos detenidos en Venezuela por razones políticas.

El Nacional

Durante un encuentro con su homólogo venezolano, Yván Gil, Villavicencio también solicitó permitir las visitas consulares a los detenidos y establecer canales efectivos de comunicación con sus familiares.

Aunque no se especificó cuántos colombianos estarían actualmente bajo custodia del régimen venezolano, el diario colombiano EL TIEMPO identificó el pasado mes de junio a 29 de ellos.

La mayoría están en la cárcel de El Rodeo I, a 45 minutos de Caracas. Sin embargo, hay otro grupo del que se desconoce el sitio de reclusión.

En la mayoría de los casos, permanecen en incertidumbre jurídica o sometidos a tribunales antiterrorismo, sin acceso pleno a la defensa ni al debido proceso.

Los familiares de los colombianos presos han expresado preocupación por la falta de información de sus allegados y por los pocos avances del gobierno de Gustavo Petro en este problema.

Además del reclamo por los detenidos, los cancilleres discutieron la reactivación del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración y la creación de una Zona Económica Especial Binacional en la frontera, con el objetivo de fomentar el desarrollo y bienestar de las comunidades en la zona limítrofe.

¿Quiénes son los 29 colombianos detenidos en Venezuela?

A continuación, se presenta la lista de colombianos detenidos en Venezuela, según EL TIEMPO:

1.- Manuel Alejandro Tique Chaves
2.- Arlei Danilo Espitia Lara
3.- David Josué Misse Durán
4.- Edwin Iván Colmenares Garcia
5.- Kevin José Saavedra Basallo
6.- Danner Gonzalo Barajas Luque
7.- Leidy Jimena Méndez Lucema
8.- Brayan Sair Navarro Cáceres
9.- Carlos Alberto Cañas Carreño
10.- Martin Emilio Rincón Quitián
11.- Óscar Alexander Viera Zárate
12.- Nelly Zuleima Sánchez Torres
13.- Cristian de Jesús Rodríguez Maldonado
14.- Jhonny Jhoan Villan Virguez
15.- Luz Estela Rodríguez Umaña
16.- Manuel Mazuera (desaparecido en Zulia)
17.- Álvaro Javier Ojeda Meléndez
18.- Segundo Manuel Cortés Preciado
19.- Jose Ignacio Hurtado Moreno
20.- Ignacio Moña Chapamuro
21.- Juan Pretel Pedroza
22.- Amin Avelino Hernández Perea
23.- Luis Eduardo Quinchía Daza
24.- Royman Santa Burgos
25.- Álvaro Ossa Santa
26.- Rolando Patricio Espinosa
27.- Carmen Yalexi Picón
28.- Juan Camilo Vargas Picón
29.- Luis Carlos Peña

Planes denunciados por el chavismo

El chavismo ha denunciado que extranjeros intentan ingresar a Venezuela con la misión de atacar al gobierno y sedes diplomáticas, entre ellas las embajadas de Colombia, Francia y España.

En las denuncias, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, insiste en que varios de los detenidos son colombianos.

El 23 de mayo se conoció la detención de aproximadamente 70 personas, entre ellas el opositor Juan Pablo Guanipa, a quien Cabello acusa de conspirar y encabezar atentados contra estas sedes diplomáticas, así como de querer “boicotear” las elecciones del 25 de mayo.

Guanipa se encontraba en la clandestinidad y se desconoce cómo fue aprehendido. Su captura se confirmó a través de un video en televisión nacional mostrado por Cabello.

La ONG Foro Penal actualizó este martes la cifra de presos políticos en Venezuela e indicó que de los 948 detenidos, al menos 88 son extranjeros.

Siguiendo la ruta del dinero ilegal, hace tres semanas la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a 52 personas, miembros del ala económica del Tren de Aragua en el país, acusados de lavar ganancias por un total de USD 13.5 millones ($12.700 millones de pesos) mediante transferencias bancarias al extranjero y criptomonedas.

Infobae

La investigación, que partió tras la caída de la célula “Tren del Mar” en la región de Valparaíso, se desarrolló por más de un año y permitió allanar 55 casas en las regiones MetropolitanaTarapacáAntofagastaAtacamaValparaísoO’Higgins y Bío Bío. De los 52 detenidos, 45 son extranjeros, 29 de ellos con sus papeles migratorios al día y 16 en situación irregular.

Según explicó Eduardo Cerna, director de la PDI, la facción dedicada a blanquear los dineros ilícitos utilizaba “palos bancos” con residencia en el país, quienes depositaban las ganancias de la organización en diversos bancos para luego convertirlas en criptomonedaso enviarlas mediante transferencias bancarias a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.

Estamos dando un golpe directo al patrimonio de estas organizaciones criminales, lo que evidencia que es posible desarticularlas mediante un trabajo articulado y minucioso entre la PDI, el Ministerio Público y el ecosistema de seguridad”, señaló Cerna en dicha oportunidad.

El jefe de la policía civil celebró el golpe “histórico” y detalló que “estas personas eran testaferros: comúnmente, son personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que elTren de Aragua desea que se envíen afuera», agregó Cerna.

“Así se crean distintas empresas intermediarias que registran múltiples giros. Se detectó una principal fuga de cambio de criptodivisas», cerró.

La falla

Sin embargo, un reportaje del medio de investigación Ciper acaba de revelar una preocupante falla en el sistema de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), puesto que ningún banco alertó sobre estas transacciones, las que comenzaron a realizarse en 2020 a través de al menos 14 sociedades fantasmas que ya están -aunque tarde-, siendo investigadas.

Un contador chileno ligado a decenas de empresas con socios principalmente venezolanos aparece como figura clave, así como su pareja, también contadora y oriunda de ese país. Es más: varias de ellas fueron inscritas con apenas un minuto de diferencia gracias al programa “Tu Empresa en un Día”, y muchas tenían el mismo domicilio legal.

Entre los detenidos se encuentra un ciudadano también venezolano señalado por extorsión -que aparece ligado a tres de estas empresas fachada-, y una mujer titular de una cuenta bancaria desde la que se retiraron dineros para pagar varias fianzas de imputados por secuestros ligados al Tren de Aragua.

La investigación arrojó que desde estas 14 empresas fachada-con rubros como alimentación, casas de cambio, juegos de azar en línea y transporte de carga-, se realizaron cientos de transferencias, dineros que fueron retirados con tarjetas bancarias chilenas en una ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.

Dichas transferencias se hacían en montos pequeñosy luego se convertían en criptomonedas, mientras que las cuentas desde las cuales se emitían se cerraban con celeridad, evitando las sospechas de las entidades bancarias y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Y aunque los bancos involucrados cerraron por orden judicial todas la cuentas investigadas -unas 800- un día antes del megaoperativo que permitió la captura de los 52 detenidos hasta ahora, dicha coordinación activó las alarmas de la red.

Cabe destacar que hace solo unos días, el director de la UAF, Carlos Pavez Tolosa, admitió en conversación con CNN que solo “alrededor del 2% o 3% de los activos que mueve el crimen organizado se logran extraer o restituir”.

La relación de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski es, sin duda, una historia de amor que parece sacada de una película romántica. Según múltiples fuentes, la pareja se conoció cuando eran niños en la escuela infantil Wagon Wheel School en Los Ángeles, donde forjaron una amistad que con el tiempo se transformó en un romance.

MFM

Comenzaron a salir oficialmente en 2015, a los 19 años, y su relación fue bien recibida por las familias de ambos, incluyendo a los padres de Stella, Antonio Banderas y Melanie Griffith. Melanie incluso compartió en 2017 una foto de la pareja en Instagram, describiéndola como «amor verdadero». Sin embargo, en 2019, la pareja se separó, y Stella mantuvo una relación con Eli Meyer, hijo del influyente ejecutivo de Hollywood Ronald Meyer, hasta 2022.

El destino quiso que Stella y Alex se reencontraran en 2023, confirmando su reconciliación con una publicación en Instagram el Día de San Valentín. Este reencuentro culminó en un compromiso anunciado en agosto de 2024, durante unas vacaciones en Grecia, donde Alex le propuso matrimonio a Stella. Ella compartió la noticia en Instagram con un emotivo mensaje: “¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!” junto a fotos que muestran su anillo de compromiso y momentos de su infancia juntos.

Alex Gruszynski, de ascendencia polaca y nacido en Los Ángeles, es un empresario exitoso. Estudió Administración de Empresas en Wake Forest University y se especializó en finanzas en la USC Marshall School of Business. Es cofundador de Nova, una plataforma que conecta a creativos de Hollywood con oportunidades laborales, y ha trabajado en la agencia de talentos William Morris Endeavor (WME). Su pasión por el cine, compartida con Stella, fortalece su vínculo.

La boda está programada para octubre de 2025 en España, probablemente en Andalucía, y se espera que sea un evento íntimo y familiar, acorde con el estilo discreto de la pareja. Antonio Banderas y Melanie Griffith han expresado su alegría por el compromiso, y la relación de Stella y Alex sigue siendo celebrada como una historia de amor que ha superado el paso del tiempo, desde la infancia hasta la adultez.

Luigi Pisella, actual presidente de Conindustria, se perfila como uno de los principales candidatos a la presidencia de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) para el período 2025-2027.

MFM

Con un plan de gestión basado en cuatro pilares —gestión, compromiso, experiencia y continuidad—, Pisella busca consolidar la unidad gremial y promover políticas públicas que impulsen la recuperación económica del país. Su propuesta, respaldada por un equipo sólido y un recorrido nacional de consultas, será presentada en la 81ª Asamblea Anual de Fedecámaras, que se celebra hoy y mañana en Valencia, estado Carabobo.

Unidad gremial y diálogo con el gobierno

Pisella, acompañado por Tiziana Polesel (primera vicepresidencia), Rafael Trejo (segunda vicepresidencia) y Celso Fantinel (tesorería), ha centrado su campaña en fortalecer la institucionalidad de Fedecámaras. Su experiencia al frente de Conindustria, donde logró avances como la reducción de la contribución especial para pensiones (de 15% a 9%) y la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares, le sirve de aval. En una reciente entrevista en Instagram, el candidato destacó la importancia de mantener un diálogo respetuoso con el Ejecutivo nacional para abordar problemas clave, como la calidad de los servicios públicos (electricidad, agua y combustible). Propone mesas de trabajo que ofrezcan soluciones prácticas y efectivas para las empresas, consolidando a Fedecámaras como un actor influyente en la formulación de políticas públicas.

Políticas públicas para el crecimiento económico

El plan de Pisella incluye propuestas concretas para dinamizar la economía venezolana. Entre sus iniciativas destacan la exoneración de impuestos sobre la renta para la producción agrícola, la eliminación de la Ley de Precios Justos para promover el libre mercado, y la formalización de emprendedores y trabajadores independientes mediante un monotributo que facilite el acceso a créditos a baja tasa. Además, apuesta por priorizar la contratación de jóvenes entre 18 y 25 años en el sector productivo, una medida que busca impulsar el empleo juvenil y combatir la informalidad. Pisella también aboga por actualizar la Ley del Trabajo para adaptarla a nuevas dinámicas, como el teletrabajo y los oficios emergentes, protegiendo a los trabajadores en un contexto económico cambiante.

Continuidad y consulta sectorial

El lema de Pisella, “Continuidad en la gestión, confianza y compromiso”, refleja su enfoque en consolidar los logros de la actual directiva de Fedecámaras, como la Ley de Armonización Tributaria. Su propuesta surge de un recorrido nacional en el que consultó a cámaras y asociaciones de sectores como banca, turismo, construcción, manufactura y energía. Este proceso, según el candidato, garantiza un plan inclusivo que responde a las necesidades de los afiliados. En su campaña, Pisella ha prometido continuar estas visitas para compartir su visión y fortalecer la unidad del sector privado, un pilar clave para enfrentar los desafíos económicos del país.

En la contienda electoral, Pisella enfrenta a Felipe Capozzolo, actual primer vicepresidente de Fedecámaras, en una elección que definirá el rumbo de la federación en un momento crítico para Venezuela. Con un enfoque en políticas públicas tangibles, fortalecimiento institucional y diálogo constructivo, Pisella busca liderar un sector privado más robusto y preparado para contribuir al desarrollo nacional.

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