Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó este domingo unos comentados instantes al cometer un error de protocolo durante su saludo a los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, durante su recepción en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra desde este lunes en Sevilla.

20 Minutos

En la cena previa a la cumbre, los presidentes de diferentes países asistieron este domingo por la noche a una cena en el Palacio Real Alcázar ofrecida por la Casa Real y en la que todos los asistentes saludaron a los monarcas.

Cuando llegó el turno el presidente colombiano, las cámaras captaron un momento que ha llamado mucho la atención porque Petro cometió el error de protocolo de intentar saludar a la reina Letizia con un beso, cuando las normas en estos casos marcan estrecharse la mano.

El hombre más buscado de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue detenido este jueves en la ciudad de Manta. Apenas horas después del procedimiento, trascendieron detalles del lujoso búnker en el que estaba oculto.

Caraota Digital

El Bloque de Seguridad ecuatoriano se encargó del operativo llevado a cabo en el barrio La Tejedora. De acuerdo a filtraciones, Macías estaba oculto en un gran escondite bajo una escotilla en el piso de la casa de su pareja.

Muchos podrían pensar que el delincuente más buscado de todo Ecuador estaba en un pequeño escondite. Sin embargo, la opinión pública quedó sorprendida al descubrir el nivel de lujo y sofisticación que tenía el búnker de Macías.

Los miembros de las Fuerzas Armadas recorriendo una gran sala subterránea, con paredes recubiertas en mármol y porcelanato de iluminación. A esto se sumaba un diseño de interiores moderno y elegante.

Cómodo y Seguro

Macías, actual líder de Los Choneros, estuvo encarcelado entre 2013 y 2024, cuando escapó de una cárcel de máxima seguridad. Este fue el detonante del estado de emergencia y del conflicto armado interno en Ecuador.

Durante su año y medio como prófugo, Macías procuró tener un espacio «cómodo y seguro», dijeron las autoridades. Así pues, el búnker se parecía más a un hotel que a un refugio criminal.

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En medio del creciente conflicto entre Irán e Israel, el papel geopolítico de Panamá, pequeño país con una ubicación estratégica envidiable, volvió a estar bajo los reflectores internacionales. Aunque alejado de Medio Oriente por miles de kilómetros, él pudiera encontrarse inevitablemente en el centro de la tensión global, no por sus armas ni por su diplomacia activa, sino por el valor estratégico del Canal de Panamá.

Por: Luis Ochoa Terán – El Nacional

Desde su inauguración en 1914, el Canal de Panamá ha sido vital para el comercio global, especialmente para Estados Unidos. Casi 70% del tráfico que atraviesa el canal tiene origen o destino en puertos estadounidenses.

Pero más allá de lo económico, el canal es también un recurso estratégico en tiempos de conflicto. Durante las guerras del siglo XX, la vía permitió el traslado expedito de flotas militares. Hoy, en plena incertidumbre global, su importancia militar se renueva. En tiempos de paz, esto representa una ventaja logística; en tiempos de guerra, una vulnerabilidad estratégica.

Si el conflicto entre Irán e Israel escalara e involucrara aún más directamente Estados Unidos, como ya ha empezado a incrementar su presencia de fuerzas militares en la región del Golfo Pérsico, el canal podría convertirse en un punto de presión, ya sea por la necesidad de reforzar la seguridad de sus aguas o como blanco de posibles amenazas.

Washington ha reforzado en el pasado su compromiso con la seguridad del canal, incluso después de su traspaso a manos panameñas en 1999. En un contexto de guerras regionales que pudiera interrumpir otras rutas comerciales como el estrecho de Ormuz o el Canal de Suez, la importancia del canal se multiplica. Ante tal escenario, es previsible que Estados Unidos reitere su interés en preservar su operatividad segura.

Panamá, tradicionalmente neutral y respetuoso del derecho internacional, ha mantenido una posición cautelosa frente a los conflictos lejanos. Sin embargo, su alianza histórica con Estados Unidos la ubica en una línea delicada. No solo por la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y comercio, sino también porque Washington esperaría que Panamá tome medidas que garanticen el tránsito seguro, sin interferencias y de prioridad a sus embarcaciones fundamentalmente sus naves militares. Panamá debe maniobrar con destreza para no comprometer su neutralidad, pero sin ignorar los compromisos con su principal socio estratégico.

La posibilidad de una interrupción de rutas clave como el estrecho de Ormuz podría hacer del Canal de Panamá una alternativa aún más crítica para los flujos energéticos y comerciales hacia Asia. Esto aumentaría tanto su valor estratégico como su exposición a amenazas híbridas, incluyendo ciberataques o presiones políticas. Su canal, su ubicación y sus alianzas lo obligan a adoptar una postura de neutralidad activa, protegiendo su soberanía y garantizando el funcionamiento del canal en medio de un entorno global cada vez más volátil.

En momentos en que el mundo observó con creciente inquietud el enfrentamiento entre Irán e Israel, con la sombra de una implicación directa de Estados Unidos, el reciente Acuerdo de Seguridad entre Panamá y Washington de principios de año, adquiere una relevancia especial; tan es así, que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos estuvo esta semana visitando Panamá y prorrogando el Memorándum de Asistencia y Cooperación y lo siguió el Jefe del Comando Sur. En un contexto internacional tan volátil, este tipo de cooperación adquiere una nueva dimensión. Washington no oculta su interés en proteger sus rutas comerciales y militares clave. Ante una posible reactivación del conflicto Irán-Israel, donde el estrecho de Ormuz corra peligro de ser bloqueado o se restrinja el flujo petrolero, el Canal de Panamá podría pasar a ser un activo logístico crítico para Estados Unidos y sus aliados.

La polémica firma del Memorándum de Entendimiento Panamá-Estados Unidos en julio del año pasado, no fue un hecho aislado ni meramente bilateral. Sin lugar a dudas, formó parte de una estrategia anticipada de Estados Unidos preparándose ante escenarios de conflicto previsibles en Medio Oriente con consecuencia en la región. Panamá, sin quererlo quizá, fue incorporado en esa lógica geopolítica. Y ahora, con el escarceo de guerra en Medio Oriente, ese acuerdo adquiere una nueva dimensión y pone a prueba la capacidad del país de mantener su soberanía y neutralidad sin romper la cooperación con su socio estratégico e histórico.

En estas circunstancias, el desafío de Panamá no es elegir entre seguridad y neutralidad. Es ejercer ambas con madurez, transparencia y autonomía. El acuerdo de seguridad con Estados Unidos no es, en sí mismo, negativo. Pero en un contexto global tan delicado, su sintonía con los intereses estratégicos de EE.UU., y su relación con el conflicto Irán-Israel, adquieren preponderancia.

Para los panameños, el canal representa soberanía, neutralidad y desarrollo. Para Washington, representa interés vital, poder de maniobra y seguridad nacional. La relación entre ambas perspectivas es tan estrecha como frágil, y en tiempos de guerra, esa tensión se hace visible, más importante y estratégica.

Panamá debe garantizar que su política exterior y de defensa no lo conviertan en rehén de conflictos ajenos. El canal debe seguir siendo un símbolo de neutralidad y paz. Y para lograrlo, la soberanía no puede ser negociada, ni siquiera en nombre de la seguridad. Como país de tránsito, Panamá camina hoy entre la paz y la tensión mundial. Y en ese tránsito, su madurez y prudencia será tan estratégica como su geografía.

Durante una reunión oficial en Sevilla, España, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió los esfuerzos de Panamá en materia de transparencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

La Estrella

En particular, subrayó la relevancia del Decreto Ejecutivo 512 de 2024, que prohíbe que embarcaciones sancionadas por la Unión Europea u otras jurisdicciones utilicen la bandera panameña, como una muestra firme del compromiso del país con la cooperación internacional.

Von der Leyen también resaltó el papel protagónico que está asumiendo Panamá en el programa europeo Global Gateway, orientado a promover inversiones en infraestructura sostenible. En ese contexto, mencionó proyectos clave como la interconexión eléctrica regional (Siepac), la conexión energética con Colombia, y el tren Panamá–David–Frontera, destacando su potencial estratégico para fortalecer la integración regional y las relaciones con Europa.

La líder europea instó al país a mantener la agenda de reformas que permitan su salida definitiva de las listas de países no cooperadores en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que —afirmó— redundará en una mejor reputación internacional y en mayores flujos de inversión extranjera.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino agradeció el respaldo de la Comisión Europea y reafirmó que la lucha contra estos delitos forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el clima de negocios, mejorar la gobernanza financiera y consolidar a Panamá como un socio confiable y transparente.

Interés en el tren Panamá–David

Durante su visita, Mulino también se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien anunció el interés de empresas españolas en participar en la licitación del ambicioso proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera, valorado en 500 millones de balboas.

Sánchez destacó la vasta experiencia de España en infraestructura ferroviaria y manifestó el deseo de su país de contribuir a este megaproyecto, que se espera licitar en su primer tramo en el primer trimestre de 2026. Mulino, a su vez, hizo un llamado directo a las empresas españolas para que se involucren activamente.

Ambos mandatarios abordaron también temas de cooperación financiera bilateral, desarrollo de energías renovables, logística, ecoturismo y expansión portuaria, áreas en las que Panamá y España buscan estrechar aún más su relación estratégica.

El mandatario español destacó la importancia de que los panameños sigan manejando con eficiencia el Canal y afirmó que Panamá cuenta con un respaldo para salir de lista discriminatoria de la Unión Europea, según un comunicado de la Presidencia de Panamá

BID y OCDE apoyan ingreso de Panamá al “club de los países desarrollados”

La gira oficial de Mulino en Sevilla también incluyó una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, con quienes oficializó el inicio del proceso de adhesión de Panamá a la OCDE.

Mulino anunció la creación de una comisión permanente para dar seguimiento al proceso e indicó que Panamá avanzará con un Programa País, paso esencial para cumplir con los estándares del organismo internacional.

Goldfajn confirmó el respaldo técnico y financiero del BID. “Alinear políticas e instituciones con los estándares de la OCDE es una forma concreta de avanzar en reformas que fortalecen la credibilidad del país”, sostuvo.

La eventual membresía en la OCDE traerá múltiples beneficios a Panamá, entre ellos mayor reconocimiento internacional y confianza para inversionistas, exclusión de listas grises de paraísos fiscales, participación en decisiones globales en áreas como gobernanza, educación, medio ambiente y lucha anticorrupción.

Reunión con el rey Felipe VI

Mulino también sostuvo una audiencia bilateral con el rey Felipe VI de España como parte de su gira oficial en Sevilla. Durante el encuentro, el monarca reconoció los esfuerzos del Gobierno panameño para enfrentar los desafíos sociales del país, haciendo referencia específica a las reformas impulsadas en torno a la Caja de Seguro Social.

Felipe VI también reiteró el interés de empresas españolas en participar activamente en proyectos de infraestructura, tanto en el Canal de Panamá como en las iniciativas propuestas por el Ejecutivo panameño. En este contexto, el presidente Mulino explicó al rey la importancia estratégica del proyecto del río Indio para garantizar la continuidad operativa del Canal, subrayando su relevancia para España, país que ocupa el décimo tercer lugar entre los principales usuarios de la vía interoceánica.

El rey valoró positivamente la gestión panameña del Canal, destacando su eficiencia, neutralidad y el impacto global que tiene en el comercio internacional. Ambos líderes conversaron además sobre la evolución del escenario geopolítico y la necesidad de renovar los acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones.

En un gesto personal, el rey también agradeció al presidente Mulino el apoyo brindado durante el paso de su hija, la princesa Leonor, por el Canal de Panamá a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano como parte de su formación militar.

Venezuela atraviesa una nueva y más dura fase de su autoritarismo bajo el mando de Nicolás Maduro, quien está listo para extender su gobierno de 12 años a pesar de las certezas de que fraguó los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado. Quien verdaderamente ganó esos comicios, el diplomático retirado Edmundo González, huyó del país para escapar de una drástica represión postelectoral, pero regresará a Venezuela para desafiar la inauguración de Maduro este viernes.

Por: Maximiliano Sardi – Perfil

El temido ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtió que González será arrestado si intenta volver. “¡Ven! ¡Te estamos esperando!”, dijo Cabello de manera desafiante. Además, aseguró que el inicio del tercer mandato de Maduro no será interrumpido y rechazó cualquier insinuación de que las fuerzas armadas podrían cambiar de bando, algo que la oposición está pidiendo desesperadamente. “Los cuarteles están tranquilos”, afirmó Cabello, mientras ordenaba un despliegue masivo de fuerzas de seguridad para sofocar cualquier disidencia.

La inauguración de Maduro, boicoteada por la mayoría de los líderes de gobiernos democráticos, marca un doloroso hito en el colapso de la que alguna vez fuese una de las democracias más grandes de Sudamérica. Según John Polga-Hecimovich, coeditor del libro Consolidación Autoritaria en Tiempos de Crisis: Venezuela bajo Nicolás Maduro, el fraude electoral del año pasado expuso cómo los sectores más duros del chavismo han derrotado a los moderados que favorecían admitir la derrota ante González. “Ya ni siquiera existe el pretexto de negociar o construir consensos con la oposición. Es un rechazo total a la democracia”, comentó.

El robo de las elecciones de 2024, que según datos publicados por la oposición Maduro perdió de manera contundente, llevó al gobierno de ser un autoritarismo electoral a convertirse en un régimen hegemónico cerrado. Ya no hay «dictablanda».

“Es una dictadura”, sentenció Polga-Hecimovich. Además, señaló que Maduro ha mostrado su verdadera naturaleza al mundo: “Es un dictador brutal que encarcela a quienes piensan diferente, supervisó el mayor colapso económico en la historia moderna de América Latina y es responsable del mayor éxodo migratorio en la historia del hemisferio”.

En la víspera de la ceremonia de inauguración en Caracas, activistas denunciaron que agentes de Maduro secuestraron a más de una docena de figuras vinculadas a la oposición, incluido el yerno de González, Rafael Tudares, el activista de derechos humanos Carlos Correa y el prominente político Enrique Márquez. “Una caza de brujas a gran escala está en marcha”, tuiteó Iván Briscoe, experto en América Latina del Crisis Group.

Sin embargo, hay quienes sostienen que, pese a todo, hay esperanza. Marcel Dirsus, autor del libro Cómo Caen los Tiranos y Cómo Sobreviven las Naciones, destacó que los regímenes dictatoriales a menudo caen de manera rápida e inesperada, como sucedió en Siria con Bashar al-Ásad. “La estabilidad dictatorial es frecuentemente una ilusión. Maduro es mortal, y eventualmente caerá”, afirmó.

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La reciente campaña orquestada por un grupo de mujeres militares en redes sociales contra María Corina Machado (MCM) no es más que otro capítulo en la larga lista de intentos del régimen venezolano por desacreditar a una líder que se ha convertido en la pesadilla de Nicolás Maduro y su cúpula.

Esta maniobra, que según reportes periodísticos emana de directrices del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, MG Elio Ramón Estrada Paredes, busca pintar a María Corina como una amenaza a la soberanía nacional, acusándola de incitar conflictos con Estados Unidos y de promover «desastres» para Venezuela, bombardeos o de ser una «enemiga de la patria», en un intento fallido de desviar la atención de los verdaderos problemas: la crisis humanitaria, el colapso económico y la represión brutal contra quienes se atreven a alzar la voz.

Pero, como siempre, estos artificios no hacen más que revelar el miedo y la impotencia de un régimen que no sabe cómo frenar el liderazgo incontenible de MCM.

La campaña de descrédito fallida

Desde los comandos fronterizos de los estados Táchira y Apure, mujeres militares, seguramente obligadas por la elite que le sirve a la dictadura, han sido instruidas para grabar videos cargados de improperios y acusaciones sin fundamento. Con uniformes impecables y discursos ensayados, llaman a Machado «derecha ultra fascista» y la señalan de apoyar supuestos bombardeos estadounidenses contra Irán o incluso contra Venezuela.

Estas palabras, llenas de imprecisiones y desvaríos, no solo carecen de credibilidad, sino que exponen la desesperación de un régimen que recurre a la propaganda más burda para intentar opacar la verdad que María Corina representa.

El lema «mujeres guerreras y victoriosas» que acompaña estas publicaciones no puede estar más lejos de la realidad. Muchas de ellas, probablemente, actúan bajo órdenes estrictas, no se enfrentan a un enemigo externo, sino que son utilizadas para atacar a una venezolana que ha dedicado su vida a la lucha por la libertad.

No a la violencia

María Corina no promueve la violencia, como falsamente la acusan; su lucha es la de un pueblo que ha sido vejado por un régimen que expropia, reprime y entrega los recursos del país a potencias extranjeras mientras los venezolanos padecen hambre y miseria.

No es la primera vez que intentan difamarla. No le perdonan que, con valentía, se enfrentó en plena sesión del parlamento a Hugo Chávez y le dijera en su cara que «expropiar es robar». No le perdonan que denunciara la entrega del Esequibo a Guyana, que expusiera ante la OEA los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, ni que liderará a un pueblo que, el pasado 28 de julio, derrotó contundentemente a Maduro en las urnas.

María Corina no es solo una líder política; es el símbolo de la resistencia venezolana, de la esperanza de millones que ven en ella la posibilidad de un país libre y próspero.

El régimen puede seguir desplegando sus recursos, usando a las Fuerzas Armadas como instrumento de propaganda, pero la verdad es que no pueden con María Corina Machado. Cada ataque, cada video, cada insulto, solo fortalece su posición como la líder que Venezuela necesita. Porque mientras ellos se esconden detrás de uniformes y discursos vacíos, MCM sigue luchando junto al pueblo, hablando con claridad y defendiendo la soberanía de una nación que no se rinde.

La doctrina Machado

María Corina se posiciona como una voz autorizada para proponer una visión regional: La Doctrina Machado. Tesis que surge en un momento crítico para la región, donde regímenes autoritarios en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua amenazan los valores democráticos, mientras que la migración masiva, la crisis económica y la inestabilidad política afectan a toda la región. Inspirada en la Doctrina Monroe, que buscó proteger a las Américas de intervenciones extranjeras, y la Doctrina Betancourt, que promovió la no coexistencia con dictaduras, la Doctrina Machado plantea una nueva alianza hemisférica para restaurar y proteger la democracia.

La Doctrina Machado se fundamenta en la premisa de que la libertad de los pueblos americanos está interconectada: la opresión en un país tiene consecuencias directas en la estabilidad y prosperidad de sus vecinos. Como Machado ha señalado, «Liberar a Venezuela es el primer paso, luego liberar a Cuba y Nicaragua. Por primera vez vamos a tener un continente de países democráticos».

Este enfoque regional busca abordar las causas estructurales de la inestabilidad, como la falta de democracia, la corrupción, la represión, y las alianzas de esos regímenes con las redes del crimen organizado en los que figuran corporaciones dedicadas al narcotráfico y al terrorismo, todo lo cual configura una amenaza cierta contra la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio unido bajo principios de libertad y justicia.

La «Doctrina Machado» combina la resistencia pacífica, la presión internacional y la reconstrucción económica para enfrentar las dictaduras y sus consecuencias regionales. Al promover una coalición hemisférica, sanciones selectivas y el empoderamiento ciudadano.

La Doctrina Machado busca no solo liberar a Venezuela, sino transformar a las Américas en un continente de democracias resilientes, donde los ciudadanos sean los verdaderos protagonistas del cambio.

Como Machado ha afirmado, «Venezuela será libre y las Américas estarán libres de comunismo por primera vez en la historia». Esta doctrina es un llamado a la acción para que los pueblos y gobiernos de la región trabajen juntos por un futuro de libertad y prosperidad.

La «Doctrina Machado», se presenta como una propuesta estratégica que combina principios universales, pragmatismo geopolítico y un enfoque centrado en los ciudadanos para enfrentar el autoritarismo y promover democracias resilientes en Iberoamérica.

La Doctrina Machado retoma la idea de Monroe de un hemisferio libre de influencias externas opresivas, pero la actualiza al incluir amenazas internas (dictaduras) y extrahemisféricas modernas (China, Rusia, Irán), con un enfoque más inclusivo y centrado en los ciudadanos.

La Doctrina Betancourt, impulsada por el presidente venezolano Rómulo Betancourt, promovió la «no coexistencia con dictaduras», rechazando relaciones diplomáticas con regímenes que violaran los derechos humanos o llegaran al poder por medios antidemocráticos. Su objetivo era aislar a las dictaduras (de cualquier signo ideológico) y fortalecer la democracia en la región, en un contexto de Guerra Fría.

Mientras que Betancourt se enfocó en el aislamiento diplomático de dictaduras sin importar su orientación ideológica, la Doctrina Machado pone un énfasis explícito en combatir regímenes autoritarios, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua y sus alianzas con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, que representan amenazas a la estabilidad hemisférica.

¡Es que no pueden con MCM, y nunca podrán! Su fuerza no radica en armas ni en propaganda, sino en la verdad y en el respaldo de millones de venezolanos que sueñan con un futuro mejor. La historia ya está escrita: María Corina Machado es la voz de la libertad, y esa voz no la podrán silenciar.

Antonio Ledezma (@AlcaldeLedezma)

Si los derechos humanos, la paz y la libertad están en peligro, la Iglesia tiene el deber de pronunciarse.

La Constitución Gaudium et Spes puso en claro el principio que inspira a la Santa Sede cuando se dirige a los hombres políticos o interviene en el campo de la diplomacia: “La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde de ningún modo con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana”.

Por: Macky Arenas – Reporte Católico Laico

La Iglesia Católica tiene una misión específicamente religiosa y no de orden político, económico o social, por lo cual su mensaje trasciende las divisiones humanas y las fronteras nacionales. Su diplomacia está al servicio de los derechos humanos porque la premisa es la primacía del hombre y su dignidad. Ello debe haber inspirado la labor de un Papa que fue canonizado, Juan Pablo II, en favor de la libertad de su pueblo, Polonia, martirizado por el comunismo soviético. También debe haber inspirado una de sus frases inolvidables, pronunciada durante su segundo viaje a México: “Cuando los derechos humanos están en riesgo, la política es un asunto de la Iglesia”.

En consecuencia, una cosa es que la Iglesia, como institución, se abra a todos y se abstenga de participar en política de la manera como pueden y deben hacerlo los laicos; y otra el que se prive de opinar, denunciar, condenar los abusos, alertar y, sobre todo, orientar cuando la paz y la libertad están bajo amenaza. Y no hacerlo una vez, sino «70 veces siete».

En sus exhortaciones y comunicados, los obispos venezolanos se han referido al compromiso con la paz y el destino democrático de este país, que pasa por el abandono de la pretensión totalitaria y el respeto a las libertades ciudadanas. Pasa por la aceptación de la disidencia y el cese de la represión. Ninguna declaración de organización o líder alguno, hasta hoy, ha sido -en sus momentos- tan completa, tan vertebrada, tan sólida y valiente, así como tan solidaria con las familias que hoy lloran a sus seres queridos. Especialmente firme fue el texto cuando recordó algo que debía estremecer el espinazo de todo aquél que conservara algún vestigio de temor de Dios en su espíritu: el Quinto Mandamiento. El que tenga oídos…

Este tipo de llamados, dado el empeoramiento de la situación en Venezuela y vista la necesidad de la palabra orientadora, deben multiplicarse, recordando que la paz es un resultado de la justicia, del respeto a la dignidad de la persona y de la solidaridad con el más débil, con el perseguido y el olvidado.

Nada es más profético que emplazar al poder cuando se torna arbitrario y orientar al pueblo cuando se siente vejado, abrumado y abandonado. Es lo que hizo Cristo y es lo que están haciendo, por ejemplo, los obispos cubanos cuando por primera y asombrosamente directa vez, en un contexto tan riesgoso, han dejado traslucir la gravedad de la situación a través de su voz fraterna y clara: “En todos los lugares de la geografía nacional, para los oídos atentos y respetuosos del sufrimiento del prójimo se escucha continuamente que las cosas no están bien, que no podemos seguir así, que hay que hacer algo para salvar a Cuba y devolvernos la esperanza” (…) “Con la fuerza del amor que profesamos por Dios y por Cuba, queremos dar una palabra de aliento: «¡No tengamos miedo de emprender nuevos caminos!»

El Papa lo acaba de decir de manera meridiana a los nuevos pastores latinoamericanos – que de la realidad regional tiene el pontífice la más vasta experiencia- a quienes entregó el palio en Roma, en un mensaje que no podemos sino calificar de interpelante: Aléjense de “esquemas pastorales que se repiten sin renovarse”. Y recordó: “En la historia de los dos apóstoles -en referencia a Pedro y Pablo-, en cambio, nos inspira su voluntad de abrirse a los cambios, de dejarnos interrogar por los acontecimientos, los encuentros y las situaciones concretas de las comunidades”.

“La fe cristiana bien entendida nos exige a todos los creyentes responsabilizarnos del destino del país”, llamaron los obispos venezolanos en una ocasión en que nuestro pueblo protestaba y la respuesta era inmerecida y desmedida. Tal vez la memoria nos ubique en el 12 de febrero de 2014, cuando iniciaron las manifestaciones de calle. Manifestaciones que solo se tornan escenarios violentos cuando llega la represión a expresiones de descontento perfectamente legítimas. Entre el 12 de febrero y el 29 de mayo de 2014 fallecieron 43 personas. Honrando aquella premisa ineludible se pronunció la Conferencia Episcopal en un llamado histórico –que no es exagerado calificar de inédito, a pesar de heroicos precedentes en otros momentos aciagos de la vida venezolana- por su contundencia y precisión.

Juan Pablo II habría coreado, con toda seguridad: “Cuando se criminaliza la protesta ciudadana y ocurre la negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes”, la política es un asunto de la Iglesia.-

Han aumentado las practicas de la tortura y los malos tratos en Venezuela, a causa del incremento de la represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, incluyendo acusaciones de «terrorismo», afirmó el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, presentando su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, cuya Oficina en Caracas cuenta con un solo diplomático acreditado.

Por: Juan Gasparini – Perfil

En ese período, la ONU «documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, 8 defensores de los derechos humanos, 6 trabajadoras humanitarias, y 58 miembros de la oposición, así como otras limitaciones de las libertades de expresión y opinión. En agosto de de 2024, las autoridades reactivaron la Operación Tun Tun, una serie de redadas para detener a manifestantes y disidentes. El candidato presidencial Enrique Marquez, fue desaparecido en enero del 2025».

«Desde el 29 de julio de 2024, al menos 75 hombres y 41 mujeres, incluidas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes sindicales, así como testigos de mesa y miembros de partidos de la oposición, se sintieron obligadas a abandonar el país, o a esconderse, por temor a sufrir persecución. Estas personas denunciaron represalias, como intimidaciones por parte de diversas autoridades a sus familiares en Venezuela».

Esto no les gusta a los autoritarios

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También la ONU «recibió alegaciones de represalias contra personas que tenían vínculos directos o indirectos con la campaña electoral de partidos de oposición, incluidas 99 de acoso e intimidación, 64 de vigilancia y amenazas, incluidas de muerte, y 30 de cierres ilegales de negocios o confiscación de bienes» sumados a «27 casos de detenciones arbitrarias», bajo cargos de «asociación para delinquir, incitación al odio y conspiración» de opositores partidarios «y proveedores de servicios a las campañas de partidos de la oposición».

Volker Turk deploró «la limitada disponibilidad y adecuación de la información y los materiales» electorales «en lenguajes inclusivos para personas con discapacidad visual o auditiva, o en leguas indígenas». Recordó «que los Estados están obligados adoptar todas las medidas para garantizar» a la ciudadanía «que todos tengan el derecho efectivo de participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, y a eliminar leyes, reglamentos y practicas discriminatorias».

El Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos criticó asimismo «la retórica sexista» hostil «a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos» utilizada «por funcionarios del Estado, incluso altos rangos», para denostar «a simpatizantes y miembros de partidos contrarios. El discurso de odio contra las mujeres, las personas LGBTQ+ u otros grupos contribuye a erosionar el derecho a participar en los asuntos públicos sin discriminación».

«Entre el 29 y 30 de julio de 2024», concluidas «las elecciones se produjeron protestas a lo largo del país… Una organización de la sociedad civil informó de 915 protestas ciudadanas en todo el país entre esas fechas, 138 de las cuales fueron reprimidas por la seguridad del Estado, en coordinación con grupos civiles armados», afines al «partido gobernante (colectivos )… Los datos oficiales refieren 28 muertes, la mayoría de manifestantes y 2 Guardias Nacionales… Se utilizaron gases lacrimógenos y disparos de las fuerzas de seguridad, tanto policiales y militares».

Nicolás Maduro se proclamó vencedor del escrutinio presidencial, pese a no presentar públicamente las actas correspondientes. Los opositores Marina Corina Machado y Edmundo González Urrutia circularon las copias recogidas por sus representantes en las mesas de votación a lo largo del país, probando la victoria, pero fueron perseguidos, debiendo elegir el exilio o la clandestinidad. Los 2.006 detenidos afrontan «liberación condicional por fases». Los 128 extranjeros de 13 pises detenidos, carecen de servicios consulares, solo 3 han sido liberados.

La ONU constató que «funcionarios públicos, incluidos de las fuerzas de seguridad, difundieron en las redes sociales videos, fotos y datos de personas detenidas, incluso de adolescentes, exacerbando el temor entre la población, promoviendo la utilización de una aplicación móvil específica para facilitar las denuncias de personas consideradas «fascistas» o «terroristas», efectuando registros, inspeccionando arbitrariamente los teléfonos en busca de cualquier indicio de vínculos con la oposición, dando lugar a extorsiones bajo amenaza de detención».

Al 15 de agosto de 2024, se contabilizaban detenciones de «mas de 2.400 personas bajo cargos de terrorismo y por intentar desestabilizar el país en las protestas postelectorales», incluyendo «mujeres, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad». Pese a «la liberación condicional escalonada de algunos detenidos, desde septiembre de 2024, estas detenciones tuvieron un efecto amedrentador general sobre otras personas, contribuyendo a restringir el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de expresión», torturándolos en la detención.

«A pesar de las recomendaciones de la ONU de no aprobarla en su forma actual, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ley de ONG) entró en vigor en noviembre de 2024. La aprobación acelerada, el 28 de noviembre de 2024, de la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolivar contra el bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, así como la re-introducción en la agenda legislativa de 2025 de la Ley de Cooperación», terminaron «agravando las preocupaciones sobre riesgos de aplicación arbitraria como resultado de las amplias y vagas definiciones contenidas en esta legislación».

Paralelamente, el gobierno domiciliado en Caracas aplicó «restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos», mediante «nuevos cierres de emisoras de radio, detenciones y desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, o la restricción del acceso a sitios web», más de 60 «durante el segundo semestre de 2024». Al tiempo, «se bloquearon aplicaciones de redes sociales como «X» y «Signal», así como redes privadas virtuales, sin que mediara orden judicial».

La ONU recibió denuncias de «autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas usuarias» sobre «incidentes de pirateo de sitios web aparentemente para atizar las tensiones políticas durante las elecciones y después de ellas. Se utilizaron plataformas en línea y redes sociales para intimidar, estigmatizar y permitir la detención de personas presuntamente disidentes, por ejemplo mediante tácticas de phishing, sembrando miedo», en la población.

Del periodo investigado por la ONU, se registran 84 desapariciones (62 hombres, 15 mujeres y 7 adolescentes) y se han identificado 32 víctimas de tortura, «en particular contra 4 mujeres, una de las cuales estaba embarazada, 15 adolescentes (una niña) y 3 personas con discapacidad». Veinte de esos hechos aberrantes fueron cometidos por agentes militares, organismos de inteligencia y civiles, 8 por la policía y en 5 casos los responsables no fueron identificados».

El desbordamiento de los ríos Chama y Mocotíes en el estado Mérida, producto de las fuertes lluvias que se registraron en la entidad, son consecuencia del daño a las capas superiores de la atmósfera, que se suman a los extremos climáticos y las catástrofes meteorológicas, aseguran expertos de la organización Ecoazul, dedicada a la defensa y resguardo de los medios naturales a través de la educación.

El Pitazo

«Las tragedias sucedidas en las cuencas de los ríos Chama y Mocotíes han sido inducidas principalmente por la irresponsabilidad humana y la forma en que hemos tratado a la montaña durante muchas décadas», dice el coordinador general de esta organización, Mauricio Martínez.

Álvaro Zambrano, consultor ambiental y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, explicó que el 26 de junio de 1993, se registró una de las tragedias hídricas más graves del occidente venezolano en la cuenca del río Chama, y 32 años después se registra un nuevo desbordamiento de este río, dejando a comunidades aisladas, infraestructuras colapsadas, inundaciones y cientos de familias afectadas.

Tragedias de 1993 y 2025

El experto de Ecoazul recordó que el 26 de junio de 1993 se registraron en Mérida fuertes lluvias que produjeron inundaciones y afectaron los municipios Alberto Adriani, Rangel y Libertador. Durante esos días se registraron lluvias torrenciales, desbordamientos de los ríos Chama, Santo Domingo y Motatán, así como ruptura del dique del río Chama en el sector La Motosa.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó repentinamente elecciones municipales para el próximo 27 de julio, apenas unas semanas después de celebrarse los comicios regionales y legislativos nacionales del 25 de mayo. En esta oportunidad, se repiten y agravan prácticas que contravienen principios básicos del ordenamiento jurídico electoral venezolano.

Acceso a la Justicia

A continuación, se destacan cinco aspectos clave del proceso convocado:

1. Plazo de convocatoria breve

A pesar de que los actuales funcionarios municipales tienen mandato hasta noviembre de 2025, el CNE adelantó los comicios sin explicación ni justificación institucional.

La convocatoria fue realizada con solo 53 días de antelación, en abierta violación al artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que exige al menos 6 meses de preparación. Esta omisión impide una planificación adecuada del proceso electoral más complejo del país, en el que deben elegirse 335 alcaldes y 2.417 concejales, de los cuales 69 representarán a pueblos indígenas.

2. Cierre del Registro Electoral

El mismo día en que se anunció el proceso (4 de junio), el CNE cerró el Registro Electoral (RE), lo que ha impedido a nuevos votantes inscribirse o a ciudadanos actualizar sus datos. Esta decisión restringe el derecho al sufragio, en especial de jóvenes y migrantes retornados, y mina la confianza en la equidad del proceso. Todo indica que se usará el mismo padrón del 25 de mayo, sin oportunidad de revisión ni depuración.

3. Opacidad en la publicación del cronograma electoral

La información oficial sobre el cronograma electoral ha sido difundida de forma irregular a través de redes sociales y canales no oficiales. Apenas se prevé una campaña electoral de 14 días (del 11 al 24 de julio), tiempo insuficiente para que los candidatos se den a conocer o para que el CNE promueva la información necesaria a fin de que haya una participación efectiva. Asimismo, el lapso de postulaciones fue extremadamente breve (9 al 13 de junio), aunque luego se extendió hasta el 17 de junio.

4. Inhabilitaciones sin garantías

A las fallas técnicas y legales se suman decisiones administrativas y judiciales que restringen la participación política.

Se trata de las inhabilitaciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR) impuestas a alcaldes de los estados Trujillo, Nueva Esparta y Táchira, quienes estarían impedidos de aspirar a la reelección; junto a la detención de otros burgomaestres, incluyendo la de Rafael Ramírez Colina del municipio Maracaibo en el estado Zulia.

A los anterior, se añade que la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisibles los recursos interpuestos por los actuales alcaldes opositores Elías Sayegh (El Hatillo) y José Fernández (Los Salias), inhabilitados por la CGR sin haber sido notificados del procedimiento para defenderse y tampoco conocer el acto administrativo que dio lugar a su inhabilitación. 

Legalmente, este tipo de situación configura una vía de hecho y cuenta con un recurso y procedimiento establecidos en los artículos 23.4 y 65 a 75, respectivamente de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), que fue lo utilizado por los demandantes como medio procesal judicial para presentar sus acciones.

Sin embargo, la SPA al emitir sus sentencias sobre las inhabilitaciones antes mencionadas, la n.º 226 del 31 de marzo de 2025 y  la n.º 277 del 28 de abril de 2025, respectivamente, calificó de manera errónea las demandas intentadas como recursos de nulidad (artículo 23.5 LOJCA), exigiendo documentos imposibles de presentar como el acto administrativo de inhabilitación cuando ambas demandas se basaron en su inexistencia o desconocimiento absoluto de la misma por falta de cumplimiento del procedimiento administrativo correspondiente, lo que es una vía de hecho.

Con ambas sentencias la SPA negó a los demandantes el acceso efectivo a la justicia. Además, omitió pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR), fundamento de las inhabilitaciones administrativas impugnadas.

Dicha normafaculta al Contralor para imponer sanciones de hasta 15 años, en contravención del artículo 65 de la Constitución, que exige una sentencia judicial firme penal condenatoria por la comisión de un delito para restringir derechos políticos, requisito que no se cumplió en ninguno de los casos antes mencionados.

El artículo 105 de la LOCGR no solo es inconstitucional, sino que también es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23.2, que dispone lo mismo que la Constitución venezolana.

5. Partidos judicializados

Desde inicios del siglo XXI  empezó a producirse la intervención judicial de las directivas de los partidos políticos de oposición desde el TSJ, sin embargo, esto se agravó especialmente en 2020 que se fue transformando en la regla, no solo con los de oposición, sino también con los disidentes.

En ese sentido, en el tarjetón de los venideros comicios municipales se mantiene la presencia de partidos intervenidos por el TSJ, tales como Patria para Todos (PPT), Tupamaro, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Podemos, Movimiento electoral del Pueblo (MEP), Primero Justicia, Acción Democrática (AD), Voluntad Popular, Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad), Copei y Bandera Roja.

¿Y a ti, venezolano, cómo te afecta?

El CNE vuelve a reeditar en los próximos comicios municipales los patrones de falta de transparencia y restricciones de las elecciones pasadas del 25 de mayo. Así, los nuevos comicios se anuncian sin información suficiente y clara sobre los candidatos, se reducen notablemente los tiempos de campaña, el registro electoral se cierra sin previo aviso y se excluyen líderes opositores, entre otros, mediante inhabilitaciones de la CGR, ratificadas por el TSJ.

Todo ello limita gravemente el derecho a elegir y ser elegido de los venezolanos, y afecta su confianza en el sistema electoral, lo que puede reducir las posibilidades de participación de la ciudadanía.

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