Armando Esteban Quito

El secretario de Estado Marco Rubio aprovechó el aniversario del Día de la Independencia de Cuba que se celebra este miércoles, para grabar un video en el que se dirige directamente al pueblo cubano en un mensaje en español en el que responsabilizó al liderazgo comunista de las «penurias inimaginables» que sufre la isla.

CiberCuba

La primicia, ofrecida por el medio estadounidense Axios, indica que es la primera vez que Rubio se dirige directamente a la población cubana en su calidad de secretario de Estado y en español, en lo que constituye una pieza central de la campaña de presión multidimensional de la administración Trump contra La Habana.

«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni comida es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha usado para ayudar al pueblo», afirmó Rubio en el discurso.

El mensaje se centra en GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar-empresarial fundado por Raúl Castro, con activos estimados en 18,000 millones de dólares y que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana a través de hoteles, bancos, tiendas y el flujo de remesas.

«Cuba no está controlada por ninguna ‘revolución’. Cuba está controlada por GAESA», sentenció Rubio, contrastando la riqueza de las élites que dirigen ese conglomerado con la miseria del cubano de a pie.

«El único papel que juega el llamado ‘gobierno’ es exigirles que sigan haciendo ‘sacrificios’ y reprimir a cualquiera que se atreva a quejarse», añadió.

El discurso llega en un momento en que Cuba atraviesa su peor crisis energética y económica en décadas: en algunas zonas la electricidad solo está disponible dos horas al día, el combustible escasea y el ministro de Energía cubano reconoció que el país se había quedado sin petróleo ni diésel.

El expresidente cubano Raúl Castro ha sido acusado en Estados Unidos, según informó el miércoles a Reuters un alto funcionario de la administración Trump, en una medida que marca una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno comunista de la isla caribeña.

Reuters

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La acusación se produce en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha presionado para que se produzca un cambio de régimen en Cuba, donde los comunistas de Castro han estado al mando desde que su difunto hermano Fidel Castro lideró una revolución en 1959.

“Estados Unidos no tolerará que un estado canalla albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo noventa millas del territorio estadounidense”, dijo Trump en un comunicado el miércoles por la mañana.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que la isla no representa una amenaza.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que eleva la presión contra La Habana.

Estas son las claves del derribo de las avionetas, ocurrido el 24 de febrero de 1996, y de la imputación anunciada en medio del endurecimiento de las sanciones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno cubano.

Los cargos

El Gobierno estadounidense acusa a Castro de siete cargos: uno por conspiración para matar estadounidenses, dos por destrucción de aeronaves y cuatro por asesinato por presuntamente ordenar el derribo de las aeronaves en las que viajaban tres ciudadanos de EE.UU. y un residente legal del país, todos de origen cubano.

La acusación afirma que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, ordenó derribar las dos avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

Los cargos, presentados en abril en la corte federal del Distrito Sur de Florida y revelados ahora, implicarían una condena máxima de pena de muerte o cadena perpetua para Castro, quien cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.

El hecho

La acusación se centra en el rol de Castro en el ataque del 24 de febrero de 1996 contra cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, organización de exiliados en Estados Unidos que auxiliaban a balseros que huían de la isla.

Los familiares de los fallecidos sostienen que Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas, ordenó a los militares cubanos derribar las avionetas, agresión a la que sobrevivieron tripulantes de una tercera aeronave, incluyendo José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, y que significó un momento de extrema tensión.

Las pruebas

Una evidencia crucial es un audio revelado por el diario Nuevo Herald de Miami de junio de 1996 en el que, presuntamente, Raúl Castro admite haber ordenado el ataque.

“Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban”, dice Castro en una reunión con periodistas en Cuba. “Con un cohetazo de esos avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego, y va a caer arriba de la ciudad. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan”, añade.

Familiares de las víctimas y autoridades también citan un reporte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU que concluyó que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

Otros señalados

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

El Gobierno estadounidense ya había acusado en 2003 al general Rubén Martínez Puente y al piloto Francisco Pérez-Pérez, ahora fallecidos, de conspiración para asesinar a estadounidenses, de asesinato y de destrucción de aviones, según los documentos consignados en un tribunal de Miami.

La versión de Cuba

La Habana aseguró que los pilotos estaban en espacio aéreo cubano, por lo que los militares estaban defendiendo la integridad del territorio.

Además, argumentan que los miembros de Hermanos al Rescate eran “terroristas” que buscaban desestabilizar al Gobierno de Fidel Castro.

La tensión entre Washington y La Habana

La imputación se presenta en medio de la creciente presión de la Administración Trump a Cuba, en particular tras la captura en enero en Caracas de Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

Desde entonces, Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla, elevó sus amenazas de “tomar el control” del país, y firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo para ampliar las sanciones, que desde el lunes incluyen a once altos cargos políticos y militares cubanos.

El arresto de Castro

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, rechazó este miércoles que la imputación sea “simbólica”, en medio de reportes sobre una negociación entre Washington y La Habana, que incluyen al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez.

Aunque eludió responder a si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero, insistió en que “se ha emitido una orden para su arresto”, por lo que esperan “que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión”.

En un nuevo capítulo de la brutal represión del régimen chavista contra los presos políticos, una joven detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) habría sido sometida a una violación colectiva por parte de al menos 30 custodios, quienes utilizaron sus armas de reglamento y sus propios genitales como instrumentos de tortura y humillación.

MFM

Según el desgarrador testimonio de un familiar de su pareja, el preso político José Miguel Estrada, Yanín Pernía fue víctima de esta salvajada sexual sistemática dentro de las instalaciones del INOF. La información fue revelada por la periodista Maryorin Méndez en una entrevista realizada a las afueras del Rodeo I, donde familiares y defensores de derechos humanos exigieron justicia inmediata.

“Está destruida física y psicológicamente. La torturaron de la peor manera posible”, denunciaron los allegados, quienes describen un cuadro de grave deterioro en la salud de la joven tras los abusos.

Este caso se suma a la larga lista de denuncias de torturas, abusos sexuales y tratos crueles contra opositores y presos políticos bajo el control del régimen de Nicolás Maduro. Organizaciones de derechos humanos han documentado sistemáticamente cómo las cárceles venezolanas se han convertido en centros de castigo y vejación para quienes se atreven a disentir del chavismo.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ni las autoridades penitenciarias del régimen chavista han emitido declaraciones sobre estas gravísimas acusaciones.

Familiares y activistas exigen la liberación inmediata de Yanín Pernía y de todos los presos políticos, así como una investigación independiente que, hasta ahora, resulta impensable bajo el actual sistema de represión chavista.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón destacó que tiene registro de 654 presos políticos en Venezuela, para quienes reclama libertad plena, después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunciara la excarcelación de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos.

El Nacional

Según Rodríguez, el beneficio se otorgará en los próximos días por razones humanitarias y de salud, bajo criterios jurídicos específicos y sin que el gobierno espere contra prestaciones políticas.

“Presentar esta medida como un gesto de reconciliación nacional constituye una afrenta para las víctimas y sus familias. La excarcelación anunciada no alcanza ni siquiera a la mitad de quienes hoy permanecen encarcelados por razones ideológicas, en abierta violación de sus derechos fundamentales”, denunció la organización el martes.

La ONG aseguró que las excarcelaciones no pueden ser presentadas como una concesión política sino como el cumplimiento tardío de las obligaciones constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

“Si bien la liberación de estas 300 personas —entre ellas adultos mayores, adolescentes, personas con graves condiciones de salud y funcionarios policiales detenidos desde 2002— representaría un alivio para sus familias y comunidades, la herida se mantendrá abierta si más de 300 ciudadanos continúan tras las rejas, entre ellos más de 200 militares”, señalaron.

Resaltaron que la libertad de los presos políticos no es un favor sino un acto de justicia.

El jerarca chavista caído en desgracia, Tareck El Aissami, emitió este miércoles una carta escrita de su puño y letra en la que aseguró que teme por su vida mientras permanece recluido en una celda de castigo de la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

La Patilla

“Luego de haber rendido declaración en el juicio oprobioso que se me sigue junto a más de 50 coacusados, la causa denominada Pdvsa-Cripto, donde señalé gravísimas violaciones de derechos humanos, torturas, violaciones al debido proceso, así como encarcelamiento ilegítimo, la incomunicación con mi esposa, mi familia, mis hijos, mis abogados de confianza, entre otros, dejando en evidencia la atrocidad y temeridad de las infames acusaciones hechas por el Ministerio Público, específicamente en la persona del exfiscal Tarek William Saab, acompañado de los fiscales Edith Rodríguez y del exfiscal Farid Mora, hoy acusado de corrupción, quienes forman parte de una red de extorsión y mafias”, denunció El Aissami en la misiva filtrada por el periodista David Placer.

“También he denunciado las torturas perpetradas por los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) durante un año y nueve meses que estuve encarcelado en la celda de castigo en los calabozos del batallón de la Policía Militar”, apuntó el exministro de Nicolás Maduro.

El Aissami aseguró que tiene diversos problemas de salud, principalmente una hernia inguinal.

“Después de la última declaración del viernes 15 de mayo, el director de El Rodeo I me notificó que recibió la orden de que se me trasladase a una celda de castigo, donde actualmente me encuentro. He tomado la decisión, a título de protesta, de ayuno voluntario y la suspensión de mi tratamiento médico hasta no ser reubicado en otro centro de retención que no esté bajo la dirección y custodia de la Dgcim”, advirtió El Aissami.

“Hago un llamado al fiscal general Larry Davoe para que, a través de su despacho, me garantice la vida”, culminó el otrora alto funcionario del Palacio de Miraflores.

Las fuentes del juicio Pdvsa-Cripto aseguran que El Aissami ha negado cualquier posibilidad de atentar contra su propia vida.

El abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez denunció que Venezuela atraviesa “el momento más oscuro de su historia” en materia de derechos humanos, durante una entrevista transmitida este miércoles por Televen.

MFM

Narváez, exparlamentario y con más de 40 años de trayectoria en la defensa de derechos civiles, centró su intervención en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte fue ocultada por las autoridades durante casi un año.

“Se trata de una desaparición forzada seguida de muerte. La madre de Víctor Hugo, una señora de 82 años, recorrió cárceles, tribunales y fiscalías durante meses y le ocultaron que su hijo ya estaba muerto”, afirmó Narváez. Criticó duramente el “entierro clandestino” y la falta de información oportuna por parte de prisiones, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

El defensor señaló que este caso no es aislado, sino parte de una política sistemática de violaciones de derechos humanos que incluye detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y degradantes, y la ausencia de debido proceso. Recordó que estas prácticas se intensificaron desde las protestas de 2014 y 2017 con el “Plan Zamora”.

Ausencia de garantías constitucionales

Narváez denunció la existencia de “jueces sin rostro” que dictan medidas por supuestos delitos de terrorismo sin respetar las garantías del artículo 49 de la Constitución, como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Asimismo, exigió que se investigue la cadena de mando en los casos de muertes bajo custodia del Estado.

Sobre la Ley de Amnistía, el activista lamentó que, a pesar de su aprobación, permanezca prácticamente congelada. “Hay periodistas, policías metropolitanos, militares y civiles que aún permanecen privados de libertad o bajo medidas restrictivas a pesar de calificar para el beneficio”, indicó, mencionando entre otros el caso del activista Javier Tarazona.

Llamado a las instituciones

Rafael Narváez hizo un llamado a las instituciones del Estado a cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos y a poner fin al silencio cómplice. “Este es un Estado sin alma que se alimenta del dolor de las familias”, expresó.

El defensor insistió en que hablará siempre “con pruebas” y ratificó su compromiso independiente con la defensa de los derechos civiles en Venezuela.

César Torcatt, ingeniero con amplia trayectoria en la industria energética, se ha especializado en desglosar con precisión técnica los datos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

MFM

Su enfoque combina el análisis de indicadores operativos —desde grados API de crudo hasta el estado de plantas de compresión de gas y refinerías— con una visión geopolítica e institucional que explica los incentivos y restricciones que afectan la recuperación del sector.

Una fuerte explosión e incendio ocurrido el pasado viernes 15 de mayo en la Planta de Compresión Lamargas (Bloque 5, Lago de Maracaibo) dejó al menos seis trabajadores heridos, uno de los cuales falleció días después a causa de las quemaduras.

Torcatt dedicó un reel en Instagram a desglosar las causas del incidente. Según su análisis, el siniestro responde al deterioro crónico de la infraestructura y la ausencia de mantenimiento predictivo en equipos críticos, como válvulas y depuradores de gas.

“Fuimos a esa planta a hacerle mantenimiento a las válvulas y esas válvulas no tenían mantenimiento predictivo como debía ser”, comentó un ingeniero en la publicación, coincidiendo con el diagnóstico de Torcatt.

Varios ex trabajadores y técnicos señalaron que la planta, operada en conjunto con la empresa china Concord, prioriza la producción sobre la seguridad, en un contexto de infraestructura corroída y pérdida de personal calificado.

La planta Lamargas es estratégica para la compresión de gas destinado al levantamiento artificial de crudo y generación eléctrica en la Costa Oriental del Lago. PDVSA confirmó el incidente e inició una investigación, pero aún no ha detallado públicamente las causas técnicas.

Este nuevo accidente refuerza la tesis que Torcatt repite consistentemente: los problemas de la industria petrolera venezolana no son geológicos, sino de gobernanza, mantenimiento y pérdida de capital humano.

Más allá de la crítica, el ingeniero enfatiza la importancia de la ingeniería aplicada, los incentivos institucionales y la teoría de juegos para entender las dinámicas que frenan o impulsan la recuperación. Sus contenidos suelen llamar a la acción: mayor inversión extranjera bajo marcos legales claros, reposición de tecnología y, sobre todo, valorar el capital humano venezolano.

Con una trayectoria que combina experiencia operativa y análisis estratégico, César Torcatt representa una voz técnica en un debate frecuentemente dominado por narrativas políticas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto viajar este martes por la tarde a Venezuela, pero el desplazamiento quedó frustrado después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le notificaran su imputación en el caso Plus Ultra y las órdenes judiciales de registro vinculadas a la investigación.

La Gaceta de la Iberosfera

Según ha revelado El Confidencialla Policía se personó a primera hora de la mañana en el domicilio del exdirigente socialista para comunicarle su citación como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. La causa investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con esa información, Zapatero ya tenía adquirido un billete para despegar desde el aeropuerto de Barajas a las 16.10 horas en un vuelo comercial de Air Europa con destino a Santo Domingo, en República Dominicana. Desde allí, estaba previsto que continuara viaje hacia Caracas en un avión privado organizado desde su entorno.

El desplazamiento, siempre según las fuentes citadas por el medio, no figuraba en ninguna agenda oficial y habría sido organizado de manera urgente después de las informaciones publicadas en los últimos días sobre el avance de las pesquisas judiciales y policiales contra el expresidente socialista.

La Audiencia Nacional investiga a Zapatero como supuesto «vértice» de una estructura dedicada presuntamente a utilizar su red de contactos institucionales para favorecer a empresas de su entorno a cambio de contraprestaciones económicas. El auto del juez José Luis Calama sostiene que las investigaciones de la UDEF apuntan a movimientos de fondos y operaciones mercantiles presuntamente irregulares vinculadas a sociedades próximas al expresidente y a personas de su círculo de confianza.

Los agentes registraron este martes distintos inmuebles y sociedades vinculadas al entorno del expresidente, entre ellas la empresa Whathefav, relacionada con sus hijas. La investigación también sitúa bajo el foco a la mercantil Análisis Relevante SL y a varios empresarios relacionados con operaciones entre España, Venezuela y otros países.

Por el momento, el juez no ha acordado medidas cautelares contra Zapatero, por lo que mantiene su pasaporte y libertad de movimientos hasta su comparecencia judicial. Tras conocerse la existencia de ese viaje previsto a Caracas, VOX ha solicitado medidas urgentes para impedir su salida de España alegando posible riesgo de fuga.

Zapatero ha negado cualquier irregularidad y sostiene que nunca realizó gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

VOX ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra que retire el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

La Gaceta de la Iberosfera

La formación que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, en el que reclama la adopción de medidas cautelares contra el exlíder socialista. Además de la retirada del pasaporte, VOX pide que Zapatero tenga que firmar periódicamente en sede judicial mientras avanzan las diligencias de investigación.

El partido considera necesarias estas medidas «durante la sustanciación de las diligencias de investigación actualmente en curso», al apreciar un posible riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En su escrito, VOX sostiene que la gravedad de los hechos investigados justifica la adopción de cautelares, ya que la causa afecta a una presunta trama con «una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel».

La formación advierte además del riesgo de que las comunicaciones entre los investigados puedan dirigirse a la «concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias».

El juez Calama ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia.

Según la información conocida hasta ahora, el magistrado considera al expresidente del Gobierno como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» orientada a la «obtención de beneficios económicos».

La petición de VOX eleva ahora la presión judicial y política sobre Zapatero. El partido exige que el expresidente sea tratado como cualquier investigado en una causa de gravedad y que se adopten medidas para impedir cualquier posible salida del país o alteración del material probatorio.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) informó este martes que sostendrá reuniones de trabajo en Panamá junto a la líder opositora María Corina Machado, con el objetivo de fortalecer la unidad y avanzar hacia una transición democrática mediante un proceso electoral.

MFM

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la coalición opositora destacó: “La unidad requiere del encuentro constante entre sus partes para fortalecerse y avanzar hacia la transición democrática”. Además, confirmó su participación en un encuentro con la diáspora venezolana en el país centroamericano, cuyo “compromiso y lucha siguen siendo fundamentales para el futuro de nuestra Venezuela”.

La visita de Machado a Panamá está programada del 22 al 25 de mayo de 2026 como parte de su gira regional. Según fuentes cercanas a su equipo y reportes de medios, la agenda incluye:

  • Un encuentro con la comunidad venezolana el sábado 23 de mayo.
  • Reuniones con dirigentes opositores.
  • Un encuentro de alto nivel con el presidente panameño José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha el lunes 25 de mayo. latinus.us

María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, ha intensificado su agenda internacional tras su salida de Venezuela, buscando respaldo global para la causa democrática y la organización de elecciones libres en el país.

La Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, reafirma con este viaje su rol en la coordinación de esfuerzos para lograr un cambio político pacífico y constitucional en Venezuela. El anuncio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde simpatizantes celebran el esfuerzo unitario mientras críticos expresan escepticismo sobre los resultados de la alianza.

Esta actividad se enmarca en el continuo esfuerzo de la oposición por mantener la cohesión ante la compleja situación política venezolana.

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