En una contundente entrevista con CNN Radio Argentina, el dirigente opositor venezolano Pedro Urruchurtu —uno de los políticos rescatados por la Operación Guacamaya tras pasar un año asilado en la Embajada de Argentina en Caracas— advirtió que la comunidad internacional debe pasar de la solidaridad a la acción concreta frente al régimen de Nicolás Maduro, al que calificó como un sistema criminal que practica el terrorismo de Estado.

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“La solidaridad es muy importante, pero no es suficiente para enfrentar y derrotar a un régimen criminal. Un régimen que ha cruzado toda línea roja sin ningún tipo de escrúpulo”, declaró Urruchurtu en la entrevista.

El activista subrayó que ya no quedan máscaras ni apariencias democráticas en el régimen chavista, y que la comunidad internacional debe asumir con mayor firmeza el carácter autoritario de lo que ocurre en Venezuela. Aseguró que no basta con comunicados o muestras simbólicas de apoyo, sino que hace falta una estrategia decidida para frenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

“Esto obliga a repensar el rol de la diplomacia. Lo digo por nuestra propia situación, pero también por la de los más de mil presos políticos que existen hoy en Venezuela”, añadió.

Durante la entrevista, Urruchurtu denunció que el régimen de Maduro mantiene una política de rehenes, no solo con opositores venezolanos, sino también con ciudadanos extranjeros.

Citó como ejemplo el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido arbitrariamente en Venezuela, y señaló que hay personas de otros países que también han sido secuestradas como forma de chantaje internacional.

“Es una política que usa el régimen para presionar y evitar que la comunidad internacional actúe en su contra”, explicó.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista fue cuando Urruchurtu citó el término empleado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para describir la situación venezolana: terrorismo de Estado.

Según el activista, esta calificación refleja con precisión la naturaleza del régimen chavista y obliga a replantear la respuesta internacional.

“Es un término muy sensible, que no se usaba desde las dictaduras de los años 70 en América Latina. Pero es lo que está ocurriendo en Venezuela, y eso debe enmarcar la acción internacional”, sentenció.

La familia del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay denunció este lunes por presunta negligencia a la Unidad Nacional de Protección (UNP), un ente adscrito al Ministerio de Interior de Colombia, tras la poca disposición mostrada por dicho ente ante las reiteradas solicitudes de reforzamiento de la seguridad del líder político opositor que habían hecho durante los últimos meses.

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«Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año», dijo al respecto Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe, que se mantiene en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el senador de la formación Centro Democrático se encuentra recluido desde el sábado, cuando recibió varios disparos tras un ataque durante un mitin.

El defensor de la familia Uribe ha enfatizado que estas solicitudes se dieron asumiendo que el líder político de 39 años estaba expuesto a un «riesgo extraordinario», debido a su frontal oposición a muchas de las políticas del actual presidente colombiano, Gustavo Petro.

Sin embargo, según Mosquera, «la UNP no tuvo en cuenta que en octubre de 2024 (Uribe Turbay) ya era candidato presidencial y que debía mejorar sus condiciones de seguridad».

Por lo pronto, la Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, considerando que el funcionario incurrió en una «presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad a los miembros del Centro Democrático».

El régimen de Irán advirtió que tomará represalias y reducirá significativamente su nivel de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si la Junta de Gobernadores de dicha entidad aprueba una resolución en su contra. La medida, impulsada por el Reino Unido, Francia y Alemania —con apoyo de Estados Unidos—, podría intensificar aún más las tensiones sobre el programa nuclear iraní, cuya naturaleza pacífica no puede ser confirmada por el organismo de la ONU.

EFE

“Ciertamente, el OIEA no debe esperar que la República Islámica continúe su amplia y amistosa cooperación”, declaró el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, en una entrevista con la televisión estatal iraní. El funcionario confirmó que su país ha preparado una lista de medidas técnicas y diplomáticas en respuesta a una eventual resolución crítica por parte del organismo.

En el centro de la disputa se encuentra el nivel de enriquecimiento de uranio que ha alcanzado Irán. Según el último informe técnico del OIEA, publicado el 31 de mayo, Teherán casi duplicó entre febrero y mayo la producción de uranio enriquecido al 60 %, acumulando 408,6 kilogramos, un nivel muy cercano al requerido para el uso militar. La agencia sostiene que “la rápida acumulación de uranio altamente enriquecido es motivo de grave preocupación” y ha dificultado las inspecciones técnicas.

El informe advierte además que Irán no ha proporcionado respuestas “técnicamente creíbles” sobre la presencia de material nuclear no declarado en al menos tres sitios específicos: Lavisan-Shian, Varamin y Turquzabad. En dichos lugares, el gobierno iraní habría realizado limpiezas que obstaculizaron las verificaciones del organismo.

“El Organismo no está en condiciones de garantizar que el programa nuclear de Irán sea exclusivamente pacífico”, concluyó el OIEA en su evaluación, y subrayó que, a pesar de ciertos avances en temas rutinarios de salvaguardias, la cooperación iraní ha sido “menos que satisfactoria” en los temas sustantivos.

Frente a la posibilidad de una nueva resolución crítica, Abás Araqchí, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, escribió en la red social X que “Irán reaccionará enérgicamente contra cualquier violación de sus derechos”. Acusó al E3 —como se conoce al grupo formado por Reino Unido, Alemania y Francia— de “optar por una acción maligna” en lugar de actuar de buena fe. “Acusar falsamente a Irán de violar las salvaguardias, basándose en información de mala calidad y politizada, está claramente diseñado para provocar una crisis”, afirmó el diplomático.

Estas advertencias llegan días antes de la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA, que comenzará este 9 de junio en Viena. En esta instancia, los Estados miembros evaluarán el informe de 22 páginas elaborado por el organismo, que repasa las actividades e inspecciones realizadas en Irán durante los últimos años.

En caso de aprobarse una resolución de condena, esta podría ser remitida al Consejo de Seguridad de la ONU, que tendría la facultad de reactivar sanciones internacionales suspendidas bajo el acuerdo nuclear de 2015.

Ese pacto, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), fue abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 2018 bajo la administración de Donald Trump. Desde entonces, Irán ha ido reduciendo progresivamente su cumplimiento de los compromisos nucleares, especialmente tras la imposición de nuevas sanciones económicas por parte de Washington.

Desde el 12 de abril, Teherán y Washington han sostenido cinco rondas de conversaciones indirectas en Omán, con el objetivo de restablecer un marco de control sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, las diferencias siguen siendo significativas. Estados Unidos exige que Irán detenga su enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al umbral militar, mientras que Irán reclama garantías sobre el levantamiento de sanciones y el respeto a sus derechos soberanos.

En su intervención pública del domingo, Kamalvandi recordó que Irán ya ha reaccionado con firmeza en el pasado ante medidas similares. “Multiplicamos por siete la producción de enriquecimiento al 60 %” tras la aprobación de una resolución crítica en noviembre de 2024, indicó. En esa ocasión, Teherán también reactivó miles de centrifugadoras avanzadas como señal de desafío.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró este sábado su “llamamiento urgente a Irán para que coopere plena y eficazmente con el Organismo”. Advirtió que sin dicha colaboración, el OIEA no podrá verificar si el material nuclear no declarado fue utilizado, mezclado con otro material o permanece fuera del control de salvaguardias internacionales.

La Comisión Europea ha destinado casi 1,3 millones de euros de fondos públicos a un proyecto liderado por la organización austriaca «Comunidad Lésbica Eurocentralasiática» con el objetivo de «aumentar la visibilidad de las lesbianas en Asia Central», según ha revelado el medio Junge Freiheit. La partida forma parte del programa europeo «Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores», que prevé un total de 1,6 millones de euros para el proyecto titulado «Fortalecimiento del Movimiento Lésbico en Europa y Asia Central».

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Según la propia Comisión, el objetivo es «promover la igualdad y prevenir y combatir la discriminación contra las mujeres cisgénero, transgénero e intersexuales, así como contra las personas no binarias que se autoidentifican como lesbianas, bisexuales o queer». Bruselas insiste en aplicar un «enfoque interseccional», es decir, una visión ideológica que introduce criterios identitarios y de género en todos los ámbitos de actuación pública.

Prioridades ideológicas mientras Europa arde

La hoja de ruta del proyecto contempla que la organización subvencionada se convierta en una «red europea influyente, representativa y fiable», con capacidad de intervenir en procesos políticos a nivel «nacional, regional, europeo e internacional» como «actor clave y referente» en estas materias.

La Comunidad Lésbica Eurocentralasiática, creada en 2016, es una red internacional que realiza campañas de visibilidad, programas educativos, acciones de cabildeo institucional y actividades de sensibilización. Ahora, con el respaldo económico de Bruselas, refuerza su presencia en regiones ajenas a la UE, como Asia Central, para exportar esta agenda ideológica.

Mientras tanto, Europa enfrenta una recesión económica, una invasión migratoria sin control y una crisis energética sin precedentes. Pero para la Comisión Europea, la prioridad sigue siendo financiar estructuras ideológicas y promover la ingeniería social con dinero del contribuyente. Otra muestra de cómo la maquinaria de Bruselas sigue despegada de las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos europeos.

El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.

Por: Maria Zuppello – Infobae

Hay mucha expectación por el resultado final, ya que el STF, con el objetivo de combatir las “noticias falsas”, la “desinformación” y la “incitación al odio”, podría revocar la legislación vigente, considerar a las plataformas responsables de los contenidos que publican y obligarlas a retirar los contenidos de la red incluso sin recibir una orden judicial.

“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.

La mayoría de los ciudadanos brasileños se ha mostrado a favor de la responsabilización de las redes sociales. Una encuesta realizada en enero por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los encuestados está a favor de la responsabilización, mientras que solo el 14% no está de acuerdo. Además, a finales de abril, decenas de personalidades, intelectuales y ex ministros lanzaron un manifiesto público titulado “Internet sin regulación mata”, pidiendo la regulación de las redes sociales. Entre los firmantes se encontraban el fotógrafo Sebastião Salgado antes de su muerte y la estrella brasileña de la música Daniela Mercury. “Exigimos que las plataformas digitales y las redes sociales sean reguladas en su funcionamiento, como ocurre y debe ocurrir con todas las actividades en una sociedad democrática”, reza el documento.

En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.

Además, tras el fracaso del proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales, el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas (PL 2630/2020), aprobado por el Senado pero bloqueado en la Cámara desde 2023, el Gobierno de Lula está preparando otro proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, la designación de una autoridad para bloquear las redes sociales que no denuncien los delitos cometidos en el entorno virtual, sin necesidad de una orden judicial. El proyecto de ley está siendo elaborado por el Ministerio de Justicia. “Tenemos media docena de empresas de redes sociales que gobiernan el mundo. Tenemos que trabajar en la regulación de las redes digitales. El Parlamento debe tener el valor. Si el Parlamento no tiene el valor, el Supremo Tribunal Federal debe tenerlo para crear una regulación”, declaró Lula.

Sin embargo, el tema ha suscitado críticas entre los expertos, que consideran que debe ser el poder legislativo y no el judicial o el ejecutivo el que lleve a cabo una reforma regulatoria. Según Luiz Fernando Plastino Andrade, doctor en Derecho Civil por la Universidad de San Pablo (USP), el Parlamento tiene la oportunidad de crear normas que eliminen la incertidumbre derivada de decisiones judiciales contradictorias. “El Congreso tiene la oportunidad de introducir una normativa general que haya sido ampliamente debatida. Esto eliminará la incertidumbre derivada de la posibilidad de que se adopten decisiones específicas que, en ocasiones, van en contra de las expectativas del mercado y de los ciudadanos”, afirmó el experto al diario O Estado de São Paulo.

Sin duda, lo ocurrido en China durante la última visita oficial de Lula el pasado mes de mayo no ha apaciguado el debate. Durante una reunión privada con su homólogo chino Xi Jinping, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, habría expresado su preocupación por la influencia de TikTok en la política y la opinión pública brasileña, afirmando que el algoritmo de la plataforma favorece a la derecha. Xi le habría respondido que Brasil tiene la legitimidad para regular e incluso prohibir la plataforma si así lo desea.

Lula, interrogado por los periodistas, confirmó que el tema se había discutido directamente con Xi Jinping y añadió que había pedido consejo a China sobre cómo abordar el problema, llegando incluso a proponer el envío de un delegado chino a Brasil para intercambiar experiencias en materia de regulación digital. “Lula confirmó que una persona de confianza del presidente chino vendrá a Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales y que el experto chino será recibido por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones Sociales del Gobierno federal”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil. “En otras palabras, el presidente de una democracia pide ayuda a un régimen dictatorial para regular las redes sociales y envía a este colaborador a hablar con su jefe de propaganda. Y recomienda actuar rápidamente al STF, que a su vez, hasta la fecha, no ha definido exactamente qué son las noticias falsas, pero lleva seis años realizando una investigación interminable bajo este nombre, con un enorme impacto y control sobre la política”, escribe Waack, refiriéndose a un juicio del que es responsable el juez Alexandre de Moraes, el mismo que dirige el proceso contra Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula.

Ayer, además, André Shalders, del diario O Estado de São Paulo, reveló que Rede Minerva Network, una red “anti-fake news”, financiada con 54,1 millones de reales (9,73 millones de dólares) por el Ministerio de Salud y Justicia y “articulada” por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Lula (Secom), pagó el viaje a Cuba de uno de sus investigadores, Marco André Feldman Schneider, que también es coordinador de la Red Nacional para la Lucha contra la Desinformación. El motivo del viaje fue la participación en el IV Coloquio Internacional Patria, un evento del régimen cubano organizado por la Unión de Periodistas de Cuba. El tema del foro era “el vigésimo aniversario de la fundación de Telesur por parte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez”. Según el sitio web francés sobre libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina » y, en su “Índice de Libertad de Prensa” de 2025, ocupa el puesto 165 de 180 países.

Según el diario O Estado de São Paulo, en su discurso en la conferencia cubana, el investigador brasileño afirmó que “en teoría, hay dos formas de neutralizar la polarización y la incitación al odio en las redes sociales: la regulación económica y la moderación de contenidos en las plataformas digitales, con el objetivo de construir la soberanía digital y popular; y políticas públicas a gran escala para la alfabetización mediática y la información crítica”. Tras el evento, Schneider impartió una conferencia sobre desinformación en la Universidad de La Habana y participó en reuniones sobre un posible acuerdo de cooperación entre el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (Ibict), que gestiona el proyecto de la Rede Minerva, y la universidad cubana», escribe Shalders en O Estado de São Paulo, a lo que el investigador respondió diciendo que su viaje a Cuba fue “estrictamente académico”.

Mientras se debate sobre el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil, en estos mismos días dos noticias han puesto de relieve en el debate el temor a la censura. La primera fue la condena de una periodista del diario Zero Hora a pagar 600.000 reales (107.914 dólares) en concepto de indemnización por daños morales a una jueza del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. En su artículo, la periodista había escrito que la jueza había recibido en abril un salario de 662.000 reales (119.065 dólares). Fue condenada porque técnicamente no se trataba de un salario, sino de la “suma de subsidios e indemnizaciones compensatorias” y por el “lenguaje sarcástico y dirigido” utilizado en el artículo. Otro caso que ha suscitado polémica es la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins, además del pago de una multa de 1,4 millones de reales (251.799 dólares) y 300.000 reales (53.957 dólares) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Según el juez, la culpa es de sus chistes sobre las minorías porque “el humor no puede ser una excusa para cometer delitos”, afirmó. “Aunque los chistes de Leo Lins puedan ser detestables, la condena a ocho años de prisión que ha recibido es típica de las dictaduras”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. El diario estadounidense The Washington Post también se ha hecho eco del caso. “La sentencia contra el cómico Léo Lins por chistes contados en 2022 se perfila como el próximo frente en la creciente lucha de Brasil contra la libertad de expresión”, se lee en el artículo.

Menos de una semana después de que los principales proveedores de pornografía cerraran su acceso a los franceses para protestar por los requisitos de verificación de edad del país para las plataformas que ofrecen contenido «para adultos», el gobierno francés está aprovechando el momento y ampliando su ofensiva en un intento de enjaular al pájaro azul de Elon Musk.

Por: Christina Holmgren-Larson – The European Conservative

Francia está estudiando detenidamente la posibilidad de definir X como una plataforma de pornografía, al igual que Pornhub y YouPorn. Desde que Musk compró Twitter y la renombró como X, su compromiso con la libertad de expresión «acepta la distribución de contenido pornográfico. Por lo tanto, debe ser tratada como tal», declaró a Politico la oficina del Ministerio de Medios Digitales francés . 

La ministra de Medios Digitales, Clara Chappaz, dijo la semana pasada en el programa de televisión “Quotidien” que X recibiría “los mismos papeles bonitos que YouPorn”, ordenándoles prohibir la pornografía o crear un sistema de verificación de edad para evitar que los usuarios de Internet menores de edad accedan a ese material desagradable.

Según un informe de 2024 del sitio web de revisión de VPN Top10VPN, X fue la plataforma con mayor restricción en todo el mundo en 2023, experimentando restricciones un 18 % más altas que las de Instagram y un 26 % más altas que las de TikTok.

El regulador audiovisual de Bélgica, CSA, dijo el año pasado que la cantidad de material pornográfico en X se había multiplicado después de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk, y registró cerca de 5.000 cuentas que consideraron problemáticas, y poco menos de 100 eran «claramente pornográficas».

La semana pasada, Tanzania cerró el acceso a X con el argumento de que permitía contenido pornográfico contrario a las leyes, cultura, costumbres y tradiciones del país, según declaró a la BBC el ministro de Información, Jerry Silaa . El momento del bloqueo total de la plataforma ha suscitado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales, quienes lo consideran una señal preocupante de retroceso democrático en vísperas de las elecciones previstas para octubre.

Tras el aumento de las tensiones políticas, se informa que las autoridades han intensificado la represión contra las actividades de la oposición. El país de África Oriental ya había restringido el acceso a X anteriormente, alegando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. En abril, el principal partido de oposición del país fue inhabilitado para participar en las elecciones durante los próximos cinco años y su líder fue arrestado , acusado de traición tras pedir reformas electorales.

Hubo una época en que sospechar este tipo de chanchullo político habría sido impensable en un país de Europa Occidental. Pero en la Europa actual, donde las élites gobernantes parecen cada vez más centradas en aferrarse al poder por cualquier medio —incluida la supresión de la libertad de expresión y el uso del sistema legal como arma contra sus oponentes—, ya ​​no se puede asumir que la justificación de un ministro francés para restringir el flujo de información sea más sincera o esté más libre de cálculos políticos que la de su homólogo de África Oriental.

Las fuerzas israelíes impidieron el lunes que Greta Thunberg y su tripulación a bordo del Madleen llegaran a Gaza, tal como habían prometido hacerlo con la esperanza de disuadir futuras agresiones, confiscaron el barco y se prepararon para enviar a los activistas de regreso a casa.

The European Conservative

El grupo partió de Italia a principios de junio con la intención de distribuir ayuda entre los palestinos; sin embargo, como señalaron los críticos, apenas tenían lo suficiente para alimentar a una docena de personas. Tras confiscar el barco, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció que «la pequeña cantidad de ayuda que se encontraba en el yate y que no fue consumida por las ‘celebridades’ será transferida a Gaza a través de canales humanitarios reales». Añadió:

Mientras Greta y otros intentaron montar una provocación mediática cuyo único propósito era ganar publicidad —y que incluía menos de un camión cargado de ayuda— más de 1.200 camiones con ayuda han entrado a Gaza desde Israel en las últimas dos semanas y, además, la Fundación Humanitaria de Gaza ha distribuido cerca de 11 millones de comidas directamente a los civiles en Gaza.

A los activistas también les dieron agua y sándwiches, mientras que un video pregrabado apareció en las redes sociales declarando que el grupo había sido “secuestrado”.

La tripulación fue arrestada en aguas internacionales en la madrugada. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que a su llegada a Israel, se les mostrarían a los activistas vídeos de las atrocidades cometidas durante el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre.

«Se acabó el espectáculo», dijeron las autoridades israelíes mientras el Madleen se desviaba de su ruta prevista. Pero las fuerzas antiisraelíes, satisfechas de haber encontrado otro motivo de queja para criticar la guerra contra Hamás, no permitirán que este sea el final de la historia.

Turquía ha descrito la incautación como una clara violación del derecho internacional y ha afirmado que se trató de un ataque atroz. La enviada de la ONU, Francesca Albanese, añadió : « Puede que el viaje de Madleen haya terminado, pero la misión no ha terminado».