Armando Esteban Quito

El abogado y exdiplomático venezolano Oliver Viera-Blanco informó este martes que fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia relacionada con la muerte bajo custodia del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas, un caso que en las últimas semanas ha generado indignación por las denuncias de desaparición forzada, opacidad institucional y presuntas violaciones de derechos humanos.

El Nacional

A través de un pronunciamiento en su red social X, Viera-Blanco alertó sobre la necesidad de acelerar las actuaciones judiciales internacionales frente a los casos vinculados a la represión política en Venezuela.

“Hemos presentado ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA la denuncia correspondiente por la muerte en custodia del régimen del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas”, expresó.

El también analista político advirtió que la demora en la administración de justicia continúa dejando víctimas. “Alertamos a este distinguido tribunal penal de justicia que la impunidad y la justicia tardía no es justicia”, señaló en su mensaje.

Caso emblemático de desaparición forzada en Venezuela

El caso de Quero Navas se convirtió recientemente en uno de los episodios más emblemáticos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos. El comerciante venezolano fue detenido en enero de 2025 y permaneció desaparecido durante más de un año, mientras su madre, Carmen Teresa Navas, de 84 años de edad, recorría cárceles, tribunales e instituciones públicas intentando obtener información sobre su paradero.

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Este martes trascendió que uno de los seis trabajadores que había resultado severamente herido durante la explosión en la Planta de Compresión Lamargas, operada por Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) en el Lago de Maracaibo, falleció en horas de la mañana en un centro asistencial de la capital zuliana.

Al Navío

La víctima formaba parte del grupo de seis operarios que fueron alcanzados por el estallido y el posterior incendio en la instalación lacustre a finales de la semana pasada, así lo confirmó el portal El Pitazo, citando fuentes confiables que le habrían confirmado sobre la situación de Jorge Rivera.

El trabajador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del área de Caumatología del Hospital Coromoto, debido a la gravedad de sus lesiones, las cuales comprometían más del 60 % de su superficie corporal.

A pesar de que la estatal petrolera activó de inmediato sus comisiones de respuesta rápida para sofocar las llamas y evacuar al personal lesionado hacia los centros de salud de Maracaibo, las complicaciones médicas derivadas del siniestro cobraron la vida del trabajador.

Hasta el momento del reporte difundido por El Pitazo, ni la directiva de Pdvsa ni las autoridades del Ministerio de Comunicación e Información habían emitido un pronunciamiento oficial detallando la identidad de la víctima o actualizando el estado de salud del resto de los empleados hospitalizados, mientras el comité técnico designado continúa con las pericias para determinar las causas exactas de la explosión.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este martes tras su imputación que “jamás” hizo gestiones ante ninguna “administración pública ni sector público en relación con el rescate” de la aerolínea Plus Ultra.

EFE

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad“, garantizó Zapatero en un vídeo remitido a los medios después de recibir este martes una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

Un juzgado de la Audiencia Nacional española imputó a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra y lo considera como el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias“.

Ante esa citación, el político español expresó su disposición “por supuesto” a colaborar con la justicia.

Zapatero asegura en ese mensaje que “jamás” ha tenido ninguna sociedad mercantil, “ni en España ni fuera de España“, ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Añade que todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas) con absoluta transparencia y legalidad.

“Quiero reafirmar con toda contundencia -recalca- que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración“.

Zapatero expresa asimismo que va a ejercer su derecho a la defensa “con toda la firmeza y toda la convicción“, y avanza que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.

Un grupo de 300 personas serán liberadas esta semana en Venezuela, entre ellas los funcionarios de la extinta Policía Metropolitana detenidos por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002, anunció este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

EFE

Rodríguez presenta las liberaciones como un gesto unilateral de paz y convivencia, sin pedir nada a cambio, solo que se valore el acto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el 12 de mayo de 2026 que su administración aseguraría la liberación de todos los presos políticos restantes en Venezuela.

En declaraciones a la prensa en Washington, Trump afirmó explícitamente: “Vamos a sacarlos a todos”, la acción coincide con la presión interna y externa por la muerte de gente inocente bajo custodia del estado venezolano.

Este tipo de anuncios forma parte de un patrón recurrente en Venezuela sobre presos políticos, donde las excarcelaciones generan debate entre expectativas humanitarias y percepciones de maniobras políticas.

El presidente ruso Vladimir Putin llegó el martes por la noche a Beijing para reunirse con su par chino y “viejo y buen amigo” Xi Jinping, con la intención de demostrar que sus lazos son inquebrantables, días después de la visita de Donald Trump.

EFE

La confirmación del viaje de Putin llegó pocas horas después de que Trump concluyera su visita el viernes, la primera de un presidente estadounidense a China en casi una década y orientada a estabilizar sus turbulentas relaciones.

Putin y Xi se reunirán para analizar cómo fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y China e “intercambiar puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave”, según un comunicado del Kremlin.

Sus lazos se han profundizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, con Putin visitando Beijing cada año desde entonces, mientras su país queda aislado diplomáticamente en el escenario mundial.

Sin embargo, su relación dista de ser igualitaria, con Moscú fuertemente dependiente en lo económico de Beijing, principal comprador del petróleo ruso bajo sanciones.

Entre los temas que Xi y Putin podrían abordar figura la construcción del gran gasoducto “Power of Siberia 2”, que conectaría Rusia con China a través de Mongolia —una alternativa terrestre al crudo importado por vía marítima desde Oriente Medio—, proyecto que Moscú está ansioso por poner en marcha.

Para dar un tono cálido a la visita, Xi y Putin intercambiaron “cartas de felicitación” el domingo con motivo del 30° aniversario de la asociación estratégica entre sus países.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, elogió el martes “la amistad duradera entre China y Rusia”.

En un mensaje en video dirigido al pueblo chino y difundido el martes, Putin afirmó que las relaciones han alcanzado “un nivel verdaderamente sin precedentes” y que “el comercio entre Rusia y China sigue creciendo”.

“La estrecha relación estratégica entre Rusia y China desempeña un papel estabilizador fundamental a nivel mundial. Sin aliarnos contra nadie, buscamos la paz y la prosperidad universal”, declaró Putin, sin mencionar a ningún tercer país.

Se espera que ambos líderes también firmen una declaración conjunta al término de sus conversaciones.

“Queridos y viejos amigos”

Xi recibió a Putin con los brazos abiertos como a un “viejo amigo” durante su última visita a Beijing en septiembre de 2025, un lenguaje que el líder chino no utilizó con Trump la semana pasada.

Putin, quien a su vez llamó a Xi su “querido amigo”, estará interesado en mostrarle al mundo que sus relaciones no se ven afectadas por la visita de Trump.

Si bien no se espera que la visita de Putin reciba el mismo boato que la de Trump, “la relación Xi-Putin no requiere ese tipo de reafirmación performativa”, señaló Patricia Kim, del Instituto Brookings de Washington.

Ambas partes consideran sus lazos “estructuralmente más sólidos y estables” que los existentes entre China y Estados Unidos, indicó.

Beijing ha pedido con regularidad negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania pero nunca ha condenado a Rusia por el envío de tropas, presentándose en cambio como parte neutral.

Trump y Xi abordaron la cuestión ucraniana la semana pasada, pero el presidente estadounidense abandonó China sin lograr avances concretos.

“Xi casi con certeza pondrá a Putin al tanto de su cumbre con Trump”, afirmó Kim.

La ausencia de resultados claros en el encuentro Xi-Trump, sin embargo, “probablemente tranquiliza a Moscú al confirmar que Xi no alcanzó ningún entendimiento con Trump que pudiera afectar materialmente los intereses rusos”.

Apetito por el petróleo

Putin esperará que China profundice su compromiso con Moscú, luego de que Trump declarara en Fox News durante su visita que Beijing había acordado comprar petróleo estadounidense para satisfacer su “insaciable” apetito energético.

Como Rusia depende de las ventas a China para sostener su esfuerzo de guerra“Putin no quiere perder ese apoyo”, dijo a AFP Lyle Morris, de la Asia Society.

“Es probable que Putin esté ansioso por escuchar de Xi cuál será el próximo paso de China en Oriente Medio“, señaló Morris, tras la señal que Trump envió con claridad de que espera que Beijing desempeñe un papel protagónico en la región.

En lo que respecta a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sin embargo, China y Rusia podrían tener prioridades distintas.

“China depende de la libertad de las principales vías marítimas del mundo para sostener sus actividades económicas y preferiría que el enfrentamiento en el estrecho de Ormuz llegara a su fin cuanto antes», dijo a AFP James Char, de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur.

Moscú, en cambio, “se ha beneficiado económicamente de los combates en Irán debido a la relajación de las sanciones contra los suministros energéticos rusos, por lo que podría tener una visión diferente», agregó.

El canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó tras reunirse con Xi en abril que Rusia podría “compensar” la escasez energética de China a medida que la guerra en Oriente Medio golpea el suministro global.

“La profundización de los lazos energéticos podría tener un lugar destacado en la reunión, dado que Beijing busca más energía rusa», señaló Joseph Webster, del Atlantic Council.

“Desde la perspectiva de Moscú, enviar más petróleo hacia el este puede resultar más atractivo a raíz de la incesante campaña de Ucrania contra la infraestructura energética rusa

Este lunes se vivió una jornada marcada por la violencia en La Paz, donde confluyeron manifestaciones de varios sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a seis meses de haber asumido el Gobierno. La Plaza Murillo, epicentro del poder político, fue asediada por grupos violentos que intentaron romper el cerco policial con enfrentamientos y explosiones de dinamita durante más de cinco horas.

Por: María Silvia Trigo – Infobae

Los medios locales reportan que hubo saqueos y ataques a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. También se quemó un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se atacó una estación del teleférico en El Alto y hubo agresiones a periodistas y ciudadanos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran agresiones contra vendedores ambulantes y pasajeros del transporte público. En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer denuncia entre lágrimas que los manifestantes robaron su mercadería y que había perdido todo lo que tenía.

Con el caos desatado, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y evacuó espacios públicos, como la Universidad y el edificio del Órgano Legislativo, para evitar el aumento de disturbios.

Según los reportes de la prensa local, entre los manifestantes había cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, gremiales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de 190 kilómetros.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción y ha determinado reforzar controles policiales y militares. “En una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas se determinó que se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, manifestó ante los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El ministro aseguró que se van a tomar “medidas duras y estrictas”, pero afirmó que “no hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a dictar”.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, categorizó las protestas entre las que tienen demandas legítimas y los grupos que buscan desestabilizar el Gobierno con violencia. En una entrevista con la radio El DeberJustiniano señaló que “hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, y agregó que no van a permitir que la violencia “se disfrace de demanda social”.

Según informó el viceministro, las manifestaciones de ayer dejaron al menos diez heridos, entre policías y civiles, y 69 personas detenidas.

Si bien hay intentos de mediación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, entre otras, los conflictos parecen estar lejos de encontrar solución.

Este martes, se registran 32 puntos de bloqueo, concentrados en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba, y hay más sectores sociales que se están sumando a las protestas, como los transportistas de El Alto que iniciaron un paro “indefinido” a partir de hoy.

Según reportes locales, en las primeras horas del martes, las ciudades de La Paz y El Alto se mantenían con algunos puntos de bloqueo, con transporte público interrumpido y con la suspensión de clases escolares en algunos colegios. Adicionalmente, se registra escasez y encarecimiento de alimentos básicos.

En esta espiral de manifestaciones, algunos analistas ven que fuera de las demandas sindicales hay un conflicto de fondo: el reclamo de algunas organizaciones sociales de ser incluidas en la toma de decisiones. Pablo Deheza, columnista y analista político, señaló en entrevista con Infobae que “si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir”.

En medio de este escenario, al menos nueve países expresaron su respaldo al gobierno de Paz –Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú-, al igual que 31 expresidentes del grupo Idea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para este miércoles una sesión extraordinaria para evaluar la situación política y social que atraviesa el país.

Socio de Bancamiga, Daniel De Grazzia Suarez, acusa al dueño de FOSPUCA, José Simón Elarba, de haberse adueñado de dos Bancos de forma fraudulenta.

Por: Gustavo Azócar

De Grazzia también acusó a los empresarios Alfredo Porteles e Ibrahim Velutini de maniobras ilegales para apoderarse de Bancamiga y de la sociedad Compass Bank & Trust de Dominica. (No República Dominicana).

De Grazzia denunció Violaciones Procesales e Indefensión

Detención y Presentación Extemporánea: Fue aprehendido el 19 de abril de 2024. Su audiencia de presentación se realizó el 24 de abril de 2024 sin la presencia de sus abogados de confianza.

  1. Denuncia que esto viola el lapso legal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), añadiendo que dicha audiencia duró apenas un minuto, tras lo cual el tribunal admitió las pruebas fiscalías y decretó la medida privativa de libertad.

Expone los cargos del Ministerio Público señalando que no existía una investigación previa en su contra. Destaca que todas sus operaciones financieras contaban con la autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) —constantes en el expediente de la causa—, por lo que rechaza la acusación principal sobre la presunta modificación ilícita de tasas cambiarias que, presuntamente es por la cual se le acusa.

  1. Nulidad de la Defensa Pública: El 15 de mayo de 2024 solicitó el cese de la defensa pública para designar a sus abogados privados (bufete Badell). Afirma que entre mayo de 2024 y mayo de 2026 estuvo en un estado de indefensión absoluta; a pesar de haber solicitado la juramentación de sus defensores privados en más de 15 ocasiones, el tribunal nunca la tramitó, imponiéndole la defensa pública en contra de su voluntad.

Sostiene que todas las actuaciones de la defensa pública son nulas y que los interrogatorios se desviaron exclusivamente hacia el estatus de sus bienes materiales.

  1. Coacción y Despojo Forzado de Activos (Compass Bank)
    Intervención de Terceros: Denuncia que José Simón Elarba se presentó en las instalaciones de Compass Bank para impartir instrucciones al personal acompañado de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aun cuando para esa fecha no era accionista ni directivo de la entidad.

Sostiene haber sido despojado del 90% de sus acciones en Compass Bank. Declara que un oficial —identificado como el Mayor Santiago— le manifestó que «por órdenes de Nicolás Maduro» debía entregar el banco, vinculando explícitamente la seguridad física de él y de su familia con la firma del contrato, habiendo cedido tras permanecer tres meses incomunicado.

Fue obligado a firmar la venta de sus acciones a favor de Ibrahim Velutini, a quien afirma no conocer, con quien nunca pactó un precio ni cruzó palabra. El 9 de julio de 2024, a las 2:00 P.M., Alfredo Porteles (propietario del 9% del banco) se presentó con el documento de traspaso. Para el acto, le retiraron el uniforme de reclusión azul, le vistieron con ropa civil (jeans, camisa y corbata) y convocaron al abogado de Compass para dar fe de la venta. Denuncia que, mientras se grababa la llamada formalizando el acto, detrás de las cámaras había funcionarios coaccionándolo.

Sostiene que la hoja que firmó estaba en idioma inglés y solo contenía el espacio de las firmas, impidiéndosele leer el cuerpo del contrato. No recibió pago alguno por la transacción. Califica el hecho como una apropiación forzada por parte de Porteles, Elarba y Velutini, y señala la existencia de un fraude transaccional al no justificarse el origen de los fondos. Además, detalla que los compradores solicitaron un crédito por 10 millones de dólares al propio banco para financiar la adquisición; dichas empresas desviaron el préstamo a Ibrahim Velutini, quien luego lo depositó en la cuenta del declarante en Compass Bank de forma temporal y bajo condiciones especiales proscritas por la normativa bancaria internacional.

La caída de las dictaduras latinoamericanas coincidió con cambios en la política exterior norteamericana y europea respecto a los DDHH Política

ORLANDO VIERA-BLANCO
19/05/2026

La historia política rara vez se comporta como una ciencia exacta. Tratar de sumergir, empotrar o someter la transición venezolana en un modelo prêt-à-porter [a la medida] de otros eventos, es falaz como también es ilusorio seguir una receta.

Sin duda habrá desenlaces similares a otros procesos. Pero a solas a lo interno, no podremos. Los Walesa, Mandela, Suárez, Geisel, Neves, Sarney o Sanguinetti, fueron lideres que correspondieron a otros tiempos, otras circunstancias, un orden internacional menos interconectado.

La captura del Estado no son cuentos

Los grandes procesos de transición entre regímenes autoritarios y democracias no responden a fórmulas lineales. La tentación de muchos historiadores, politólogos o actores políticos ha sido interpretar cada crisis contemporánea a la luz de precedentes históricos conocidos: la transición española después de Franco, la caída del bloque soviético, el plebiscito chileno contra Pinochet, la democratización brasileña, la derrota de las juntas militares argentinas o la salida negociada del apartheid sudafricano.

Uno de los errores más frecuentes del análisis político consiste en asumir que la historia opera por analogías automáticas. Cada transición ocurre bajo condiciones culturales, geopolíticas, económicas y sociales distintas.

Los actores cambian, las estructuras internacionales mutan y las sociedades producen respuestas inéditas frente a contextos inéditos.

Autores como Samuel Huntington en The Third Wave, intentaron identificar patrones generales de democratización durante el siglo XX. Huntington observó ciclos históricos donde las democracias emergían en “olas” impulsadas por factores económicos, crisis de legitimidad, presión internacional y fracturas internas dentro de las élites autoritarias.

No obstante [Huntington] advertía que las transiciones no podían entenderse como modelos exportables mecánicamente. Las democracias nacen de contextos específicos. De hecho la insistencia en comparar procesos distintos conduce a diagnósticos equivocados.

A fin de cuentas no es difícil diferenciar el caso Venezolano. Un Estado penetrado no sólo por sables y boinas, sino por grupos criminales que se apoderaron de una gran riqueza y del territorio. Alianzas policiales y corsarias saquearon al país. La represión llegó acompañada de miseria, tortura y hambruna. Y la retórica diplomática—expectante pero inocua a la vez—demostró que el crimen paga mientras no sea castigado con una fuerza superior a la de ellos. Debutó entonces la legítima defensa internacional, extracción incluida.

Nuestra historia aún no termina. La transición está por verse. Y la tendencia a producir paralelismos genera una dificultad interpretativa que nos atrapa en expectativas no cumplidas.

Las dictaduras militares del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980 respondían a una lógica distinta de los regímenes populistas-autoritarios del siglo XXI. Las juntas militares de Argentina, Chile, Uruguay, Perú o Brasil mantenían estructuras relativamente institucionales, jerarquías verticales y una relación más clásica con las FFAA.

En otra dirección, regímenes contemporáneos como el venezolano mezclan elementos de militarización, redes criminales transnacionales, control social asistencialista, hegemonía comunicacional, inteligencia cubana y captura estructural del Estado por élites híbridas político-económicas. Esto hace que las categorías tradicionales de dictadura militar o autoritarismo clásico resulten insuficientes.

El caso chileno suele citarse como paradigma exitoso de transición democrática negociada. La derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 permitió una apertura progresiva respaldada por acuerdos institucionales, presión internacional y una oposición cohesionada. Sin embargo, Chile conservaba instituciones relativamente funcionales, una economía estable y FFAA—que aun siendo represivas—mantenían una racionalidad institucional. El propio Pinochet buscaba garantías para preservar ciertos intereses militares y económicos. Existía además una sociedad civil robusta y una élite empresarial interesada en la normalización democrática.

Venezuela: Diferencias radicales y la purga cultural

El aparato estatal no sólo administra poder político, sino también economías ilícitas, minería irregular, narcotráfico, estructuras paraestatales y alianzas geopolíticas con actores extrahemisféricos.

El régimen venezolano no se agota en una disputa electoral. Enfrenta un problema existencial. Para el régimen abandonar el control del Estado podría significar cárcel, pérdida patrimonial o incluso riesgos personales. Esta variable altera completamente los incentivos de transición.

Pertinente recordar la teoría de Guillermo O’Donnell sobre los “autoritarismos burocráticos” y las “transiciones pactadas”. O’Donnell sostenía que muchas aperturas democráticas surgen cuando sectores moderados del régimen concluyen que el costo de permanecer en el poder supera el costo de negociar una salida. Pero en casos donde el poder está profundamente asociado a redes de protección criminal o geopolítica, el cálculo racional y diacrónico, cambia drásticamente. La permanencia deja de ser únicamente ideológica: es supervivencia.

Esto lo comprende Washington por lo que acertadamente prioriza estabilización vs. democratización. Invertir esta ecuación es una fantasía. El costo del Delcy et all a no obedecer sería salir de inmediato del poder. Por eso acepta su autodepuración. Sin control sobre las redes criminales, de las estructuras básicas del Estado [FFAA-policiales, justicia, forasteros] no existe transición sostenible. La propia María Corina sabe que un evento electoral supone tanto actos preparatorios y orgánicos, como un proceso depurado y vigilado, que permita cobrar.

Otro error común de historiadores y analistas consiste en creer que los pueblos reaccionan siempre igual ante la opresión. La experiencia latinoamericana demuestra exactamente lo contrario. La Revolución Cubana produjo una narrativa continental donde la lucha armada se convirtió en símbolo romántico de emancipación. Décadas después, las dictaduras militares del Cono Sur generaron sociedades exhaustas que privilegiaron pactos civiles y reconstrucción institucional. Más tarde, el ascenso del chavismo en Venezuela ocurrió no mediante un golpe clásico sino a través de elecciones democráticas y una narrativa populista basada en exclusión social, resentimiento histórico y redistribución petrolera.

Esto demuestra que las transiciones dependen profundamente de marcos culturales específicos. Antonio Gramsci entendía el poder no sólo como coerción, sino como hegemonía cultural. Los regímenes sobreviven mientras logren construir narrativas legitimadoras capaces de penetrar emocionalmente a sectores sociales. En Venezuela, el chavismo no se sostuvo únicamente por represión; también desarrolló una identidad política simbólica vinculada al antiimperialismo, al militarismo bolivariano y a la idea de redención popular. Aunque esa hegemonía tuvo su parteaguas en el 3E-26, su secuela impide un salto inmediato a un proceso electoral. La depuración también es cultural, ideológica y pragmática.

Disrupción ‘a la venezolana’. La diplomacia de la fuerza

La misma historia demuestra que muchas transformaciones políticas consideradas “imposibles” terminaron ocurriendo mediante eventos disruptivos no previstos por los modelos académicos tradicionales.

La caída del Muro de Berlín tomó por sorpresa a numerosos especialistas soviéticos y occidentales. Pocos anticiparon la velocidad del colapso de la Unión Soviética. Del mismo modo las revoluciones árabes [primaveras de twitter] mostraron cómo nuevas tecnologías de comunicación alteran repentinamente el equilibrio político regional. Sin embargo, también revelaron que la caída de un dictador no garantiza automáticamente una democracia funcional.

El caso venezolano representa una transición atípica e inédita dentro de América Latina. No existe un precedente exacto de un Estado petrolero profundamente militarizado, con colapso económico masivo, migración superior a ocho millones de personas, injerencia de actores extranjeros y coexistencia simultánea de mecanismos electorales con autoritarismo estructural.

Aquí emerge otro elemento central: el papel de los actores externos. Numerosas teorías clásicas de democratización subestimaron la influencia decisiva de factores internacionales en tiempos de mayor integración internacional. La historia demuestra que pocas transiciones relevantes ocurrieron completamente aisladas del contexto geopolítico.

La democratización europea posterior a la II Guerra Mundial fue inseparable de la influencia estadounidense y del Plan Marshall. La caída de las dictaduras latinoamericanas coincidió con cambios en la política exterior norteamericana y europea respecto a los DDHH. Incluso el fin del apartheid sudafricano estuvo condicionado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y presión económica global. En cada caso precedió una guerra [externa o interna]. Nada en Venezuela-incluso la confrontación civil-ha sido convencional.

El concepto de “diplomacia de la fuerza” resulta particularmente relevante para comprender ciertos procesos contemporáneos. Henry Kissinger sostenía que el orden internacional se fundamenta tanto en legitimidad como en equilibrio de poder. Cuando un régimen autoritario logra neutralizar costos internacionales las posibilidades de transición disminuyen considerablemente.

La experiencia venezolana parece confirmar esta premisa. Durante años, amplios sectores opositores apostaron casi exclusivamente por salidas electorales o negociaciones internas mientras el régimen fortalecía alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba. Estas alianzas no fueron meramente diplomáticas. Constituyeron redes de soporte financiero, militar, tecnológico e inteligencia estratégica. En consecuencia, el conflicto venezolano dejó de ser exclusivamente doméstico para convertirse en un asunto geopolítico regional. Y llegó el 3 de Enero 2026.

La retórica paga. Soberanía y propaganda vs. modernidad

En Panamá, la caída de Manuel Noriega no ocurrió únicamente por protestas domésticas, sino por la causa justa estadounidense. En República Dominicana la crisis [1965] desembocó en intervención internacional. En Haití distintos procesos políticos estuvieron condicionados por presencia extranjera. Experiencias controvertidas que evidencian una realidad histórica incómoda: ciertos regímenes no abandonan el poder por persuasión moral o competencia electoral, sino por la fuerza.

Esto no implica justificar intervenciones indiscriminadas ni desconocer el principio de soberanía. Significa reconocer que algunos sistemas autoritarios contemporáneos se estructuran para impedir cualquier transición democrática autónoma. La diplomacia clásica pierde eficacia cuando el régimen considera que la retórica paga.

El politólogo Juan Linz diferenciaba entre regímenes autoritarios y totalitarios. Los totalitarismos buscan controlar no sólo las instituciones políticas, sino también la vida cultural, simbólica y psicológica de la sociedad. Venezuela probablemente no constituye un totalitarismo clásico como Corea del Norte, pero sí desarrolla elementos híbridos de control social integral: dependencia económica, propaganda ideológica, persecución selectiva, fragmentación opositora y colonización institucional. Estas características producen una resistencia distinta—idealista e insuficiente—en comparación a las transiciones tradicionales.

Otro aspecto fundamental es el fenómeno migratorio. La diáspora venezolana constituye uno de los desplazamientos humanos más grandes de la historia contemporánea latinoamericana. Este hecho altera profundamente las dinámicas políticas internas.

En otros procesos históricos, las clases medias opositoras permanecían dentro del país presionando por cambios institucionales. En Venezuela millones de ciudadanos emigraron, reduciendo capacidad organizativa interna. La diáspora se convierte así en actor político transnacional.

La historia latinoamericana no es suficiente para anticipar como será la ruptura definitiva de la coalición dominante en Venezuela. El PRI mexicano cayó por erosión progresiva de consensos internos. En Brasil la apertura militar ocurrió por sectores empresariales y tecnocráticos. En Argentina, la derrota en la Guerra de las Malvinas destruyó legitimidad militar. ¿Y Venezuela? Decantación estratégica por un agente externo, tutela, obediencia, estabilización (…) elecciones vigiladas, justicia transicional y salida del hegemón de fachada revolucionaria.

¿Cuál podría ser entonces el detonante venezolano?

Precisamente allí radica la dificultad de los historiadores para interpretar procesos inéditos. La transición no ocurrirá mediante elecciones convencionales inmediatas ni levantamientos populares clásicos. De hecho, ya se intentó y no pasó.

El filósofo Hannah Arendt sostenía que los regímenes excesivamente dependientes de coerción terminan revelando su fragilidad estructural. Fragilidad que no garantiza colapso inmediato. Algunos sistemas sobreviven gracias al control de aparatos represivos y apoyo externo,hasta que un agente interno o externo, les voltea la tortilla. Y llegó Trump a barrer la casa.

En este contexto, la diplomacia de la fuerza adquiere relevancia estratégica: miedo creíble a otras olas de extracción y captura; el costo de resistir vs. el costo de desobedecer al estado tutor; la fragmentación forzada, el quiebre y la purga inevitable de la coalición dominante y el ‘sálvese quien pueda’.

La lección central es que la historia no ofrece moldes exactos. Cada transición redefine las categorías con las cuales intentamos comprenderla. Los actores políticos que insisten en repetir recetas históricas sin entender singularidades culturales y geopolíticas terminan atrapados en diagnósticos obsoletos e inaplicables.

Comprender Venezuela exige abandonar analogías fáciles y aceptar que nuestra transición a la democracia, requiere de un fuerte patrocinio internacional [hoy lo es EE.UU] para hacer sostenible un proceso real de reconstrucción institucional y cultural profunda.

No seremos el estado 51. El reto es otro: es volver a ser un estado libre y soberano. Así de simple y complejo a la vez. Y EEUU sabe que él representa ‘el otro espanto’ a quien el leviatán le teme, por lo que deberá irse, como no solía…

La historia tampoco será escrita por un actor, ni por un mesías. El salto a la democratización viene unido a un nuevo concepto de ciudadanía donde se funden gremios, ONGs, sindicatos, vecinos, artistas y universidades. Esos serán los nuevos Mandelas, Walesas o Václav Havel. La historia dejó de ser de Quijotes, Super Héroes o de Cid campeadores. La historia ya no es de nombres y apellidos. Es de prosa libre y colectiva. Cambia el tiempo y cambian las voluntades, y cambia el ser y cambia la confianza decía el poeta.

La historia no se reedita. Es genuina, es auténtica y verdadera por legítima y honesta. Actores, pueblos y circunstancias cuyas historias no se repiten, se hacen, y a más de cambiarse cada día—sentenció Luis de Camões en sus sonetos—otro cambio hace de mayor espanto, que no cambia ya como solía…

@ovierablanco
vierablanco@gmail.com
Ex Embajador de Venezuela en Canadá

Cuando Diosdado Cabello salió este lunes a explicar que Alex Saab era un colombiano con cédula falsa que el Estado venezolano nunca reconoció, dijo sin querer la única verdad que importa: que durante quince años, él fue el ministro del Interior de un país que no sabía quién lo gobernaba. O que sí lo sabía. Y esa segunda opción es infinitamente peor.

Por: Elizabeth Sanchez Vegas

Saab no apareció en Venezuela en 2024. Apareció en 2011, cuando firmó su primer contrato con el gobierno de Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas a la Misión Vivienda. Recibió por ese contrato $159 millones. Entregó materiales por valor de $3 millones. La diferencia no se evaporó, se movió, meticulosamente, a través de una red de empresas fantasma en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. No había concurso. No había licitación transparente. Había un empresario de Barranquilla con acceso directo al Palacio de Miraflores.

Lo que vino después fue a escala mayor. Saab se convirtió en el proveedor principal de los CLAP, las cajas de alimentos que el chavismo distribuía en los barrios pobres como emblema de su compromiso con el pueblo. Ese empresario colombiano facturó más de $200 millones en ese programa. Los alimentos llegaban con un sobreprecio del 112% sobre su valor real. El Departamento de Justicia de EE.UU. documentó que Saab lavó $350 millones a través del esquema CLAP. Colombia lo investigó. Italia lo condenó. Todo esto ocurrió mientras Cabello era ministro del Interior, responsable constitucional de la seguridad, la identificación y el control migratorio del país.

El SAIME, que hoy dice no tener ningún expediente de Saab, le emitió dos pasaportes venezolanos: uno en 2015 y otro en 2017, uno de ellos diplomático. Firmados. Sellados. Entregados. Por la institución que Cabello dirige. A un hombre que Cabello dice hoy que nunca existió en sus archivos. No hay forma de sostener las dos afirmaciones al mismo tiempo. O el SAIME emitió esos pasaportes y entonces Cabello miente hoy, o no los emitió y entonces alguien falsificó documentos de Estado bajo sus narices sin que el ministro del Interior se enterara. En cualquiera de los dos casos, hay una pregunta que responder. Una sola. Concreta. Sin Constitución que la esquive: ¿quién firmó esos pasaportes?

Y aquí está el remate que Cabello no calculó. El artículo 271 de esa misma Constitución que sostuvo en cámara este lunes establece, en letras que no admiten interpretación, que Venezuela no puede negarse a entregar a los extranjeros acusados de narcotráfico, deslegitimación de capitales y crimen organizado internacional. Lo citó él. Lo invocó como fundamento legal para deportar a Saab. Lo que olvidó mencionar, o prefirió no pensar mientras hablaba, es que Diosdado Cabello tiene acusación federal por narcotráfico y crimen organizado en cortes de los Estados Unidos. Que hay una recompensa de $25 millones sobre su cabeza puesta por el gobierno americano. Que si alguien en Venezuela decide aplicar ese artículo 271 con la misma diligencia con que lo aplicó a Saab, el próximo en subir al avión a Miami es él. Cabello citó el artículo que lo entrega. Lo hizo frente a las cámaras. Con la Constitución en la mano. Sin parpadear. Y sin entender, o fingiendo no entender, que estaba firmando su propia orden de deportación.

Durante más de cinco años el Gobierno venezolano dijo que Álex Saab era venezolano. Dentro y fuera del país. Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza y un sinfín de funcionarios así lo afirmaron reiteradamente.

Tal Cual

Ante el sistema judicial de Estados Unidos incluso llegaron a presentar un pasaporte, otro de carácter diplomático, una Gaceta Oficial (presuntamente forjada), un nombramiento por parte del entonces canciller Jorge Arreaza y hubo hasta una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se ratifica su nacionalidad. También su nombre y cédula venezolana salieron en una Gaceta Oficial cuando fue nombrado ministro de Producción Nacional, y hasta apareció registrado en el Seguro Social y el Registro Electoral.

Ahora el Gobierno venezolano afirma que Saab nunca fue venezolano. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo reiteró este 18 de mayo. Según el funcionario, Saab mostró una cédula que no es legal, con fecha de emisión de 2004. “Si sacan la cuenta de su presencia en Venezuela, se darán cuenta de que es fraudulenta”, dijo durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Bajo su despacho está asignado el Servicio Autónomo de Migración y Extranjería (Saime), encargado de emitir cédulas y pasaportes.

Sin embargo, numerosos documentos oficiales que el Gobierno venezolano le asignó a Álex Saab cuando lo defendía como a “un héroe”, antes de detenerlo primero y entregarlo a Estados Unidos después, contradicen la nueva narrativa oficial del gobierno de Delcy Rodríguez.

 Pasaportes venezolanos. Luego de su captura en Cabo Verde, la defensa venezolana presentó dos números de pasaportes distinto para argumentar ante Estados Unidos que Saab era venezolano y además diplomático y, por lo tanto, amparado por inmunidad.

Por otro lado, para sacar o renovar el pasaporte en el Saime, los ciudadanos deben presentar cédula de identidad original laminada vigente, el comprobante de pago del trámite y la planilla de la cita, todos elementos que otorga esa misma institución a partir de sus bases de datos.

 Designación como “enviado especial”. El entonces canciller venezolano, Jorge Arreaza, designó a Álex Saab como “enviado especial” y “representante especial” de Venezuela mediante comunicaciones oficiales emitidas y firmadas en abril de 2018.

Su nombramiento como “enviado especial” también aparece reflejado en la edición extraordinaria número 6.373 (fechada el 26 de abril de 2018) de la Gaceta Oficial. Sin embargo, según constató el medio de fact-checking espaja.com, el gobierno de Nicolás Maduro forjó el documento para usarlo en la defensa contra la justicia estadounidense. En la versión original de la Gaceta Oficial, que reposaba en el archivo histórico del Tribunal Supremo de Justicia, no se menciona en ninguna parte a Álex Saab.

 Comunicado de la Cancillería exigiendo su liberación. Tras la detención de Álex Saab en Cabo Verde en junio de 2020, Jorge Arreaza exigió su liberación de manera reiterada. En su cuenta de X, publicó los documentos emitidos por su despacho. En su rol como canciller venezolano, aseguró que “Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol”.

 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la nacionalidad venezolana de Álex Saab en una sentencia fechada del 12 de mayo de 2023, a solicitud de su esposa Camilla Fabri. Los documentos aún están publicados en la página web del TSJ.

La sentencia está firmada por los magistrados Gladys Gutiérrez, entonces presidenta del Poder Judicial, Lourdes Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillo, Tania D’Amelio y Adriana Velásquez Grillet.

 Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El nombramiento de Álex Saab como ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional se formalizó mediante el Decreto N° 5.021, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.846 Extraordinario del 18 de octubre de 2024. En dicho documento oficial, aparece la cédula venezolana de Alex Saab (N° 21.495.350).

 IVSS. Incluso en el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparece Álex Saab como afiliado, con cédula de identidad venezolana, desde el 16 de enero de 2024 cundo fue nombrado presidente del Centro internacional de Inversión Productiva. La ficha del IVSS ubica su cese al frente de ese organismo el 19 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez lo destituyó de los cargos que tenía en el Ejecutivo nacional y anunció que iría “a nuevas responsabilidades”.

 Registro Electoral. Además de los documentos, Álex Saab aparece en el Registro Electoral que administra el Consejo Nacional Electoral como elector activo. Solo así pudo votar en las elecciones presidenciales de 2024, como publicó en sus redes sociales.

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