Armando Esteban Quito

El viernes 15 de mayo se incendió parte de la planta compresora de Gas Lamargas, infraestructura clave para la operación petrolera en el occidente venezolano y operada conjuntamente por PDVSA y la empresa china Concord Resources Corp (CCRC).

El Canal de Nitu Pérez Osuna

Ahí no hay iguanas ni opositores a quien culpar, sino a los 27 años de falta de mantenimiento e irregularidades con que se ha manejado la industria petrolera desde la llegada del mal llamado socialismo del siglo 21.

Todos los detalles de esta tragedia y de la situación petrolera del país la discutiremos en vivo este lunes 18 de mayo a las 9:00 pm hora de Venezuela con Evanan Romero, Ingeniero y doctor en Petróleo, consultor internacional, ex director de PDVSA y Ministro responsable de la apertura petrolera venezolana que se llevara a cabo entre 1996 y 1998.

Transparencia Venezuela denunció este jueves la falta de claridad en el proceso de reorganización de activos públicos en el país y advirtió que, sin controles claros, podría estar configurándose una distribución discrecional de bienes del Estado entre grupos cercanos al poder.

El Nacional

La advertencia fue realizada durante el foro “Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?”, donde la organización analizó los recientes movimientos en la gestión de empresas estatales y el cambio de actores vinculados a estos procesos.

En el encuentro, la investigadora Christi Rangel afirmó que la reconfiguración del manejo de activos ha ganado velocidad tras los cambios en la cúpula política, ocurridos luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez al poder.

“Vemos un cambio de protagonistas luego de que saliera de escena la familia Maduro-Flores y se impusieran los hermanos Rodríguez Gómez”, señaló Rangel.

Falta de información oficial impide supervisión ciudadana

Por su parte, a directora de la ONG Mercedes de Freitas cuestionó la falta de acceso a información oficial sobre el inventario de bienes del Estado y sobre los acuerdos que se estarían ejecutando en este contexto, lo que —según dijo— impide cualquier tipo de supervisión ciudadana efectiva.

“Nos preocupa que estos convenios se hagan a oscuras porque, más que privatización, parece una redistribución de fondos del Estado entre amigos. Ya ocurrió con las alianzas estratégicas en las minas, que terminaron en manos de compañeros de estudio o familiares del alto gobierno”, denunció De Freitas.

Desde la organización advirtieron que la opacidad en estos procesos puede derivar en esquemas de concentración económica similares a los observados en otros países en transición, donde la transferencia de activos estatales dio lugar a nuevas élites con poder político.

En ese sentido, la organización pidió establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que garanticen la supervisión del proceso y eviten el uso discrecional de los recursos públicos.

“Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable. La sociedad civil debe exigir que este proceso no se dé a espaldas de la gente”, expresó Rangel.

El exministro chavista de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, presuntamente se declaró en huelga de hambre en medio del juicio por el caso Pdvsa-Cripto, de acuerdo con un reporte realizado este lunes 18 de mayo por el exfiscal venezolano, Zair Mundaray.

La Patilla

Según Mundaray, El Aissami habría iniciado la protesta el pasado sábado 16 de mayo, luego de ser trasladado a una “celda de castigo” en la cárcel de El Rodeo I, supuestamente como represalia por declaraciones que habrían involucrado a otros integrantes del oficialismo venezolano durante el proceso judicial.

A través de una publicación en redes sociales, el exfiscal aseguró que la audiencia del caso Pdvsa-Cripto fue suspendida tras conocerse el deterioro en el estado de salud del exfuncionario.

“Fue evaluado por médicos de la DEM presentes en el Palacio de Justicia, quienes informaron que estaba deshidratado”, afirmó Mundaray, quien además sostuvo que mientras el exministro era atendido, uno de los hermanos De Grazia continuaba rindiendo declaración.

Defensa de El Aissami habría solicitado atención médica

De acuerdo con el relato de Mundaray, la defensa legal de El Aissami solicitó la suspensión de la audiencia para que el exministro recibiera atención médica especializada; sin embargo, dicha petición habría sido negada por el tribunal.

Asimismo, indicó que el propio exfuncionario advirtió que cualquier situación que afectara su integridad física sería responsabilidad de la jueza del caso, debido a la supuesta negativa de atención inmediata.

El exfiscal agregó que el tribunal habría ordenado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) trasladarse hasta El Rodeo I para prestarle atención médica, una decisión que —según dijo— generó molestia en la defensa del exfuncionario, la cual habría interpuesto un amparo sobrevenido sin éxito.

Un video difundido ampliamente en redes sociales revive un acto oficial de noviembre de 2011 en el que Alex Saab, presentado como representante legal colombiano de la empresa Fondo Global de Construcciones, firmó un acuerdo binacional de viviendas en presencia de los entonces presidentes Hugo Chávez (Venezuela) y Juan Manuel Santos (Colombia).

MFM

En el registro audiovisual, correspondiente a la firma del “Convenio de Alianza Estratégica” en el Palacio de Miraflores, se identifica explícitamente a Saab como “por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones”. El convenio, suscrito con la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), tenía como objetivo la instalación de plantas para la producción de kits de viviendas prefabricadas con polietileno expandido y mallas electrosoldadas, en el marco de la Gran Misión Vivienda.

El resurgimiento del video genera cuestionamientos sobre la documentación de Saab. Según el post que lo viralizó, resulta inconsistente que en 2011 firmara como colombiano si, según la versión de Diosdado Cabello, poseía cédula venezolana falsa desde 2004. Recientemente, altos funcionarios del chavismo han afirmado que Saab “no es venezolano” y que la cédula que presentó era “fraudulenta”, sin expediente que la respalde en el SAIME.

Prontuario de Saab

El acuerdo de 2011 derivó en contratos millonarios (uno de ellos por 685 millones de dólares según reportes) para la construcción de viviendas en Venezuela. Fondo Global de Construcciones fue registrada en Bogotá pocos días antes de la firma presidencial. El empresario colombiano de origen libanés, nacido en Barranquilla en 1971, pasó de ser un desconocido en el sector construcción a un actor clave en negocios con el gobierno venezolano, incluyendo proyectos habitacionales, CLAP y otros contratos estatales.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos y acusado de lavado de dinero vinculado, entre otros, a ese mismo contrato de viviendas de 2011. Tras un canje de presos en 2023, regresó a Venezuela, donde ocupó cargos como ministro. En mayo de 2026, el gobierno interino venezolano lo deportó nuevamente a EE.UU.

Reacciones y debate abierto

La difusión del video ha intensificado el debate sobre las naturalizaciones masivas durante el chavismo y posibles irregularidades en la identidad de contratistas cercanos al poder. Mientras algunos sectores oficialistas anteriores lo presentaban como “venezolano”, las declaraciones recientes de Cabello y Delcy Rodríguez lo ubican claramente como ciudadano colombiano con documentación irregular en Venezuela.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta a una investigación judicial de enorme gravedad en el marco del caso Plus Ultra, después de ser citado como imputado por el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.

La Gaceta de la Iberosfera

Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional. La UDEF también ha registrado su oficina y varias empresas vinculadas al entorno del expresidente y de su familia, dentro de una investigación centrada en posibles operaciones mercantiles ficticias y en el destino de parte del dinero público concedido a Plus Ultra.

La pregunta es inevitable: ¿a cuántos años de cárcel podría enfrentarse Zapatero si finalmente fuera acusado, juzgado y condenado? La respuesta depende de la calificación definitiva de los hechos, del grado de participación que le atribuya el juez y de si las conductas investigadas se consideran vinculadas a delitos graves.

Según informa LD, el delito más severo de los que aparecen en la imputación es el de organización criminal. El artículo 570 bis del Código Penal contempla penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes promuevan, constituyan, organicen, coordinen o dirijan una organización criminal destinada a cometer delitos graves. En los demás casos, la pena prevista es de tres a seis años. Para quienes participen activamente, formen parte o cooperen con la organización, las penas van de dos a cinco años si el fin es cometer delitos graves, y de uno a tres años en el resto de supuestos.

El segundo delito investigado es el de tráfico de influencias. El Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que influya en otro funcionario o autoridad, aprovechándose de su cargo o de una relación personal o jerárquica, para obtener una resolución que genere un beneficio económico propio o para un tercero. La pena prevista es de seis meses a dos años de prisión, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial de cinco a nueve años.

El tercer delito es el de falsedad documental. En el caso de autoridades o funcionarios que cometan falsedad en documento público, oficial o mercantil en el ejercicio de sus funciones, el artículo 390 del Código Penal prevé penas de tres a seis años de prisión, multa e inhabilitación. El delito puede incluir conductas como alterar un documento en elementos esenciales, simularlo total o parcialmente, atribuir declaraciones falsas a quienes intervienen en él o faltar a la verdad en la narración de los hechos.

Si la falsedad fuera atribuida a un particular en documento público, oficial o mercantil, el Código Penal contempla penas inferiores: seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses. La diferencia resulta clave, porque la eventual pena dependería de la condición jurídica atribuida al investigado en cada conducta concreta y de la forma en que el juez y la Fiscalía delimiten su participación.

En términos penales, la imputación de Zapatero abre un escenario de máxima gravedad política y judicial. No supone una condena ni elimina la presunción de inocencia, pero sí coloca al expresidente socialista ante delitos que, en abstracto, pueden acarrear penas de prisión importantes, especialmente si prospera la tesis de la organización criminal.

La causa golpea además uno de los episodios más polémicos de la etapa de Pedro Sánchez: el rescate de Plus Ultra, una aerolínea vinculada al ecosistema hispano-venezolano que recibió 53 millones de euros de dinero público pese a las dudas que ya entonces despertó su peso real en el mercado aéreo español.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

La Gaceta de la Iberosfera

Calama ha ordenado registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

A esta cuestión se ha referido este martes el presidente de VOX, Santiago Abascal. «La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción», ha señalado en la red social X.

«Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella», ha añadido.

La estrecha y controvertida relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el chavismo durante más de una década ha saltado a la primera línea judicial. La Audiencia Nacional lo ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.

MFM

La investigación de la UDEF apunta a que parte de los fondos rastreados en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea hispano-venezolana tendrían posible origen en operaciones vinculadas a Venezuela y la petrolera estatal PDVSA, el corazón de la corrupción del régimen de Nicolás Maduro.

Dos décadas de vínculos con el chavismo

Desde que abandonó la Moncloa en 2011, Zapatero ha mantenido una intensa relación con el régimen venezolano. Ha realizado decenas de viajes a Caracas y se ha posicionado como principal facilitador de diálogo entre Maduro y la oposición, un rol que la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional han calificado de sesgado y legitimador del chavismo.

Su cercanía es tal que el propio expresidente ha admitido públicamente su amistad personal con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, figuras centrales del régimen.

Estas relaciones no se limitan al ámbito político. Las investigaciones judiciales españolas han sacado a la luz posibles negocios y comisiones vinculados a PDVSA. El caso más emblemático es el de Raúl Morodo, exembajador de Zapatero en Venezuela, condenado por ocultar millones de euros cobrados de la petrolera estatal por “servicios irreales”.

Además, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acusado directamente a Zapatero de enriquecerse con operaciones de petróleo y oro venezolano a través de PDVSA.

Del “diálogo” al escrutinio judicial

Los procesos de diálogo promovidos por Zapatero entre 2016 y 2017 (y posteriores) fueron duramente criticados por la oposición venezolana, que los consideró maniobras dilatorias que permitieron a Maduro ganar tiempo mientras avanzaba la represión y el control institucional.

Ahora, esa larga relación con el chavismo se entrecruza con la investigación del caso Plus Ultra, aerolínea con fuertes nexos venezolanos. La UDEF indaga si parte del dinero blanqueado procede de la corrupción asociada al régimen.

Zapatero ha negado siempre cualquier cobro irregular o beneficio personal por sus gestiones en Venezuela, insistiendo en que su labor ha sido estrictamente humanitaria y pro bono, centrada en la liberación de presos y la búsqueda de acuerdos.La imputación de hoy convierte a Zapatero en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en democracia. La causa sigue abierta y bajo secreto parcial. Su declaración del 2 de junio será clave para esclarecer hasta qué punto sus vínculos con el chavismo trascienden lo político y entran en el terreno económico y judicial.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está registrando este lunes la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la sede de otras tres mercantiles vinculadas al caso Plus Ultra, según ha adelantado Vozpópuli citando fuentes de la investigación.

La Gaceta de la Iberosfera

La operación se produce después de que la Audiencia Nacional levantara el secreto de sumario sobre las diligencias relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.

Las pesquisas se centran en esclarecer el destino de los fondos públicos entregados a Plus Ultra Líneas Aéreas en noviembre de 2020 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Aquel rescate provocó una fuerte polémica política desde el inicio por la situación financiera de la compañía y por sus conexiones con el régimen chavista de Venezuela.

Los registros ordenados por la Audiencia Nacional buscan ahora documentación mercantil, comunicaciones y posibles movimientos financieros vinculados a las sociedades bajo sospecha. La actuación de la UDEF supone un nuevo salto en una investigación que ha ido escalando durante los últimos meses y que ya afecta directamente a uno de los principales referentes políticos del PSOE en las últimas décadas.

El caso Plus Ultra se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de la gestión económica del Gobierno durante la pandemia. La compañía no cumplía los requisitos para ser considerada estratégica y cuestionó que recibiera decenas de millones de euros de dinero público mientras otras empresas españolas quedaban fuera de las ayudas.

La investigación también ha puesto el foco sobre la red de relaciones políticas, empresariales e internacionales alrededor de la aerolínea, especialmente por sus conexiones con Venezuela y por el papel de figuras próximas al socialismo iberoamericano.

La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a declarar al socialista el 2 de junio. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción.

Por: Alberto López Marín – Infobae

Una vez ha saltado la noticia, los periodistas que han acudido al edificio que alberga el despacho de Rodríguez Zapatero, en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, han visto cómo se estaba llevando a cabo un registro de la UDEF, que también se ha producido en la empresa de sus hijas, Laura y Alba, llamada ‘What the fav’, una agencia de publicidad. Han sacado buen número de cajas con documentación.

La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama, quien el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

“Los capos empiezan a caer”

En diciembre de 2025, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos por los agentes de la UDEF en una operación impulsada por Anticorrupción. Este cuerpo acudió también a las oficinas centrales de Plus Ultra a fin de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza en ese momento encargada a considerar que la causa tenía mayores ramificaciones y complejidad de la inicialmente prevista.

Rodríguez Zapatero es todavía hoy una figura muy relevante e influyente en el PSOE. De hecho, ha participado activamente en la reciente campaña en Andalucía, en apoyo a la candidata María José Montero, como también lo hizo en Aragón y Castilla y León, con derrota en todas ellas. El expresidente es un activo para la estrategia comunicativa y electoral de Pedro Sánchez, o era. Ahora, la Audiencia le tiene en el punto de mira.

El PP apenas ha tardado unos minutos en reaccionar. Su secretario general, Miguel Tellado, ha exigido “explicaciones ya” al Ejecutivo, habida cuenta de que fue este el que rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros en los primeros meses de la pandemia. Para Tellado, que ha escrito en la red social X, la imputación es de una “gravedad extrema” porque “no solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. En su opinión, “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.

El PSOE señala a PP y Vox

Ya en el seno del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura haberse quedado “de piedra” al conocer la imputación de Rodríguez Zapatero. El dirigente se encontraba en una entrevista en Onda Cero cuando ha saltado la noticia. “Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE”, ha confiado. En una última valoración, ha dicho que “nunca” le ha visto “especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos”.

Preguntado en diciembre sobre si ponía “la mano en el fuego” por Rodríguez Zapatero -a la luz ya de numerosas informaciones y las mencionadas detenciones-, Sánchez prefirió no hacerlo y se limitó a defender el “préstamo” a Plus Ultra.

La respuesta oficial del PSOE ha consistido en señalar al oponente. El partido asegura que la derecha y la ultraderecha “no perdonan” a Rodríguez Zapatero los “avances” que supusieron sus políticas. En un comunicado, la formación traslada “un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia” y destaca que el hoy imputado fue presidente “durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social”.

Alex Saab, señalado testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una Corte Federal de Miami, a la que llegó esposado, encadenado y vistiendo el uniforme de prisión.

NTN24

Durante la audiencia preliminar, el hombre de 54 años respondió formalmente «yes, ma’am» («sí, señora» en inglés) al ser notificado de que enfrenta un nuevo cargo federal en los Estados Unidos.

La jueza le leyó un cargo de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos masivos para el control del programa estatal de alimentos CLAP en Venezuela.

Se trata de un expediente que estaba sellado y es totalmente distinto a los cargos por los que el expresidente Joe Biden lo indultó en 2023.

Al momento de la audiencia la jueza encargada le preguntó a Saab si entendía los cargos, a lo que él respondió en español: «sí, su señoría».

¿Cuándo será la próxima audiencia judicial de Alex Saab?
La próxima audiencia judicial de Alex Saab, deportado por el régimen de Venezuela el sábado, está prevista para el próximo 24 de junio.

En esa nueva cita se definirá si Saab tendrá o no la posibilidad de contar con el recurso legal para salir de prisión bajo fianza.

Sin embargo, expertos anticipan que las posibilidades de que eso ocurra son «casi nulas». Saab, cabe resaltar, permanecerá detenido hasta entonces.

Entretanto, Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen aseguró el lunes que Alex Saab no es venezolano y que operaba en el país con una cédula falsa, una afirmación con la que intentó justificar que el principal operador financiero y testaferro de Maduro fuera deportado a Estados Unidos.

«No hay ningún expediente en el Saime que justifique que esa persona sea venezolana, por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero», sostuvo Cabello en medio de un pronunciamiento público.

Las declaraciones de Cabello contrastan con la posición que durante años sostuvo el propio régimen sobre Saab, quien no solo firmó millonarios contratos con el estado, sino que además fue designado ministro de Industrias, director del Centro Nacional de Inversiones y presentado oficialmente como diplomático venezolano tras su detención en Cabo Verde a solicitud de Estados Unidos.

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